Lo que dicen los columnistas

Ruptura México-Ecuador, apuntes necesarios

La lección aprendida de este suceso inédito de violación a la sede diplomática en Ecuador, debe ser razón suficiente para que el presidente mexicano actúe con la más amplia prudencia por el bien de todos.

Ernesto Villanueva

Proceso

Todo mundo sabe de la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, por la irrupción de policías de élite a la sede de la embajada mexicana ubicada en Quito. La parte normativa de este desencuentro en la agenda pública se ha tratado, empero, de manera superficial y maniquea, razón por la cual creo prudente hacer algunas reflexiones.

Primero. Hay consenso en la comunidad internacional de que el ataque a la representación diplomática mexicana fue una violación clara de lo dispuesto por el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas, que a la letra dice:

 “1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. 2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. 3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.” Cabe agregar que este principio no admite ningún tipo de excepción en el derecho internacional público. Pero la acción del Estado ecuatoriano no sólo se limitó a esa gravísima falta, sino que además incurrió asimismo en la violación del artículo 29 de esa misma Convención, que dispone: “La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad” (https://acortar.link/TZBW0Y). Los videos que circularon con el cuerpo maltratado del jefe de la cancillería de la embajada de México, Roberto Canseco, difícilmente podrán ser desvirtuados como prueba o al menos indicio.  Seguramente México habrá de hacer valer esas dos violaciones a la Convención de Viena en la Corte Internacional de Justicia.

Segundo. Por su parte, Ecuador, supongo, habrá de invocar como atenuante que México no observó lo dispuesto por el artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático del 28 de marzo de 1954, que establece: “ Artículo III  No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político.” Me imagino que en su defensa México habrá de sustentar la licitud del asilo político otorgado en, al menos,  dos argumentos esenciales: a) El artículo IV de esa misma Convención que introduce un elemento que matiza el alcance del artículo III citado, que prescribe: “Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución.” Y b) La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asilo político externado en su opinión consultiva OC-25/18 de 30 de mayo del 2018 que amplía el núcleo protector del derecho de asilo retomando e interpretando a la luz del principio pro persona (aplicar la norma que mejor beneficie al solicitante) la Convención sobre Asilo Territorial también firmada el mismo 18 de marzo de 1954 junto a la normativa sobre Asilo Diplomático, el cual señala: “Todo Estado tiene derecho, de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno”.  De esta suerte, la Corte Interamericana ha establecido que: “la concesión del asilo diplomático y su alcance deben regirse por las propias convenciones de carácter interestatal que lo regulan y lo dispuesto en las legislaciones internas. Esto es, aquellos Estados que hayan suscrito convenios multilaterales o bilaterales sobre asilo diplomático, o bien que lo tengan reconocido como un derecho fundamental en su normativa interna, se encuentran obligados en los términos establecidos en dichas regulaciones.”  Así también, ha señalado que: “…los Estados de acogida están obligados por lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Convención, en tanto estén ejerciendo control, autoridad o responsabilidad sobre alguna persona, con independencia de que ésta se encuentre en el territorio terrestre, fluvial, marítimo o aéreo de dicho Estado. Por lo tanto, la Corte consideró que las obligaciones generales que establece la Convención Americana son aplicables a las actuaciones de los agentes diplomáticos desplegados en el territorio de terceros Estados, siempre que pueda establecerse el vínculo personal de jurisdicción con la persona concernida “. (https://acortar.link/yRYhQG). Desde 2011, México ha elevado al máximo rango constitucional el derecho al asilo en el artículo 11 de la Constitución, cuya Ley reglamentaria denominada Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político integra las dos Convenciones sobre Asilo, la diplomática y la territorial al definir en el artículo 2: “ Para los efectos de esta Ley se entenderá por: I. Asilo Político: Protección que el Estado Mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial. En todo momento se entenderá por Asilo el Asilo Político.”

Tercero. También es importante apuntar que los juicios de valor críticos sobre la política interna de Ecuador externados por el presidente López Obrador pueden haber sido un elemento detonador de la actual circunstancia. De cualquier forma, la Doctrina Estrada de no intervención en los asuntos de otros países, así sea con palabras, que mantuvo México durante larga data se ha dejado de lado, haciendo difícil que, por un lado, se reivindique el principio de la soberanía nacional  un día sí u otro también y, simultáneamente, se emitan consideraciones sobre asuntos que, en este caso, corresponde resolver únicamente a los ecuatorianos. 

