LO QUE DICEN LOS COLUMNISTAS

Momento de traiciones y definiciones

Elisur Arteaga Nava

Los grandes inversionistas en el ramo saben que están en juego sus intereses. Están poniendo todo su esfuerzo por impedir que la reforma eléctrica que quiere el presidente López Obradr pase.

AMLO, por razón de la iniciativa de reformas a la Constitución política en materia eléctrica que presentó, radicalizó su discurso. Llevó al extremo su acción política. También definió su actuación. Al hacerlo, puso sobre aviso a la opinión pública. Consciente o inconscientemente ha dado motivo a que los actores políticos se vean orillados a definirse, a tener que abandonar las medias tintas. En este periodo ordinario los legisladores federales deben decidir y pronunciarse por aprobar o rechazar lo que se les propone. No tienen más alternativas.

Los grandes inversionistas en el ramo saben que están en juego sus intereses. Están poniendo todo su esfuerzo por impedir que la reforma pase. Para ello buscan que los legisladores de oposición se definan y, llegado el momento, que lo hagan a su favor. Ello implica que ejerzan la facultad que sus electores les confiaron en la elección del pasado mes de junio: impedir que avancen las reformas de AMLO.

El PAN, y en menor grado el PRD y MC, están conscientes de que se han convertido en la oposición real; que son las organizaciones políticas que pueden encabezar un auténtico esfuerzo de oposición. El PAN pretende asumir el liderazgo. Lo podrá lograr si define su ideología, afina sus metas, se reagrupa y determina con qué aliados trabajar. Por haber ratificado a sus dirigentes, los que fueron responsables del fracaso en las elecciones de junio pasado, no da lugar a tener muchas esperanzas.

Los del PRD, por ser responsables involuntarios de la formación de Morena, pues fueron inconformes de él los que lo formaron, tienen un odio natural a los disidentes que los abandonaron. A pesar de decirse de izquierda, no pueden ver a sus antiguos camaradas detentando el poder presidencial que no pudieron alcanzar. De ellos, por su ideología de izquierda, sería de esperarse que aprobaran la iniciativa relativa a la reforma eléctrica. No lo harán. Terminará por imponerse la pasión sobre la razón política o la ideología partidista. Los perredistas serían los últimos en aceptar colaborar con los morenos.

La actuación de los legisladores del PRI no depende de ellos o de sus dirigentes. Mucho menos de su programa e ideología política. No la tienen. No lo es medrar y sacar beneficio del ejercicio de un cargo público o de la posesión del poder político. La forma corrupta como ejercieron el poder les impide actuar libre e independientemente. Su suerte está en las manos de AMLO y del fiscal general de la República.

En el pasado actuaron persiguiendo un beneficio económico; ahora, para ponerse a salvo de la cárcel o el destierro. Su presidente, Alejandro Moreno, ha dicho: “Al PRI no lo presiona nadie”. Pronto verá que sí. Esa declaración pudiera ser una rendición de la plaza. Es un mensaje: no nos hagan nada y colaboramos. Olvidarán que ellos, por unanimidad, en 2013 aprobaron el marco constitucional en vigor y que, para poder hacerlo, por ser contraria a su ideología partidista, modificaron sus estatutos.

Los priistas, por sí, políticamente, no valen nada. El papel del PAN, y en menor grado del PRD, está en presionarlos para que, a pesar de las amenazas que hay sobre ellos y de lo afirmado por su presidente, se sostenga como parte del bloque que es oposición real; además obligarlo a que sea congruente con su programa político. Llegado el caso, untarle en la cara su desvergüenza, su traición a la democracia, a su ideología y a México. Deben recordarles que la titularidad de la desvergüenza política corresponde en exclusiva a los del Verde Ecologista.

