¿Cómo funciona el Sistema Mexicano de Justicia Electoral?
Es un tema de interés para todos porque en estos días se presentarán múltiples medios de impugnación sobre los resultados de las elecciones. Algunos de ellos incluso podrían ser resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Felipe de la Mata Pizaña* | Proceso
Ahora que se ha llevado a cabo la histórica jornada electoral del 2 de junio, nos aproximamos a etapas culminantes del proceso electoral. En ellas entrarán en escena los tribunales electorales mediante distintas “instancias”. Por ello, resulta oportuno explicar cómo funciona el sistema de justicia electoral en México.
Es un tema de interés para todos porque en estos días se presentarán múltiples medios de impugnación sobre los resultados de las elecciones. Algunos de ellos incluso podrían ser resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Recordemos que nuestro país está organizado como un modelo federalista. Esto significa que tenemos autoridades federales y estatales. La materia electoral no es la excepción.
El sistema jurisdiccional electoral mexicano está conformado por varios tribunales dentro de este sistema. Cada tribunal constituye lo que en el derecho procesal se denomina una “instancia”. Estos órganos jurisdiccionales están coordinados mediante lo que llamamos “cadenas impugnativas”.
Empezando por la máxima instancia, dice nuestra Constitución que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es: “La máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación”.
Sólo hay una única excepción: cuando la Suprema Corte de Justicia resuelve las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral (artículo 99 constitucional).
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay una Sala Superior y seis Salas Regionales. Cuando acepta su competencia, la Sala Superior es la encargada de resolver en última, definitiva e inatacable instancia los juicios electorales.
La Sala Superior también tiene competencias exclusivas (en los que nadie más interviene). En este proceso electoral, por ejemplo, emitirá el dictamen relativo al cómputo final, declaración de validez de la elección y de Presidenta de la República electa.
Asimismo le tocará resolver los juicios de inconformidad que se presenten contra la propia elección de la Presidencia de la República. Además, por ejemplo, resolverá los juicios de revisión constitucional electoral respecto de las elecciones de gobernadores y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
¿Y qué hacen las Salas Regionales? Estas Salas son instancias superiores a nivel federal, pero no definitivas, pues algunos casos pueden ser revisados por la propia Sala Superior. Estas Salas se encuentran en cinco sedes en el territorio nacional, en función de lo que se denominan: “Circunscripciones”: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Xalapa.
En este proceso, por ejemplo, a estas instancias les tocará resolver juicios de inconformidad de las elecciones federales de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, así como los juicios de revisión constitucional contra las elecciones de diputaciones locales. Por su parte, la Sala Regional Especializada –la Sexta Sala, con sede en la Ciudad de México– resuelve los llamados procedimientos especiales sancionadores (artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).
¿Qué pasa con los tribunales electorales locales? Estos tribunales son las últimas instancias en los sistemas jurídicos de los estados y en la Ciudad de México (artículo 116 de la Constitución federal); pero incluso en estos asuntos tampoco son definitivas, pues pueden ser impugnados ante instancias federales.
Los conflictos más importantes que deben resolver los tribunales locales son los relacionados con las impugnaciones por presunta nulidad de la elección de gubernaturas o de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Una vez decididas estas cuestiones, tales determinaciones puede ser recurridas ante la Sala Superior.
Como puede observarse, las instancias de la justicia electoral conforman un sistema ordenado de tribunales, cuyas decisiones pueden revisarse por instancias superiores (si se cumplen ciertos requisitos), las cuales pueden tener distintos sentidos: confirmar, modificar o incluso revocar las determinaciones previas.
En este proceso electoral, hay plazos fatales: Las Salas Regionales tienen hasta el 3 de agosto próximo para desahogar los juicios de inconformidad para diputaciones y senadurías de mayoría relativa.
La Sala Superior tiene hasta el 19 de agosto próximo para resolver las reconsideraciones en cómputos distritales de los cargos a escala federal de diputados por mayoría relativa.
