Lo que dicen los columnistas

Nuevos acuerdos contra migrantes. Estados Unidos y México

Si la movilidad actual es de refugio, el diagnóstico, marco legal y las políticas correspondientes deben ser las relacionadas con la protección. Subrayado, protección y no devolución.

Tonatiuh Guillén López* | Proceso

Durante las últimas semanas del año 2023, desde varios puntos en los Estados Unidos han surgido fuertes señalamientos sobre una crisis migratoria sin precedentes, debido al elevado número de personas que arriban a la frontera sur de este país solicitando asilo. Así lo han referido el gobierno de J. Biden, el Congreso federal, los gobiernos estatales y numerosos actores sociales.

Ahora bien, no son nuevas las referencias a una ¨crisis migratoria¨, pues por lo menos desde el año 2015 ha sido un tema político central y asunto decisivo del debate electoral en los Estados Unidos. Pero al tema conviene considerarlo con sus estadísticas. Hace ocho años, las aprehensiones de extranjeros por la policía fronteriza ascendieron a 337 mil. No obstante, Donald Trump, entonces aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Republicano, tenía como bandera de su propaganda crudos mensajes antiinmigrantes y racistas -que descubrió muy exitosos- y desde entonces el argumento fue reiterado, con independencia de reducidos o grandes números en la movilidad migrante.

Es decir, primero han sido determinantes la ideología antiinmigrante, su intensidad y los usos políticos; no la movilidad humana en sí misma. Las ¨crisis migrantes¨ son fundamentalmente asuntos de naturaleza política.

En el año 2000, por ejemplo, las detenciones de extranjeros por la policía fronteriza de Estados Unidos alcanzaron la cantidad de 1.67 millones, es decir, varias veces más que en el 2015. Casi en su totalidad, mexicanos. No estaba entonces en el escenario electoral –no de manera dominante– la cuestión migratoria y de refugio; para nada tenía la centralidad actual. Vale insistir, son la política y sus vericuetos los responsables de posicionar como cuestión electoral a las poblaciones en movilidad irregular.

Lo anterior no implica desconocer la gravedad de la movilidad humana actualmente en curso, que con mayor propiedad debiera definirse como una crisis de refugio. El perfil social de las poblaciones en movimiento es distinto, comparado con el de hace pocos años. De los determinantes laborales o de reunificación familiar, como era el mapa previo, pasamos a los determinantes de drástica expulsión, de fuerza, de tener que huir de los lugares de origen para proteger la vida personal, de familias y de comunidades. No es solamente la pobreza la causa de la movilidad, como mecánicamente se argumenta. Se trata ahora de deterioros sociales de otras características, como las violencias, inseguridad, incapacidades institucionales, intolerancias políticas, severas condiciones económicas y crisis ambientales, entre otros.

Si la movilidad actual es de refugio, el diagnóstico, marco legal y las políticas correspondientes deben ser las relacionadas con la protección. Subrayado, protección y no devolución. Si los gobiernos optan por la contención, detención y repatriación, como están ahora acordando los Estados Unidos y México, el resultado será la masiva violación de derechos, injustificada por completo. En el caso mexicano, la Constitución Política, los convenios internacionales y la legislación sobre refugiados es la que debiera aplicarse de manera preponderante, lo cual estamos lejos de hacer.

La coyuntura política en Estados Unidos y el contexto internacional están orillando al gobierno de Biden a optar por el severo camino de la contención, como alternativa prioritaria. En cuanto asunto político, el arribo de grandes números de refugiados y migrantes a Estados Unidos se ha convertido en factor de alto riesgo electoral para el Partido Demócrata. Adicionalmente, los liderazgos del Partido Republicano han condicionado los apoyos financieros para Ucrania e Israel a la implementación de fuertes medidas de contención migratoria en la frontera con México.

De esta manera, como lo hace siempre, la política y sus contornos marcan el destino para miles y miles de personas refugiadas y migrantes. El gobierno de Estados Unidos necesita reducir el número de arribos; el gobierno de México, como ha hecho últimamente, se alinea con esa necesidad prácticamente sin restricciones. El escenario apunta entonces hacia fortalecidas medidas de contención que seguramente no serán distintas a las promovidas por la administración de Trump. Por ejemplo, retornar inmediatamente a México a las personas solicitantes de refugio; y además utilizar a las fuerzas armadas mexicanas como aparato de físico de disuasión y freno.

