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Haber de retiro, transparencia y Suprema Corte

Con todo, la cultura de la información pública no es precisamente un rasgo distintivo de la Corte, especialmente cuando se trata del tema del uso de recursos públicos por parte de quienes forman parte de ella.

Ernesto Villanueva | Proceso

El haber de retiro de los ministros/as en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es, desde tiempo atrás, motivo de polémica. Lo es más porque no se conoce a ciencia cierta el monto integral de esa remuneración con sus prestaciones. Debe quedar claro que nadie en su sano juicio propondría que los ministros/as en retiro dejen de gozar de una pensión vitalicia, lo que de suyo sería contrario a derecho. El debate en la agenda pública es sobre el origen y el monto de esas prestaciones, que en todo caso deben estar claramente previstas en la ley como las relativas a los servidores públicos federales. Vayamos al tema.

Primero. Si alguien se toma la molestia de buscar en la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la información completa del haber de retiro de los ministros/as de la SCJN podrá observar que las respuestas de la Corte no se ajustan cercanamente al sentido del derecho a la información garantizado por el artículo 6º de la Constitución. Las filtraciones y/o revelaciones periodísticas han ido ampliando el universo informativo oficial tratando de mantener una coherencia discursiva formalista. Con todo, la cultura de la información pública no es precisamente un rasgo distintivo de la Corte, especialmente cuando se trata del tema del uso de recursos públicos por parte de quienes forman parte de ella. Va un ejemplo de lo que afirmo, de muchos otros que se podrían citar: en una solicitud de información que dio motivo al recurso RRA 3024/24 del INAI, una persona requirió información relativa a la aerolínea utilizada y a los comprobantes de gastos derivados del viaje de la ministra Norma Piña a Marruecos para un evento organizado por la Asociación Nacional de Mujeres Juezas y en qué calidad llevó a cabo ese viaje.

En la respuesta, la Corte dijo que “después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos informó que no cuenta con lo requerido, pues la Ministra Norma Lucía Piña Hernández acudió al evento en carácter de juzgadora, por lo que únicamente dejó de asistir a la sesión del Pleno del quince de mayo de dos mil veintitrés debido a que ese día disfrutó de vacaciones al haber integrado la Comisión de Receso correspondiente al segundo periodo de sesiones de dos mil veintidós, por lo cual no se cuenta con la información requerida”. Se trata, en efecto, de un galimatías: ¿cómo argumentar que con semejantes respuestas se honra el principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6º constitucional? Día con día se revelan porciones informativas que exhiben que la verdad oficial y la verdad de los datos van por caminos separados.

Segundo. Lo cierto es que los ministros/as en retiro gozan, por lo menos, del 100 por ciento de su último sueldo como parte de la SCJN los dos primeros años y el 80% después, siempre y cuando hayan estado 15 años de servicio o la parte proporcional correspondiente, chofer (no hay datos precisos si es uno o varios), vehículo (tampoco se conoce el número de ellos) y seguro de gastos médicos mayores para el beneficiario y su cónyuge. (Las fuentes son abiertas y -reitero- no ha habido ni siquiera desmentidos.) La primera interrogante es conocer si además del monto del “haber de retiro vitalicio” existe algún país democrático que tenga alguna prestación similar. Y la respuesta es en sentido afirmativo. El único país encontrado es la India. En este país, cada juez/a de la Suprema Corte que se retira goza de una pensión vitalicia equivalente al 50% de su sueldo (https://doj.gov.in/pay-allowance/) el cual asciende a 38 mil pesos mensuales netos aproximadamente, además de un chofer y una secretaria. (https://scroll.in/article/1031816/can-post-retirement-benefits-for-supreme-court-judges-hamper-judicial-independence). Si se aplica el factor de ajuste por el costo de la vida de Numbeo el equivalente en México sería de 59 mil pesos. Aquí, como es público y notorio, la remuneración integral de cada ministro/a es de 595 mil pesos aproximadamente al mes (https://www.proceso.com.mx/opinion/2024/6/19/reforma-judicial-remuneraciones-de-ministrosas-de-la-scjn-331291.html). En Estados Unidos, que ha servido como modelo a la SCJN, un juez/a retirado de la Suprema Corte percibe su último sueldo siempre y cuando llegue a los 80 años con 10 años de antigüedad o a los 65 con al menos 15 años con obligaciones de servicio público en la comunidad jurídica. ( https://www.thoughtco.com/us-supreme-court-retirement-benefits-3322414). No cuentan con las prestaciones adicionales a las que gozan sus pares mexicanos.

