Lo que dicen los columnistas

De naturaleza política

Covid-19: (otra) evidencia de fracaso…

Enrique Aranda

Epi: luces, cámara, acción… el montaje de hoy, ¡va!

Hace poco más de un año, el 4 de junio de 2020 para ser exactos, el payasito de la 4T, como gustan referirse a él integrantes del “círculo íntimo” de Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cuantificó en 60,000 el número de decesos que a su decir evidenciarían que habríamos alcanzado lo que él mismo definió como el peor momento posible de la pandemia, un escenario catastrófico.

El pasado viernes 30, el país alcanzó el fatídico nivel, ¡sólo que multiplicado por cuatro!, cuadruplicado, pues: 240,456 muertes a causa de covid-19, lo que evidencia el fracaso de la estrategia definida por el impresentable funcionario —“ejemplo de ineficiencia y soberbia”, diría de él uno de sus colaboradores cercanos— para combatir un problema que en sólo 15 meses colocó a México “contra la pared”, literal, y exhibió a su gobierno, que cotidianamente gusta presentarse como ejemplo mundial a imitar en el manejo de la enfermedad.

Ahí la evidencia. Sin embargo, la situación continúa sin tener consecuencias porque, ¡adivinó usted!, al más alto nivel de la administración se cuenta con ¡otros datos!, mismos que cuando se rebasó el umbral inicialmente definido “permitieron” a López-Gatell culpar de lo sucedido a los malos hábitos alimentarios de la población y a la industria de ese sector; a la carencia de médicos dispuestos a enfrentar la emergencia, a la industria farmacéutica nacional, a los altos niveles de enfermos de diabetes, hipertensión y más y, presumiblemente, a la falta de fármacos para atenderles y, claro, a los medios de comunicación social. De la eventual responsabilidad del fallido gobierno o de las autoridades sanitarias a las que, en cierta forma, él encabeza, nada…

Ahora mismo, camino a la cima de la tercera ola de la pandemia, la insensibilidad e indolencia siguen caracterizando el actuar de la autoridad que, lo hemos señalado de manera reiterada, parece más interesada en reanimar la diezmada economía vía la reactivación de sectores particularmente sensibles, como el del entretenimiento —bares y discotecas—, el educativo a todos los niveles o, incluso, el burocrático federal y/o estatales.

Confiemos en que las políticas definidas por los responsables del sector salud o la implementación de las mismas coadyuven a mitigar el efecto letal de la pandemia. Al fin, no parece que tengamos otra opción, ¿o sí?…

Asteriscos

* ¡Vaya singular tapabocas! el que la Sala Regional Xalapa del tribunal electoral impuso a Mario Delgado y Citlalli Hernández, alfiles a cargo del partido del gobierno, así como a la edil quintanarroense de Solidaridad, Laura Beristain, a quienes ordenó abstenerse de hacer comentarios en contra del gobernador Carlos Joaquín. Eso sí que dolió. Ufff…

* Un mes después de la ilegal ocupación de las instalaciones de la Universidad de Las Américas-Puebla y la imposición del “espurio” Armando Ríos Piter como rector, la Fundación Mary Street Jenkins reiteró su exigencia al cuestionado gobernador Miguel Barbosa a respetar la ley y ofreció abrir un espacio de diálogo para resolver el asunto que afecta a miles…

Número cero

Consulta: ¿combatir la impunidad?

José Buendía Hegewisch

El llamado a la primera Consulta Popular constitucional para juzgar crímenes del pasado debe servir para enviar un mensaje inequívoco contra la impunidad, que a todos convierte en reales o potenciales víctimas. Aunque su diseño la hace simbólica, no debería quedar como una figuración o una simulación política. Este ejercicio, conocido como “juicio a expresidentes” —aunque la pregunta no lo enuncie así— es una oportunidad para potenciar una discusión pública sobre acciones para reparar el daño que sistemáticamente les niega el poder político y el judicial.

Es cierto que llegamos a esta cita del 1 de agosto con una convocatoria edificada con piedra de mala calidad y en lajas resquebrajadas, como las que están en la superficie de la cantera y sólo sirven para obras de mampostería. “Circo” muy conveniente a la narrativa presidencial, como dicen sus opositores; o un “distractor” que sólo beneficiaría a López Obrador porque –como sentencia la Corte—la aplicación de la ley no es motivo de consulta. Aunque la pertinencia de la consulta, paradójicamente, tiene que ver con el estado de ilegalidad en un país en que los delitos no se castigan pese al costo humano de vivir en violencia extrema.

Por eso la defensa formal de la legalidad para llamar a no votar recuerda el doble discurso de la vieja fórmula del “obedézcase, pero no se cumpla” del derecho medieval, pero muy presente en la impunidad en el país.

En otras latitudes, el plebiscito ha sido útil para pacificar conflictos violentos, como en Chile, para desalojar a Augusto Pinochet del poder en 1989 o desmontar el Apartheid, en Sudáfrica, y recientemente el Brexit, en Gran Bretaña. En México las decisiones trascendentales para el país (TLC, la guerra contra las drogas o la militarización de la seguridad) pertenecen al monopolio del mundo de la política, que incluso enajena esta consulta para sus propias disputas.

