Lo que dicen los columnistas

Chiapas, refugiados mexicanos y organizaciones criminales

¿De qué dimensión debe ser el deterioro social para motivar una iniciativa decidida y eficaz que recupere el Estado de derecho?, ¿no son suficientes los homicidios y los repetidos desplazamientos forzados de comunidades chiapanecas, indígenas en su mayoría?

Tonatiuh Guillén López * | Proceso

A lo largo del año 2024, las violencias y la criminalidad han recrudecido en la frontera de México con Guatemala. No son eventos nuevos, ni desconocidos como resulta evidente revisando cualquier medio noticioso. El desplazamiento forzado de pobladores chiapanecos y, en estos días, la conversión de un conjunto en refugiados en Guatemala es uno de los costos más crueles que las organizaciones criminales imponen a la región. Tener ahora refugiados mexicanos en Guatemala es una trágica paradoja y símbolo de la disolución del Estado derecho y de la mínima institucionalidad en la región.

Este deterioro tiene años acumulándose. Tiene años también la desatención de la grave problemática por parte del gobierno federal y locales, a pesar de la presencia masiva de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en el estado de Chiapas. Todo indica que no ha sido su asunto, cuando formalmente estarían obligadas a intervenir en el control del crimen y en la protección de la población. Los tonos alcanzados por la crisis de inseguridad son de horror, como lo han denunciado insistentemente organizaciones civiles de la entidad y como valientemente han comunicado colegas que hacen estudios sociales sobre la frontera sur.

¿Señales e iniciativas del Estado en la dirección debida? Éstas siguen como agenda pendiente, que día a día acumula una deuda potencialmente impagable. ¿De qué dimensión debe ser el deterioro social para motivar una iniciativa decidida y eficaz que recupere el Estado de derecho?, ¿no son suficientes los homicidios y los repetidos desplazamientos forzados de comunidades chiapanecas, indígenas en su mayoría?

Ante los refugiados mexicanos que ahora están en Guatemala, la respuesta del gobierno federal no ha abordado directamente la cuestión central: el control de los grupos criminales, su erradicación y la recuperación de los territorios para sus comunidades. Debe hacerse de manera inmediata para las poblaciones afectadas; también, de manera general, para el estado en su conjunto, pues son numerosos los municipios en donde las organizaciones criminales se han convertido en poderes fácticos sobre la vida cotidiana. Ya no es solamente el tráfico de armas, de drogas o de personas migrantes; ahora son también prácticas de dominio sobre el comercio, la producción y sobre muchas más actividades sociales.

Lamentablemente, la crisis de inseguridad en Chiapas no es única en el país. Tampoco los refugiados chiapanecos en Guatemala son los únicos refugiados mexicanos buscando protección internacional. En realidad, estamos frente a una grave crisis nacional, sin precedentes. El desplazamiento forzado, con independencia de sus factores particulares, es un contundente barómetro sobre crisis sociales en curso: es una medida sobre la ruptura de la convivencia normal, obligando la huida de las personas.

El desplazamiento forzado es hoy una práctica extendida en México, que impone la violación de los más elementales derechos. Lo vemos claramente en Chiapas, pero también se sufre en otras regiones. Una parte de esas movilidades transcurre al interior del país, de una región a otra, de pueblos a ciudades habitualmente. Otra parte se expresa en las fronteras, incluyendo ahora la sur con Guatemala; pero lo cierto es que la mayor proporción se concentra en el norte.

En la frontera con Estados Unidos, exactamente a partir de mayo de 2022, el número de mexicanos arribando en grupo familiar experimentó un crecimiento impresionante. De aproximadamente 4 mil 500 personas en aquel mes, la cifra alcanzó un pico de más de 37 mil en diciembre de 2023. En el transcurso del 2024 el promedio es de 24 mil eventos mensuales (hasta junio). Por contraste, durante todos los años previos al 2022, la cifra de mexicanos –en grupo familiar– registrada como “encuentros” por la autoridad migratoria de Estados Unidos no superó un promedio de 4 mil registros mensuales. Para darnos una idea de la escala del problema: entre enero de 2022 y junio de 2024 los “encuentros” de personas mexicanas en grupo familiar ascienden a un total de casi 440 mil. Sin comparación con lo que ocurre en la frontera con Guatemala, siendo ambas situaciones de lo más grave.