Los legisladores, sin importar el partido político, deben tener claro la incongruencia garrafal que se les está proponiendo; la que contiene la iniciativa en materia energética. El artículo 25 constitucional establece un principio general: la competitividad como condición necesaria para generar crecimiento económico en todas las materias; en cambio, en aquella, sus autores se inclinan por la existencia de un monopolio en el sector eléctrico.

Lo anterior implica dos posibilidades: una, que los autores de la iniciativa desconocen el contexto constitucional, lo que sería imperdonable; la otra, que son esquizofrénicos: que un hemisferio de su cerebro no sabe lo que está haciendo el otro. Lo que resultaría gravísimo.

Volviendo al PAN. Su membresía es más preparada. Cuenta con un nivel de estudio superior al que tienen los miembros de los restantes partidos políticos. Es más crítica y pensante. Eso hace que el oficio de sus dirigentes, ideólogos y miembros que ocupan algún cargo de elección popular, sea más difícil, objeto de mayor control y supervisión.

Dentro del partido nadie tiene la autoridad suficiente para poner orden a sus miembros; ninguno goza del ascendiente para mediar en los conflictos que se presentan entre ellos. Los gobernadores que han entregado el poder no han tenido un buen desempeño. El de Tamaulipas se está amparando en una inmunidad que no existe para ponerse a salvo de la justicia.

Por la falta de visión y de programa el PAN se ha sumado al número de organizaciones políticas nacionales que carecen de ideología, que únicamente luchan por el poder en sí. De no alcanzar las posiciones más importantes, se conforma con no perder su registro y la cuota de poder que actualmente tiene. No aspira a más.

Para que la ciudadanía olvide la invitación y discurso radical, fascista y obsoleto de Santiago Abascal, de Vox, los panistas censuraron la invitación y presencia de los presidentes de Cuba y Venezuela. Al hacerlo pasan por alto que se trata de jefes de Estado, que su presencia se debió a un acontecimiento internacional y al festejo de las fiestas patrias. De mala fe pasan por alto que, en su momento, Vicente Fox, como presidente de la República, invitó a Fidel Castro a visitar México. No olvidamos el famoso “comes y te vas”. En esa ocasión Castro tuvo un doble banquete: también se comió vivo al ingenuo de Fox. Que yo recuerde, en esa ocasión los panistas que ahora gritan y se ostentan como paladines de la libertad, no censuraron la presencia de ese líder comunista.

AMLO y Morena, por lo radical de su discurso, hacer de la agresión, descalificación y ataque su forma de relacionarse con los partidos y organizaciones políticas e, incluso, de someterlos. Hasta ahora no han contado con la complicidad del PAN en la realización de su plan de gobierno. En el pasado los panistas colaboraron con los gobiernos priistas cuando fueron “convencidos” o les llegaron al precio. Cuando menos eso se dijo. Esperemos que el de ahora no sea el caso.

Arsenal

Confesiones de priistas a sus aliados del PAN

Francisco Garfias

Excelsior

Morena llevaría la Reforma Eléctrica al pleno de la Cámara de Diputados después de que se apruebe el Paquete Económico para el 2022. Es decir, durante las dos primeras semanas de diciembre.

Es lo que dijo el diputado Ignacio Mier, jefe de la bancada de Morena en San Lázaro, a integrantes de los grupos parlamentarios de oposición, según legisladores del PAN.

Entre éstos, sin embargo, corre la versión de que la iniciativa sólo llegaría al pleno para su discusión y votación, si Morena amarra con el PRI los 56 votos que le faltan para alcanzar la mayoría calificada (dos tercios de los presentes).

La reforma de López Obrador propone modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna. Entre sus objetivos está asegurar el 54% del mercado eléctrico a la CFE, y desaparecer los órganos regulatorios (CRE, CNH, Cenace).

Establece también el monopolio del Estado en la explotación del litio, un mineral que se utiliza en las baterías para celulares, grasas para lubricar automóviles, etcétera.

El PRI, partido bisagra, se ha mantenido en la indefinición sobre el sentido de su voto. No es un secreto que su bancada está dividida en ambas cámaras.