Tercero. En gran parte de los países desarrollados es posible identificar algunos denominadores comunes sobre el tema: a) Las pensiones vitalicias de los jueces/as en retiro de la Suprema Corte están establecidas en la Ley, es decir, no es potestad del Poder Judicial definir presupuestos propios al margen de lo establecido en las leyes de presupuesto aprobadas por el Congreso; b) En ninguno de los casos (salvo la excepción de la India) los jueces/as en retiro gozan de chofer, asistentes, vehículos y otros gastos; y c) Hay una tendencia a reducir el tratamiento diferenciado del Poder Judicial con respecto a los demás servidores públicos. La inclusión de las pensiones de los jueces/as en el presupuesto público autorizado por el Poder Legislativo y los mecanismos de transparencia se han convertido en la experiencia comparada en dos herramientas que generan disuasivos para las asimetrías significativas entre los sistemas de retiro de los jueces/as y los servidores públicos.

En México, por el contrario, el hecho de que las prestaciones que conlleva el haber de retiro se decidan de manera discrecional, por acuerdos privados de la SCJN y, además, no abiertos al escrutinio público han provocado distorsiones en materia de pensiones, generado desconfianza pública, alimentado la percepción de corrupción, debilitado el valor de la congruencia entre la prédica de la transparencia y la práctica del secreto y minado el derecho a saber de la sociedad toda.

La reforma constitucional que asegure la igualdad de todos ante la ley y establezca estándares uniformes para el servicio público federal, elimine tratos diferenciados que estratifican y discriminan a los servidores públicos y materialice la máxima transparencia traerá como consecuencia mayor confianza pública y cohesión social. Este proceso legislativo se ha vuelto un imperativo democrático para dar fin a una asignatura histórica de ejercicio inadecuado, por decir lo menos, del presupuesto de todos en beneficios de unos cuantos que nadie en el uso de la razón podría estar en desacuerdo.

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El escenario Trump

Donald Trump ha inflamado las peores pulsiones que pueden promoverse en una sociedad: xenofobia, discriminación, machismo, racismo…

Mario Luis Fuentes | Excelsior

México debe prepararse seriamente ante la posibilidad de una nueva lógica política en los Estados Unidos de América. El atentado en contra de Donald Trump podría tener un impacto muy importante en el sentido de la intención de voto del electorado y llevarle a una victoria que, hasta el día de ayer, era todavía incierta, más aún ante las sentencias condenatorias que había recibido por varios de los delitos que se le han imputado en los últimos años.

Asimismo, diversos analistas prevén un escenario de aún mayor polarización en la sociedad norteamericana, pues en el discurso que ha desarrollado desde su primera campaña presidencial, Donald Trump ha inflamado las peores pulsiones que pueden promoverse en una sociedad: xenofobia, discriminación, machismo, racismo y otras formas conexas de intolerancia que resultan contrarias a los valores democráticos.

Otra de las aristas que deben incluirse en el debate que habrá de generarse al respecto es la permanente presencia de la violencia política en los Estados Unidos de América. A lo largo de su vida como país han sido asesinados cuatro presidentes en funciones; dos en el siglo XIX, uno a principios del siglo XX y el más reciente, John F. Kennedy. Pero, además, han sido víctimas de atentados al menos seis de ellos: Truman, Roosevelt, Ford, Reagan y Bush fueron víctimas de ataques directos, además de los representantes y políticos locales que han caído abatidos por las balas. Como candidato presidencial, el caso más famoso es el de Robert Kennedy.

Lo ocurrido en contra de Donald Trump recuerda, pues, que la violencia política nunca se ha logrado erradicar, aun en la que es considerada como una de las democracias más sólidas del mundo, y todavía la economía más poderosa del planeta. En ese sentido, no puede obviarse la discusión entre una perspectiva de una globalización totalmente abierta, frente a una lógica de mercado donde se privilegian visiones nacionalistas.

Es tal el poder de influencia de los Estados Unidos de América, que muchos de los partidos y movimientos de derecha que están cobrando cada vez más fuerza en Europa puedan crecer todavía más; y que en otras regiones los discursos polarizantes se fortalezcan.