La movilidad en grupo familiar –muy distinta a la movilidad de adultos solos que caracterizó al flujo mexicano durante toda su historia– significa que las personas abandonan su lugar y proyecto de vida debido a que la convivencia en sus espacios habituales ya no es posible. Este nuevo flujo de mexicanos y mexicanas, nuestros refugiados, son el vívido retrato de condiciones sociales muy lastimadas, generalmente causadas por el predominio de organizaciones criminales como ejemplifica Chiapas ahora.

El desplazamiento forzado en México y las cifras de refugiados, incluyendo a quienes se encuentran en Guatemala, son la imagen de una intensa crisis que sigue sin ser reconocida y menos atendida. A lo largo del país, las violencias y el crimen suman así al desplazamiento forzado como parte de sus graves costos, que se añaden a las difundidas prácticas de extorsión y otros delitos que tienen como efecto limitar o anular las actividades económicas y comerciales. Desde esta perspectiva, como puede apreciarse, los derechos de las personas y el desarrollo económico aparecen crecientemente comprometidos por las organizaciones criminales, que no enfrentan mayor límite.

El dilema no está entre “abrazos” o “balazos”, como son los términos que rondan al discurso gubernamental, como si se tratara de una dicotomía única e insalvable. La ruta se encuentra en otro terreno, en el de fortalecimiento de las instituciones de justicia, desde fiscalías hasta el Poder Judicial, federal y en los estados, además de las instituciones preventivas y de seguridad. En efecto, deben renovarse estas instituciones, pero siguiendo una ruta de modernización técnica y operativa, de profesionalización y de plena autonomía. Si no es por este camino, si la opción son procedimientos electorales y políticos como aspira hoy el partido Morena, no habrá soluciones ni justicia para Chiapas, ni para otros estados, ni para nuestros refugiados, ni para las víctimas.

El desplazamiento forzado, nuestros refugiados y el deterioro social y económico en las regiones –incluyendo la espeluznante escala de homicidios– tienen un determinante central: las organizaciones criminales y las tolerancias que les rodean. ¿Qué más hace falta para reconocerlo? ¿Qué más hace falta para actuar con responsabilidad y con la fuerza de la ley? No hay mayor prioridad pública; no hay mayor urgencia social.

Las violencias y el crimen se han sumado como poderoso torbellino que hunde aún más nuestros añejos problemas nacionales, haciendo más distante su solución. Resolver los segundos requiere ahora resolver al primero. A partir de octubre próximo, la próxima presidenta de México tendrá aquí al mayor de los desafíos y sería una señal de esperanza que reconociera su crucial trascendencia, junto con una convocatoria nacional para instrumentar verdaderas alternativas. Ojalá, por el bien de la nación. Lo sabremos pronto.

* Profesor del PUED / UNAM y excomisionado del INM.

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De naturaleza política

¿Confrontan AMLO y la 4T a obispos?

Enrique Aranda | Excelsior

Urge en Venezuela la verdad, clama el Papa.

Que Andrés Manuel López Obrador apostó por la polarización y confrontación sociales como forma de gobierno para nadie es novedad como sí parece serlo, creemos, la aparente división y crecientes enfrentamientos que, a decir de especialistas, está generando la definición de posturas ante su fracasada gestión entre los integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que antes de fin de año deberá renovar su dirigencia en el marco de los citados desencuentros.

Una muestra clara de ello, a decir de quienes mejor conocen sobre el particular, fue la reciente visita que de manera personal, solo, decidió hacer al inquilino de Palacio monseñor Rogelio Cabrera López, el arzobispo de Monterrey y actual titular de la jerarquía católica, a quien no pocos ubican al frente de una supuesta corriente de los cardenales y obispos dialoguistas y, en contraste, las reiteradas críticas y llamados a repudiar políticas del tabasqueño y de la 4T que caracterizan el discurso de monseñor Ramón Castro y Castro, el aguerrido obispo de Cuernavaca y secretario general del pleno de la conferencia episcopal al que se señala como cabeza de los opositores más proclives a la confrontación…

Es verdad, y hay que destacarlo, que más allá posiciones particulares o de grupo que los prelados pudieran tener sobre uno u otro régimen –apenas ayer dábamos cuenta del pronunciamiento unitario realizado en torno de los fraudulentos comicios llevados a cabo a finales de julio en Venezuela–, es la fe en Cristo y el apego a los principios religiosos, así como a las disposiciones dictadas por el papa Francisco desde Roma lo que les mantiene íntimamente unidos y entregados a la causa común, en favor de la comunidad católica y no el juicio o posicionamientos sobre el declinante régimen.

