Lo que dicen los columnistas

Chiapas, refugiados mexicanos y organizaciones criminales

El desplazamiento forzado es hoy una práctica extendida en México, que impone la violación de los más elementales derechos. Lo vemos claramente en Chiapas, pero también se sufre en otras regiones.

Tonatiuh Guillén López * | Proceso

A lo largo de 2024 las violencias y la criminalidad han recrudecido en la frontera de México con Guatemala. No son eventos nuevos ni desconocidos como resulta evidente revisando cualquier medio noticioso. El desplazamiento forzado de pobladores chiapanecos y la conversión de un conjunto en refugiados en Guatemala, en estos días, es uno de los costos más crueles que las organizaciones criminales imponen a la región. 

Tener ahora refugiados mexicanos en Guatemala es una trágica paradoja y símbolo de la disolución del Estado derecho y de la mínima institucionalidad en la región.

Este deterioro tiene años acumulándose. Tiene años también la desatención de la grave problemática por parte del gobierno federal y locales, pese a la presencia masiva de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en el estado de Chiapas. Todo indica que no ha sido su asunto, cuando formalmente estarían obligadas a intervenir en el control del crimen y en la protección de la población. 

Los tonos alcanzados por la crisis de inseguridad son de horror, como lo han denunciado insistentemente organizaciones civiles de la entidad y como valientemente han comunicado colegas que hacen estudios sociales sobre la frontera sur.

¿Señales e iniciativas del Estado en la dirección debida? Éstas siguen como agenda pendiente, que día a día acumula una deuda potencialmente impagable. ¿De qué dimensión debe ser el deterioro social para motivar una iniciativa decidida y eficaz que recupere el Estado de derecho? ¿Nno son suficientes los homicidios y los repetidos desplazamientos forzados de comunidades chiapanecas, indígenas en su mayoría?

Ante los refugiados mexicanos que ahora están en Guatemala, la respuesta del gobierno federal no ha abordado directamente la cuestión central: el control de los grupos criminales, su erradicación y la recuperación de los territorios para sus comunidades. Debe hacerse de manera inmediata para las poblaciones afectadas; también, de manera general, para el estado en su conjunto, pues son numerosos los municipios en donde las organizaciones criminales se han convertido en poderes fácticos sobre la vida cotidiana. 

Ya no es solamente el tráfico de armas, de drogas o de personas migrantes; ahora son también prácticas de dominio sobre el comercio, la producción y sobre muchas más actividades sociales.

Lamentablemente la crisis de inseguridad en Chiapas no es única en el país. Tampoco los refugiados chiapanecos en Guatemala son los únicos refugiados mexicanos buscando protección internacional. En realidad, estamos frente a una grave crisis nacional, sin precedentes. El desplazamiento forzado, con independencia de sus factores particulares, es un contundente barómetro sobre crisis sociales en curso: es una medida sobre la ruptura de la convivencia normal, obligando la huida de las personas.

El desplazamiento forzado es hoy una práctica extendida en México, que impone la violación de los más elementales derechos. Lo vemos claramente en Chiapas, pero también se sufre en otras regiones. Una parte de esas movilidades transcurre al interior del país, de una región a otra, de pueblos a ciudades habitualmente. Otra parte se expresa en las fronteras, incluyendo ahora la sur con Guatemala; pero lo cierto es que la mayor proporción se concentra en el norte.

En la frontera con Estados Unidos, exactamente a partir de mayo de 2022, el número de mexicanos arribando en grupo familiar experimentó un crecimiento impresionante. De aproximadamente cuatro mil 500 personas en aquel mes, la cifra alcanzó un pico de más de 37 mil en diciembre de 2023. En el transcurso de 2024 el promedio es de 24 mil eventos mensuales (hasta junio). Por contraste, durante todos los años previos a 2022, la cifra de mexicanos –en grupo familiar– registrada como “encuentros” por la autoridad migratoria de Estados Unidos no superó un promedio de cuatro mil registros mensuales. 