Para México, la reflexión sobre lo ocurrido rebasa incluso la agenda del T-MEC; pues nuestra relación bilateral va mucho más allá de lo comercial. En los Estados Unidos de América viven, al menos 30 millones de personas que son mexicanas por derecho, se trata de, aproximadamente, el 10% de la población total de aquel país, siendo ya la primera minoría en aquel territorio.

En ese sentido, la agenda de la migración, pero también la relativa a la seguridad fronteriza pueden tomar un rumbo aún más incierto en las próximas semanas, pues si alguien ha sido violento verbalmente con la población mexicana ha sido precisamente Donald Trump, quien, además, ha planteado incluso la posibilidad de “invadir” el territorio nacional para combatir a los cárteles de la droga y, con ello, frenar la crisis de consumo de fentanilo que está causando alrededor de 80 mil defunciones anuales en EU.

Habrá que esperar, igualmente, la reacción del Partido Demócrata, pues este atentado ocurre en un contexto en el cual se discute la posibilidad de que el presidente Joe Biden abandone la carrera presidencial y sea sustituido por alguna o alguno de los políticos más destacados de ese partido.

En ese sentido, el equipo de transición de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, enfrenta el enorme reto de tener plena claridad de cómo se reconfiguran las correlaciones de fuerza en los principales frentes y cuál será su postura en las diferentes dimensiones de relación que se tienen con México: al interior del T-MEC, en la relación trilateral con Canadá; en la relación bilateral, con todas las agendas y sus implicaciones, y en relación con Centro y Sudamérica, en tanto México continúa como país de tránsito de personas migrantes.

Si algo es permanente en el decurso de la historia es la presencia de constantes imprevistos y, sin duda, estamos frente a uno de ellos.

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De naturaleza política

Sobrerrepresentación, prioridad oficialista…

Enrique Aranda | Excelsior

Alcanza la violencia a todo. Cuidado.

Cada vez surgen más evidencias de que si bien la iniciativa de reforma judicial impulsada desde Palacio constituye una prioridad y su aprobación importa sobremanera a Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que  hoy por hoy el asunto parece estar siendo usado como parte de un montaje, otro más del lopezobradorismo y su partido, para “distraer al respetable” respecto de lo que en verdad importa al próximo gobierno y que, dígase lo que se diga, no es otra cosa que garantizar la presencia dominante de los suyos en el próximo Congreso.

Hablamos, para decirlo claro, de una representación legislativa suficiente, una sobrerrepresentación ahora en disputa que les permita modificar la Constitución a su gusto, con miras a formalizar los cambios en el ámbito judicial y, más, lo que no pocos de aquellos han dado a conocer como un cambio de régimen… algo más parecido al presidencialismo autocrático impuesto por el “viejo priismo” a lo largo de poco más de siete décadas que lo que existe en la actualidad…

Eso y no otra cosa es lo que mueve ahora a los más cercanos a la exregenta Claudia Sheinbaum, que si bien hoy mismo parece plegarse –“sin chistar”– a cualquier iniciativa o deseo del tabasqueño, lo cierto es que tienen claro que su acceso al poder debe redundar en lo que ellos mismos definen como “un cambio de fondo que permita modificar el rumbo y la forma de hacer las cosas. Una modificación incluso de estructuras que hoy se consideran intocables…”, lo que, perdón, pero no refiere sólo a la continuidad ni a poner un “segundo piso” a la supuesta transformación iniciada por éste, sino, desde una perspectiva más ideológica, es claro, emprender acciones radicales de las que poco o nada comentan.

Es por ello precisamente que a más de uno al más alto nivel del gobierno federal y su partido llamaron la atención las ruidosas manifestaciones que en la capital y otras plazas del país realizaron trabajadores del Poder Judicial que no sólo hicieron notar su repudio a la reforma jurídica en proceso, sino que, ahora sí que sin venir a cuento, aprovecharon la oportunidad para dejar en claro su rechazo a todo intento de consolidar un Congreso donde el oficialismo se encuentre sobrerrepresentado.