Hasta el 28 de agosto próximo, para resolver sobre reconsideraciones vinculadas a los cargos asignados por el principio de representación proporcional.
Hasta el 31 de agosto próximo, para resolver los juicios de inconformidad que se presenten por la elección a la Presidencia de la República.
Para eso sirven los medios de impugnación en nuestra materia; para que, en un tiempo muy corto y mediante la revisión de lo decidido, pueda arribarse a decisiones definitivas que cierren los procedimientos y den certeza a todos los actores políticos, partidos y candidatos, así como, desde luego, a las personas electoras y a toda la sociedad en su conjunto. Así, todos son piezas fundamentales de nuestro sistema democrático.
Las elecciones históricas del 2 de junio último, que ahora transitan a las etapas de impugnación, que no quepa duda, así lo demostrarán con creces.
* Magistrado Electoral del TEPJF.
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La nueva presidencia y sus restricciones
Mario Luis Fuentes | Excelsior
Claudia Sheinbaum llega al poder con una inmensa legitimidad democrática. Eso le da una gran capacidad de maniobra y garantiza márgenes importantes para tomar decisiones que podrían, varias de ellas, ser de alta complejidad. Tiene, además, un mayor número de gobernadores y gobernadoras aliadas; y tendrá enfrente una oposición fracturada y mucho más débil que la que tenía López Obrador en 2018.
Por si fuera poco, tendrá una mayoría legislativa que no se había visto desde la década de los 80 en el país. Adicionalmente, tendrá a la mano una nueva y poderosa estructura comunicacional, que fue cimentada por la actual administración y que le permite contar con sus propias vías de emisión, posicionamiento y amplificación de los mensajes.
Todo lo anterior no es menor, pero frente a ello, las restricciones tanto internas como externas son enormes. En primer lugar, se encuentra la cuestión de la inseguridad y la violencia en el país, lo que exige una serie de reflexiones para modificar la estrategia tanto de combate a la criminalidad organizada como de la delincuencia común, respecto de la cual, en muchas ocasiones, no queda claro cuál es la línea que divide ambas modalidades. Aunado a ello se encuentra el problema estructural relativo a cómo recuperar los territorios que hoy están controlados por el crimen organizado. Por ejemplo, ¿cómo revertir eventos como los ocurridos en Chiapas, donde es la autoridad la que acompaña a las poblaciones para sacarlas de sus territorios?
En segundo lugar, tenemos el problema estructural de una economía que lleva 40 años sin crecer; si se toma en cuenta el ciclo de estancamiento secular, como le ha llamado Rolando Cordera, y que inició en 1982, estamos ante uno de los periodos más largos de desempeño mediocre de la economía mexicana y, aun con ello, nos encontramos entre las primeras 20, en tamaño, en el planeta.
Ello conduce a una tercera cuestión, y es la de los llamados “contrapesos económicos”, que se resumen en los procesos de globalización y liberalización económica en diferentes bloques económicos y de países; y la realidad concreta de nuestra integración con Estados Unidos y Canadá. En ello no debemos equivocarnos, porque nuestra economía está controlada, en esas dimensiones, por unas cuantas empresas. El diagnóstico de Oxfam es contundente en ese sentido: 14 personas controlan casi la quinta parte de la economía nacional. De tal forma que “los límites del mercado” tienen nombre y apellido y habrá que ver cómo se relaciona la Presidencia con esos poderes, sobre todo considerando que sus fortunas se incrementaron de manera notable en los últimos seis años.
Otro factor restrictivo es la realidad de una república fragmentada; es decir, un país donde los gobiernos estatales se han convertido en “feudos”, los cuales, se regresa aquí al primer tema, están al menos amenazados por los poderosos grupos criminales que operan en el país y, en muchos casos, incluso han sido penetrados, pues no debe olvidarse que ha habido no sólo altos funcionarios procesados por vínculos con la delincuencia, sino una gran cantidad de exgobernadores que han pisado la cárcel en Estados Unidos por sus vínculos delincuenciales.
