El acceso a los datos personales, un derecho para una pensión digna
El INAI es un órgano que instruye a que las distintas autoridades abran la información y le permite a la sociedad obtener la información pública que busque, sin trabas, sin excusas.
Por Julieta del Río * | Proceso
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sirve a las y los mexicanos. La sociedad conoce y debe de saber aún más la utilidad social del instituto. Existen casos concretos y prácticos que reflejan los beneficios del ejercicio de los derechos a saber información pública y a la privacidad.
El 17 de julio último, en sesión del Pleno del INAI, expuse un proyecto sobre un caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que demuestra que el derecho de acceso a datos personales puede ser vital para la sociedad.
Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona solicitó al IMSS la documentación oficial que le permitiera saber si el instituto le otorgó alguna pensión –o bien negativa de pensión– a un tercero en calidad de beneficiario de un trabajador fallecido. La persona solicitante aportó documentos como el Número de Seguridad Social del titular de los datos personales, delegación y unidad de medicina familiar, su RFC y CURP, es decir, documentos necesarios para acreditar su interés jurídico.
En respuesta, el IMSS informó la puesta a disposición de la información. Sin embargo, impuso cargas adicionales y no aceptó la representación jurídica que había establecido el o la interesada para acceder a la respuesta.
La solicitante interpuso un recurso de revisión en el INAI contra el IMSS. Después de un análisis, la Ponencia a mi cargo determinó revocar la respuesta de la dependencia, ya que no sólo se obstaculizó el acceso a la información, sino que además se determinó que la información que se pondría a disposición no atendía totalmente lo peticionado.
Este asunto ejemplifica cómo el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales) permite los derechos sucesorios. Como sabemos, la administración y organización del Seguro Social –instrumento básico de la seguridad social de las y los mexicanos- está a cargo del IMSS, organismo público descentralizado de integración operativa tripartita, en razón de que concurren los sectores público, privado y social.
Existen tres grupos distintos de pensiones relacionadas con la edad:
Al ocurrir un accidente de trabajo.
Si se padece de una enfermedad.
Y para los beneficiarios de un trabajador o pensionado al momento de su muerte. En este último rubro el instituto otorgará a sus beneficiarios pensión por viudez, por orfandad, de ascendientes o incluso asistencia médica de ser necesario.
Acceder a datos personales de un familiar fallecido es fundamental. Tramitar una pensión puede significar la diferencia entre contar o no con un sustento económico para vivir.
No podemos afirmar que este sea el caso. Sin embargo, el Estado mexicano debe facilitar los procesos administrativos para que las personas puedan ejercer sus derechos.
Sin duda y en cualquier contexto, perder a un familiar es doloroso, pero puede volverse más traumático aún si las instituciones, como el IMSS, no hacen
eficientes sus procesos de cara a la ciudadanía.
El INAI es un órgano que instruye a que las distintas autoridades abran la información y le permite a la sociedad obtener la información pública que busque, sin trabas, sin excusas. Además, el INAI protege los datos personales de las y los ciudadanos. La garantía de los derechos ARCO se inserta en este contexto normativo.
Ahí reside su utilidad social y, por ello, seguiremos trabajando en pro de la sociedad, sin filias ni tendencias políticas.
* Comisionada del INAI.
—
Norma Piña, razones ineficaces
La estrategia para defender a quienes prestan servicios en el PJF no parece la más efectiva; de hecho, cada discurso suyo parece dificultar cualquier posibilidad de negociación.
Ernesto Villanueva | Proceso
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, tiene –o debería tener– una responsabilidad personal con quienes laboran en el Poder Judicial de la Federación (PJF) en sus dichos y acciones. Así lo ha declarado repetidamente en las últimas semanas y debería haber una razonable coherencia entre el decir y el hacer. Veamos.