Veremos…

ASTERISCOS

* En el marco del Foro Político de Alto Nivel de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para evaluar el avance de la llamada Agenda 2030, en medio de múltiples embates oficiales en su contra, el Inai, vía la comisionada Blanca Lilia Ibarra en este caso, volverá a insistir en la necesidad de posicionar el acceso a la información como un derecho humano fundamental sí y, sin duda, un soporte de la democracia. Bien…

* Digno de atención a decir verdad el reporte del Inegi, según el cual nueve congresos locales en funciones –Guanajuato, Jalisco, Yucatán, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Michoacán y la CDMX– no han considerado necesario llamar a comparecer ante ellos a funcionarios de sus respectivos gobiernos. ¿Será que piensan que todo está bien o, perdón, es sólo por (la manifiesta) flojera de sus diputados? Ahí el dato…

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Astillero

Vuelve el intento de organización ultraderechista // CPAC, en agosto // Verástegui y nuevo partido // Vance con Trump: tal para cual

Julio Hernández López | La Jornada

Vuelve a la cargada el fallido experimento impulsado por Donald Trump para tratar de armar en México una vertiente de ultraderecha electoral y partidista: el sábado 24 de agosto, en el hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México se reunirán representantes de las corrientes del conservadurismo español (Vox), estadunidense (Matt y Mercedes Schlapp, que son una especie de comisionados de Trump para estos menesteres), latinoamericano (Juan Pablo Kast, ex candidato presidencial de Chile; María Fernanda Cabal, senadora colombiana; Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente de Brasil; Axel Kaiser Barents-Von Hohenhagen, chileno, entre otros) y, del lado mexicano, el actor y activista católico Eduardo Verástegui.

Poca atención debería otorgarse a Verástegui, a la luz del rotundo fracaso en su empeño de ser candidato presidencial independiente este año, su falta de base social (que, en todo caso, le habría proporcionado la élite más conservadora de la Iglesia católica mexicana, ahora más bien en busca de reconciliarse con la arrolladora 4T) y la carencia de un programa y un discurso políticos reales (refugiado en la palabrería religiosa, con el rezo diario del rosario como supuesta fórmula de salvación nacional).

Pero lo interesante no es Verástegui en sí, sino la insistencia de poderes económicos y políticos internacionales, potenciados por el fenómeno Trump en aparente vía irrefrenable de regreso a la Casa Blanca. Esos poderes, con sus figuras provenientes de diversos países, perseveran en asentar en México una cabeza de playa (término militar, éste, que se refiere a la colocación de piezas militares de avanzada en un punto enemigo o adverso, lo cual constituirá una puerta para el ingreso posterior del cuerpo masivo de las tropas).

La ultraderecha, pero fundamentalmente Trump, que es el financista y líder de lo que se anuncia como Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC: www.cpac.com), tratan de nuclear sus fuerzas en momentos electorales u organizativos específicos. El 20 y el 21 de noviembre de 2022 realizaron una sesión en un hotel de Santa Fe, en la capital mexicana, con la pretensión cumplida de impulsar a Verástegui como candidato presidencial (aunque el impulsado fue quien falló).

Ahora buscan promover la creación de un nuevo partido de extrema derecha, de abierto sentido confesional, que desplace a la derecha cobardita del Partido Acción Nacional y a su reciente figura izquierdista, Xóchitl Gálvez.

Para tener el contexto: La CPAC surgió en 1974, un año después de que se estableciera el aborto como un derecho constitucional en Estados Unidos, con el objetivo de promover las ideologías nacionalista y ultraconservadora e impulsar carreras políticas. Su papel fue fundamental para el ascenso presidencial de Ronald Reagan y el crecimiento de la derecha evangélica con la Mayoría Moral. La historia de CPAC revela una inclinación racista al defender la supremacía blanca y el nacionalismo cristiano entre los miembros de la misma: Ipas México https://goo.su/AuTcd2.

En otro tema, aunque con conexiones con lo antes expresado aquí, Donald Trump designó como su compañero de fórmula, a título de candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, a J.D. Vance, joven abogado, empresario, ex marine (enviado a Irak) y escritor que el próximo 2 de agosto cumplirá 40 años. Escribió un libro, Hillbilly Elegy, Una elegía rural (historia luego llevada a Netflix), que relata los problemas de los blancos pobres en zonas como el Cinturón del Óxido, la región manufacturera estadunidense en decadencia. Si Trump necesitara algún empujón para magnificar sus posturas discriminatorias y agresivas, en particular contra México, la migración y el crimen organizado, tiene ahora como buen acompañante y émulo al aspirante a la vicepresidencia.