Para darnos una idea de la escala del problema: entre enero de 2022 y junio de 2024 los “encuentros” de mexicanos en grupo familiar ascienden a un total de casi 440 mil. Sin comparación con lo que ocurre en la frontera con Guatemala, siendo ambas situaciones de lo más grave.

La movilidad en grupo familiar –muy distinta a la movilidad de adultos solos que caracterizó al flujo mexicano durante toda su historia– significa que las personas abandonan su lugar y proyecto de vida debido a que la convivencia en sus espacios habituales ya no es posible. Este nuevo flujo de mexicanos y mexicanas, nuestros refugiados, son el vívido retrato de condiciones sociales muy lastimadas, generalmente causadas por el predominio de organizaciones criminales como ejemplifica Chiapas ahora.

El desplazamiento forzado en México y las cifras de refugiados, incluyendo a quienes se encuentran en Guatemala, son la imagen de una intensa crisis que sigue sin ser reconocida y menos atendida. A lo largo del país las violencias y el crimen suman así al desplazamiento forzado como parte de sus graves costos, que se añaden a las difundidas prácticas de extorsión y otros delitos que tienen como efecto limitar o anular las actividades económicas y comerciales. Desde esta perspectiva, como puede apreciarse, los derechos de las personas y el desarrollo económico aparecen crecientemente comprometidos por las organizaciones criminales, que no enfrentan mayor límite.

El dilema no está entre “abrazos” o “balazos”, como son los términos que rondan al discurso gubernamental, como si se tratara de una dicotomía única e insalvable.

La ruta se encuentra en otro terreno, en el de fortalecimiento de las instituciones de justicia, desde fiscalías hasta el Poder judicial, federal y en los estados, además de las instituciones preventivas y de seguridad. En efecto, deben renovarse estas instituciones, pero siguiendo una ruta de modernización técnica y operativa, de profesionalización y de plena autonomía. Si no es por este camino, si la opción son procedimientos electorales y políticos como aspira hoy el partido Morena, no habrá soluciones ni justicia para Chiapas, ni para otros estados, ni para nuestros refugiados, ni para las víctimas.

El desplazamiento forzado, nuestros refugiados y el deterioro social y económico en las regiones –incluyendo la espeluznante escala de homicidios– tienen un determinante central: las organizaciones criminales y las tolerancias que les rodean. ¿Qué más hace falta para reconocerlo? ¿Qué más hace falta para actuar con responsabilidad y con la fuerza de la ley? No hay mayor prioridad pública; no hay mayor urgencia social. 

Las violencias y el crimen se han sumado como poderoso torbellino que hunde aún más nuestros añejos problemas nacionales, haciendo más distante su solución. Resolver los segundos requiere ahora resolver al primero. A partir de octubre próximo la próxima presidenta de México tendrá aquí al mayor de los desafíos y sería una señal de esperanza que reconociera su crucial trascendencia, junto con una convocatoria nacional para instrumentar verdaderas alternativas. Ojalá, por el bien de la nación. Lo sabremos pronto.

* Profesor del PUED / UNAM/ excomisionado del INM.

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Arsenal

El burdo engaño de la mayoría calificada

Francisco Garfias | Excelsior

No hay forma de justificar que una coalición que sacó 54% de los votos —Morena, PT y PVEM— se quede con 75% de curules y escaños en el Congreso. La obsesión de la 4T por obtener la mayoría calificada —dos tercios de curules y escaños— ha llevado al oficialismo a sacrificar principios que otrora defendían.

Los valores democráticos pasan a segundo término cuando se trata de hacer realidad la demolición de instituciones democráticas y órganos autónomos, para sacar adelante el plan C de López Obrador —18 reformas constitucionales y dos legales, diseñadas para desaparecer contrapesos y caminar hacia la autocracia—. Los constitucionalistas que defienden el oficialismo pueden invocar la Carta Magna, interpretarla, decir que en las últimas tres elecciones se aplicó este método antidemocrático.