Primero. La estrategia para defender a quienes prestan servicios en el PJF no parece la más efectiva; de hecho, cada discurso suyo parece dificultar cualquier posibilidad de negociación. La ministra Piña ha pasado de abrir el diálogo con el poder a emitir duras críticas contra la iniciativa de reforma constitucional del presidente López Obrador. Esto ha llevado a que la virtual presidenta Claudia Sheinbaum descalifique públicamente a la titular de la SCJN, aislándola como interlocutora. No se observa una estrategia efectiva; más bien, se revela desesperación y frustración. La ministra Piña no es política, pero tiene la capacidad de formar un equipo sólido de negociación que priorice los intereses de su gremio sobre declaraciones filosóficas que no transforman la realidad aquí y ahora. Lo que menos tiene la ministra presidenta es tiempo. Sus márgenes de maniobra son reducidos, pero no ayuda reducir los pocos espacios disponibles sin que esto signifique claudicación o cambio de principios, todos respetables. El denominado “plan de contención” parece, según ha trascendido en medios y columnas, una estrategia cuyos propósitos serán inversamente proporcionales a los buscados si sigue esa hoja de ruta.
Segundo. ¿Por qué la 4T negociaría temas fundamentales con la ministra Piña? ¿Qué puede ofrecer ella a quienes han ganado el poder legítimamente en las urnas para obligarlos a sentarse a negociar y adoptar una tercera vía? La realidad es contundente: la cúpula empresarial no cambiará su postura por las razones expuestas por la ministra presidenta y seguirá su adhesión a la 4T como lo ha expresado. El gobierno de Estados Unidos no romperá relaciones diplomáticas con México, a pesar de los sólidos argumentos de la ministra Piña. Las Fuerzas Armadas seguirán leales a quien ocupe la Presidencia de México. Los discursos de la ministra Piña tienen en ella y su entorno un efecto de catarsis y desahogo emocional, pero eso no produce resultados concretos; al contrario, encarece toda posible ruta de negociación. Las palabras de la ministra Piña no deben dirigirse a convencer a quienes ya están convencidos, lo que Cass Sunstein ha definido como “cámara de eco” en su libro #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Este concepto alude a una narrativa que refuerza sus propias opiniones y excluye otros puntos de vista. En este contexto, es mejor privilegiar el acuerdo, por más acotado que sea, que seguir en la ruta actual.
Tercero. Lo importante ahora no es quién tiene la razón, sino cómo la ministra Piña puede lograr, en la medida de lo posible, que sus razones se traduzcan en el texto del dictamen de la muy probable reforma constitucional. Paradójicamente, la ministra Piña genera, sin saberlo y sin mala fe, elementos para que el dictamen que se apruebe siga la ruta legislativa sin mayores cambios a la iniciativa presidencial. Hay, creo, cuatro temas infranqueables: a) la elección popular de los juzgadores, b) el ajuste salarial a la baja de los juzgadores, c) la separación entre quien vigila y quien es vigilado, y d) la fecha de septiembre como plazo. Dos de esos temas (b y c) ya han sido digeridos en gran parte del PJF. Hay, sin embargo, varios temas que podrían ser susceptibles de acuerdo y en los que debería ponerse el acento: a) Cómo lograr que los jueces y magistrados del PJF designados por concurso puedan contar con una salida en los artículos transitorios para que, por única vez, puedan permanecer en el Poder Judicial, y b) Cómo asegurar que quienes están cerca de la jubilación puedan lograr un acuerdo transitable. Hacer que las razones transformen la realidad concreta es posible, y a ello la ministra Piña debería enfocar todo su empeño.
—
Razones
Ayotzinapa y las falsas declaraciones
El problema es que las declaraciones no están sustentadas en pruebas
Jorge Fernández Menéndez | Excelsior
Toda la acusación que construyeron Alejandro Encinas, el fiscal Omar Gómez Trejo y Vidulfo Rosales, asesor de los padres de Ayotzinapa, está basada en los testimonios de sicarios de Guerreros Unidos (GU) que participaron en el secuestro y asesinato de los jóvenes, y que se convirtieron en testigos protegidos a partir de 2020, muchos años después de haber sido detenidos y de haber confesado sus crímenes, a cambio de obtener su libertad.
El problema es que las declaraciones son inverosímiles, no están sustentadas en pruebas y, además, son contradictorias con sus propias declaraciones, algunos de estos sicarios reconvertidos en testigos han tenido que brindar hasta once declaraciones distintas hasta poder ajustar sus dichos a lo que quería la fiscalía especial. Todo en vano, porque de sus dichos no hay una sola prueba.