Por lo anterior, insistamos, es que llama la atención la percepción de algunos de que el particular estilo de gobernar de López Obrador y no pocas de sus fallidas políticas y proyectos se asegura que se estarían generando en un sector donde, quiérase que no, este tipo de asuntos de la política, y del Estado inclusive, simple y sencillamente son vistos como una cuestión menor, aunque no exenta de la innegable importancia que revisten. Estemos atentos, pues…

ASTERISCOS

* Será al cierre de la semana que comienza, jueves o viernes presumiblemente, cuando la Comisión de Elecciones del PAN, que preside Ana Teresa Aranda, emita la convocatoria para elegir, por voto directo de la militancia, al sucesor del cuestionado Marko Cortés en la dirigencia de Acción Nacional que, aseguran los que saben, no tomará posesión del cargo, sino hasta la segunda quincena del próximo noviembre. Atentos…

* Que nada ni nadie tocará al compa Francisco Garduño Yáñez mientras AMLO siga en el poder o pueda evitarlo, dicen quienes rodean al tabasqueño ante la pregunta sobre el futuro del impresentable titular de Migración, que, amén de posponer un juicio penal en su contra, sigue negado a asistir al Senado para responder sobre la muerte de 40 migrantes “encarcelados” en la estación de Ciudad Juárez, en 2023. ¿Así o más claro?…

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Un nuevo y difícil inicio de ciclo escolar

Por primera vez en la historia del país, México tuvo un retroceso en la matriculación escolar en prácticamente todos los niveles

Mario Luis Fuentes | Excelsior

De acuerdo con los datos oficiales, la población matriculada en el sistema educativo nacional es de casi 35 millones de alumnas y alumnos. El sistema cuenta con poco más de dos millones de docentes y con una infraestructura, la mayoría pública, de 256,691 planteles o escuelas, de las cuales poco más de 80 mil son escuelas multigrado, es decir, el 31.26% del total de las que existen en el territorio nacional. Del total de las y los estudiantes del país, 84.6% asisten a escuelas públicas.

Después de la pandemia, por primera vez en la historia del país, México tuvo un retroceso en la matriculación escolar en prácticamente todos los niveles. De este modo, en el ciclo 2022-2023 apenas se cubrió el 90.8% de la población de 3 a 14 años de edad, al 80.8% de quienes tenían de 15 a 17 años y sólo el 43.5% de quienes se encontraban en edad de acudir a la educación de nivel de técnico superior universitario o de educación superior. En números absolutos, estamos ante casi 4 millones de niñas y niños de 13 a 17 años que no asisten a la escuela.

La eficiencia terminal sigue siendo muy baja. Los datos para primaria fueron de 96.1%; de 84.8% en secundaria y de 57.6% en educación media superior y superior. Y, aun con ello, nada nos garantiza que los aprendizajes hayan sido los pertinentes y suficientes para continuar en su trayectoria escolar o para incorporarse de manera efectiva al mercado laboral o de desarrollo profesional elegido.

En materia de conservación, mantenimiento y equipamiento de las escuelas se sabe, a través de los datos del 5º Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, que apenas el 77.8% de las escuelas de educación básica cuenta con servicios de agua potable, lo que significa un incremento de únicamente seis puntos porcentuales respecto del indicador de 2018, cuando se tenía acceso en el 71.7% de los planteles de preescolar, primaria y secundaria, es decir, a pesar de lo visto en la pandemia en lo relativo a tener disponibilidad de agua limpia, tenemos apenas poco más de un punto porcentual de avance cada año. Asimismo, únicamente el 82.1% tenía lavabo de manos; sólo el 34.3% tenía instalaciones adaptadas para personas con alguna discapacidad.

Asimismo, en el nivel básico, únicamente el 57.7% tenía computadora; el 46.9% tenía acceso a internet; mientras que en el nivel medio superior el porcentaje de planteles con computadora es de sólo 70% y de 52.6% con acceso a internet. Con respecto a 2018, estos datos no representan ningún avance estadísticamente significativo.

En el nivel medio superior, sólo el 75.4% de los planteles cuenta con agua potable, indicador sin avance respecto del 2018, cuando el porcentaje fue de 74.8%, sólo el 86.7% de los planteles en ese nivel tiene electricidad, el 84.8% tiene sanitarios, el 80.3% tiene lavabos y únicamente el 38.6% tiene instalaciones adaptadas para personas con discapacidad. En ninguno de esos indicadores se tienen avances reales respecto de los datos del propio Informe de Gobierno respecto de 2018.

