Lo que dicen los columnistas

 |Número cero

Sheinbaum y los demonios de la economía

José Buendía Hegewisch | Excelsior

Claudia Sheinbaum ha querido enviar un mensaje de certidumbre y estabilidad con sus dos anticipos del gabinete, con que acallar el temor de crisis sexenal por errores o excesos de la barredora de Morena en el Congreso. Con sentido pragmático pone fichas con sus colaboradores de mayor confianza desde la CDMX y toma funcionarios del círculo de López Obrador, en un modelo tecnocrático y de alta especialidad que delinea el perfil de su futuro gobierno, pero no lograr convencer de su distanciamiento con el mandatario.

Sus primeros movimientos reflejan el cuidado del ajedrecista de la alta administración pública, que planea sus jugadas y rehúye a la improvisación, en marcada diferencia con la gestión personalizada de López Obrador. Aunque incluye a cercanos suyos en carteras clave anticorrupción, como Raquel Buenrostro en Función Pública, como exige el libreto de una transición pactada, de terciopelo. Sheinbaum tendrá un poder político con el que cualquier presidente sueña para gobernar en solitario, pero en un Estado con finanzas débiles y vulnerable a las fuerzas salvajes de los mercados sobre el peso, la inversión y el comercio global.

La prioridad que reflejan sus dos tandas de nombramientos es la preocupación por la economía. Coloca en la secretaría de Energía a una de sus funcionarias más leales desde el gobierno de la CDMX, la exsecretaria de Finanzas, Luz Elena González, para tratar de remover riesgos mayúsculos, la deuda de Pemex y la transición energética; ratifica a Rogelio Ramírez de la O en Hacienda en señal de compromiso con la austeridad y reducción del déficit público, que cerrará en 5%, su nivel más alto desde 1998; y Marcelo Ebrard como la cara amigable para inversionistas en busca del nearshoring y renegociar el T-MEC en que está encadenada la economía.

El recado que envía con un equipo de técnicos y profesionales de corte liberal, centristas y ortodoxos en esa área es que los empresarios no teman la amplia mayoría de Morena en el Congreso, como puede darse en cualquier democracia; que no caerá en la tentación del autoritarismo para realizar cambios descabellados o incumplir compromisos que dejen sus inversiones a la intemperie, mucho menos a romper el marco legal, como preocupa desde que se agendara la reforma judicial en septiembre tras lograr la mayoría calificada en urnas.

La atención a los demonios de mercados nerviosos y empresarios intranquilos habla de reconocer la realidad y tratar de relacionarse con ella, así sea de una forma pragmática. El bulo que se propala sobre repetir en septiembre aquel error de diciembre de 1994 que hundió la economía y marcó el principio del fin del régimen del PRI puede afectar el arranque de su gobierno y los equilibrios políticos con que llegue a la Presidencia. Y no por haber señales evidentes de un sismo económico inminente, sino porque la expectativa de riesgo puede consolidarse hasta convertirse en una profecía autocumplida.

Sin embargo, todos esos mensajes para atemperar a los mercados han tenido impacto limitado en sus destinatarios. Los inversionistas se mantienen en modo “pago por ver” hasta conocer la forma de gestionar su hegemonía y planes concretos contra el déficit presupuestal. Sheinbaum está metida de lleno en tratar de domesticar a los demiurgos de la economía, incluso aplazó la presentación del presupuesto para 2025, aunque el detonar de los riesgos también es político.

El perfil del gabinete económico ha sido bien recibido en el sector financiero y empresarial, pero el otro temor que agita los mercados es el plan C para planchar los cambios a la Justicia y órganos autónomos, incluso en medio del clima político tóxico que prevalece después de la elección. Los pactos son necesarios en reformas que requieren la mayor legitimidad por afectar la organización del Estado, aún si se tienen mayorías para aprobarlos en solitario. Un acuerdo de relevo escalonado de jueces y magistrados propuesto por la Corte es un buen paso en la dirección de la confianza y certidumbre en los cambios.

En definitiva, los poderes económicos y financieros permanecen expectantes a la practicidad de Sheinbaum y la habilidad que muestre para imponerse a los maximalismos y a los más hiperventilados de las reformas a través del debate y el diálogo, como ha ofrecido para mantener al genio de la botella encerrado…Usted averigüe ¿de quién se trata?

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Mensaje directo

Riesgos de la reforma judicial

Fabiola Guarneros Saavedra | Excelsior

En el inicio de los diálogos nacionales para la reforma judicial —en el que hubo 35 participantes, entre legisladores, jueces, consejeros de la Judicatura, magistrados y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, se plantearon los riesgos que conllevaría aprobar una reforma mal hecha y apresurada.