Otro factor que no puede soslayarse es el relativo a la crisis climática y la insuficiente y tardía acción que ha tenido nuestro país en esa materia. Lo ocurrido en Acapulco con el impacto del huracán Otis; pero también la intensa sequía y la catástrofe hídrica y lacustre que estamos enfrentando en diferentes regiones impone severos retos porque el impacto económico y social de esos temas es de la mayor relevancia y, de continuar así, podría generar una crisis social sin precedentes en el país.
La virtual Presidenta electa deberá ser, en ese sentido, altamente asertiva en sus decisiones; comenzando por quiénes decidirá que la acompañen en la responsabilidad de gobernar y, con base en ello, en el rediseño del gobierno y en la construcción de una nueva generación de políticas que lleven a México a convertirse en el país de bienestar generalizado que todas y todos anhelamos y merecemos.
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Razones
Realineamientos: cartas nuevas
Si el oficialismo y la oposición están en el futuro inmediato dentro del próximo gobierno, la labor de equilibrio de la futura Presidenta entre los suyos será clave.
Jorge Fernández Menéndez | Excelsior
La magnitud del triunfo electoral de Morena lo pudimos ver en el cómputo distrital final: no sólo Claudia Sheinbaum aumentó su votación hasta llegar a prácticamente los 36 millones de votos, sino que también se confirmó que la coalición Morena-PVEM-PT ganó en 219 de los 300 distritos electorales del país y Morena, sin coalición, consiguió otros 37 distritos. Habrá que ver cómo se distribuyen los plurinominales, pero estarán muy cerca de la mayoría calificada.
En el Senado Morena logró obtener 30 estados, lo que le da en automático 60 senadores; fuera de los plurinominales, el Verde obtuvo por vía directa por lo menos dos: Ruth González Silva (esposa del gobernador Ricardo Gallardo, que superó en San Luis Potosí a la hermana de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en una confrontación en la que el Verde y Morena fueron por separado) y Luis Armando Melgar en Chiapas, donde, con una gran campaña de tierra, yendo sin alianza con Morena y en muy buena relación con Eduardo Ramírez, quedó en segundo lugar.
El cómputo confirma también que el PRD perderá el registro, porque no alcanza en ninguna votación federal (y prácticamente en ninguna local) el 3 por ciento de los votos, su máximo es 2.4 por ciento en la elección de diputados. Y exhibe a las dirigencias del PRI y PRD, que tuvieron la peor elección de su historia: una disputando el segundo lugar al Verde en número de diputados, los tricolores se sitúan como quinta fuerza política nacional. Movimiento Ciudadano tuvo un respiro de última hora con la confirmación del triunfo de Pablo Lemus en Jalisco (¡qué malos perdedores son en Morena!), pero sobre todo porque in extremis en el conteo se rescató a Luis Donaldo Colosio Riojas, que quedó por un puñado de votos en segundo lugar en Nuevo León, pero en realidad el principal rescatado es el suplente de Donaldo, Dante Delgado, que así podrá entrar al Senado, porque el hijo del asesinado candidato presidencial regresó a la alcaldía de Monterrey, que perdió Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, quien salió terriblemente debilitado de este proceso.
El mecanismo para aumentar la sobrerrepresentación lo vimos en la Ciudad de México este fin de semana: varios de los legisladores electos de Morena se adhirieron a sus aliados para, así, aumentar la distribución de plurinominales a todos ellos. Con eso garantizarían una amplia sobrerrepresentación en el Congreso electoral. A ver si las autoridades electorales locales lo permiten, al final el tema terminará, como en el ámbito federal, en tribunales.