En medio de la epidemia de obesidad y sobrepeso que se vive en todo el país, sólo el 34.9% de las escuelas de preescolar tienen docentes de educación física, el porcentaje en primarias es de sólo el 55.8%, mientras que en secundaria es únicamente de 32 por ciento. Como resultado, únicamente el 64.2% de las y los alumnos de educación básica recibe educación física.

La retórica oficial respecto de las virtudes de la reforma educativa implementada a lo largo de los últimos seis años se encuentra muy distante de los resultados oficiales que ha presentado en prácticamente todos los rubros clave para el desarrollo nacional y el cumplimiento de las llamadas “Metas del Bienestar”. Para la futura presidenta Sheinbaum se trata de una de las áreas de mayor complejidad y de mayor urgencia, pues de ello depende nada menos que buena parte del presente y futuro del país.

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Astillero

Claudia: inminente declaratoria de validez // El 15, presidenta electa // Cumplir asilo a Jorge Glas // Crece presión contra Maduro

Julio Hernández López | La Jornada

El próximo jueves 15 está considerada la entrega de la constancia de presidenta electa a Claudia Sheinbaum Pardo. Con ello se cerraría el caso, con todo y 243 impugnaciones de opositores, por parte de la última instancia en la materia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dominado por una facción de tres plenamente identificada con el cuatroteísmo (Mónica Soto, la presidenta que en golpe de mano desbancó en diciembre de 2023 al calderonista Reyes Rodríguez Calderón, más los dos Felipes: De la Mata Pizaña y Fuentes Barrera).

Las declaraciones de validez de la elección presidencial y de su resultado favorable a la científica Sheinbaum, aunque sumamente previstas, le otorgan un necesario grado de formalidad institucional irreversible. Aun cuando la cosecha de votos fue arrolladora el pasado 2 de junio, técnicamente tal aritmética podría ser anulada por la Sala Superior del mencionado tribunal electoral federal a partir de consideraciones relacionadas con la injerencia de la Presidencia de la República en el proceso, favorecedora de la candidata morenista. Las posibilidades de una incendiaria decisión judicial anulatoria de la elección presidencial parecían ínfimas, pero siempre estuvieron ahí.

Habrá de verse si el contar ya con esa certeza jurídica definitiva anima a la beneficiaria a mostrar algunas de sus cartas y propuestas más propias, sin riesgo de que alguna turbulencia de último momento comprometiera o cuando menos ajara en términos jurídicos su llegada a la silla del máximo mando nacional. El fin de semana siguiente a la recepción de esa declaratoria de presidenta electa se realizará la última de las giras conjuntas de fin de semana entre saliente y entrante.

Es retomada la línea diplomática activa para insistir en que se cumpla la declaratoria de asilo que en su momento fue librada a favor de Jorge Glas, el político de la corriente de Rafael Correa que fue secuestrado en la embajada de México en Ecuador. La cancillería mexicana solicita que se otorgue el salvoconducto a quien fue vicepresidente de aquella nación sudamericana y a quien el gobierno del empresario Daniel Noboa, en acto de salvajismo sumamente repudiado por varias naciones e instancias internacionales, apresó en la sede diplomática mexicana.

El planteamiento de que Glas, actualmente preso, sea enviado a un tercer país, para que de ahí pueda viajar a México, se produce al mismo tiempo que se esperan las resoluciones en organismos de derecho internacional sobre el allanamiento de la embajada en Quito, el maltrato a personal diplomático que estaba en tal sede y el secuestro del citado político ecuatoriano opositor a los disparates y abusos de Noboa, nacido en Estados Unidos y abiertamente convertido en ejecutor de estrategias al servicio de Washington.

Con Estados Unidos explicablemente a la cabeza, crece la presión mediática y política contra el gobierno de Nicolás Maduro y a favor de Edmundo González, el sustituto de María Corina Machado Parisca, el verdadero motor de la oposición venezolana. El punto central de la argumentación se refiere a la evidente necesidad de mostrar las actas electorales que confirmen el triunfo de Maduro, formalmente anunciado por la instancia electoral. La batalla de las urnas y las actas tiene como necesario contexto de análisis la acometida de Washington e intereses aliados (no sólo los petroleros) en descarrilar al gobierno heredero del chavismo y los propios errores y excesos de la administración de Maduro.