Los morenos y sus rémoras aseguran que la Constitución extiende al PVEM y al PT la sobrerrepresentación del 8% que ésta otorga sólo al partido ganador.

“No hay sobrerrepresentación. Es el juicio ciudadano que nos otorga esa mayoría calificada y el poder reformador”, dijo el senador y próximo coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Pero el “juicio ciudadano” no les dio las dos terceras partes de los votos. Sólo 54 por ciento. Si ese porcentaje sube a 74 o 75%, sí hay sobrerrepresentación. Hasta un niño de primaria lo entiende.

Un reportero le recordó al senador de Zacatecas que López Obrador alguna vez se pronunció contra la sobrerrepresentación en las cámaras y hoy que le favorece, está a favor. “Sí, pero él no aplicó la fórmula ni tampoco le tocaba la responsabilidad de asignar plurinominales. Era un criterio y una opción política, que en ese momento los legisladores hicieron, en su mayoría, esta fórmula. La legislaron y ahora tiene que aplicarse”, dijo.

—Pero ustedes combatieron esa fórmula, le recordamos.

—Nosotros la combatimos, pero ellos… es como aquí en el Senado.

—Entonces es a conveniencia, insistimos.

—No, es lo que dice la ley y la Constitución. No es si te conviene. Nosotros estamos diciendo que lo que diga la Constitución, repuso.

Monreal, por cierto, dijo que la reforma al Poder Judicial, que no tienen amarrada porque en el Senado no alcanzaron la mayoría calificada, se aprobaría y publicaría en el Diario Oficial de la Federación antes de que concluya el mandato de López Obrador. El propósito es que él la promulgue.

La destrucción de las instituciones democráticas incluidas en el plan C y las otras reformas que amplían programas sociales están calendarizadas. Cinco con López Obrador como Presidente. Y ya con Claudia cinco para octubre, cinco para noviembre y cinco para diciembre.

* El senador Damián Zepeda nos escribió para rebatir aquello de que es un “lobo solitario”, como lo llaman algunos de sus compañeros del azul. Nos envió unas encuestas al padrón del PAN que lo ponen 23 puntos arriba de Jorge Romero, y 24 de Adriana Dávila. “Ni tan solitario”, escribe mordaz.

“El sentir general es de cambio, no de continuidad. Hay mucha molestia. Ahora, claro que falta la operación y es ahí donde tienen el control absoluto, con los padroneros”, advierte Damián. De paso desmintió el rumor de que se va a MC.

Dijo: “Siempre dicen eso. La verdad es que todo se genera porque yo he insistido una y otra vez que no debería haber alianza con el PRI y que lo mejor hubiera sido una alianza con MC. Lo sigo pensando. Cada quien debe crecer y de cara al 2027-2030 creo que una alianza PAN-MC sería potente. Puede ser complementaria y no vergonzosa como el PRIAN”.

Jorge Romero estuvo ayer en el Senado, donde se realizó la sesión de la Comisión Permanente. Hizo declaraciones sobre la elección interna del PAN. Se pronunció en contra de que el Consejo Nacional lleve a cabo la elección de la nueva dirigencia del PAN. “Es imposible que ahorita que la sociedad nos está pidiendo abrirnos, nos cerremos todavía más”, dijo en rueda de prensa. La elección será abierta a la militancia.

* Embrollo diplomático. Luego de que la agencia rusa de noticias TASS diera a conocer que Vladimir Putin fue invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de octubre, la embajada de Ucrania en México sacó un singular comunicado. El texto manifiesta su confianza, en que si el hombre fuerte de Rusia asiste a la toma de posesión de Claudia, a la que también está invitado Volodimir Zelenski, el gobierno mexicano cumpliría con la orden internacional de detención, entregando al susodicho al órgano judicial de las Naciones Unidas en La Haya. “Vladimir Putin es un criminal de guerra que sostiene una orden de arresto bajo sospecha de secuestro y traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia, emitidos por la Corte Penal Internacional, cuya jurisdicción México reconoce”, puntualiza la embajada.