La lección aprendida de este suceso inédito de violación a la sede diplomática en Ecuador, debe ser razón suficiente para que el presidente mexicano actúe con la más amplia prudencia por el bien de todos.

De naturaleza política

México, refugio (dorado) de dictadores

Enrique Aranda

Excelsior

Ahondar el desastre o cambio de fondo, las propuestas.

Si bien a no pocos pudiera parecer exagerada, inaceptable incluso, la afirmación de que México ha sido convertido por políticos del “viejo priismo” y del morenismo actual en una suerte de “refugio (dorado) para dictadores” de extracción comunista o socialista-bolivariano de todo el orbe, de América Latina en los últimos años, es una verdad incuestionable que en su momento ha confrontado a su gobierno con sus contrapartes y ha derivado, cual es el caso más reciente de Ecuador, en la ruptura de relaciones diplomáticas con las naciones a su cargo.

Luego que en 1936 el presidente Lázaro Cárdenas del Río, del entonces naciente Partido de la Revolución Mexicana (PRM), antecedente del Revolucionario Institucional (PRI) otorgara asilo político al revolucionario ruso Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido como León Trotsky, y, en 1955, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines recibiera y apoyara “en silencio” a Fidel Castro y sus cercanos en el arranque de la revolución cubana y la implantación del comunismo en la isla, la llegada de extranjeros perseguidos en sus respectivos países ha constituido una constante que si bien en la década de los años 90 vivió una suerte de impasse, en los cinco últimos años se reactivó con la llegada de un centenar, al menos, de asilados de Bolivia, Perú y Ecuador, con la diferencia de que muchos de ellos han sido incorporados y laboran ahora en la estructura gubernamental.

Entre 2019 y la fecha, en el caso de asilados provenientes de Ecuador en concreto, una veintena de excolaboradores del régimen dictatorial de Rafael Correa, refugiado ahora en Bélgica tras ser condenado a ocho años de prisión por cohecho en la trama Odebrecht, buscaron refugio en la sede diplomática en Quito, donde recibieron la categoría de asilados y el salvoconducto, merced al cual muchos de ellos se encuentran ahora en territorio nacional. La exlideresa de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y los legisladores Carlos Viteri, Soledad Buendía y Edwin Larrín, así como Ricardo Patiño, el exministro de Infraestructura Walter Solís y la diputada Viviana Bonilla son algunos de ellos.

Llama la atención el caso de Ismael Daniel Tovar Herrera, colaborador cercano del exmandatario ahora prófugo de la justicia ecuatoriana, acusado él mismo de corrupción, quien ahora se desempeña como coordinador general de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México “cobijado” por el impresentable Martí Batres de manera específica y antes, con apoyo del ¿comunicador? Jesús Ramírez Cuevas, también impresentable por cierto, se desempeñó como coordinador de Contenidos Digitales en Palacio.

A la vista lo ocurrido en las últimas horas en el caso de la nación sudamericana, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador entonces, es que debemos advertir de una reactivación de la política de apoyo y asilo a dictadores o sus colaboradores en los más distintos países del mundo y, de manera especial, de políticos identificados con regímenes de corte socialista, signatarios del “bolivarianismo” y más específicamente del llamado Foro de Sao Paulo…

Razones

Ecuador, ese extraño enemigo

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

En la célebre película de los años 90 Wag the Dog, protagonizada por Dustin Hoffman y Robert De Niro, dirigida por Barry Levinson, un presidente de Estados Unidos es acusado de abusar sexualmente de una menor a diez días de las elecciones. La Casa Blanca contrata a un especialista en crisis para desviar la atención del escándalo y entonces, para distraer a la opinión pública, se le declara la guerra a Albania, un país del que la mayoría no conoce siquiera su existencia y que no refleja riesgo alguno real. La guerra es sólo de papel y de imágenes de movilizaciones militares, pero se logra el objetivo: el presidente es reelegido.