La senadora Claudia Ruiz Massieu tuvo un gesto de valentía. Con franqueza declaró que no votará a favor de la reforma.

Explicó: “Vamos a tener apagones, aumento en las tarifas, menos empleo, menos crecimiento económico, menos desarrollo, además de un cúmulo de litigios de inversionistas y de Estados con los que tenemos libre comercio de inversión”.

Otros diputados del tricolor han manifestado a sus aliados panistas sus dudas sobre la reforma y confiesan sus deseos de que Morena decida no votarla y congelarla en comisiones. Eso les ahorraría señalamientos de que están entregados con el presidente López Obrador.

* Vimos muy contento a Manuel Espino, comisionado del Servicio de Protección Federal. Tenía motivos. Ya se entrevistó con Mario Delgado, presidente nacional de Morena, luego de que el mismísimo presidente López Obrador diera luz verde al expanista para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Durango.

El propio Espino nos contó la forma tan singular que utilizó para comunicar a AMLO sus aspiraciones. En la madrugadora reunión del gabinete de seguridad, el 9 de septiembre pasado, puso una tarjeta en el lugar donde se sienta el Presidente informando de sus intenciones.

Observó cuando la leía López Obrador. En principio no le dijo nada, pero luego el propio Presidente hizo público el contenido de la tarjeta. “Así que nos dejas”, le dijo, sonriente, el primer mandatario, y le dio luz verde.

Espino no es militante de Morena. Encabeza un movimiento civil llamado Ruta Cinco, que respalda a la 4T desde la sociedad civil.

Ése no es el único obstáculo que enfrenta el exdirigente nacional del PAN. Tiene otros: no se ha definido si el partido guinda llevará a un hombre o una mujer a la contienda y no es el único aspirante. El senador guinda José Ramón Enríquez y el petista Gonzalo Yáñez también quieren.

* El dramático testimonio de la diputada federal del PRI Lorena Piñón resucitó la cruzada contra los tráileres doble remolque, que hace más de un lustro inició Héctor Gandini, exfuncionario de la Secretaría de Gobernación, luego de la muerte de su hijo en un accidente similar en el Paso Exprés de Cuernavaca.

Al presentar, el martes, una iniciativa para prohibir la circulación en carreteras a vehículos conocidos como doble remolque, Lorena dijo:

“El 29 de octubre mataron al papá de Santi, mi hijo. ¿La causa? Un tráiler conducido por una persona en estado de ebriedad que invadió el carril de alta velocidad en la carretera. Mi familia y yo nos quebramos y mi pequeño se quedó sin padre a los cinco años de edad…”.

Un episodio más de esa larga y difícil cruzada que enfrenta poderosos intereses de empresas nacionales y transnacionales que utilizan estos vehículos que, a menudo, sobrepasan las dimensiones o la carga permitida.

En México, por ejemplo, hay camiones doble remolque de hasta 31 metros de largo, con cargas que llegan hasta 75.5 toneladas de peso. En Estados Unidos tienen un máximo de 24 metros, sin exceder las 40 toneladas.

Los accidentes provocados por ese tipo de vehículos alcanzan un promedio de 1,600 al año, con un saldo de 1,000 defunciones, según la legisladora.

La iniciativa fue enviada a comisiones. Ojalá esta vez no la dejen en la congeladora.

En sólo tres años…

Carlos Ímaz Gispert *

La Jornada

En la presidencia de López Obrador, como producto de la acción de gobierno, es posible afirmar que el Estado mexicano está recuperando su responsabilidad social y económica. Se dice fácil, pero tras 38 años de neoliberalismo no resulta una tarea menor recuperar la rectoría económica del Estado y su capacidad redistributiva de la riqueza.