No es necesario un sesudo análisis para adelantar que México no va a detener a Putin. El oficialismo se ha distinguido por no condenar la invasión armada a Ucrania por parte de la potencia militar. Lo más probable es que el ruso no venga.

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En el quirófano

El enemigo sigue en casa: Covid-19

A la fecha, circulan nueve variantes de Covid-19.

Ruth Rodríguez | Excelsior

Cada día es más común tener o conocer algún familiar, amigo o compañero de trabajo que se contagió del virus SARS-CoV-2 en el transporte público, en su trabajo o en algún restaurante o reunión social a la que acudió.

Los casos de covid-19 van en aumento en México y todavía no llegamos a la temporada invernal, que es cuando se incrementan los casos de enfermedades respiratorias. A la fecha, circulan en territorio nacional nueve variantes del SARS CoV-2, entre ellas ómicron y las más nuevas KP.3, JN.1, KP.2 y LB.1

Actualmente, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver) de la Secretaría de Salud, ya se tiene la mitad de casos de los que se tuvieron en todo 2023, que fueron 20 mil 264. En lo que va de 2024, se han confirmado 11 mil 42 casos de personas que han tenido covid-19 y se han contabilizado 425 defunciones a causa de esta enfermedad.

De acuerdo con el informe epidemiológico, con fecha del 6 de agosto, los grupos de edad más afectados son los mayores de 65 años, seguido de 50 a 54 años, 55 a 59 años, 60 a 64 años y de 30 a 34 años de edad. Aunque la gráfica muestra que también bebés de un año de nacidos y niños de uno a cinco años, también se han enfermado de covid-19.

Este virus está siendo más predominante por 59.8% en las mujeres. El 66% de los pacientes con covid-19 son ambulatorios que no requirieron hospitalización, sin embargo, son principalmente los menores de un año de edad, de 1 a 4 años y mayores de 65 años, los que están presentando un comportamiento más grave de la enfermedad y que han requerido ser internados en hospitales.

Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México y el Edomex son los que tienen el mayor número de casos por covid-19. A diferencia de cuando inició esta pandemia en 2020, que no se tenían vacunas ni medicamentos que contrarrestaran este virus, en la actualidad hay un andamiaje de tratamientos para evitar complicaciones por covid-19.

Si bien, gran parte de la población ya le perdió el miedo al covid-19, no hay que confiarse. Es preferible acudir al médico para ser diagnosticado y resguardarse en casa para evitar transmitir el virus a otras personas. No hay que olvidar que el uso de cubrebocas es importante si uno está enfermo y está con otras personas, así como lavarse las manos y mantener la sana distancia. No hay que bajar la guardia, porque aún faltan los días de más frío.

ABATELENGUAS

México será la sede de la XI Conferencia Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (CPARF), que se realizará en la Ciudad de México, del 21 al 23 de agosto. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), encabezada por Alejandro Svarch Pérez, junto con la Cancillería mexicana, serán los anfitriones de este evento en el que se espera asistan los titulares de las diversas agencias sanitarias de la región de las Américas y la Organización Panamericana de la Salud. Si bien la legislación sanitaria varía de país en país, y ante la diferencia de requisitos y criterios, surgió la Red PARF en 1999 a fin de crear iniciativas que fomenten la armonización de la reglamentación farmacéutica entre los países participantes. Ya veremos qué acuerdos surgen de esta reunión.