Por ejemplo, se podría legislar para politizar la elección de los jueces y la impartición de justicia, además de destruir la carrera judicial. Existen materias especializadas para ser juzgadas como telecomunicaciones, laboral (nuevo régimen), competencia económica y otros, como el amparo y el nuevo sistema, que necesitan de jueces expertos ya probados por años.

En el primer foro —realizado en la Cámara de Diputados— hubo apertura a la propuesta de elección de los juzgadores, pero sólo si va acompañada de la carrera judicial, que es la escala obligatoria de ascensos dentro del Poder Judicial de la Federación y que garantiza la independencia judicial.

¿Por qué argumentan que está en riesgo la independencia judicial? Por dos razones, la primera es porque la iniciativa ha incorporado un modelo que introduce un mecanismo de preselección política de los perfiles a impulsar, en manos de los tres Poderes de la Unión; es decir, las postulaciones atenderían a las preferencias personales e ideológicas del Ejecutivo, a la composición político-electoral que en cada momento tenga el Congreso de la Unión y a la fuerza de los grupos dominantes al interior de la Suprema Corte y del Poder Judicial.

La segunda razón tiene que ver con la campaña que realicen los candidatos, pues el cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recaben durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción por conflicto de intereses.

Además, ¿quién puede garantizar la no intervención del crimen organizado en este proceso, cuando acabamos de ver que fue un actor que se introdujo en las elecciones  del 2 de junio? ¿Quién de los candidatos a los puestos del Poder Judicial resistirá a las amenazas o el plomo de los grupos criminales? ¿Ya se nos olvidó que por eso se impulsó la figura de “jueces sin rostro”?

El jueves, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo que la independencia del Poder Judicial es fundamental para el desarrollo de la economía. El mal diseño de un modelo de elección de jueces y magistrados por voto popular tendría un impacto económico, generando lo que denominó “una subasta de juzgadores”.

La percepción de que el sistema judicial no es imparcial “puede erosionar la confianza pública, afectando negativamente la inversión y el desarrollo económico”, advirtió.

La reforma al Poder Judicial propone un tribunal disciplinario integrado por cinco magistrados, que no se dará abasto para revisar eficientemente la labor cotidiana de más de mil 600 personas, dijo el ministro Juan Luis González Alcántara, según la crónica parlamentaria de mis compañeras periodistas Leticia Robles de la Rosa, Ivonne Melgar y Ximena Mejía.

Y los expertos advierten otro riesgo, y es que ministros, magistrados y jueces podrán ser investigados, sancionados y eventualmente removidos —con excepción de los ministros— por el Tribunal de Disciplina Judicial, simplemente por irregularidades denunciadas por cualquier persona o autoridad y ante actos u omisiones contrarios al interés público, o supuestos tan vagos como la complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes.

Es decir, este tribunal tendría amplias potestades para investigar a cualquier integrante del Poder Judicial, con facultades para sancionar administrativamente a los propios ministros de la SCJN, solicitar el juicio político ante la Cámara de Diputados y presentar denuncias ante el Ministerio Público contra cualquier juzgador, con la única limitación de que la remoción de los ministros seguirá estando sujeta a las formalidades exigidas por el título cuarto de la Constitución.

Sustituir en un solo momento a más de 1,600 personas juzgadoras federales, más los que laboran en los tribunales superiores de justicia de los estados (que también desaparecerían) y la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales.

Y hay otra preocupación: que los juzgadores y trabajadores jurisdiccionales sean despedidos sin mayor pensión que la del ISSSTE, pese a que ellos tienen esos recursos por ley; y el gobierno federal (autor de la iniciativa) no ha dicho tampoco con qué y cuánto va a indemnizar a todos.

Quizá por ello la propuesta que retumbó el jueves pasado fue la de un proceso gradual; es decir, ir cubriendo en forma escalonada las plazas que van quedando vacantes.

Ya se realizó el primer diálogo y están sobre la mesa los riesgos y las propuestas. Seguirán saliendo más dudas y aristas. El deseo es que no sea un diálogo de sordos.

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De naturaleza política

Desvela a muchos el “quiebre” de Biden…

Enrique Aranda | Excelsior

Registró el peso ¡el peor semestre de cuatro años!

Acrecentadas por su pobre desempeño durante el pasado debate entre aspirantes a ocupar la oficina oval de la Casa Blanca, las versiones sobre la incapacidad física y mental, inclusive, del demócrata Joe Biden para continuar al frente del gobierno estadunidense alcanzaron ya tal nivel que, hoy mismo, alientan la creciente exigencia del eventual retiro de su candidatura y la designación de un nuevo aspirante capaz de competir al cuestionado exmandatario republicano Donald Trump, generando toda suerte de reacciones a nivel internacional, en México de manera especial…

Y esto, no sólo por el previsible impacto que, dada la complejidad de la relación bilateral, tendrá la elección de un nuevo presidente de Estados Unidos, sino por la innegable “tentación” que la campaña ofrecerá a los aspirantes a tomar como bandera de su discurso problemas nacionales que, en mayor o menor medida, impactan allende la frontera y que, en su momento, darán paso a la confrontación de voceros y/o autoridades de ambas partes: la creciente inseguridad y violencia generada por los cárteles del crimen organizado en vastas zonas del territorio nacional, el incontenible trasiego de toneladas de todo tipo de drogas o el permanente riesgo de falta de garantías para sus multimillonarias inversiones, por sólo mencionar algunos.

