Lo que dicen los columnistas

El fondo del problema

De entre todos los calificativos con los que se ha intentado señalar la inoperancia del Estado mexicano, creo que el que mejor lo define es el de un Estado capturado.

Javier Sicilia | Proceso

Es innegable que desde hace mucho urgía una reforma del Poder Judicial. Lo exigía su opacidad, su corrupción y la ausencia de justicia que a lo largo de muchos sexenios se ha expresado en una impunidad que no desciende del 90%. Por desgracia llegó tarde y de la peor manera. La iniciativa, que forma parte de otras 19 enviadas por López Obrador a la Cámara de representantes el 5 de febrero y que estará o se habrá ya discutido cuando aparezca este artículo, tiene graves problemas de origen.

Los pone de manifiesto el amplio informe que la Relatora Especial de la ONU emitió el 29 de julio. Dicho documento sostiene que de llegar a aprobarse la iniciativa del presidente sin modificaciones sustanciales se destruiría la independencia de ese poder del Estado. La elección popular de los jueces sin reglas claras, la creación de tribunales de disciplina judicial, la ampliación de las causales de juicio político, entre otras, sometería al Poder Judicial a los caprichos de la presidencia y del partido hegemónico.

Esto es verdad y habrá que esperar que la reforma avance por caminos que puedan acotar las ansias despóticas de un presidente al que el poder pudrió.

Pero aun si así fuera, el fondo del problema es mucho más grave y complejo. Por más profunda y seria que pueda llegar a ser la reforma al Poder Judicial –una reforma que dada su envergadura tardará mucho tiempo en aplicarse de manera plena–, no conducirá a nada sin una reforma del mismo calado de las fiscalías, la otra cara de la justicia y el complemento de un buen aparato judicial. Algo que hasta ahora no ha sucedido. Las reformas que se le han hecho han sido meramente cosméticas y han redundado en una mayor opacidad y corrupción de las instituciones encargadas de documentar y perseguir el delito.

Supongamos, sin embargo, que esa reforma se lograra. Tampoco serviría de nada, porque el problema de fondo no está en las instituciones vistas como particularidades, sino en el Estado mismo.

De entre todos los calificativos con los que se ha intentado señalar la inoperancia del Estado mexicano, creo que el que mejor lo define es el de un Estado capturado. Rehén de la corrupción, el clientelismo, el arribismo y el uso facciosos de la ley, el Estado que salió de la Revolución nació ajeno al derecho y sometido a la arbitrariedad. La transición democrática no lo corrigió. Construyó contrapesos políticos y sociales, pero nunca un verdadero Estado de derecho.

 Esta ausencia abrió brechas en el tejido social que permitieron a las redes y organizaciones criminales transitar con absoluta impunidad y capturar más a un Estado cuyas entrañas nacieron enfermas. La cuarta transformación de López Obrador, un remedo del Estado posrevolucionario, no sólo potenció la opacidad y la corrupción, cimentó también y por lo mismo el poder político y territorial del crimen organizado. Esta ya larga captura del Estado lo ha llevado a tales grados de descomposición que se ha vuelto ya imposible saber dónde empieza el Estado y dónde termina el crimen organizado. Si el Estado que surgió de la revolución nació siendo lodo, ahora es un lodazal. Tomado por la criminalidad se ha vuelto absolutamente incapaz de juzgarse y reformarse a sí mismo.

No quiero decir con esto que la reforma al Poder Judicial no deba hacerse. Se echó a andar y hay que terminarla e impedir que la iniciativa pase con todas sus aberraciones a la Constitución. De lo contrario, la captura del Estado se hará más vertiginosa, como lo ha mostrado la administración de López Obrador. Digo solamente que en las condiciones de captura a las que el Estado y el país han llegado, una reforma de esa envergadura servirá de muy poco si no se acompaña con una iniciativa que permita descapturar al propio Estado de su lógica criminal.

Desde hace mucho, varios académicos y organizaciones de víctimas y de derechos humanos hemos insistido en que la única manera de hacerlo es mediante la construcción y aplicación de una política basada en la justicia transicional que, como su nombre lo indica, permite transitar de un Estado capturado por formas y estructuras criminales a un Estado de derecho. Lo que implicaría el diseño y la construcción de dos grandes mecanismos extraordinarios de verdad y justicia independientes del Estado, coordinados por ciudadanos probos y acompañados por organizaciones internacionales. La iniciativa para llevarlo a cabo existe. Se creó con el respaldo de López Obrador cuando era presidente electo.