BAJO EL MICROSCOPIO

Hay que seguir muy de cerca el trabajo que realizará Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía y próxima titular de la Secretaría de la Función Pública, durante la Presidencia de Claudia Sheinbaum, que iniciará el 1 de octubre. Hay que recordar que Buenrostro fue la que promovió el cambio en el esquema de compras públicas en el sector salud en 2020 con el objetivo de combatir la concentración de proveedores  y garantizar el abasto oportuno de medicamentos, de mejor calidad a menor precio. Propuesta, que no le dio tiempo de aterrizar, porque de la Oficialía Mayor de la SHCP, el Presidente la movió a dirigir el SAT. Ahora que estará en la Función Pública es seguro que pondrá la “lupa en las empresas farmacéuticas” que son proveedoras para el sector público de salud. Por lo que esta historia en las compras de medicinas aún no se termina.

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Astillero

Desaparecidos en el Zacatecas de los Monreal // Madre buscadora irrumpe // Neorrosita deslavado electoralmente // G. Harfuch agradece a AMLO

Julio Hernández López | La Jornada

El blanco era predominante. Guayabera de ese color en el personaje central, el gobernador del estado que, frente a un par de centenares de invitados, también con vestimenta superior blanca en su mayoría, escuchaban y aplaudían a David Monreal Ávila, quien desgranaba estadísticas y frases de optimismo institucional dentro de la Agenda de la Paz: presentación de acciones que transforman.

A mitad de su periodo de gobierno (el próximo 12 de septiembre cumplirá tres años en el cargo), Monreal Ávila aseguraba que, seis meses después de haber arrancado con tal Agenda de la Paz, las cosas han cambiado notablemente, para bien. Y vaticinó, confiado: no tengan duda de que este gobierno pasará a la historia por lograr la pacificación de Zacatecas.

El encanto fue roto en ese Palacio de Convenciones de la capital del estado por el grito de Virginia de la Cruz: ¡Devuélveme a mi hijo! ¡Pinchi perro! ¿Por qué no das la cara? Ella, madre buscadora, pasó ocho meses tras el rastro de su hijo, una más de las muchas personas desaparecidas en esa entidad caracterizada por la violencia de los grupos del crimen organizado y la ineficacia o complicidad de políticos y gobernantes. Hasta que se enteró de que el cuerpo de su hijo llevaba esos meses en la morgue del Servicio Médico Forense sin que nadie le avisara.

Mi hijo (José Alejandro) ha estado en el Semefo desde el 30 de noviembre (de 2023). Tenían toda la información para localizarme: ADN, dirección, todo, pero nunca me llamaron. Yo seguí insistiendo, preguntando por mi hijo y nunca me dieron razón, dijo De la Cruz en julio pasado a la Associated Press entre llantos, tras quejarse, en su primera denuncia pública del caso, en el Congreso estatal, de que el gobernador y diputados de Zacatecas nunca la escucharon.

La madre buscadora fue sacada a jalones y empujones del Palacio de Convenciones, luego se dijo que se había desvanecido (hay imágenes de ella tirada en el suelo) y fue llevada a recibir atención médica. Monreal Ávila siguió con su optimista lectura. Al final, remitió el asunto a otra instancia: Ojalá y pronto pueda ella tener la posibilidad de, como Dios le permita, encontrar a sus seres queridos. Esta historia, sucedida en la Zacatecas de los Monreal (gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones, senadurías, cargos federales, aspiraciones incluso a la alcaldía chilanga Cuauhtémoc), puede ser adaptada a la realidad de ¿casi? todos los estados del país: ceremonias, datos alegres, estadísticas amables, sentidos discursos y una realidad apabullante: la de las personas desaparecidas y los poderes del Estado entretenidos en pretender camuflarse de blanco.

