Lo que dicen los columnistas

De naturaleza política

Endurece ilegal presión la 4T…

Enrique Aranda | Excelsior

De no ser tan patética, la “new” movería a risa…

Si bien a no pocos pareció exagerada nuestra afirmación del pasado viernes de que el más alto nivel del gobierno y su partido –Andrés Manuel López Obrador y la exregenta eco Claudia Sheinbaum, más la comparsa en que se ha convertido el exebrardista Mario Delgado a la cabeza– parecían dispuestos a llegar “hasta donde fuera necesario” y a pagar cualquier costo, agregaríamos ahora, a cambio de mantener a la impresentable Ernestina Godoy por cuatro años más al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México, “la terca realidad” como diría un clásico, se encargó de confirmar nuestro dicho.

A escasas 48 horas de la realización de la ilegal sesión de la Comisión Permanente del Congreso –ahora formalmente en receso– convocada por la mayoría oficialista para intentar reunir los votos necesarios para la exigida ratificación, fue la propia dependencia e implicada –queremos pensar que su titular aprobó y estuvo informada– la que decidió abrir fuego contra quienes no de ahora, sino de una buena cantidad de meses atrás, se han negado apoyar el absurdo promovido desde el más alto nivel, insistamos, de la 4T.

Al filo de las 17 horas de ayer sábado, en un acto claramente abusivo e intimidatorio, presumiblemente sin orden judicial de por medio, la fiscalía procedió a la detención del secretario general del Revolucionario Institucional (PRI) en la capital, Armando Tonatiuh González Case, generando toda suerte de reacciones y denuncias de hostigamiendo, tanto del primer nivel del tricolor, encabezado por Alejandro Moreno, que del blanquiazul, de Marko Cortés, y del amarillo, Jesús Zambrano, como del candidato del Frente Amplio en la CDMX, Santiago Taboada Cortina, más un sinnúmero  de legisladores, exlegisladores y activistas de los tres partidos.

La cuestionada acción, a decir de quienes conocen sobre el asunto, no tendría más propósito que presionar al exdiputado detenido y que, hasta el cierre de esta edición, permanecía en esa calidad, para que “convenza” a dos diputados afines a él a “desobedecer” el mandato de Alito, en el sentido de que la totalidad de la bancada priista vote en contra de la exigida ratificación el lunes, creyendo que con esto podrían doblegar otras resistencias, con miras a reunir los sufragios necesarios para alcanzar una mayoría calificada –44 de 66 en el supuesto de una asistencia de 100% a la reunión– que hoy están seguros de que no tienen posibilidad alguna de conseguir. Menos, valdría decir, luego que, tras la detención de González Case, igual el panismo que el perredismo y, aunque sin realizar pronunciamiento alguno, el emecismo ratificaron su abierto repudio a la intentona de imposición oficial…

Insistamos: ¿pues, qué le deben… o qué tanto les sabe?

Asteriscos

* No fueron pocos quienes, tras su dicho de que para él “la estrategia política de MC (su partido) es inexplicable”, la salida del aún hoy gobernador jalisciense Enrique Alfaro del partido naranjita es sólo cuestión de tiempo. La apuesta de los más es que se sumará a la campaña de la opositora Xóchitl Gálvez, a quien apoyó y ha revelado que mantiene un contacto permanente…

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Disonancias

El país que sigue ardiendo en llamas

Ricardo Alexander Márquez * | Excelsior

Se ríen. Se burlan. Ponen pretextos y evitan responsabilidades. Nuestras autoridades se esconden detrás de sus guaruras armados y coches blindados. Culpan “al pasado” aunque aseguraron que podían con el paquete.

El presidente López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, Alfonso Durazo, los mandos militares. David Córdova Campos, comandante de la Guardia Nacional. Todos ellos viven de los impuestos que pagamos los mexicanos, mientras dejan correr ríos de sangre en todo el territorio nacional.

¿De qué sirven los 128 mil guardias nacionales que sustituyeron a los elementos de la Policía Federal destruida por el mandatario?

El Presidente incluso se ha atrevido a decir en varias ocasiones que no existen masacres en México desde que llegó al poder, aunque la organización Causa en Común documentó que ocurrieron 427 en 2023. Más de una por día. Claramente hay que ser muy cínico para negarlas pues están a la vista de todos.

Las cifras las hemos repetido decenas de veces, pero nunca es suficiente. Bajo el mando del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados más de 170 mil mexicanos, casi 100 cada día, pero eso no basta para despertar la empatía de nuestras autoridades enfermas de poder y dinero –tampoco de gran parte de la ciudadanía–. Si nos va bien, tras algún hecho violento, dicen que van a investigar, pero muchas veces ni siquiera a eso llegan. Pasan la hoja y hacen como que no ocurrió.

Sobre los seis estudiantes de medicina en Celaya que aparecieron asesinados afuera de su universidad, el Presidente dijo que fue porque compraron drogas. Literalmente refirió que ese tipo de problemas se corrige con apapachos. No hubo seguimiento.