Más allá el tono de los señalamientos contra el país, que seguramente se darán y marcarán las campañas a punto de comenzar, la sola eventualidad del triunfo del aspirante del Partido Republicano sobre el “cansado” mandatario en turno, acrecienta el nivel de preocupación a nivel oficial, igual que entre dirigentes de sectores que en mayor o menor medida deben mantener una relación permanente y en no pocos casos hasta de subordinación, cual es el caso del empresariado, con autoridades y contrapartes del vecino del norte y que, huelga decir, tiende a crecer a medida que la naturaleza y volumen de la relación se diversifica y acrecienta.

Lo que ocurre hoy, entonces, en la Unión Americana exige no sólo atención por parte de las autoridades en proceso de salida sino, mucho más, de la administración entrante, que, encabezada por la exregenta Claudia Sheinbaum deberá encabezar la relación con el más poderoso e influyente socio del país…

ASTERISCOS

* Tal como previó, el Consejo Nacional blanquiazul aprobó la integración de la comisión que deberá definir pautas y conducir el proceso de selección de una nueva dirigencia, que estará encabezada por la poblana Ana Teresa Aranda y en la que, también, se integrarán Beatriz Zavala, Cecilia Romero, Fernando Rodríguez Doval, Juan Antonio García Villa, Ignacio Loyola y Alfredo Ling …

* Nada bien, por cierto, parecen estar las cosas en Guanajuato donde, a la vista del relevo del cuestionadísimo Diego Sinhue, el Congreso de mayoría panista aprobó incluir al exlíder estatal partidista Eduardo López Mares como consejero del Poder Judicial luego que, a la vista de los resultados obtenidos en los pasados comicios, no pocos cuestionaran su “pobre gestión” y, en su momento, exigieran su salida del cargo…

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El próximo gobierno y la energía limpia

Antonio Gershenson * | La Jornada

De acuerdo con el compromiso de las instancias relacionadas con la investigación, aprovechamiento y optimización de los recursos naturales energéticos, uno de los papeles de la Secretaría de Energía (Sener) es, entre otros, el apoyo a los proyectos y programas que protegen la soberanía nacional y estimulan el avance de la transición energética, como en su momento lo gestionó Rocío Nahle (ex titular) y que en la actualidad lo continuó Eduardo B. Arroyo Hinojosa, titular hasta la fecha, así como Luis G. Pineda, en otra dirección de la misma secretaría.

Nos acercamos a los topes permisibles del calentamiento global y a la acumulación del dióxido de carbono (CO2), por lo que, como ya se ha mencionado en diversos encuentros mundiales, la transición energética debe mantenerse como una prioridad. Por lo tanto, es obligado el avance de la tecnología limpia a mayor velocidad. Acelerar el paso en el diseño de mejores técnicas de uso y optimización de los recursos es imprescindible. Por ahora no se cuenta todavía con la estructura mundial que gestione de manera organizada los acuerdos, pactos y compromisos firmados en innumerables eventos ambientalistas.

La disminución del CO2 debe ser diaria y con la participación de toda la comunidad internacional. De otra forma, continuaremos con la interrupción constante de los programas a favor de la limpieza del entorno.

Las propuestas de llegar a metas satisfactorias en la disminución del CO2 –hasta el momento– son unilaterales en muchos casos, por lo que se convierten en ineficaces. Es por ello que, como una regla de oro, los asuntos geopolíticos deben mantenerse al margen, la prerrogativa corresponde a la disminución de contaminantes tóxicos.

La tecnología avanza, pero no a la velocidad que se necesita. De ahí que el uso de hidrocarburos todavía se prolongará por décadas. La electricidad es un recurso que, por ahora, necesita varias técnicas para su producción.

No todos los asentamientos humanos cuentan con este beneficio vital, por lo tanto todas las fuentes de energía son necesarias. En este caso, nos referimos a la geotermia. Éste es uno de los recursos naturales que pueden satisfacer ampliamente la demanda. Durante años se han buscado las mejores opciones para abastecernos de energía eléctrica limpia. A partir de 2011 se desarrollaron sistemas geotérmicos, así como diversos modelos de naves para obtener energía de las corrientes marinas con altos grados de temperatura.