Astillas

Siguen jugando a representar a la sociedad civil. Ayer fue anunciado que tal sociedad designó (¿cómo? No se sabe) a Leonardo Valdés Zurita (último presidente del IFE, de 2008 a 2013) como representante y orador de la manifestación de color neorrosita electoralmente deslavado de este domingo contra la sobrerrepresentación de Morena y partidos aliados en el Congreso Federal… Y, mientras el presidente López Obrador sigue cerrando expedientes, ayer al recibir en Palacio Nacional a Omar García Harfuch (quien posteó una fotografía de tal encuentro, que le es tan políticamente nutritivo, sólo con la frase “¡Gracias, Sr. Presidente @lopezobrador_ !”; un jefe policiaco capitalino de historial polémico que fue indeseado en tal Palacio como aspirante a gobernar la Ciudad de México, pero luego fue sostenido por la presidenta entrante para temas de seguridad pública (en una secretaría descafeinada, con todo el control en el ámbito militar) y, sobre todo, de inteligencia (gulp), ¡hasta mañana, con lo publicado en una nota de The New York Times: El Mayo Zambada “creía que se dirigía a ayudar a uno de los hijos de El Chapo, Joaquín Guzmán López, a mediar en una disputa entre dos políticos locales, según tres personas familiarizadas con el asunto”!

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México SA

Dos Bocas fortalece soberanía // Oposición gritona e inservible // Norma Piña, jefa de pandilla

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Concluye el sexenio y la autodenominada oposición –que opera como pandilla– no presentó una sola iniciativa tendiente a fortalecer al país en lo social y lo económico, ni para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Casi seis años (por no incluir los anteriores) con una sola estrategia: rechazar absolutamente todo, con gritería de por medio, a lo propuesto por el gobierno de López Obrador y las obras de infraestructura por él realizadas.

Es una oposición totalmente inútil (que incluye al Poder Judicial) para el país y los mexicanos, en todos los aspectos, amén de que se ha quedado ronca de tanto gritar no, no, no sin siquiera saber, en la mayoría de los casos, de qué se tratan las propuestas presentadas. El quid de su estrategia es que le quitaron los jugosos negocios de los que gozó en sexenios pasados, le cerraron la válvula presupuestal, los moches, los contratos leoninos y todo lo que le generaba abundantes cuan ilegales ganancias.

Eso sí, los ya roncos gritones de la oposición son multitemáticos, porque un día vociferan en contra de la sobrerrepresentación (la misma que gozaron en sexenios pasados) en el Congreso; otro, apuntan al plan C y la dictadura que conlleva; algunos más denuncian las obras faraónicas; del INE no se toca en automático pasan a convocar una marcha contra el propio instituto y así por el estilo. Un día sí y el siguiente también, sin ninguna propuesta alternativa.

Lo anterior viene a colación, porque el pasado sábado inició la producción de gasolinas en la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, una de las obras de infraestructura más necesarias para el país. Desde el anuncio mismo de su construcción, esa oposición gritona e inservible registró severos ataques hepáticos y presagió que sería un rotundo fracaso. De hecho, Felipe Calderón (el mismo que prometió una refinería, la Bicentenario, que, esa sí, resultó ser fantasmal) aseguró que se trataba de una crónica de un desastre anunciado.

Fue tal el desastre que la Refinería Olmeca ya produce gasolinas (y diésel desde julio pasado, con todo y el no, no, no) y su producción fortalece la soberanía energética del país y reduce sustancialmente el gasto por importación de combustibles, que en el régimen neoliberal sirvió para engrosar las fortunas de ensueño de unos cuantos.

Se trata de la primera refinería del Estado mexicano en 45 años (la más joven del sistema nacional de refinación, la Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, data de 1979 y fue inaugurada por José López Portillo). Hasta ahí llegó, porque tres años después el régimen neoliberal tomó por asalto el gobierno y en él se quedó 36 años como vil gerente del gran capital. En esta materia se dedicó a importar combustibles al por mayor, porque, decía, producirlos en México no es rentable y sería una dilapidación de recursos del erario, mientras sangraban las arcas nacionales.