También en la misma tierra del mandatario, en Tabasco, tras los narcobloqueos de diciembre –sobre los que él y su vocero dijeron que era pirotecnia–, el pasado 4 de enero se dieron 28 asaltos por una banda delincuencial. No se sabe bien qué está ocurriendo en la entidad, pero entre que son peras o manzanas, el secretario de Seguridad del estado, Hernán Bermúdez, renunció el viernes.

Es tan abrumadora la información en materia de seguridad que hasta pasa desapercibida. Hace algunas semanas se publicaron diversas notas que hacen referencia a cartas enviadas por la DEA y el ICE a la Fiscalía de Colombia en donde se asegura que, de 2019 a 2022, durante el gobierno de López Obrador, México otorgó permisos para el “tránsito y/o destino” de 5.4 toneladas de cocaína y 5 millones de dólares de procedencia ilícita para realizar transacciones; el objetivo era desmantelar estructuras del narcotráfico internacional. Algo muy parecido al operativo conocido como Rápido y Furioso.

Cuando se preguntó a la autoridad sobre los hechos, la Presidencia de la República guardó silencio. Otra vez, se lavaron las manos.

Éstas son sólo algunas de las historias de las últimas semanas, pero los casos son interminables. Unos más violentos que otros. Cada vez más surrealista la situación.

Y lo peor es que, aunque el Ejército opera aduanas, aeropuertos y se encarga de la seguridad pública en las calles y carreteras, el país continúa igual o peor que antes. ¿Entonces de que –o a quien– sirven todos esos centenares de militares?

El sexenio se termina y López Obrador deja un país ensangrentado y encadenado a continuar por el mismo sendero de dolor e injusticias.

* Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Panamericana.

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Faltan cinco meses

Álvaro Arreola Ayala * | La Jornada

Transcurridos casi siete meses desde que el partido Morena inauguró el proceso electoral federal y local mexicano, y cuya culminación será el primer domingo de junio de 2024, no hay grandes sorpresas.

En primer lugar, la trascendencia del gran proceso comicial que definirá el destino nacional un sexenio más, se encuentra marcada no sólo para conocer la respuesta social a la conducción y administración de los asuntos públicos que el gobierno nacional encabezado por Andrés Manuel López Obrador inició en diciembre de 2018.

También, 2024 está destinado a ser la confirmación de dos grandes procesos políticos: la consolidación y nacimiento de un gran partido político nacional y la versión dramática del hundimiento del proyecto ideológico cultural dominante de 1929 a 2018, encabezado por PRI y PAN.

Desde el 11 de junio del año pasado, lo relevante en el proceso electoral nacional es la fortaleza política interna que el partido Morena ha alcanzado. Es un organismo que ha ganado casi todo y estará alcanzando en cinco meses la consolidación como la más sólida organización nacional. Por lo que a nadie extrañe que sus principales partidos aliados y los recientes grupos políticos regionales integrados por ex militantes de otras fuerzas partidistas, pronto se fusionen de manera orgánica a esta potencia electoral histórica. La alianza iniciada en 2018 entre Morena, PT y PVEM deberá continuar después del 2 de junio ya en un espacio común. Con ello, también se estará haciendo historia. Los cientos de encuestas que se han levantado desde hace meses confirman su fortaleza partidaria. Se le augura un triunfo con más de 60 por ciento del voto en la elección presidencial, que por décadas, sabemos, en nuestro país es la elección que empuja en la misma dirección al votante a suscribir en el mismo sentido todos los diferentes cargos de elección: gubernaturas, Congresos federal y locales, además de ayuntamientos. Una vez más, no habrá transferencia de votos de una alianza a otra. Mucho menos cuando estará en la boleta electoral un partido como Movimiento Ciudadano.

Como se ha estado observando, al superar cada vez mejor los obstáculos tradicionales para definir sus candidaturas a ocupar puestos de elección, la organización morenista sale cada vez más fortalecida. Los mecanismos aprobados el año pasado por su Consejo Nacional han sido lo suficientemente eficaces para contener rupturas. Es labor y éxito de todo un equipo de trabajo descentralizado.

En otro balance se encuentra la alianza denominada recientemente Fuerza y Corazón por México, dirigida por un heredero empresarial y donde se agrupan PRI, PAN y PRD. Estos partidos son aliados orgánicos desde 2012. Desde entonces han registrado para fines electorales, parlamentarios y políticos seis denominaciones. Cinco de éstas en los últimos tres años (sic). El desgaste de esta alianza no sólo lo refleja la inhabilidad para darse un nombre definitivo, sino la incapacidad para exhibir, mostrar o discutir una cultura partidista con claridad ideológica. Disponen, como siempre, de una gama de asesores acostumbrados a difamar y difundir falacias que, por demás, ya no tienen éxito. Como se comprueba en los miles de spots que elaboran y en sus declaraciones en los medios. Siguen disponiendo de un aparato relativamente poderoso de difusión ideológica, pero fuera del control de los medios de televisión privada que las nuevas generaciones ya no ven, y en el manejo de la prensa tradicional más conservadora está ausente la posibilidad de socializar extensivamente sus pretensiones políticas. Por ello, sus candidaturas son bastante endebles. En las posiciones de representación proporcional se evidenció la falta de unidad: el PAN está pasando por encima del PRI y el PRD. De suerte que la alianza electoral puede llegar a ser bastante infructuosa si se está pensando en listas comunes para los cargos de mayoría o uninominales del Congreso y ayuntamientos. Sigue estando ausente una alianza gubernamental en los pocos estados que gobiernan. A nivel federal, la alianza parlamentaria está ya quebrada ante la salida de ella de Movimiento Ciudadano y de múltiples representantes populares priístas.