Pero, traicionada por él, quedó guardada en los archivos de la Secretaría de Gobernación y en los de los partidos políticos, a los cuales se les entregó mediante los legisladores de entonces.

Habría que desempolvarla, discutirla, afinarla y echarla andar no sólo con el mismo ahínco con el que se ha publicitado, discutido y afinado la iniciativa de reforma al Poder Judicial, sino también con la misma dignidad y valentía con la que se ha defendido al INE y los cada vez más precarios equilibrios democráticos.

De no hacerse, la captura del Estado se hará, si no más vertiginosa, sí más honda y no habrá reforma, por más perfecta que sea, ni defensa de las instituciones que pueda refundarlo y llevarnos a la justicia y la paz que tanto necesita el país. Por desgracia, hace mucho que los medios de comunicación y nuestros mejores analistas políticos perdieron de vista el fondo del problema y con él la posibilidad de trazar un camino correcto para crear un Estado de derecho. Mientras no miren ese fondo y actúen en consecuencia, lo que hagan para crear un Estado de derecho estará destinado al fracaso como lo han demostrado los últimos 24 años.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.

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Punto de equilibrio

Venezuela: censura brutal

Al fraude en las urnas ahora se suma una campaña brutal de censura en las redes sociales para desactivar la capacidad ciudadana de movilización y protesta. El objetivo es “ensuciar la cancha” aún más, impidiendo a la gente luchar por el reconocimiento de los verdaderos resultados al privarles de medios esenciales de comunicación.

Francisco Guerrero Aguirre | Excelsior

Han pasado más de dos semanas desde que concluyó el proceso electoral en Venezuela. Consistente con una historia de manoseos y tácticas dilatorias, la dictadura continúa comiéndose el reloj, sabedora de que cada día que pasa consolida su permanencia ilegítima en el poder.

La apuesta es la misma de los últimos años. Seguimos esperando la información ofrecida por el régimen en el fraude electoral de 2013. Maduro sabe que la inercia siempre juega a su favor. La calle se enfría gracias a la tortura y represión, generando desánimo doméstico y conformidad internacional con una situación que nunca cambia: primero fraude y después, aguantar el resultado, cueste lo que cueste.

Al fraude en las urnas ahora se suma una campaña brutal de censura en las redes sociales para desactivar la capacidad ciudadana de movilización y protesta. El objetivo es “ensuciar la cancha” aún más, impidiendo a la gente luchar por el reconocimiento de los verdaderos resultados al privarles de medios esenciales de comunicación.

Como lo ha referido el diario español El País, paradójicamente, una vez al mes, un mensaje de WhatsApp activaba la red que hace posible el despacho de millones de bolsas de los Clap, el programa populista con el que el presidente Nicolás Maduro ha compensado a los venezolanos ante la pérdida del valor del salario y del poder adquisitivo. Ahora, el dictador ha urgido a sus seguidores a eliminar esta aplicación de mensajería y ha declarado la guerra a las redes sociales.

Maduro aseguró haber desinstalado la aplicación propiedad de Meta de su teléfono. Ahora está pidiendo a la gente que se pase a Telegram o a WeChat. El argumento es que, junto a otras redes sociales como Instagram, X y TikTok, WhatsApp se utiliza para incentivar el odio contra su gobierno.

Un 93% de la gente que tiene internet en Venezuela usa WhatsApp, según Social Guest. Criminalizar su uso destruye un importante puente de comunicación. “Así como en grupos de WhatsApp se articula el PSUV y los jefes de calle que reparten el Clap, también se articula el movimiento opositor y de la sociedad civil”, advierte Luis Serrano, coordinador de Redes Ayuda, una ONG que defiende los derechos digitales.

Hace tiempo que la dictadura viene amenazando con ejercer mayor control en espacios virtuales. Desde 2017, la denominada “ley contra el odio” se utiliza para encarcelar a personas que han publicado mensajes críticos al gobierno.

Para censurar masivamente al pueblo venezolano, Maduro ha dirigido sus diatribas contra el dueño de X, Elon Musk. En la televisión controlada por el gobierno se repite hasta el hastío que Jeff Bezos, de Amazon, está también implicado en la conspiración. Hasta George Soros ha sido acusado de intervenir. Así se construye una narrativa en contra del “imperialismo” que resulta muy útil en sus estrategias. Por ello, no sorprende que Maduro haya ordenado el jueves pasado la suspensión por 10 días de la red social X en todo Venezuela.