Como cápsula de memoria, la primera refinería del país (la Francisco I. Madero en Ciudad Madero, Tamaulipas) se inauguró en 1914 y pertenecía a El Águila, propiedad original de los británicos Weetman Pearson y James Hyslop, quienes llegaron a controlar 50 por ciento del mercado petrolero mexicano. Fue expropiada por el general Lázaro Cárdenas en 1938 y pasó a formar parte de los activos de la nación.

El inventario de refinerías de Pemex llegó a totalizar siete plantas productivas, pero en 1991 Carlos Salinas de Gortari clausuró la 18 de Marzo, en Azcapotzalco (inaugurada en 1933 y expropiada por Cárdenas en 1938), por supuestas razones ecológicas, de tal suerte que dicho inventario cerró 1982 con seis plantas. Pero arribó el régimen neoliberal y no construyó una sola, mientras la importación de combustibles se incrementó prácticamente de forma exponencial, porque elaborarlos en el país no es negocio.

De ahí la relevancia de la Refinería Olmeca, la cual, junto con las seis existentes y la adquisición de Deer Park, en Texas, permitirá reducir en 90 por ciento la importación de combustibles, con miras a que sea el 100 por ciento a corto plazo.

Para dar una idea de qué se trata, sólo en 2018, último año de Peña Nieto (la información es de Pemex), México importó gasolinas automotrices por alrededor de 22 mil millones de dólares, un monto 31 por ciento superior al costo de construcción de la Refinería Olmeca (16 mil 800 millones de billetes verdes). De ese tamaño.

Las rebanadas del pastel

No podía esperarse otra cosa: Norma Piña, en su calidad de jefa visible de la pandilla, se dedica a reventar los foros sobre la reforma al Poder Judicial.

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París 2024: la otra cara de la fiesta

Mario Patrón | La Jornada

La mayor fiesta deportiva mundial está próxima a concluir. En las hazañas casi sobrehumanas que han merecido cada medalla deportiva, se ha puesto en alto una vez más lo mejor del espíritu deportivo que cada cuatro años se honra en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, como sucede en cada edición, en París 2024 las grandes contradicciones políticas y sociales que atraviesan nuestro mundo también han aparecido.

Ya desde la elección de la sede, diversas voces se alzaron, sobre todo dentro de Francia, para cuestionar el costo de albergar los Juegos Olímpicos en un país que vive tensiones importantes respecto a las medidas regresivas que los gobiernos recientes han aplicado a su política social, especialmente aquella que protege los derechos de los trabajadores. Muestra de ello han sido las expresiones y disturbios ocurridos en las calles de París durante los años y meses recientes, que cuestionaron la legitimidad de la celebración de los Juegos Olímpicos no sólo en Francia sino en cualquier otro lugar, por los efectos económicos y sociales que supone albergarlos.

Las escenas que han mostrado los desalojos forzados de personas en situación de calle e inmigrantes en París han sido expresión indignante de las políticas discriminatorias y violatorias de derechos humanos empleadas para llevar a cabo una justa olímpica que en vano se ha esforzado por presentarse ante el mundo como impoluta. A la fuerza y con maquinarias de limpieza de por medio, centenares de personas sin hogar y sin trabajo fueron desalojadas sin que se hubiese llevado a cabo un plan de atención integral a su situación de precariedad. Pareciera que los Juegos Olímpicos son una fiesta para todo el mundo, excepto para los marginados.

En París 2024 hemos visto también los efectos del descuido de nuestra casa común, pues a pesar de las cuantiosas inversiones realizadas para limpiar el río Sena, la decisión de celebrar las pruebas de triatlón y nado en aguas abiertas ha sido motivo de polémica por el riesgo que supone para la salud de los competidores la exposición a los tóxicos presentes en aguas que año con año reciben descargas de aguas residuales, práctica que es norma en casi todo el mundo y también en la glamorosa París. Contra ello, no ha bastado ni retrasar el calendario de esas pruebas ni el saneamiento de las aguas intentado durante meses y años recientes para garantizar la salud de los atletas. Ello es un ejemplo elocuente de la inutilidad del dinero para remediar lo que la sistemática explotación y descuido de los bienes comunes, animada por el interés económico, provocan siempre a corto, mediano o largo plazo.