Parece una hazaña difícil de imaginar luego de casi cuatro décadas de saqueo y corrupción, en un país en guerra durante 12 años y más de 200 mil muertos; con una deuda social inconmensurable; con una pauperización brutal de los salarios (74 por ciento de pérdida del valor real durante el periodo neoliberal) y de las prestaciones laborales (millones de trabajadores en outsourcing); con multimillonarios pasivos que atender en obra y gasto público y una deuda pública enorme (con intereses anuales de 400 mil mdp). Por si fuera poco, hay que agregar una pandemia que prácticamente paralizó la actividad económica durante la mitad de lo que va de este gobierno.

La inversión de recursos públicos para hacer efectivos derechos básicos como la salud, la educación y la alimentación, así como para una mejor distribución de la riqueza, no tienen precedente histórico. Ello es verificable en la contratación de miles de médicos y enfermeras, la construcción de decenas de hospitales y nuevas escuelas de educación superior, la basificación de miles trabajadores de la educación (y en ciernes también de los trabajadores de la salud), los millones de vacunas anti-Covid-19, las becas a millones de estudiantes, la pensión alimentaria a adultos mayores a partir de los 65 años, etcétera, así como en el incremento del salario mínimo en 42 por ciento de su valor real.

Se ha vuelto a ejercer la capacidad de regular y de dirigir el desarrollo económico, abandonado por décadas al supuesto libre mercado y a un empresariado mayoritariamente parasitario, corrupto y corruptor, beneficiario de las privatizaciones y poco o nada emprendedor, bueno salvo para conseguir contratos leoninos con el gobierno. El ejercicio estatal de esta capacidad es comprobable en la enorme obra pública que se realiza con recursos fiscales y sin adquirir nueva deuda pública; en el rescate legal y funcional de Pemex y CFE, empresas energéticas históricamente estratégicas en la promoción y conducción del desarrollo nacional; así como en el multimillonario aumento de la captación de ingresos fiscales y en la eliminación de las condonaciones y de la evasión fiscal sistemática de las grandes empresas. A lo que habría que agregar el combate a la corrupción gubernamental y empresarial, que ha logrado cerrar obscenas fugas de recursos públicos –de cientos de miles de millones de pesos–, como ocurría con los negocitos de las factureras, el outsorcing, la compra de medicinas, el huachicol, la energía eléctrica autoabastecida, las cárceles privadas, etcétera.

Este giro de 180 grados en el rumbo del país se logró luego de numerosas luchas de resistencia a la barbarie neoliberal y otras tantas por la democratización de la vida política del país. No fue hasta que con un tsunami electoral ahogamos en votos a las instituciones electorales, imponiendo la voluntad popular de cambio. Ciertamente que la reforma profunda de esas instituciones sigue siendo asignatura pendiente de gran importancia, pues el movimiento que logró esta histórica victoria electoral está obligado a crear instituciones electorales confiables, austeras y honestas.

También resulta imperativo continuar la batalla policiaco-judicial para acabar con la impunidad de la que han disfrutado los malandros en nuestro país y llevar ante la justicia a los jefes de dichas redes mafiosas y que, como todos sabemos, ocuparon la silla presidencial. Asimismo, limpiar el Poder Judicial es imprescindible para que desde ahí no se continúe perpetuando la impunidad y la corrupción. Sin olvidar nunca que la batalla cultural es igualmente importante, pues para lograr una victoria más profunda y duradera, es imperioso derrotar la lógica del individualismo posesivo –instaurada con el neoliberalismo y expresada en la inmoral justificación, tanto del sicario que jala el gatillo como del funcionario corrupto y de la gente bien de la delincuencia de cuello blanco– de alcanzar el éxito a toda costa y medido en pesos, reivindicando su estatus, privilegios e impunidad como recompensa a su audacia e inteligencia.

Falta mucho por hacer, pero en sólo tres años ya es posible reconocer el avance en la construcción de un Estado social y de derechos: ruta consistente con la urgente necesidad de un México más equitativo, justo y solidario.

* Investigador de la UNAM.