El testigo apodado Neto es Ernesto Ramírez Gómez, y su primera declaración es del 22 de febrero de 2021. Ahí dice que otro sicario le dijo que había policías y soldados que trabajaban para GU y que este sicario le dijo que El Negro le había dicho que se llevaron las bolsas con restos de los jóvenes con “los verdes” porque estaban tardando mucho en quemarse. No recordaba ni cuándo ni cómo se lo habían dicho.
Dos años después, en abril de 2023, dice que no sabía de dónde eran los soldados que supuestamente trabajaban para GU, pero que suponía que eran del batallón de Iguala. Pasa otro año, en enero del 2024, súbitamente, Neto recuerda, nueve años después de los hechos, no sólo los rostros, sino también los nombres completos de los soldados que trabajaban para el cártel. Los reconoce de un álbum fotográfico que le proporcionó la Fiscalía, después de que se habían cambiado las medidas cautelares de esos mismos militares que identificó.
Carla es otro testigo estrella, se llama Carlos Leyva González. Dijo en su declaración de noviembre del 2020 que comenzó a trabajar con GU en 2010. Identifica a Sidronio Casarrubias como jefe del grupo y dice que para GU trabajaba un policía ministerial apodado El Guacho y que recibía la droga y las armas en Huitzuco, que los protegían policías ministeriales y estatales y un capitán del Ejército. Identifica a dos militares, a uno, dice, le decían El Boxer, vivía en la colonia El Capire: era chaparro, musculoso, tenía un balazo en el muslo. Ningún elemento militar de la zona coincidió con la descripción de El Boxer, quizá porque en otro momento Neto dice que no era militar, sino de la policía municipal.
En enero del 2021, Carla da otra declaración, en ella asegura que El Boxer era del 27 Batallón de Infantería y que levantaba gente en el Tomatal. Ningún elemento del batallón coincide con la descripción. El 6 de mayo declara una vez más: le muestran fotos, reconoce a unos policías municipales y de Tránsito, pero no identifica a ningún militar. Dos años después, en abril de 2023, ofrece otra declaración, ahora ya recuerda que colaboraban con el cártel no sólo El Boxer, sino también el capitán Crespo y otras dos personas, sólo los conoce por pseudónimos. Pasa otro año, en enero del 2024, al igual que el testigo Neto, repentinamente recuerda, de un álbum que le muestra la Fiscalía, a siete elementos militares, no sólo los recuerda perfectamente, recuerda sus nombres y apellidos y sus datos personales.
Ya hemos hablado ampliamente en otras ocasiones de las declaraciones contradictorias del testigo clave, Juan, Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, jefe de sicarios de GU. En su primera declaración, en septiembre del 2015, niega su participación en los hechos. Ese mismo día, más tarde dice que, como le ofrecieron beneficios en el MP, recuerda que ingresó en GU en 2013. Que el enfrentamiento con los estudiantes comenzó porque los identificaron como de Los Rojos. Que se los llevaron por órdenes de policías de Cocula e Iguala. Una semana después, brinda otra declaración, ahora dice que nunca fue miembro de GU, que fue torturado. Hace otra declaración y vuelve a negar estar involucrado en los hechos. En octubre de 2016 vuelve a negar cualquier participación, dice que estuvo ese día trabajando en un taller, que se dedica a vender ganado, oro y granos.
Pasan cuatro años, El Cabo Gil es asesorado por Carlos Beristain, del GIEI. Ahora, por primera vez, seis años después del secuestro, señala como integrantes de GU al general Saavedra, jefe de la región militar, al capitán Crespo y a otros militares. Dice que los jóvenes fueron detenidos por militares y que se los llevaron en camionetas del ejército al batallón de Iguala y que los cuerpos destazados de los estudiantes fueron incinerados hasta el 28 de septiembre. Que los militares fueron a secuestrar a los estudiantes en la clínica Cristina, pero, como había mucha gente, no se los llevaron. Que también participaron militares del 41 Batallón de Infantería. Ese batallón estaba desplegado en otro rincón del país. Cuando una patrulla militar fue a la Cristina no había nadie, sólo los estudiantes.
El Cabo Gil, cada vez que se estancan las acusaciones, hace nuevas declaraciones: una en 2020, otra en mayo del 2021, donde ahora recuerda con nombre y apellido a militares. En diciembre del 2021 reconoce en fotos de la Fiscalía a más militares y en junio del 2022 dice que tenía relación personal con el capitán Crespo, con el que, incluso, se iba a tomar unos tragos después de entregarle dinero. En otro momento dice que, en realidad, el dinero lo entregaba otro, un tal Mugres.