Más allá de las contradicciones locales, la alta conflictividad en el plano geopolítico también se ha hecho presente de diversas maneras en la justa olímpica. Ya como una muestra de la persistencia del colonialismo de otros siglos, que hacen de Tahití el escenario del surf olímpico o como en el caso de la gimnasta Kaylia Nemour, vetada por su país de nacimiento, Francia, que cosechó un oro para su país de ascendencia, Argelia. Pero también en otra dimensión, como en el tratamiento diferenciado que se ha hecho a los atletas provenientes de países como Rusia, Bielorrusia e Israel; pues mientras a los atletas de las primeras dos naciones se les vetó de representar a su país y sólo se les admitió bajo la figura de Atletas Individuales y Neutrales debido a la invasión a Ucrania; en contraposición la bandera y los colores israelíes han estado oficial y abiertamente representados en la justa olímpica, e incluso su himno ha sonado ya una vez, pese a que en el marco de la Corte Penal Internacional pesan acusaciones contra Israel por genocidio en el entorno de las acciones bélicas que ha desplegado sobre Palestina y también sobre Líbano y Yemen, mismas que se mantienen mientras se celebran los juegos. Mención aparte merece la participación del Equipo Olímpico de Refugiados, que se incluyó desde las Olimpiadas de Río 2016 (10 atletas), se mantuvo en Tokio 2020 (29), y que ahora en París 2024 integra un grupo de 37 competidores, progresión que da cuenta de la incapacidad de numerosos gobiernos locales y de la comunidad de naciones en su conjunto para atender y resolver las causas de la migración forzada en nuestro mundo.

Numerosas disputas ideológicas y sobre derechos humanos también se han suscitado en el marco de París 2024. La más notoria ha sido la participación de la boxeadora argelina Imane Khelif, quien ha sido víctima de transfobia a pesar de ser mujer en términos genéticos y biológicos. Curiosamente, mientras es venerada la amplia superioridad física sobre sus competidores de atletas varones como Michael Phelps, Usain Bolt o Armand Duplantis, la superioridad física de mujeres como Khelif es objeto de condena. Con independencia de este caso, lo cierto es que está pendiente un debate serio y con perspectiva de derechos humanos respecto de la participación de atletas trans y la vigencia de la división de categorías masculina y femenina centrada exclusivamente en la condición genética, sin consideración de otros parámetros o categorías relevantes en nuestro momento histórico.

Por último, no podemos ignorar en esta panorámica la realidad del deporte mexicano, donde cada medalla ha significado un esfuerzo de superación personal desplegado a menudo en un marco de adversidades estructurales, respecto de las cuales el Estado ha fallado como facilitador del desarrollo deportivo. Si bien de por sí históricamente los atletas mexicanos de alto rendimiento no han gozado del apoyo estatal requerido, es preciso advertir que desde 2014 el presupuesto de la Conade ha ido a la baja y desde 2018, el apoyo al deporte de alto rendimiento ha disminuido en más de la mitad de acuerdo con México Evalúa. Esta condición, expuesta ya por muchos atletas olímpicos que han visto mermados sus apoyos y becas, los ha obligado a dedicar tiempo y esfuerzo extra a la procuración de fondos y patrocinios, afectando las propias condiciones de posibilidad para el logro de mayores metas.

Los Juegos Olímpicos son sin duda la mayor fiesta deportiva, pero no podemos permitir que la alegría oculte las grandes zonas oscuras que hay detrás de este evento. Disfrutemos los días que faltan y celebremos cada logro y cada medalla conseguidos por nuestros atletas, pero no abandonemos la agenda de derechos humanos que todavía está lejos de concretarse para tener realmente unos Juegos Olímpicos justos, inclusivos, sostenibles y pacíficos.