Pero lo que viene serán fuertes realineamientos políticos que serán transversales a los partidos. Un ejemplo, estaba volviendo a leer, con una mirada poselectoral, el libro de Mario Maldonado, EPN: confesiones desde el exilio (Planeta 2024). Hay mucho material entrelíneas en el texto, pero la principal es cómo todo ese grupo político, con pocas excepciones, Aurelio Nuño entre ellas, se ha movido en forma homogénea al entorno de Claudia Sheinbaum. Los exgobernadores peñistas Eruviel Ávila, Miguel Osorio Chong sin ser candidato, Luis Miranda no, pero sí su hijo, entre muchos otros funcionarios o políticos del sexenio peñista, casi todos vía el partido Verde se fueron con Claudia. Otra Claudia –Ruiz Massieu– llega al Congreso, pero por MC, aunque no es ajena a ese movimiento.
Ya lo habíamos señalado aquí, pero leyendo el libro, los recuerdos de Peña y su propia historia, queda constancia de que existe un movimiento de todo ese grupo político, un movimiento que no comenzó en este proceso electoral, sino en el 2018, y que ha seguido una línea marcada y constante. Un movimiento que marcó, creo, Peña en su momento, pero que se ha dado trascendiéndolo. Y en un PRI cada día más raquítico existe la posibilidad de que muchos de los que aún resisten en el tricolor, donde Alejandro Moreno hace todo por aferrarse al poder, aun a costa del propio partido, tomen el mismo camino. Como le pasó al PRD, que terminó absorbido por Morena, algo así puede suceder con buena parte de las estructuras priistas, sobre todo si ese salto lo pueden dar vía el Verde, lo que les permite ser parte del oficialismo sin entrar a disputar dogmas y pedigrí morenista.
La unidad del movimiento
Si el oficialismo y la oposición están en el futuro inmediato dentro del próximo gobierno, la labor de equilibrio de la futura Presidenta entre los suyos será clave.
El día de las elecciones decíamos que había que evitar que 2024 se nos fuera a convertir en un 1994. No creo que estemos en esa situación, pero síntomas hay: violencia social y política, localizada, pero que puede ser desestabilizadora; factores de poder que quieren su espacio; un oficialismo poderosísimo (el salinismo en 1991 ganó 291 de los 300 distritos y en 1994 refrendó la Presidencia en comicios con la mayor participación ciudadana de la historia reciente, superior a 70 por ciento) pero dividido por varias corrientes internas: los duros, los salinistas, los antisalinistas; el presidente entrante y el saliente sin acuerdo con el rumbo económico inmediato, sobre todo acerca de la hora de devaluar.
Todo eso hizo eclosión con el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu a fines de septiembre, la reunión Salinas-Zedillo en noviembre donde no se pusieron de acuerdo sobre los mandos en Hacienda y sobre cuándo devaluar; la crisis de diciembre; la detención de Raúl Salinas en febrero, en medio de la crisis. En seis meses todo había cambiado.
Hoy se reúnen Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Visto lo sucedido la semana pasada, su principal tema tendría que ser evitar que ese escenario que propició la crisis de 1994 se repita: lo sucedido la semana pasada fue un mal síntoma.
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Astillero
AMLO y presidencia electa: forma es fondo //Peña cedió poder a los dos días // Claudia, poder y compromisos // Continuidad y estilo propio
Julio Hernández López | La Jornada
Apenas dos días después de las elecciones del uno de julio de 2018, en Palacio Nacional se reunieron Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, titular del Poder Ejecutivo federal el primero y virtual presidente electo el segundo (el peñista José Antonio Meade había reconocido su derrota esa misma noche electoral y, minutos después, lo haría el panista Ricardo Anaya).
Según lo publicado en la página que registraba las actividades del entonces candidato López Obrador (https://goo.su/pyvav), y de la cual se han tomado las correspondientes citas entrecomilladas, fue un encuentro cordial y amistoso. Durante más de hora y media hablaron de diversos temas como el Tratado de Libre Comercio, aeropuerto, reforma energética, presupuesto y de seguridad.