BALANCE

Este tipo de censura es similar a la de otras naciones como China, que prohíbe todas las redes sociales occidentales; Rusia, que restringe redes sociales como X y Facebook, y Corea del Norte, donde el acceso a internet está restringido para la mayoría de sus ciudadanos.

Como lo ha señalado correctamente Luis Almagro, secretario general de la OEA, superar lo que sucede en Venezuela entraña un compromiso internacional a partir de un enfoque ético que denuncie los abusos y atrocidades sin eufemismos ni cálculos mezquinos. Esta campaña de censura es un paso más en la consolidación de una dictadura a la que no le importa la libertad de sus ciudadan@s. Es algo deplorable.

 * Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA.

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Sextante

¿Cómo definirlos?

Nada democrático hubo en el ocultamiento de los dineros en la gestión perredista en la capital.

Federico Reyes Heroles | Excelsior

La primavera democrática de México se eclipsa. En el 24 cayeron las mascaradas. El último acto es aterrador. La cultura autoritaria vive días de apogeo. Está en muchos frentes y ha tenido impactos diferentes. Pero el resultado habla.

Signos de autoritarismo aparecieron en el PRD cuando una desbandada brincó a Morena guiados por el embrujo del poder. Después serían priistas. Autoritarismo en tanto que la nueva opción nacía marcada por un caudillo. Los que Calles perseguía. Aplaudieron “al diablo con sus instituciones”, las que los mexicanos se habían dado a sí mismos. Aparece el talante autoritario: primero las personas, el caudillo, después las leyes y los principios.

Esa amenaza ya anunciaba la intención de enterrar el andamiaje que llevó décadas de construir y que —vaya paradoja— abrió las puertas a la izquierda. Asistimos al entierro. Los herederos de los beneficios de la representación proporcional, orgullosos, la asfixian para hacerse de todo el poder posible. Los que vociferaron en defensa de la pluralidad hoy se desviven en argumentos para defender al país monocromático. Después de 35 años de vida, el PRD pierde su registro nacional.

La vida de los partidos políticos es parte de nuestra historia. El monopolio de la izquierda en manos de Morena anuncia la sustitución de un ideario de justicia social por un aparato autoritario de control y compra de voto, similar al que ellos combatieron, pero peor por los montos. Nada democrático hubo en el ocultamiento de los dineros en la gestión perredista en la capital. Era otro anuncio. Muerte al Inai, es la consigna. Además, de un plumazo, han desaparecido alrededor de una década de información acumulada en Compranet. Nada democrático hay en las múltiples declaraciones de obras como asuntos de “seguridad nacional”. Es el mismo fin: la opacidad es su forma de gobierno.

Es autoritarismo puro el que han mostrado miembros de las Fuerzas Armadas al aceptar encomiendas que, por ley, debieran estar en manos de civiles. Violentar los protocolos de las FA para la sucesión interna fue autoritario. Autoritarismo puro es pugnar porque la Guardia Nacional quede bajo el mando militar. En el mundo democrático, los civiles cuidan a los civiles. Los militares tienen otras encomiendas. Increíble, los que se asumen como herederos de las víctimas del 68 en cinco años llevaron a México a un régimen militarizado.

Los defensores de la división de poderes hoy pelean por instaurar un engendro en el cual la política devora el profesionalismo judicial. Autoritarismo en el Senado al no designar a los magistrados del Tribunal Electoral para facilitar, así, una posible manipulación. Autoritarismo en el Tribunal, al no atender las quejas de priistas sobre la ilegalidad de las asambleas convocadas por su líder, verdaderos asaltos para apropiarse de las siglas. Sea como sea, detrás del PRI hay alrededor de seis millones de votos. Autoritarismo desnudo, si el Consejo General del INE y después el Tribunal aceptan las interpretaciones torcidas del artículo 54 y las marometas para que la coalición en el gobierno se quede con una insultante sobrerrepresentación.

Abajo todos los criterios que guiaron a México al “veranito” democrático. El verdadero México ha aceptado el golpe de Estado de tracto sucesivo casi consolidado. Con un INE y un Tribunal doblegados, con una oprobiosa sobrerrepresentación, la posibilidad de recuperar el rumbo democrático se ve lejana. Ha sido una obra colectiva. Cómo definirlos: ¿golpistas de alta y baja intensidad?