Lo cierto es que tampoco proporciona una sola prueba. Para recordar los hechos, Gil necesitó once declaraciones distintas y contradictorias a lo largo de diez años. Fue el fin del caso Ayotzinapa que construyeron en la anterior fiscalía especial.
—
Límites a la sobrerrepresentación
Quienes niegan la importancia de la transición democrática observada en estas cuatro décadas —y algunos súbitos defensores de la sobrerrepresentación—, bien harían en revisar el espíritu de las reformas y releer lo que pensaban sus promotores en aquel tiempo
Javier Aparicio | Excelsior
Las reformas electorales aprobadas en México entre 1977 y 2014 han tenido un común denominador: en primer lugar, fueron negociadas y aprobadas buscando cierto consenso de los partidos de oposición y, en segundo lugar, cada una de ellas ayudaron a transitar de un sistema electoral mayoritario a un sistema mixto cada vez más incluyente, representativo y proporcional.
Quienes niegan la importancia de la transición democrática observada en estas cuatro décadas —y algunos súbitos defensores de la sobrerrepresentación—, bien harían en revisar el espíritu de estas reformas y releer lo que pensaban sus promotores en aquel tiempo. Veamos un repaso breve de esta secuencia de reformas.
La reforma electoral del 6 de diciembre de 1977 introdujo 100 asientos de representación proporcional a la Cámara de Diputados, mismos que se añadieron a los 300 asientos de mayoría relativa existentes hasta entonces. El umbral de entrada para conseguir representación era relativamente bajo: bastaba conseguir 1.5% de la votación para conseguir representación.
Con la reforma electoral del 15 de diciembre de 1986 añadió 100 asientos de representación proporcional, por lo que desde entonces contamos con una Cámara con 300 asientos uninominales o de mayoría, y 200 plurinominales.
En esa reforma también se introdujo un límite máximo de 350 diputaciones para cualquier partido. Por otro lado, también se introdujo la llamada cláusula de gobernabilidad: si ningún partido conseguía un 51% de votos y ninguno alcanzaba la mayoría de la Cámara, el partido con más triunfos de mayoría relativa recibiría tantos asientos RP hasta que alcanzara una mayoría absoluta.
En 1990, la cláusula de gobernabilidad se modificaría, de modo que, si la primera fuerza conseguía al menos 35% de votos, recibiría curules RP hasta alcanzar mayoría absoluta. Además, recibirá curules adicionales por cada punto porcentual de votación mayor a 35% y menor a 60 por ciento. La reforma electoral de septiembre de 1993 disminuyó a 315 el número máximo de diputaciones que podría tener algún partido.
Así, llegamos a la reforma electoral del 22 de agosto de 1996. Por un lado, se reformó el artículo 54 constitucional para establecer un máximo de 300 diputaciones por partido, por ambos principios. Por otro lado, estableció que: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. Desde entonces, esta fracción del artículo 54 no ha sido reformada.
La Cámara de Senadores también se volvió más proporcional con estas reformas. En la reforma de 1996 se introdujeron 32 escaños de representación proporcional en el Senado, mismos que se sumaron a los 32 escaños de primera minoría que se habían creado años atrás. Por su parte, el umbral de entrada para conseguir asientos de representación proporcional en ambas cámaras aumentó a 2% en 1996 y a 3% en 2014. En retrospectiva, esta secuencia de reformas sugiere que el PRI, el partido hegemónico de aquel tiempo, estuvo dispuesto a ceder cada vez más espacios de representación, al tiempo que intentaba mantener cierta sobrerrepresentación para no perder sus mayorías legislativas —cosa que, eventualmente, ocurrió.
Los límites vigentes a la sobrerrepresentación de las bancadas legislativas de los partidos políticos son fruto de un acuerdo político fundamental que no se ha modificado desde 1996. Lo que sí ha cambiado desde entonces a la fecha son las reglas para la formación de coaliciones, así como la distribución de triunfos de mayoría relativa entre los partidos que integran una coalición. De un tiempo a esta parte, los partidos políticos han aprendido a utilizar las coaliciones para eludir los límites de sobrerrepresentación, volviéndolos un remedio cada vez más imperfecto. Nuestro sistema electoral sigue teniendo fuertes sesgos mayoritarios. Es hora de revisar el sistema de representación política en México.