Puntualizó el tabasqueño que en tanto no exista este reconocimiento legal (la declaratoria formal de presidente electo), no podríamos establecer una relación institucional como se desea. Vamos a ser respetuosos de las formas, porque la forma es fondo. No hay que precipitarnos. Todo a su tiempo.
Pero sostuvo AMLO que con Peña Nieto se pondría de acuerdo para que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos y haya confianza en temas económicos, financieros. Se comprometió a que será respetuoso de la autonomía del Banco de México, se mantendrá una política macroeconómica, con equilibrios fiscales, no habrá injerencia en temas financieros, en lo que respecta al intercambio monetario, lo que tiene que ver con la paridad del peso con el dólar.
López Obrador manifestó que le consta que cuando un presidente interviene en las elecciones no hay una auténtica, una verdadera democracia. Yo he padecido de ese intervencionismo faccioso, que no corresponde a sistemas políticos democráticos. Y ahora tengo que reconocer que, en este proceso electoral, el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron, en lo general, libres y limpias.
Aun cuando provenían de formaciones partidistas adversas, y que podrían haber coincidido en las grandes líneas pero tener naturales diferencias en lo concreto, Peña Nieto tuvo una virtual disolvencia política a partir de ese día (hubo dos encuentros más; el 20 de agosto de 2018 ya con la presencia de miembros de los gabinetes saliente y entrante https://goo.su/rBeJ21C). En los hechos, el mexiquense se hizo a un lado y concedió al presidente por entrar casi cinco meses de presencia y control político evidentes.
La reunión que se realizará hoy en Palacio Nacional tiene un contexto diferente. Claudia Sheinbaum y López Obrador no sólo provienen del mismo partido, sino que forman parte de un proyecto compartido de continuidad. López Obrador preparó, cuidó y consolidó a su ahora virtual sucesora y ha diseñado un proceso de transferencia de poder con personajes relevantes predeterminados, como puede verse en el control de las cámaras federales, con Ricardo Monreal para San Lázaro (el gran opositor de Claudia durante años) y tal vez Adán Augusto López para el Senado, todo en pago por su participación como corcholatas, o Hacienda, con un secretario transexenal, Rogelio Ramírez de la O, e incluso la probable participación en cargos públicos de alguno o algunos de los hijos del presidente saliente, uno de ellos, llamado Andy, como presunta carta presidencial rumbo a 2030.
Sheinbaum, la receptora de un histórico número de votos para la Presidencia, la jefa de una maquinaria de poder nunca vista, que incluye mayorías legislativas calificadas, o una alcanzable cercanía, en Senado, San Lázaro y Congreso capitalino, más la inmensa mayoría de los congresos estatales y de las gubernaturas, se reunirá con un presidente saliente que mantiene poder como ningún otro a estas alturas, para aterrizar los compromisos establecidos por el obradorismo y, en especial, de tiempos y formas de la reforma judicial y, como consecuencia, de la manera de frenar la embestida de inversionistas contra el peso y en la bolsa de valores.
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México, SA
Oligarquía rapaz y especuladora // Vendetta por paliza electoral // Xóchitl estafó a empresarios
Carlos Fernández-Vega | La Jornada
Habrá que ver cómo amanece el tipo de cambio, porque la banda de barones especuladores disfrazada de mercado no quita el dedo del renglón: lo que sus millones de pesos invertidos en la fallida candidatura de Xóchitl no lograron en las urnas ahora pretenden concretarlo por medio de golpes financieros desestabilizadores que tienen motivos políticos, no causas económicas, pues se niegan a perder sus privilegios obtenidos a la mala.
Son los mismos barones que públicamente se llenan la boca con la palabra democracia y pregonan que lo suyo es respetar el voto ciudadano… siempre y cuando el resultado les sea favorable, y el 2 de junio éste fue totalmente contrario a sus intereses, de tal suerte que esos demócratas, de forma por demás sucia, operan bajo el agua para revertirlo, en el entendido, el de ellos, de que hay de democracias a democracias.