Por lo pronto, el Reino Unido ha creado una gran turbina que funciona con energía marítima. Aunque su vida útil es de aproximadamente 15 años, es un paso importante para dejar de utilizar hidrocarburos. Es un hecho, la turbina mareomotriz es una opción –entre otras– para generar energía renovable limpia.

Otro ejemplo es el que nos muestra la compañía privada escocesa Orbital Marine Power. Sus técnicos aseguran que la electricidad producida por la empresa cubrirá la demanda anual de 2 mil hogares con la energía limpia y predecible proveniente del mar. Otras técnicas interesantes y viables son la utilización de la fuerza de las olas, conocida como undimotriz y la energía de las mareas, conocida como mareomotriz.

Andrew Scott, director de la empresa mencionada, dice que ambas fuentes de energía eléctrica reducen anualmente más de 2 mil toneladas de producción de CO2. Considera que ambas técnicas van a crear un nuevo sector industrial.

La turbina, considerada la más grande del mundo, está integrada a una nave con forma de submarino con alas bajo el agua. Tiene una gran potencia de 2 MW. El peso de esta maquinaria es de 680 toneladas y mide 74 metros y, de acuerdo con su fabricante, se trata de la turbina más poderosa hasta ahora. El lugar en el que ha comenzado su función es en el archipiélago de Escocia continental, donde su producción se conecta a la red del Centro Europeo de Energía Marina (Emec).

Las empresas nacionales productoras de energía (CFE y privadas nacionales) también buscan obtener electricidad a bajo costo y con la menor contaminación posible. Las bajas emisiones de carbono son el reto para cualquier proyecto. En el presente, prácticamente ninguna cumple al máximo este requisito. En cuanto a la producción de hidrógeno verde, hablaremos de este método en otro momento.

Tenemos la seguridad de que a través de la continuidad con cambio avanzaremos en soberanía y transición energéticas con Luz Elena González Escobar, próxima titular de la Sener. Avanzar hacia la Cuarta Transformación es un incentivo importante para seguir aportando soluciones con energías limpias a través de todas las fuentes posibles, incluida la nuclear.

* Con la colaboración de la M.S. Ruxi Mendieta.

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Nuevo equilibrio de poderes

Nicolás Zebadúa * | La Jornada

La estructura orgánica y el funcionamiento del Poder Judicial están en el centro del debate en México. El número de artículos de opinión sobre el tema se ha multiplicado en estos días. Incluso el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM produjo ya un primer estudio exprés sobre las propuestas de reforma legal y constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El debate sobre las más recientes medidas del Ejecutivo y la reacción de un sector de la sociedad civil en general, y de la Suprema Corte de Justicia en particular, debe observarse desde un contexto más amplio, tanto internacional como histórico. Los críticos de López Obrador han expresado, entre diversas objeciones a las reformas, que pretende centralizar el poder sin considerar, por ejemplo, el proceso contrario por el cual se fueron restando facultades al Ejecutivo a partir de los años 80 y 90.

El equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Judicial ha sido variante y dinámico a lo largo de las Constituciones del siglo XIX y aun dentro de la vigencia de la Constitución de 1917.

La redefinición del equilibrio original está en el centro del debate político alrededor del mundo, en varios países de América Latina y en países con regímenes distintos como Israel y Estados Unidos. Una versión de ese debate gira alrededor del fenómeno de la politización de la justicia o lo que, en casos extremos, se denomina lawfare –como lo han llamado personajes tan disímbolos como Donald Trump, en Estados Unidos o Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina–.

En nuestro subcontinente, los presidentes de Brasil, Colombia, Guatemala y Perú, por mencionar ejemplos recientes, han identificado el conflicto con las autoridades judiciales como uno de los factores relevantes de la política de su país.

La nueva relación entre los poderes Judicial y Ejecutivo ha suscitado que conflictos y decisiones de política que tradicionalmente se resolvían en las votaciones en el Congreso o en la competencia electoral entre partidos, se trasladen al ámbito de las controversias constitucionales, los fallos de los jueces y las imputaciones de los fiscales. De ahí que tantos episodios recientes de la política latinoamericana involucren procesos legales y se desarrollen ante tribunales y ministerios públicos, y vinculen a individuos o a instancias de gobierno, del Congreso o de alguna otra autoridad u organismo público.

La politización de la justicia se traduce en un curso de colisión entre el jefe del Ejecutivo y el Poder Judicial que rebasa las formas previas de la política ya que, hoy, temas centrales de la política se resuelven no sólo con la voluntad del Ejecutivo o de una mayoría del Congreso, sino también con la intervención de la Suprema Corte.

Por ello también se entiende que la atención que genera la posibilidad de una reforma al Poder Judicial en México se presente como de una de las decisiones estratégicas y estructurales de la política contemporánea. Cómo se resuelva el debate, país por país, determinará el alcance y sentido de la democracia moderna en América Latina.

* Abogado, coautor de El activismo judicial (Porrúa).