La crisis con Ecuador parece haber sido generada intencionalmente en ambos países. Lo que hizo el gobierno de Daniel Noboa es inaceptable desde cualquier punto de vista: jamás en la época actual una sede diplomática había sido allanada para detener a alguien refugiado en ella. El exvicepresidente Jorge Glas no era tampoco un perseguido político, está acusado por delitos económicos y corrupción. Ecuador tenía que presentar su acusación y el gobierno mexicano tendría que responder a ella. Tomar la embajada para llevarse a este sujeto no tiene antecedentes: ni Pinochet, durante el golpe militar, se atrevió a ingresar a la embajada de México, donde se refugiaban decenas de opositores; en Argentina, la dictadura militar dejó encerrados en la embajada de México al expresidente Héctor Cámpora y a Juan Manuel Abal Medina durante años. En ambos casos se pusieron cercos en torno a las embajadas, pero nunca se ingresó en ellas.

El presidente López Obrador también se ha equivocado en forma lamentable en su relación con los países de América Latina y, en este caso, con Ecuador. No es verdad, como dijo el miércoles pasado el presidente López Obrador, que el asesinato del candidato opositor en Ecuador, Fernando Villavicencio, fue producto de una conjura para que no ganara la candidata de Rafael Correa los comicios en ese país. Luisa González iba arriba en las encuestas, pero con apenas 30 por ciento de los votos, y detrás había varios candidatos, incluyendo a Villavicencio, un experiodista que había sido perseguido por Correa y que exhibió la enorme corrupción del gobierno de éste, y que también documentó cómo el entonces mandatario fue el que abrió, con acuerdos explícitos, el territorio de Ecuador a las FARC y a grupos criminales colombianos y al cártel de Sinaloa. Villavicencio había sido amenazado de muerte por los grupos ecuatorianos del Cártel de Sinaloa y ellos lo asesinaron. Aquí el presidente López Obrador, apenas unas horas después del crimen y, pese a la información que llegaba de Ecuador, dijo que “no había elementos para culpar de ese crimen al Cártel de Sinaloa”. Una declaración incomprensible de un jefe de Estado defendiendo a un cártel.

La candidata de Correa se quedó con el 30 por ciento que tenía y se tuvo que ir a una segunda vuelta (un mecanismo electoral que sería imprescindible tener en México) en la que ganó por muy amplio margen Daniel Noboa. No hubo ninguna conjura, como dijo López Obrador, en torno a ese resultado, como no lo hubo para que Javier Milei le ganara a Sergio Massa en Argentina.

Las relaciones del presidenteLópez Obrador estaban ya tensas con el gobierno de Noboa porque Rafael Correa, quien desde que dejó el gobierno está exiliado en Bélgica, en realidad pasa largos periodos en México, donde opera su grupo político aliado con sectores de Morena, y exfuncionarios suyos participan del gobierno federal y en el partido en distintas posiciones, sobre todo de manejo de redes.

Recordemos, además, que Correa fue quien le dio asilo durante años a Julian Assange, a quien el presidente López Obrador ha defendido una y otra vez. Para algunos, Assange es un defensor de la libertad de expresión, para el gobierno de Estados Unidos es un personaje que realizó espionaje el servicio de Putin, interviniendo ilegalmente en las elecciones que llevaron al poder a Trump. En cuanto Correa dejó el poder, el gobierno de Ecuador entregó a Assange a Gran Bretaña (estaba en la embajada en Londres) para que allí se decidiera su extradición a Estados Unidos (tenía también un proceso en Suecia, acusado de abuso sexual contra dos mujeres).

Lo cierto es que el enfrentamiento estaba planteado desde que asumió Noboa, que, a su vez, con el desplante de la toma de la embajada, ejecutó una acción de fuerza buscando fortalecerse internamente. Fue un error y un despropósito.

Por su parte, el presidente López Obrador ha olvidado aquello de la no intervención y ha dejado un lastre desastroso en la relación con la región. Nos hemos peleado con Bolivia, con Perú, con Ecuador, hemos intervenido abiertamente en los procesos políticos de esos países y en los de Colombia, Argentina, Chile. El Presidente se indigna con Noboa, quien, más allá de sus errores, es un presidente elegido libre y democráticamente, y sólo tiene elogios para el régimen de Díaz-Canel en Cuba, de los Ortega en Nicaragua o de Nicolás Maduro, en Venezuela, que para las elecciones de julio próximo inhabilitó a todos los candidatos opositores de significación, sobre todo a María Corina Machado, que le ganaba ampliamente en todas las encuestas.