Y, mientras México resiste las turbulencias mundiales en materia financiera y cambiaria, que tienen como factores claves los problemas económicos de Estados Unidos, pero también los tambores bélicos relacionados con Irán e Israel, que podrían desencadenar consecuencias globales.

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México, SA

Temblor económico made in USA // Globalización socializa pérdidas // Río Sonora: Larrea, impune

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

La más reciente sacudida financiera mundial, que no la última, sólo confirma, por si a estas alturas alguien tuviera dudas, que la famosa globalización siempre socializa las pérdidas, nunca las ganancias, pues éstas son acaparadas por los grandes corporativos, que suelen salir ilesos –por no decir que son los únicos ganones– de este tipo de terremotos cuyo epicentro casi siempre se localiza en Estados Unidos. En cambio, pequeños y medianos inversionistas, más los ciudadanos de a pie, son reventados, mientras se deprecian las monedas de un buen número de naciones.

Como es costumbre, un muy pequeño grupo de consorcios dominantes en lo que denominan mercado (es decir, ellos mismos) se mostraron preocupados ante la posibilidad de que la economía estadunidense entre en etapa recesiva y, por lo mismo, decidieron adelantarse a los acontecimientos (léase recoger ganancias y proteger sus inversiones para salir ilesos), con lo que sacudieron los mercados bursátiles, cambiarios y financieros de buena parte del planeta.

Como fichas de dominó cayeron los mercados bursátiles de Wall Street, Tokio (12.4 por ciento, el peor desde 1987, luego de que el Banco Central aumentó sus tasas de interés), Londres, París, Madrid, Fráncfort, Ámsterdam, Milán, Seúl y, desde luego, México. Por el lado de los mercados cambiarios, el peso cerró en 19.60 por dólar, mientras la divisa estadunidense se debilitó frente a las seis principales monedas internacionales.

La Jornada (Clara Zepeda) lo reseñó así: Los datos del empleo y de las manufacturas en Estados Unidos encendieron las alertas de que el aterrizaje suave de la economía estadunidense ante las altas tasas internas de interés no será posible, por lo que las áreas de análisis de instituciones financieras empiezan a revisar al alza las probabilidades de recesión en Estados Unidos. Una de las consecuencias más directas de este creciente pesimismo macroeconómico es un drástico ajuste a la baja en las perspectivas sobre las tasas de interés. Los analistas disparan las opciones de una baja de tasas de la Reserva Federal de 0.50 puntos porcentuales en su reunión de septiembre.

Algo más: de acuerdo con el área de análisis de CIBanco, los mercados financieros iniciaron la semana con fuertes caídas ante las especulaciones de que Estados Unidos pueda entrar en recesión económica, luego de que los datos de empleo estadunidense del pasado viernes revelaron que se crearon 114 mil posiciones laborales en julio y la tasa de desempleo subió a 4.3 por ciento, la mayor tasa desde octubre de 2021. No obstante, tal escenario pareció precipitado y todo apuntó a una reacción exagerada.

Sobre la zarandeada bursátil, financiera y cambiaria, el presidente López Obrador dijo que, en efecto, el epicentro es Estados Unidos y tiene impacto mundial; a finales de la semana pasada empezó una situación de inestabilidad atribuida fundamentalmente a un dato que se dio acerca del crecimiento del desempleo en Estados Unidos.

De cualquier forma, dijo, México tiene margen de protección; no nos afecta tanto, porque nuestras finanzas están muy fuertes; desde luego, somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mundo, pero nosotros podemos resistir un poco más, por dos razones: tenemos reservas internacionales suficientes, récord, del Banco de México; nunca, como ahora, se había tenido tantas (221 mil millones de dólares); además, en todo el sexenio el peso se ha apreciado, se fortaleció, no nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto; es la primera vez en 50 años que nuestro peso no se devalúa.

También la virtual presidenta Claudia Sheinbaum comentó el punto: Estamos preparados para cualquier escenario económico internacional; hoy estamos en mejores condiciones de afrontarlo; hay reservas en una economía sólida y fuerte, con finanzas sanas.

Las rebanadas del pastel

Va para un año que el gobierno federal denunció penalmente a Grupo México por incumplimiento y el corporativo se mantiene impune: Una década después del derrame de 40 millones de litros de residuos tóxicos de la minera Buenavista del Cobre (propiedad del tóxico Germán Larrea) en la cuenca del río Sonora, la remediación de los graves daños sigue pendiente en las ocho comunidades afectadas; los niveles de aluminio, antimonio, arsénico y bario continúan altos en las aguas del cauce ( La Jornada, Cristina Gómez Lima). Se trata de contaminación crónica por cortesía del barón. ¿Hasta cuándo?