El voto de cada uno de esos barones –si en realidad fueron a las urnas– resultó tener el mismo peso que el del más modesto de los mexicanos, pero como el resultado electoral no los benefició –de hecho les provocó lipotimia– utilizan su campaña de miedo y su poder político-económico para acomodar las cosas a su conveniencia, y de pasadita recuperar la cuantiosa inversión en la candidata fallida.
Un ejemplo de ello lo ofrece Juan Becerra Acosta, quien en su programa radiofónico reveló que poderosos aportantes a la campaña de la derecha se reunieron en el Club de Empresarios Bosques, en la Ciudad de México, y “conversaron conmigo; se mostraron molestos con Xóchitl Gálvez, porque ‘nos tomó el pelo’, entre otras cosas al presentar resultados de esa encuesta de México Elige (que la reconocía como vencedora en las elecciones) para sacarles cantidades inmensas de dinero. Un empresario incluso aseguró que la va a buscar para que se los regrese…”.
Así es: ellos no contribuyen, no aportan recursos a una campaña electoral, sino que invierten para el triunfo de un candidato o una candidata, como Xóchitl, e inmediatamente después pasan con creces la factura. En este caso, muy lejos se quedaron, pero exigen su dinero de regreso. Para ellos esa es la democracia en un país al que odian, pero que a sus costillas han amasado fortunas de ensueño. Tal vez el caso más descarado entre los barones, que no el único, fue el de Ricardo Salinas Pliego, quien financió, promovió y pretendió inflar la candidatura de Xóchitl y asociados.
Ahí está el caso de los 22 democráticos barones mexicanos enlistados por Forbes (el 0.000015 por ciento de la población del país), con haberes conjuntos por 200 mil millones de dólares (más lo que atesoran en paraísos fiscales), monto representativo de 14 por ciento del producto interno bruto (sólo para uno de ellos, Carlos Slim, 7 por ciento del PIB). Casi todos amasaron sus voluminosas fortunas a costillas de los bienes de la nación; la mayoría son propietarios de bancos –o accionariamente están ligados a ellos–, casas de bolsa, financieras, etcétera, etcétera. Es decir, tienen los recursos, los medios y el poder para echar a caminar una campaña desestabilizadora, con el tipo de cambio como ariete. Entonces, ¿quiénes son los especuladores? Resulta obvio.
Y estos personajes, con sus abyectos operadores disfrazados de políticos demócratas, todavía se dan el lujo de cuestionar la sobre representación de un partido político en el Congreso. Si el voto ciudadano así lo decidió, debe respetarse el número de escaños y curules obtenidos, en este caso por Morena, porque el rotundo fracaso no fue de ese partido, sino de la oposición que a duras penas logró unas cuantas. Pero como la oligarquía es demócrata a conveniencia, hoy especula, presiona y arma campañas sucias, una de sus especialidades. Para no ir más lejos, recuérdese el accionar de la oligarquía en los errores de diciembre, la brutal especulación cambiaria y la debacle financiera.
Entonces, ya que se quejan amargamente por la sobrerrepresentación, ¿los barones y sus sicarios estarían dispuestos a combatir y acabar con la sobreconcentración de la riqueza y el ingreso, es decir, la de ellos mismos? Allá por 1990, en pleno armado de la privatización de la banca, Carlos Salinas de Gortari pretextó que esa decisión era necesaria para el país porque hay que democratizar el capital, y él y sus amigos se quedaron con el pastel completo. Desde entonces lo padecen millones de mexicanos.
Las rebanadas del pastel
Excelente pregunta que amerita rápida respuesta: ¿por qué el gobierno mexicano dejó ir a Carlos Ahumada? Eso sí, Rosario Robles respira más tranquila.
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El problema más urgente
Iván Restrepo | La Jornada
Elegida con el mayor número de votos de la historia, la futura presidenta de México enfrenta enormes problemas. Quiero destacar el más urgente de resolver, por encima de lograr que el Congreso de la Unión apruebe el tan manoseado plan C, que le hereda el actual mandatario y que ella prometió sacar adelante, pero luego de discutirlo ampliamente.