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México, SA

Ley Minera: ¿reculó la SCJN? // Congela amparos concedidos// Barones: ataque de nervios

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Más tardó el Legislativo en aprobar la reforma a la Ley Minera que los barones del sector en recurrir a sus amigos del Poder Judicial para que les otorgaran cualquier cantidad de amparos –los concedieron como si fueran dulces– y así evitar que tal modificación legal altere lo que consideran sus reglas del juego y afecte sus intereses –contrarios a los del país–, en el entendido, el suyo, de que la riqueza mineral es de su propiedad y no de la nación.

Tal ley se aprobó el 20 de abril de 2023 en la Cámara de Diputados y el 24 de mayo del mismo año en la de Senadores, pero desde el primer visto bueno, el de San Lázaro, los jueces trabajaron a destajo para satisfacer las exigencias de los barones y defender sus intereses, y de ahí no se movieron un milímetro, de tal suerte que, con todo y la aprobación del Legislativo, la reforma a la Ley Minera, en los hechos, pasó a ser letra muerta, por cortesía del Poder Judicial.

Lo anterior, aderezado con la acción de inconstitucionalidad contra la citada reforma, promovida y presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por diputados priístas, panistas y perredistas (192 en total), impugnación que, de inmediato, el ministro Alberto Pérez Dayán aceptó a trámite. Y tal recurso no incluyó solo la Ley Minera en sí, sino todo el decreto sobre el tema, que incluye las leyes generales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, del Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente, además de la Ley de Aguas Nacionales, que también fueron modificadas para intentar moderar los daños al entorno que causa la industria extractiva ( La Jornada, Eduardo Murillo).

Entonces, si bien es asqueroso, no resulta novedoso el proceder del Poder Judicial (menos el de los prianistas), porque ejemplos sobran en los que la larga mano de la justicia bloqueó otras reformas presentadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo, de tal suerte que su comportamiento en el caso de la reforma a la Ley Minera era más que previsible, que para eso están las chequeras de los barones.

Sin embargo, algo sucedió (justo cuando se da como un hecho la reforma constitucional al Poder Judicial), y no necesariamente un ataque de lucidez, porque aparentemente de la nada la SCJN ordenó congelar en tribunales los amparos en los que masivamente y sin mayor procedimiento se concedieron a favor de los barones y en contra la Ley Minera.

La Jornada (Iván Evair Saldaña) lo informa así: “a SCJN publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 3/2024 del pleno de los ministros que ordena (a partir de hoy) a los tribunales del país congelar temporalmente el dictado de resoluciones de amparos y recursos en contra de la reforma del 2023 a la Ley Minera, dado que será ese alto tribunal la instancia que resuelva en definitiva sobre su constitucionalidad. La medida dictada por los ministros fue tomada en sesión privada del pasado jueves 11 de julio, ya que la Corte tiene pendientes de resolver 11 recursos: la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y los amparos en revisión”.

Y su orden incluye a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, y para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua. Los barones, pues, se quedan como al principio, es decir, sin amparos y con los efectos de lo aprobado por el Legislativo.

De cuento de hadas es suponer que los ministros de la SCJN simplemente se iluminaron, acto de contrición de por medio, al reconsiderar el asunto de los amparos otorgados a los barones, y tras sesudos análisis reinterpretaron esa decisión o, tal vez, encontraron en el bote de basura jurisprudencias que los obligaban a tomar la citada decisión, por lo que resulta llamativo su proceder, toda vez que es Norma que no reculen en sus decisiones, salvo, claro está, cuando la lumbre les llega a sus aparejos y entienden que el horno no está para bollos. O como dice el clásico: el miedo del togado no anda en burro.

Las rebanadas del pastel

Agarraos, que regresa la bestia Donald Trump: aprovechó al máximo el ataque del pasado sábado, aseguró que fue Dios quien me salvó y llegó a la convención republicana en Milwaukee en calidad de mártir. Se presentó como víctima y vengador en nombre del pueblo para salvar a América; al final, no vienen por mí, vienen por ustedes y yo sólo estoy evitando eso (David Brooks y Jim Cason) y, ¡sorpresa!, ya es el candidato oficial de su partido a la presidencia de Estados Unidos. Ufff.

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La 4T: ¿ejemplo de México al mundo?

Víctor M. Toledo | La Jornada

Reverbera hoy de nuevo lo acontecido en la década de los 30 del siglo XX, cuando los ciudadanos de Italia, España, Alemania y Portugal otorgaron el poder a sendos gobiernos fascistas, lo que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, que cobró unos 100 millones de vidas humanas. Surgen estos gobiernos por el voto de ciudadanos conservadores con visiones estrechas, superficiales, reduccionistas y negacionistas, que les llevan a asumir posiciones clasistas, racistas, xenófobas y misóginas, y comportamientos violentos e irracionales.