Su mayor debilidad es que atiende más a la confrontación política que a la deliberación ciudadana y a la necesidad de justicia para la paz. Prueba de ello, las dudas sobre la participación y su poco involucramiento en ella. Y si ya alcanzar el umbral de 40% del padrón para que sea vinculante se aprecia casi imposible, la reformulación de la pregunta por parte de la Corte dejó en una especie de limbo la interpretación y alcance del resultado. A pesar de ello, también obliga a una respuesta del Presidente sobre su sentido, la discusión y expectativas entre las víctimas. ¿realmente hay voluntad de revertir la impunidad y asegurar justicia para la pacificación del país?

López Obrador se ha pronunciado en contra de juzgar a sus antecesores con la justificación de que parezca venganza política, pero la inacción de la justicia respecto a investigaciones contra el gobierno de Peña Nieto deja dudas sobre pactos de impunidad o la incapacidad de esclarecer crímenes del pasado. Por ejemplo, los implicados en la corrupción de Odebrecht han logrado esquivar las acusaciones penales y hasta las sanciones administrativas.

De no haber respuestas, la consulta corre el riesgo de perderse en la intrascendencia de la propaganda alejada de la preocupación de los derechos de las víctimas. Una de ellas, como ha querido apuntar la propia Corte, es la creación de una Comisión de la Verdad como mecanismo alternativo al Judicial porque, entre otras razones, delitos que pudieran imputarse a los expresidentes ya han prescrito.

Si realmente el gobierno apuesta a consolidar las consultas populares, lo primero es demostrar su utilidad para develar delitos que se ocultaron o no se castigaron. Por eso la importancia de que la movilización active una discusión pública, a pesar de la amplitud y la ambigüedad de la pregunta.

La consulta ha metido al Presidente en un laberinto ya que, por un lado, desconfía de la eficacia de la fiscalía para esclarecer crímenes del pasado y, por otro, no cree en las comisiones de la verdad contra la impunidad. Morena dice que la impulsará cualquiera que sea el resultado, pero sin consenso a su interior ni apoyo presidencial. ¿Qué sigue? El gobierno está atrapado entre las expectativas de la consulta, el reclamo de las víctimas que se sienten traicionadas y el riesgo de que la impunidad convierta su discurso anticorrupción en letra muerta.

De pechos y bodegas

Rolando Cordera Campos

El Presidente reitera: su pecho no es bodega por lo que nada guarda. Sin duda, es una manera diferente de abordar, desde el Poder Ejecutivo, las cosas del poder.

No sé si habría acuerdo en el mundo político y de la comunicación, para mi inseparables, en el sentido de que esta conducta presidencial es un cambio positivo. Ciertamente, habría muchos peros que introducir en una evaluación de esta singular conducta, dependiendo de los distintos actores de la política y, en particular, de los profesionales de la información y la comunicación. Las asimetrías del poder no pueden soslayarse; tampoco, inventarse una equidad que no existe cuando hablamos de la Presidencia de la República.

Cuando se habla del derecho a la libre expresión, debe considerarse que su vigencia siempre es vista como esencial para juzgar la calidad y los alcances de la democracia y sus sistemas políticos, cada día más complejos. No sólo como origen de muchas redes de poder y relación social y política, sino como pilar insustituible de cualquier orden que se pretenda democrático. De aquí lo delicado del tema de la información, la comunicación, el ejercicio de esos derechos y libertades y el papel que en todo esto tienen o pueden tener la propiedad, el capital y la empresa que concretan dichas prácticas. En nuestro caso, la experiencia en la construcción democrática, larga y tortuosa como ha sido, contiene muchas lecciones que no pueden echarse por la borda.

Mucho se ha avanzado tanto en México como en el mundo en el esclarecimiento de los regímenes para el ejercicio de dicha libertad. Del control casi absoluto del Estado de los bienes materiales necesarios para producir y circular la información, hemos pasado a un efectivo, aunque de ninguna manera satisfactorio, ejercicio de la información si, por ejemplo, se le evalúa desde la perspectiva de los derechos de sus profesionales o los de sus usuarios. Para no mencionar el grave asesinato de periodistas, generalmente perpetrado por poderes criminales enraizados o no en la política.

Frente a esta trama, poco transparente en su diario quehacer, tenemos hoy al titular del Ejecutivo dispuesto a montar escenarios de confrontación con empresas y trabajadores de la comunicación, involucrándolos en supuestas campañas de conspiración para el desprestigio de su proyecto transformador. Digo supuestas porque hasta la fecha el Presidente no ha aportado un solo elemento de prueba; pero sí una cascada de dichos que pueden resultar contrarios a la consolidación de la libertad de expresión como derecho humano fundamental y como ejercicio político esencial para mejorar el sistema democrático, porque se olvida que La ética de la democracia es una ética de la responsabilidad, como afirma la filósofa española Amelia Valcárel (https://ethic.es/2021/07/amelia-valcarcel-etica/).

Los pronunciamientos que hace unos días realizaron el empresario Juan Francisco Ealy y varios de quienes hacen periodismo escrito, son una interpelación oportuna al poder desde la prensa. Cabe esperar que la respuesta presidencial contribuya a que, en éste como en otros acontecimientos de la República, puedan montarse diálogos abiertos y congruentes, no sólo entre los directamente involucrados, sino con el Congreso de la Unión, los medios de comunicación e información y la academia.