Se trata del agua. Este año su carencia se siente en toda su intensidad y afecta especialmente a decenas de millones de habitantes y al sector agropecuario. La futura mandataria no debe esperar a tomar posesión para poner en marcha coordinadamente con los actuales funcionarios, la estrategia para captar al máximo el agua de lluvia que nos traerán los huracanes y ciclones desde este mes, en vez de que se vaya al mar, sin utilizar y contaminada.
Como conocedora que es del problema, ella sabe que existen métodos para lograrlo en el sector rural y en las ciudades. Y, además, que es hora de variar el modelo de conservar, administrar, distribuir y reutilizar adecuadamente el vital elemento. Es obsoleto e injusto. También ella y la nueva jefa de Gobierno de la Ciudad de México saben los problemas que enfrenta la cuenca de México para dotar de líquido a los 30 millones de personas que la habitan. Es fundamental coordinar, ahora sí, esfuerzos con todas las entidades federales que hacen parte de dicha cuenca. Tanto para evitar que la mancha de asfalto se extienda más sobre áreas de recarga del acuífero y de las agropecuarias, como para administrar bien el recurso. Hoy, el Cutzamala está a casi una cuarta parte de su capacidad de almacenamiento por la sequía y la deforestación de sus cuencas alimentadoras.
Y peor: la explotación del manto freático, del que se extrae la mayor parte del agua para la ciudad y su área conurbada, llega a extremos muy peligrosos. Mientras, se pierde 30 por ciento del agua inyectada a la red de distribución, se subsidia el consumo casi 50 por ciento, lo que lleva al mal uso y derroche del líquido en millones de viviendas y negocios.
El problema del agua es mayor en los demás centros urbanos del país. Los más afectados: los pobres, a los que la actual administración y la futura tienen como prioridad. Con el agua, la que está por concluir no ha hecho lo necesario ni urgente, como muestra la realidad. Igual sucede en el sector agropecuario, el que más líquido recibe, pero donde predomina el mal uso y el control por poderosos empresarios y políticos.
El marco apropiado para llevar adelante una reforma sustancial sobre el vital elemento es la nueva Ley de Aguas que hace 12 años la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó aprobar al Legislativo. Irresponsablemente no lo ha hecho. Bien podría lograrse en agosto, con la asesoría de especialistas que colaboran con la futura mandataria. Y con la mayoría que la respaldó en las urnas y los que no votaron por ella, es hora de hacer realidad el mandato constitucional que obliga al Estado dotar a la población de agua suficiente y de buena calidad.
Nota al margen del tema ambiental.
El maestro Bernardo Barranco detalló en varios artículos publicados en La Jornada, la abierta injerencia de la jerarquía católica en el reciente proceso electoral. Cómo violaron la legislación vigente que prohíbe la participación de las asociaciones religiosas en política. Sin embargo, llamaron a no votar por los candidatos que defendían el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, la eutanasia. En resumen, los derechos humanos. Votar en cambio por quienes sostienen los principios cristianos. También los pastores de otras creencias hicieron lo mismo, aunque no tan abiertamente.
Según datos recientes, 77 por ciento de la población dice profesar la fe católica. A otros credos, 11 por ciento. El resto se declara ateo o sin religión alguna. Si vemos los resultados del último proceso electoral, los creyentes del país desoyeron a los pastores de sus almas. Ignoraron el alud de mensajes desde los púlpitos y en las redes sociales en los que aseguraban que la hoy elegida, judía, era anticatólica y cerraría la Basílica de Guadalupe. En resumen, la encarnación del mal. Ignoraron también las invocaciones a Dios y a la Virgen de Guadalupe de la candidata X. La tolerancia y el principio de laicidad de la nación, que tanto costó lograr, se impusieron al fanatismo, para bien de todos.