—
Astillero
Lo buscado: romper, transferir culpas // Secuencia provocadora de AMLO // Respuesta proporcional de familiares // Salvar al poder, condenar a padres
Julio Hernández López | La Jornada
Antier tuvo proporcional respuesta el rudo viraje del presidente López Obrador en el tema de los normalistas desaparecidos en Iguala, cuya más reciente expresión ha sido un reporte que en realidad es un conjunto de hipótesis personales cargadas de animosidad autoexculpatoria.
Los padres y las madres de los 43 desaparecidos no se limitaron a la hora de expresar sus consideraciones, no sólo en relación con el reporte antes mencionado (al que consideran confuso, inconsistente y descalificador; un resumen de especulaciones y conjeturas), sino, en general, con el proceso que en 2018 les hizo albergar prudentes esperanzas que ahora estiman abatidas.
Tal vez el párrafo más rotundamente descriptivo es este: Usted, señor Presidente, nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado. Usted nos miró a la cara y empeñó su palabra en campaña, donde nos prometió que resolvería este crimen de lesa humanidad y así nos daría la tan anhelada verdad y justicia que cualquier ser humano tiene derecho a conocer: el paradero de sus seres queridos desaparecidos. Sencillamente no quiso cumplir. No sólo nos falló a nosotros, sino también a todo el pueblo de México, el cual también ingenuamente le creyó en algún momento. No se puede justificar lo injustificable.
La Respuesta de padres y madres de Ayotzinapa al reporte de AMLO se produce en un contexto que tiene en la agenda un encuentro próximo con López Obrador y con su relevo, Claudia Sheinbaum. Un encuentro que, a como se han visto las cosas, significaría la confirmación de que en este sexenio no se logró verdad ni justicia en el caso y que la administración claudista tratará de retomarlo con la única intención viable de seguir hundiéndolo al paso del tiempo.
La postura de los familiares de los 43 (explicable, justificada y digna, a juicio de este tecleador) es en realidad una consecuencia de lo buscado por el presidente López Obrador desde que decidió inclinarse expresamente a favor de los militares: una ruptura que el aparato de propaganda 4T trata de endilgar como responsabilidad a los padres de las víctimas, víctimas esos mismos padres, y que pretende permitir en este tramo final verde olivo de Palacio Nacional la continuidad de una estrategia de división, difamaciones y doble discurso que comenzó con la desarticulación de las instancias institucionales creadas para dar la ilusión de que se avanzaría en la solución del caso, con verdad y justicia, y ha proseguido con la artera descalificación de abogados, activistas, defensores de derechos humanos y los propios familiares de los 43, a los que se considera desde el máximo poder público como entes manipulables, tan ignorantes que no se dan cuenta de los intereses oscuros que se aprovechan de su desgracia .
En realidad, el reporte tan provocador sólo ha sido el desencadenante de una respuesta esperada, deseada en la cúpula del poder para avanzar en la retórica (vaya fraseología al estilo del diazordacismo y del echeverrismo, que se ha usado desde el plano oficial y oficialista) que busca exculpar a la administración obradorista, culpar a las víctimas y sus familiares y acompañantes en lucha y, sobre todo, exonerar a las fuerzas castrenses en general (por Ayotzinapa y por todo lo que sea necesario) y, en particular, a la administración política y militar que encabezaron Enrique Peña Nieto (el demócrata y licenciado) y el general Salvador Cienfuegos (casi héroe patrio que sufrió conjura nacional e internacional, como su sucesor, para debilitar a los abnegados puntales del poder popular. Oh, sí: muros históricos, preparaos para que tan egregios nombres sean inscritos en señal de honor).
Y, mientras Biden y Vance elevan el nivel de amenaza de intervenciones armadas en suelo mexicano para eliminar factores del crimen organizado, pues asumen que el gobierno está rebasado e incluso puede ser derrocado en dos minutos (una absoluta exageración fantasiosa) por esos poderes criminales (es decir, los de los cárteles de acá).