Maduro a unos no los deja participar en los comicios, a otros los metió a la cárcel o los mandó al exilio. Y otros mueren extrañamente. López Obrador opina hasta de las elecciones en Estados Unidos y toma partido, pero sobre Maduro ni una palabra ni una crítica, al contrario, lo financiamos.

Vamos, pues, a la guerra con Albania, perdón, con Ecuador.

Astillero

No fue nada más un berrinche de Noboa // Erosionar derecho internacional // Más parque contra AMLO y CS // Debate: Claudia, adelante

Julio Hernández López

La Jornada

Las consecuencias del asalto a la embajada mexicana en Ecuador han sido sumamente negativas para el presidente Daniel Noboa: con diversos matices y fraseos, varios países (sobre todo latinoamericanos) e instituciones internacionales (entre ellas, la ONU y la OEA), han condenado el insólito hecho violento; la oposición legislativa cercana al ex presidente Rafael Correa canceló acercamientos tácticos y dejó sin mayoría en la Asamblea Nacional a la bancada oficialista, y el propio Correa y Luisa González Alcívar, la ex candidata presidencial derrotada mediante maniobras comentadas en la mañanera por el presidente López Obrador, han reforzado su oposición a la continuidad del citado mandatario ecuatoriano.

La reprobación generalizada al ataque a la sede diplomática en Quito se ha dado en consideración de las normas vigentes que establecen el principio de inviolabilidad de tales sitios (embajadas o consulados). Menor coincidencia de opiniones se ha dado en el punto de la facultad del Estado asilante para dar refugio a una persona con procesos o sentencias judiciales. Lo cierto es que está convenido que el Estado asilante (México, en este caso) tiene la facultad de calificar la naturaleza de las acciones judiciales (de Ecuador) contra un peticionario de asilo (el ex vicepresidente Jorge Glas), conforme al artículo IV de la Convención de Asilo Diplomático, signada en 1954 por países como México y Ecuador.

En tanto, con el acompañamiento de miembros de varias embajadas acreditadas en Quito, los de la representación mexicana dejaron aquel país y el Estado mexicano iniciará hoy un litigio ante la Corte Internacional de Justicia, que muy probablemente le será favorable.

La presunta irracionalidad del junior ecuatoriano Noboa no parece solamente un capricho o un arranque circunstancial. A partir de las palabras del presidente López Obrador en una mañanera, referidas a Ecuador, al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y al triunfo electoral de Noboa por encima de la originalmente puntera Luisa González, se desplegó una secuencia de provocaciones que inició con la desproporcionada declaratoria de persona non grat a a la embajadora mexicana Raquel Serur y aquel cerró con la agresión a la sede diplomática.

La conducta fascistoide de Noboa no ha sido solamente un exabrupto personal, pues embona con la pretensión impulsada desde Estados Unidos e Israel de abatir los principios avanzados del derecho internacional y abrir paso a acciones violentas como las realizadas en Gaza y otros países de la región. Además, encaja en el libreto detonado con las acusaciones, sincronizadas y sin pruebas, en tres medios extranjeros contra López Obrador tachándolo de recibir financiamiento electoral en anteriores comicios, lo cual fue utilizado de inmediato por la oposición mexicana para fijar en redes las etiquetas, persistentes a la fecha, contra el Presidente y la candidata Claudia Sheinbaum.

El episodio ecuatoriano también está siendo utilizado de inmediato para tratar de consolidar dicha estigmatización, que en aquel país fue aplicada de manera sincronizada y sin pruebas contra el ex presidente progresista Correa y parte de su equipo, de manera destacada contra quien fue vicepresidente, Jorge Glas. Ahora se elabora el libreto de que AMLO estaría protegiendo a un cártel que es dominante en Ecuador, el cual habría mandado asesinar a Villavicencio y ahora defiende a Correa y Glas. Un libreto muy cantado, muy evidente.