Los de alta intensidad gobiernan. Los de baja están en los hogares, guardan silencio y fingen demencia: apoyos y olvidan todo. Autoritarismo también en la mente de empresarios que sobrepusieron sus negocios al riesgo de una confrontación. Pero heredarán a sus hijos y nietos —en paquete— un país autoritario. Los verdaderos buenos negocios —a la larga— sólo prosperan en democracia.

¿Quizá sean golpistas?

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Astillero

Beatriz, matrimonio y política // Feminismo silencioso // Sin escándalos, con trayectoria propia // Distancia física, pero no conyugal

Julio Hernández López | La Jornada

La presentación del más reciente libro de Beatriz Gutiérrez Müller concitó una asistencia variada, que fue desde la élite del poder, encabezada por el cónyuge, Andrés Manuel López Obrador, hasta espectadores deseosos de escuchar las presentaciones del texto e incluso atestiguar lo que parecería ser la (¿provisional?) despedida de la escritora de los escenarios políticos.

El cumplimiento del papel conyugal ante la circunstancia presidencial del consorte ha sido marcadamente difícil en otros sexenios. Ha habido casos de marcado silenciamiento, virtual disolución de cualquier asomo de personalidad propia de las esposas, encajonadas en el dorado reducto casi siempre intrascendente del asistencialismo, sobre todo en lo relacionado con la infancia y la familia (DIF), muchas veces arrinconadas entre algodones mientras los maridos desarrollaban relaciones afectivas paralelas.

Mutuas conveniencias, con frecuencia: en su nivel subordinado, esposas abusivas del poder del cónyuge, del erario y del servicio militar, a sabiendas de las infidelidades y menosprecios del presidente que correspondiera. Familias extendidas de algunas esposas se enriquecieron en ese contexto.

Con formación académica y una trayectoria personal, Beatriz acompañó en la oposición y en el poder a un personaje cuya vida doméstica nunca ha sido fácil de sobrellevar, entre otras causas porque ha rechazado el enriquecimiento personal y decidió vivir, hasta antes de decidir instalarse en Palacio Nacional, en un rigor comprobable.

Gutiérrez Müller no generó escándalos ni asumió el rol tradicional de la primera dama. Salió a defender con posturas políticas, no sentimentales, el ejercicio de López Obrador. Tal vez los momentos más difíciles de su exposición pública habrán sido a la hora de hablar, y también de silenciarse, ante los ataques inaceptables al hijo de ambos, Jesús Ernesto.

Cierra Gutiérrez Müller su paso por Palacio Nacional junto a López Obrador en un contexto de una separación física que se ha anunciado a partir del primero de octubre: el tabasqueño se irá a un retiro chiapaneco de retumbante nombre para dedicarse a escribir un libro de historia y abstraerse, dice, de la comunicación y la participación política; la poblana continuará con sus compromisos académicos lejos de Palenque; ambos han asegurado que no hay divorcio y que seguirán atentos a la formación de su hijo. El padre y esposo ha dicho que buscará la manera de viajar del sur al centro del país para mantener su relación familiar.

Hay quienes dudan seriamente del retiro casi monacal que proclama el futuro ex presidente, con oídos tapiados para no enterarse de los sucesos de la presidencia claudista: los importantes hilos de poder transexenal que le quedan y el carácter casi tutorial que ha manifestado desde la etapa corcholata hasta las giras en combo hacen difícil una suspensión abrupta de la acumulación de poder político y electoral que acompaña al carismático saliente.

En el caso de Gutiérrez Müller, en la actual administración se le llegó a mencionar como parte de un cierto grupo interno que promovía, para decisión del superior, ciertos nombramientos y políticas, sobre todo en el ámbito cultural e incluso diplomático. El adiós de los foros políticos, que ayer reiteró, lo hizo con una alocución cargada de frases un tanto enigmáticas por cuanto no se alcanza a precisar si sólo son reflexiones generales: los políticos, y sobre todo los que llegan al poder, deben aprender a escuchar más, por ejemplo, o son ¿mensaje al pasado, al futuro? ¿postulación amplia y sin dedicatoria o cierta crítica individualizada?

Por último, el autor de estas líneas ha de señalar que no ha leído el libro titulado Feminismo silencioso, así que no ha entrado en esa materia sino, en esta ocasión, sólo al hecho político de ayer, de la presentación de una obra en el contexto del propio poder presidencial y de los rumbos físicamente distantes que habrán de tomar los integrantes de una pareja que compartió tiempos históricos.