—
México SA
Huelgas mineras: 17 años // Luisa María va a tomar nota // Tres gobiernos, cero resultados
Carlos Fernández-Vega | La Jornada
El próximo martes se cumplirán 17 años del estallido de tres huelgas mineras vigentes (30 de julio de 2007) y un lustro desde que el presidente López Obrador (29 de julio de 2019) ordenó a la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde (ahora instalada en Bucareli), instalar, a más tardar en 10 días, una mesa de negociaciones entre el Sindicato Minero y Grupo México, de Germán Larrea, con el objetivo de resolver lo que no hicieron, ni tuvieron ganas de hacerlo, los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Desde esa orden presidencial han transcurrido cinco años y las tres huelgas mineras (Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas; y Taxco, Guerrero) se mantienen exactamente en la misma condición que la imperante aquel 30 de julio de 2007, es decir, sin solución y sin voluntad política del gobierno y del caprichoso magnate para llegar a acuerdos. En esos 17 años, tres políticos han ocupado la Presidencia de la República; seis la oficina principal de la Secretaría del Trabajo (Javier Lozano Alarcón y Rosalinda Vélez Juárez, con Calderón; Alfonso Navarrete Prida y Roberto Campa Cifrián, con Peña Nieto; Luisa María Alcalde y Marath Baruch, con López Obrador) y 11 en la Secretaría de Gobernación (entre ellos el abogado corporativo de Larrea, Fernando Gómez Mont) y todo se mantiene como al principio.
Algunos de esos funcionarios sólo se dedicaron a mantener impune al tóxico barón y su Grupo México, al tiempo que reprimieron ferozmente a los mineros en huelga; otros, de lengua se comieron varios platos, y más recientemente, a pesar de la orden presidencial, no trascendieron el discurso, pero todos son responsables, por comisión y omisión, de que las huelgas mineras se mantengan sin solución.
En la mañanera de ayer, consultado sobre el tema, el presidente López Obrador dijo que en Cananea se tiene una mesa en Gobernación, que se ha estado activando y se están resolviendo los problemas; se va a continuar. Va a tomar nota Luisa (María Alcalde) y se va a seguir trabajando para que los mineros sepan que, aun cuando se nos termine el plazo, nos faltan ya dos meses, va a haber continuidad con cambio.
Pero no hay texto sin contexto: dada la falta de resultados de Alcalde como secretaria del Trabajo, en enero de 2022 el presidente López Obrador dio la misma orden, pero al entonces titular de Gobernación, Adán Augusto, quien sólo repitió el fracaso de aquella. Paradójicamente, quien sucedió a este personaje en Bucareli resultó ser la misma que falló en la encomienda presidencial, pero que ahora (AMLO dixit) dice que va a tomar nota para hacer en dos meses lo que no hizo en cinco años.
Un año atrás, el propio mandatario limitó la falta de resultados a que no era buena la relación entre Napoleón (Gómez Urrutia) y Luisa María (Alcalde); no se entendieron bien; son cuestiones de criterio, pero el punto es que no se trata de un asunto personal, de relaciones públicas, sino de cumplir la instrucción presidencial, alcanzar acuerdos concretos entre las partes en conflicto y resolver, ya, las demandas de los mineros, algo que ella no logró en Trabajo ni en Gobernación.
Pero, ¡tranquilos!, que ahora la susodicha va a tomar nota (se supone que lo hizo cinco año atrás), de tal suerte que, por lo visto, tocará a la virtual presidenta de México, Claudia, Sheinbaum, atender lo que nadie quiso o no pudo resolver en tres sexenios, y su solución debe ser inmediata, a menos que el deseo sea que las tres huelgas mineras cumplan 23 años y pasar la papa caliente al gobierno que inicie en 2030.
En vía de mientras, en esos 17 años el único que la ha pasado de maravilla es el impune Germán Larrea, que ha acumulado una fortuna de cuento de hada con lo bienes otrora de la nación. Según Forbes, en los tres sexenios involucrados en el periodo creció 282 por ciento (de 7 mil 300 a 27 mil 900 millones de dólares), aunque información de Bloomberg asegura que sólo en el gobierno de López Obrador lo hizo en 944.2 por ciento (de 3 mil 600 a 37 mil 800 millones de billetes verdes).