La alianza prianista en los próximos meses tendrá más problemas a nivel local, pues el grado de centralización partidaria que tienen en algunas entidades hace casi imposible un acuerdo entre ellos para definir candidatos en ayuntamientos, principalmente. Esto ya se comprobó en Coahuila y estado de México, donde los panistas no apoyaron a sus aliados priístas. La ausencia de solidaridad electoral debilita gradualmente a esa alianza.

* Sociólogo e historiador. Investigador titular del IIS-UNAM.

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La marcha de la economía mexicana: la quinta

José Antonio Rojas Nieto | La Jornada

En diversas ocasiones he comentado que el problema de le deuda no es la deuda en sí misma, sino su origen y su destino o utilización; así como su servicio, siempre dependiente de los plazos y tasas contratadas, pero también, evidentemente, de la capacidad de pago del contratante, capacidad que claramente depende del origen y del destino.

¿Quién o quiénes solicitan la deuda? ¿Para qué la solicitan? En el primer caso es muy importante diferenciar el endeudamiento necesario del innecesario, y dentro del primero diferenciar el que pudiéramos identificar como endeudamiento necesario productivo del endeudamiento necesario improductivo.

En estricto sentido y siguiendo la más nítida concepción teórica de la economía política clásica y de su crítica en Marx, el primero del primero –dirá Perogrullo– es el que apuntalaría las actividades y trabajos necesarios generadores de valor y –sin duda– de menor desigualdad y bienestar social. Siempre superior al representado por el monto de le deuda contratada y su servicio.

El segundo del primero –dirá de nuevo Perogrullo– es el que apuntalaría las actividades y trabajo necesarios, pero que sin generar valor contribuyen al abatimiento de la desigualdad y al bienestar social. Este, por cierto, de más difícil evaluación, precisamente porque no involucra un evidente flujo de ingresos, pero sí de beneficios sociales.

En rigor, el endeudamiento necesario –productivo o improductivo– debiera ser el único tipo de endeudamiento que las naciones, estados y gobiernos debieran contratar para impulsar su lucha contra la desigualdad, su bienestar y su desarrollo.

Endeudarse innecesariamente es una aberración. ¿Existe este tipo de endeudamiento?, claro que sí, el más evidente es el endeudamiento para financiar guerras, pero no sólo ese, hay muchos ejemplos de obras públicas absurdas e innecesarias o de obras necesarias con presupuestos inflados.

En los manuales oficiales de los organismos financieros, aparte de las divisiones entre deudas a corto y largo plazos, y entre deudas productivas e improductivas, se indica la diferencia entre deudas redimibles e irredimibles y, finalmente, deudas voluntarias y obligatorias. Pronto veremos ejemplos de ello.

Lo cierto es que el asunto de la deuda es y seguirá siendo un aspecto muy relevante para juzgar nuestros esquemas y líneas de desarrollo, así como para evaluar las políticas públicas. Ante el cambio de gobierno la evaluación es obligada, sobre todo ante la ausencia de la más mínima autocrítica del gobierno actual y sus presuntos continuadores, lamentablemente. Profundizaremos en ello y analizaremos las tesis que a veces con extrema superficialidad postulan. Una de ellas, reitero, la que asegura que es bueno mantener la relación de la deuda pública con el producto nacional, en nuestro caso del orden de 45 o 46 por ciento, pero esta tesis ignora que hace exactamente 20 años esa participación era menor en 10 puntos porcentuales, por lo que, al menos, es necesaria una explicación de la Hacienda Pública al respecto.

¿Por qué en tres sexenios se elevó en 10 puntos porcentuales la participación de la deuda pública en el PIB? ¿Cuál y por qué, en todo caso, debiera ser el porcentaje a lograr, como indicador no sólo del buen manejo de las finanzas públicas, sino del impulso al crecimiento y a la lucha contra la desigualdad? Y en ese análisis presentar la estructura productiva o improductiva de la deuda pública y si en efecto se solicitaron los recursos necesarios o, alternativamente, se solicitaron más de los necesarios por problemas de presupuestación.

Como podrá verse, una vez que ingresa uno al análisis de la deuda, aparecen muchos aspectos que no pueden ni deben ser ignorados, pues si algo debe cuidarse con rigor son los recursos públicos de los contribuyentes. De veras

NB. Nada es mejor deseo de este nuevo año que haya paz, seguridad, salud y empleo. Lo mejor siempre.