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México SA

Claudio X.: ¿quién pompó? // Gringos financian a oposición // AMLO: otra nota diplomática

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

De tiempo atrás, el presidente López Obrador denunció el uso de abundantes recursos de procedencia extranjera utilizados por Claudio X. González Guajardo (y lo que él representa) a la compra de tres partidos políticos (uno de ellos recién perdió el registro) y a su fallido intento por desestabilizar al gobierno de la República mediante sucias cuan costosas campañas mediáticas; en no pocas ocasiones, el mandatario exigió a quien aparecía como cabeza visible de la oposición que transparentara la procedencia y el destino de esos dineros, captados por medio de sus tantas caretas (él las denomina asociaciones civiles sin fines de lucro), pero el júnior permaneció en silencio sepulcral.

De hecho, años antes López Obrador subrayó que es reprobable que a un grupo opositor a nuestra administración (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI) un gobierno extranjero le dé financiamiento y se ha documentado que ello sucede desde 2018 (año del triunfo electoral e inicio de la administración de AMLO). Entonces, ayer (7 de mayo de 2021) presentamos una nota diplomática pidiendo al gobierno de Estados Unidos una explicación sobre este caso: se le entrega dinero, por medio de la embajada, de una agencia del gobierno estadunidense. Tales asociaciones civiles se han dedicado a promover el golpismo en contra del gobierno de la 4T.

Y en aquella ocasión, AMLO dijo algo más: supuestamente el grupo es contra la corrupción, que siempre digo Mexicanos en Favor de la Corrupción. ¿Es toda una simulación?, porque Claudio X. González Guajardo es hijo de Claudio X. González Laporte, quien ha sido por mucho tiempo el dirigente del sector empresarial de México; participó en el fraude electoral del 2006. En aquel entonces habló que, si ganábamos, iban a tener que recurrir a lo que se hizo en Chile en 1973, cuando el golpe de Estado (a Salvador Allende).

Pues bien, transcurridos tres años y pico desde aquella nota diplomática, no se sabe si hubo o no respuesta y en caso de que fuera atendida a todas luces fue totalmente insatisfactoria, pues ayer (en el entendido de que MCCI cataloga no de aportantes financieros, sino de aliados internacionales a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a la Fundación Nacional para la Democracia y a la Fundación Ford, todas ellas metidas hasta el cuello en el largo cuan negro historial de intervenciones y golpes de Estado a lo largo y ancho del planeta patrocinados por Estados Unidos), de nueva cuenta, el presidente López Obrador anunció que presentará otro nota diplomática al gobierno estadunidense, porque, además de ser una violación flagrante a la Constitución, a nuestra soberanía. Es el colmo que un gobierno amigo esté financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo.

¿Cómo se llama eso? Intervencionismo y es hasta de mal gusto, contrario a la ética y a la urbanidad política. ¿Cómo, por un lado, se mantienen buenas relaciones, de cooperación, y al mismo tiempo se entrega dinero a opositores para calumniar? ¿Por qué esa politiquería tan ramplona de tirar la piedra y esconder la mano? ¿Por qué ese doble discurso, esa doble moral? ¿Por qué esa hipocresía? Eso debe desaparecer como política en el mundo. Hay que ver cómo justifican que Estados Unidos le dé dinero a esta asociación y luego cómo justifica esta asociación el uso de ese dinero.

La citada nota diplomática se presentará una vez que la Secretaría de Hacienda concluya el informe sobre cuánto dinero ha recibido MCCI del gobierno estadunidense, y ojalá nos pueda informar en qué ha usado ese dinero, porque la mayoría de los amparos en contra de las obras públicas que hemos realizado son de esta organización que impulsa al bloque conservador, se mete en cuestiones político-electorales y es la que participa en la guerra social en contra de nuestro movimiento y del Presidente de México. Entonces, de dónde viene ese dinero; ¿quién pompó? ¿Es de Estados Unidos? ¿De alguna asociación de los bloques de derecha en el mundo? ¿De los que no nos quieren?, desde luego, potentados, porque cuesta mucho una campaña de esas.

Por cierto, María Amparo Casar preside MCCI, la misma que hizo enjuague y medio para obtener una jugosa pensión de Pemex por el suicidio de su exmarido, que disfrazó de accidente. La cacharon y se la cancelaron, pero se amparó para que el dinero no dejara de fluir. De ese tamaño el combate a la corrupción.