Astillas

A la hora de cerrar esta columna (21:11 horas), el primer debate presidencial mostraba a una morenista que no caía en provocaciones y asestaba golpes, a una filopanista empecinada en tratar de impactar a la morenista, con tono y semblante cercano al enojo en varias ocasiones, y a un emecista ayudando con aparente disimulo al morenismo… De lo sucedido en este primer debate se hablará aquí en la siguiente entrega…

México, SA

Ecuador: júnior salvaje // Daniel Noboa, golpista // México recurre a la CIJ

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

En menos de cinco meses de gobierno, y con el empujón de gobiernos anteriores, el niño rico de nacionalidad gringo-ecuatoriana (nació en Miami) que ocupa la presidencia de Ecuador ha destrozado a ese país, en donde, como buen derechista y empresario neoliberal, a capa y espada mantiene un plan de negocios y no un proyecto de nación, en detrimento de los ecuatorianos.

Pero Daniel Noboa Azin, un júnior salvaje de 36 años, hizo lo que nadie en la historia reciente de las relaciones entre las naciones: tomar por asalto una representación diplomática (la embajada de México en Ecuador), violar la soberanía de un país hermano, golpear a su personal y pasarse por el arco del triunfo el derecho internacional, la Convención de Viena (suscrita por Ecuador), la Convención sobre Asilo Diplomático y otras legislaciones que garantizan la inmunidad de las sedes.

Prepotente y golpista, al niño rico se le hizo fácil asaltar a la embajada mexicana sin calcular el enorme costo que su decisión causaría a su país, pues la comunidad de naciones, prácticamente en su totalidad, condenó su primitiva acción y eventualmente aplicaría sanciones por tal actitud. Repudio internacional, incluido el de sus principales socios comerciales (Estados Unidos y China). Como bien se ha comentado, ni siquiera las feroces dictaduras de Videla y Pinochet llegaron a ese grado, con las respectivas embajadas mexicanas a tope de asilados.

Pero también en lo interno al imberbe le salió carísimo porque, de inmediato, legisladores de aquella nación invocaron el artículo 120 constitucional, numeral 2, que a la letra dice: Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de presidenta o presidente de la república y resolver el cese de sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución. Y de entrada, con su acto salvaje, Noboa perdió la mayoría en el Legislativo.

Noboa Azin forma parte de la camada de prepotentes hijos de la oligarquía impulsados por las fortunas paternas, que no tienen la menor idea del país al que pretenden gobernar. Nada saben de sus necesidades, carencias y problemas, pero sí del enorme potencial que el Estado representa para los negocios privados: toda su formación académica la realizó en universidades estadunidenses (Harvard, entre ellas).

Su padre, Álvaro Noboa Pontón, el hombre más rico de Ecuador, fue cinco veces candidato fallido a la presidencia de la república –aunque parezca chiste– por su propio partido político: el PRIAN (Partido Renovador Institucional Acción Nacional). Y como él cree que es un asunto familiar, pues heredó al hijo, quien sin tener mínima idea llegó y se sentó en la silla presidencial, en medio de un altísimo grado de violencia política y social.

Así, al troglodita niño rico se le hizo fácil ordenar el irracional cuan ilegal ataque y ocupación de la embajada mexicana y agredir al personal de esa representación, lo que de inmediato provocó la decisión del gobierno mexicano: Ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano, y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador, informó la canciller Alicia Bárcena, quien anunció que nuestro país recurrirá a la Corte Penal Internacional. Mención especial merece Roberto Canseco, jefe de la misión mexicana en Ecuador, quien fue brutalmente agredido por defender la soberanía nacional.

En México, todas las fuerzas políticas repudiaron el asalto a la embajada de nuestro país en Ecuador, aunque no faltaron los derechosos, odiadores profesionales, para celebrar el gravísimo delito cometido por el impresentable niño rico.

América Latina merece gobernantes que representen y trabajen por el bien del pueblo, y no enloquecidos hijos de la oligarquía que compren la silla presidencial para hacer negocios privados con bienes públicos.