Las rebanadas del pastel
De López Obrador, con cariño, a los histéricos que, en nado sincronizado, están en contra de que Morena tenga mayoría calificada: hay como una especie de rebelión del grupo conservador y sus voceros y achichincles, que hablan de una sobrerrepresentación; nunca los vi tan descarados, deshonestos, enseñando el cobre. Siempre me ha parecido gente de pocos principios, sin ideales, oportunistas, corruptos, inmorales, pero se cuidaban, y ahora están completamente descarados, están queriendo que se viole la Constitución.
—
Sheinbaum y la voz de la clase obrera
Napoleón Gómez Urrutia | La Jornada
En las últimas semanas hemos sido testigos de la conformación del gabinete de la virtual presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Desde mi perspectiva, es un paso que merece un análisis profundo y reflexivo. La elección de cada uno de los miembros revela una clara intención de designar a personas especializadas y con una sólida trayectoria en sus respectivos campos. Esto, sin duda, es un factor positivo que puede contribuir a la eficacia y eficiencia del gobierno que está por venir.
Un gabinete bien preparado es esencial. Su propósito es fundamental: no sólo asesorar y tomar decisiones, sino también asumir una gran responsabilidad con el pueblo mexicano. Ellos están aquí para sostener y continuar la transformación que se ha ido forjando en los últimos años, un proceso que, aunque aún está en curso, ha abierto nuevas oportunidades y esperanzas para muchos. La expectativa es clara: deben trabajar incansablemente por el bienestar de los mexicanos, asegurándose de que cada acción y cada política refleje el compromiso con la justicia social, la transparencia, el bienestar y el progreso.
La conformación de este nuevo gabinete también debe ser una oportunidad para asentar la línea discursiva que se convertirá en la guía de acción de este gobierno. Celebramos la elección de expertos y la apuesta por la experiencia, pero es crucial no perder de vista la realidad de nuestro país. A pesar de las menciones a los sectores más vulnerables en los discursos, ha sido notoria la ausencia de términos como trabajador, obrero, sindicato o clase trabajadora. Este es un punto que no podemos pasar por alto.
No podemos perdernos entre los asuntos pendientes que impactan directamente a quienes, día a día, sostienen la economía del país con su trabajo. Es vital recordar que la prioridad para gobernar debe ser atender las necesidades imperantes y las deudas históricas con el pueblo. Ahora más que nunca, es momento de poner a los trabajadores en el centro de la discusión, de reivindicar sus derechos y de reconocer su papel esencial en la construcción de un México más digno y justo.
La esperanza de continuar con la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es palpable. Sin embargo, debemos ser claros: la verdadera reconstrucción del tejido social tan afectado por la desigualdad y la injusticia social se logrará sólo si se escucha la voz de la clase trabajadora. Las luchas sociales no son tema secundario; son el núcleo de la transformación que prometemos.
El reto sigue siendo grande: proteger la democracia y los intereses del pueblo, reconociendo quiénes son realmente los que producen la riqueza de este país y abogan por la distribución justa de los recursos. La especialización del gabinete es un paso en la dirección correcta, pero no olvidemos que, al final del día, son los trabajadores quienes sostienen esta nación. Es momento de sentar las bases y consolidar un proyecto que retome su voz como una prioridad y se asegure que su lucha no sea ignorada en esta nueva etapa del gobierno.
Así, mientras celebramos la conformación de este gabinete, también nos comprometemos a seguir luchando por los derechos de los trabajadores y a abogar por un país donde la justicia social no sea sólo una consigna, sino una realidad evidente.
La transformación es un proceso colectivo y cada uno de nosotros tiene un papel crucial que desempeñar en esta misión. Reafirmo mi compromiso, desde la lucha por los derechos obreros, para seguir obteniendo victorias que traigan mayores beneficios para la clase obrera mexicana y para sus familias.
La transformación de nuestro país no se completará hasta que los trabajadores, quienes son el motor de nuestra economía, vean reflejados en su vida cotidiana los frutos de su arduo trabajo.
Seguiremos abogando por una justa distribución de la riqueza, por condiciones laborales dignas y por un reconocimiento pleno de su invaluable contribución a la nación. Juntos, en unidad y con determinación, construiremos un México más justo y próspero para todos.