Confirman este avance de la derecha extrema el número de votos recibidos por Donald Trump en Estados Unidos en 2020 (74 millones), por Bolsonaro en Brasil en 2022 (58 millones) y por Milei en Argentina en 2023 (14.5 millones). Esta tendencia se repite en Europa donde partidos de corte fascista, gobiernan solos o en coaliciones en Italia, Austria, Hungría, Croacia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Holanda y virtualmente en Francia, pues en la segunda vuelta de las recientes elecciones el número total de votos fue de 10 millones para la ultraderecha de Marine Le Pen, 7 millones para el Nuevo Frente Popular de Izquierda, y 6 millones para los partidos del actual presidente Macron.

La ultraderecha europea mantiene frentes cada vez más activos que culminaron con la cumbre de Madrid del 29 de enero de 2022 organizada por Vox y que logró una oficina de coordinación entre las dos uniones prinicipales para influir en el Parlamento Europeo. En otras partes del mundo están por otro lado los gobiernos autoritarios: China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, etcétera.

Este panorama político prevalece mientras la humanidad padece dos problemáticas sustanciales, origen de todos los males: la doble explotación que realiza una minoría de minorías del trabajo humano y del trabajo de la naturaleza. Lo primero mantiene la mayor desigualdad social de toda la historia en la que 56 millones con fortunas de un millón de dólares o más disponen de 45.8 por ciento de la riqueza mundial, mientras 2 mil 879 millones de seres humanos, 55 por ciento del total, poseen 1.3 por ciento de esa riqueza (datos del Banco Suizo).

Lo segundo es que esa misma minoría, actores de un capitalismo corporativo, basada en el uso de combustibles fósiles (carbón mineral, petróleo, gas y uranio) ha desencadenado desde 1860 una contaminación industrial de tal potencia que ha dislocado el equilibrio ecológico global y ha terminado provocando un caos climático. Dado lo anterior, un gobierno y un partido de izquierdas serían aquellos que buscan remontar esas dos problemáticas nodales. Y es aquí donde aparecen los gobiernos progresistas de la América Latina que han ganado y perdido (Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, etcétera) y tres gobiernos que destacan por sus acciones por el bien común: India (desde 2014), Bután y México.

Los increíbles resultados de las elecciones del 2 de junio de 2024, que incrementaron en 3 millones los votos obtenidos en 2018, que le otorgaron a Morena las mayorías posibles y reales de las cámaras de Senadores y Diputados, y que batieron de manera contundente a la ultraderecha, atrajeron de inmediato la mirada del resto del mundo y la atención de innumerables analistas.

Como sucedió en India y Bután, en México todo lo logrado ha sido obra de un es­tadista fuera de serie, Andrés Manuel López-Obrador, cuyo esfuerzo titánico y una visión única del juego político dieron lugar a este proceso que él mismo llamó Cuarta Transformación (4T).

El primer rasgo innovador es que su ideología política para nada cabe en la geometría convencional de izquierda y derecha. Su postura antineoliberal la edifica a partir de la historia del país y de sus principales personajes. Sus decisiones tienen como referentes sucesos del pasado.

Su segundo aporte radica en la frase por el bien de todos, primero los pobres, la cual le inspiró para hacer llegar a 28 millones de hogares al menos un programa social, incluyendo tres que los empoderan (Sembrando Vida, Escuelas del Campo y Escuelas para el Bienestar).

El tercer aporte fue su batida frontal contra la corrupción, a pesar de fallos imperdonables de funcionarios de su gabinete. Su cuarta hazaña fue su apoyo a los jóvenes, ofreciendo becas y trabajos, así como el sistema de Universidades Benito Juarez, con 140 planteles y 45 mil estudiantes localizados en las zonas más marginadas.

Su quinta contribución es que, a diferencia de otros gobiernos progresistas, logró vencer a 80 por ciento de los medios de comunicación (prensa, radio, Tv y redes sociales) que se pusieron en su contra, mediante los medios gubernamentales y las llamadas mañaneras.

Este gobierno ha traído esperanza en el porvenir, para resolver gradualmente sus mayores problemas. Los mexicanos vivimos en un país excepcional dentro de un mundo que parece dirigirse peligrosamente al caos.

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