Las rebanadas del pastel

Lorenzo Córdova recurrió a las redes sociales para intentar apagar el fuego por sus cuantiosas inconsistencias presupuestales cuando estuvo al frente del INE. Pero no es en ese espacio en donde debe aclarar los números que no cuadran, sino ante el Órgano Interno de Control del instituto electoral, que denunció el hecho (6 mil 436 millones de pesos ausentes). Entonces, con la autoridad respectiva, no por medio de grillas baratas en espacios que no corresponden… Murió el extraordinario actor Ernesto Gómez Cruz. Un fuerte abrazo de despedida.

La ONU y la OEA deben aplicar una sanción ejemplar al gobierno de Ecuador

Heriberto M. Galindo Quiñones

La Jornada

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) deben sancionar con rigor ejemplar al gobierno de Ecuador, por la infame e inadmisible violación de la dignidad y de la soberanía de México, perpetrada al invadir e introducirse por la fuerza al inmueble que ocupa la sede de la embajada de nuestro país en Quito, con el argumento de aprehender al ex vicepresidente de aquel país, Jorge Glas, acusado por su gobierno como delincuente por haber cometido delitos considerados graves, y a quien México valoró para otorgarle el asilo político solicitado, fiel a nuestra tradición diplomática y solidaria.

No basta con que estos organismos multilaterales creados para lograr acuerdos que conlleven a la solución pacífica de las controversias solamente fustiguen y rechacen los lamentables hechos violentos ocurridos durante el fin de la semana pasada en Quito en los que con lujo de fuerza también se agredió al personal diplomático mexicano y se aprehendió al político ecuatoriano quien ya se encuentra recluido en prisión de alta seguridad. Se hace necesaria una sanción ejemplar y contundente que signifique un precedente de igual tamaño y trascendencia al precedente inaceptable que el gobierno ecuatoriano accionó con su felonía que a todas luces violó la respetabilidad que merece nuestro país, además por violentar el derecho internacional.

El gobierno de Ecuador debió haber asumido, previamente, una actitud de prudencia política con base en la relación de armonía que existía entre ambas naciones y sus gobiernos, con el objeto de agotar las mejores y más eficaces instancias políticas y diplomáticas y por ese camino llegar a un acuerdo que conllevara a un arreglo sin violencia, –con sus alegatos para aplicar sus leyes al supuesto delincuente–, no obstante su derecho a solicitar el asilo político que, por lo demás México suele otorgar, tradicionalmente, a un perseguido político.

Por supuesto que es inaceptable lo sucedido, y que es muy grave, delicado y peligroso que el gobierno ecuatoriano haya actuado como lo hizo, pues sentó un precedente violatorio de los acuerdos internacionales que tanto México como Ecuador e infinidad de países han firmado desde hace decenios, por ello la exigencia para que sea sancionado su gobierno.

Pero también es imperativo asumir que el gobierno mexicano y en específico el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no deben intervenir en los asuntos internos de otro país, y que en toda relación bilateral y multilateral deben preservarse las buenas maneras y las formas más elementales de la buena diplomacia y de la concordia entre países amigos y más aún entre naciones consideradas hermanas.

En este contexto lo más pertinente y lo más aconsejable es que ningún presidente o jefe de Estado debe intervenir, ni siquiera verbalmente, en los asuntos internos de otra nación, salvo cuando existan flagrancias de lesa humanidad o cuando se afecten los intereses de su patria, pues se generan ofensas y reacciones como la terrible que estamos lamentando.

Luego entonces lo más recomendable es cuidar las formas, respetar a los demás y en verdad atender y hacerle caso al apotegma del Benemérito don Benito Juárez: Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz.

Y más aún la reiterada frase del pensador italiano Antonio Gramsci: Buenas maneras hasta con los adversarios.

Y es que tenemos ejemplos penosos de situaciones de tensión diplomática con varios países y con algunos organismos internacionales que a nada bueno conducen para México.

Afortunadamente el actual gobierno mexicano tiene en Alicia Bárcena a una excelente secretaria de Relaciones Exteriores, quien ha de estar aplicada en resolver tan delicada encrucijada entre México y Ecuador, y también con Perú y con Argentina.

Lo mejor hubiera sido actuar de manera preventiva, pero eso ya pasó.

Ojalá que la situación mejore y se normalice lo antes posible, en justicia y con base en las leyes.