Las rebanadas del pastel

¡Argentinos!, nos solidarizamos, pero por favor recapaciten: no permitan que el esperpéntico Javier Milei pise territorio mexicano.

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Aunque la mareada se vista de rosa, mareada se queda

Juan Becerra Acosta | La Jornada

Frente a la ausencia de oposición en México y de organizaciones políticas que sirvan como contrapeso al grupo en el poder, no son pocos los intentos con que se ha querido marear a un sector de la población que no está de acuerdo con la Cuarta Transformación, pero que se sabe no representado por otra opción, porque no existe. La marea rosa es el último nombre de una organización que utiliza el miedo y el odio para convocar a través de mentiras y gritos agoreros a ciudadanos tan desorientados como desinformados que comparten repudios y prejuicios tan añejos como la destrucción de Tenochtitlan.

Antes de llamarse marea rosa, se autodenominaron, por ejemplo, Sí X México, Va X México, Unid@s X México, y además de la ausencia de proyecto comparten un común denominador, la marca X, del señor Claudio X. Se trata del mismo intento fallido y repetido por cerrar filas contra la Cuarta Transformación que pretende, obstinadamente, conseguir resultados distintos a los obtenidos con las anteriores experiencias frustradas. Se maquilla de manera diferente, pero interpreta el mismo papel, cambia de nombre, de logo, pero eso es todo, lo demás es igual, la misma X revolcada.

Si sumamos las intentonas fallidas que la oposición ha tenido para crear alianzas: Tumor, Futuro 21, Frenaaa, toda la franquicia X, México Despierta, Sociedad Civil México, la marea rosa, entre otras, podemos juntar más intentos de alianzas que estados gobernados, y aunque ello pueda sonar a chiste, no lo es, está lejos de serlo debido a que en toda democracia es necesaria una verdadera oposición, un contrapeso serio que abone, proponga y represente intereses ciudadanos, no de élites. El papel de una oposición responsable es fundamental en el ejercicio democrático, debe ser, desde su trinchera, una fuerza de equilibrio que abone al desarrollo; para ello debe presentar alternativas y fomentar el diálogo.

Quien lucha por el país desde la oposición está obligado a tener muy claro que la derrota sufrida en elecciones anteriores, esa que precisamente la hizo oposición, es voluntad popular y respuesta a la ausencia de un proyecto de nación acompañado del hastío de la ciudadanía a la normalización de una clase política que utilizó el servicio público para servirse a sí misma. A partir de lo anterior, la responsabilidad de una oposición seria es la de construir un proyecto con sentido social. Por más alianzas que inaugure en cocteles con participantes encopetados y discursos agoreros, tendría que reconocer su papel en el pasado y asumir que perdieron, para entonces dejar de evadir que este país se está transformando por voluntad popular, y que de ellos se esperaría que, desde su ideología y posturas, se sumen a ese cambio que el pueblo mayoritariamente mandató.

Más allá de simpatías y antipatías, o de ser de izquierda o de derecha, nada justifica el deseo a que un gobierno fracase, ello afectaría a todos: ricos y pobres, quienes viven en el campo y en las grandes urbes. La verdadera oposición no entorpece o torpedea acciones o programas de gobierno con la única intención de sabotear a su rival político o beneficiar intereses ajenos a los soberanos, al contrario, propone alternativas que construyen y no difama.

Más allá de la burla, que vaya que se ha dado y de nadie es secreto que es muy divertida, resulta preocupante presenciar las exequias del PRD, el intento desesperado del PRI de desaparecer autodevorado por sus dirigentes, o la obstinación del PAN a no reconocer su déficit democrático y continuar exactamente por el mismo camino que tanto dañó no sólo a su organización, sino al país.

Y mientras, ahí va la mareada rosa a exigir que el INE se toque después de haber gritado que no se tocaba, a exigir democracia mientras pretende arrebatar la decisión del pueblo en urnas de una mayoría calificada en el Congreso al tiempo en el que en el colmo de la incoherencia, y a pesar de sus fatales resultados e ilegal, aplaude la relección de Alejandro Moreno en el PRI. No veo al panismo voltear a la ciudadanía y convocar a una elección abierta para renovarse. La oposición se obstina en culpar a los programas sociales que desprecian de su derrota electoral, en lugar de reflexionar cómo han sido detonantes de desarrollo y catalizadores de derechos.