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Ayotzinapa

Raúl Romero * | La Jornada

Investigar crímenes y violencias de Estado es una tarea difícil desde organismos que dependen del propio Estado perpetrador. La necesidad de independencia de los grupos o comisiones que investigan es un debate constante, sobre todo en los contextos del sur y centro del continente americano que vivieron dictaduras o guerras y que aspiran a la verdad, la justicia y la memoria. El 4 de diciembre de 2018, apenas tres días después de que López Obrador asumió como presidente de México, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con que se conformaba la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). La comisión, presidida por Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, contaría también con la participación de los familiares de los estudiantes desaparecidos o quien ellos designen que los represente, expertos profesionales y técnicos y otros funcionarios de gobierno. Aunque la independencia de la comisión no estuvo garantizada, la presencia de las familias, sus asesores y representantes legales era un sello de confianza.

Con muchas dudas y todo en contra, la Covaj dirigida por Encinas avanzó lentamente hasta que topó con el Ejército. En el informe presentado por la Covaj el 18 de agosto de 2022, señala que autoridades estatales, federales y municipales estaban enteradas de las acciones que realizaban los estudiantes el 26 y 27 de septiembre: Sedena, Cisen, Policía Federal Preventiva, gobierno de Guerrero, policía estatal, entre otras, sabían lo que ocurría. El informe agrega: Esto acredita responsabilidades por acción, omisión o negligencia.

Un mes después de este primer informe de la Covaj, el 27 de septiembre de 2022, Omar Gómez Trejo renunció como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Gómez Trejo, hay que recordar, era una de las pocas personas del Estado en que confiaban las familias de los muchachos desaparecidos. Las investigaciones que él había encabezado involucraban a más militares en el caso. Gómez Trejo hoy trabaja fuera del país.

En su segundo informe, el 27 de septiembre de 2023, la Covaj ratifica lo anterior y agrega en sus conclusiones: “mandos del Ejército no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio ‘N’, quien se encontraba dentro del grupo de estudiantes”. Sobre dicho joven, como insisten las familias de Ayotzinapa, hay pruebas de que se encontraba en tareas de inteligencia, en particular el documento firmado por el general de brigada diplomado del estado mayor Alejandro Saavedra Hernández, en el que la Sedena acepta que dicho joven había recibido entrenamiento para el manejo de información sensible, estaba desplegado en el municipio de Tixtla como órgano de búsqueda de información (OBI), seguía bajo las órdenes de sus superiores y se encontraba con éstos una vez a la semana para dar al Ejército información sobre la normal.

Menos de un mes después de la entrega de este informe, Encinas presentó su renuncia a la Subsecretaría de Gobernación y, por tanto, a la Covaj, para incorporarse inmediatamente a los equipos de campaña rumbo a 2024. Pero su salida, en medio de tensiones, no frenó la andanada contra él por parte del Ejército. En días recientes, en un hecho inédito, fue llevado a comparecer a una audiencia solicitada por los militares.

Lo que siguió ha sido una ruta que cada vez nos aleja más de la verdad. Ya sin Gómez Trejo y Encinas, se puso en marcha una estrategia mediática en primer lugar contra Vidulfo Rosales, representante legal de las familias de Ayotzinapa e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. La andanada tuvo como epicentro del mensaje varias declaraciones del Presidente de México y en que lo acusaba de alinearse con sectores conservadores del país y del mundo.

La segunda parte de esa ruta mediática ha sido querer mostrar a las familias de Ayotzinapa como divididas, con un grupo mayoritario, supuestamente manipulado o engañado por sus asesores, y otro que está más abierto al diálogo, a la negociación. Detrás de esta estrategia un nombre es clave: Felipe de la Cruz, un personaje desconocido por la propia asamblea de padres de Aytozinapa, que además buscó una candidatura por Morena y quien salió a defender abiertamente al gobierno de Guerrero.

Estamos próximos a cumplir 10 años de aquel crimen que conmocionó a México y parte del mundo. Los padres de los desaparecidos, así como los estudiantes normalistas, tienen todo el derecho a seguir manifestándose y abriendo caminos que los lleven a la verdad y la justicia. Me temo que, lejos de apostar por la verdad, hay quien desde el gobierno se empeña en quebrar el movimiento. No lo lograrán.

* Sociólogo.