Durante las últimas semanas el gobierno de Estados Unidos fue preparando el escenario público, reduciendo o cancelando temporalmente los flujos fronterizos en puertos de California, Arizona y Texas. El argumento fue que el arribo masivo de migrantes les obligaba a dedicar más personal al procesamiento de solicitudes de asilo. En realidad, se trató de una medida política -también, usada antes por Trump- para presionar al gobierno mexicano y además crear un ambiente social antiinmigrante, como efectivamente está logrando. De lado mexicano, los gobiernos estatales y municipales de Sonora, Chihuahua y Coahuila, por ejemplo, están apoyando con entusiasmo nuevas medidas de contención. El gobierno de AMLO, por su lado, ha expresado su disposición a ¨ayudar¨.

En estos días conoceremos los nuevos acuerdos entre Estados Unidos y México dirigidos a la contención migratoria y de refugio. Como ha sucedido antes, al final son medidas ineficaces en su objetivo, debido a una cuestión central: los factores que obligan la movilidad de personas son mucho más poderosos que los riesgos del camino o los obstáculos de los gobiernos. Podrán subir los costos: económicos, en violación de derechos, en crisis humanitaria e incluso en pérdida de vidas, pero no se detiene la movilidad. Las organizaciones traficantes de personas -y su red cómplice- son las únicas que encuentran en las medidas de contención una ventaja para sus gigantescas ganancias.

Cabe agregar que el gobierno mexicano tiene la oportunidad de ayudar efectivamente en la moderación de los flujos migrantes, pero con otro tipo de medidas: si se empeñara en recuperar el estado de derecho en las regiones que hoy domina el crimen organizado.

Un tercio del total de arribos de extranjeros a la frontera de los Estados Unidos corresponde a mexicanas y mexicanos. Con un agravante: la mitad del flujo mexicano está motivado por desplazamientos forzados causados por la crisis de violencia e inseguridad que viven muchas regiones del país. Son nuestros refugiados, movilizados en grandes números. Por lo mismo, gran ayuda sería reconocer y construir una efectiva solución para nuestras muchas crisis regionales. Se reduciría la forzada migración de mexicanos hacia Estados Unidos y, mejor aún, comenzaríamos a recuperar la vida social nacional en condiciones razonables.

*Profesor, PUED/UNAM, excomisionado del INM.

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La clave electoral será el Congreso

Martín Espinosa | Excelsior

En vísperas de la llegada de 2024 para definir el futuro de la vida política del país, muchas son las conjeturas que desde estos últimos días del año realizan quienes participan tanto en el análisis como en el “ajedrez electoral” que culminará a mediados del año próximo con la elección más numerosa de la historia que viviremos los mexicanos.

En medio de las especulaciones, escenarios y hasta de las traiciones que hoy vive la vida pública del país destaca el hecho de que, además de la presidencial, la elección que más llama la atención es lo que suceda en los comicios para renovar las cámaras —tanto de senadores como de diputados— que conforman el Congreso de la Unión; el Poder Legislativo federal en su conjunto.

El ingrediente adicional para los próximos comicios federales será el hecho de que por primera vez los actuales diputados y senadores podrán buscar la reelección. En esta Legislatura 467 diputados, equivalente al 93.4% del total (500), se anotaron para reelegirse de acuerdo con la reforma de 2014 en la que se aprobó que los legisladores federales podrán ser reelectos hasta por cuatro periodos consecutivos de tres años cada uno, con lo que podrían quedarse en el cargo hasta por un periodo de 12 años.

También se elegirá a 128 senadores, de los cuales 64 se eligen por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de representación proporcional y 32 de primera minoría. De tal manera que los partidos con registro deberán presentar una lista con dos fórmulas de candidatos.

Hoy día, el “jaloneo” en los partidos ha propiciado la molestia de algunos políticos que ya se hacían dentro de las famosas listas y que al no alcanzar lugar por decisión de sus líderes han abandonado a su partido y han “brincado” a otro que les garantice su permanencia en el “presupuesto legislativo”.

Nombres de políticos de “fuerza y arrastre” han comenzado a mencionarse: en el PRI saben que la figura de Manlio Fabio Beltrones ayudará sin duda a reforzar al líder Alito Moreno, ya que ambos son considerados piezas clave en la negociación de alto nivel para lo que venga tras los comicios del próximo 2 de junio. Asimismo, Ricardo Anaya (PAN), Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD) “pintan” ya en las listas para la Cámara alta.

No hay que perder de vista que hace algunas semanas, el dirigente nacional del PRI desbarrancó, gracias a su oficio político, las aspiraciones presidenciales de Samuel García, quien no tuvo más remedio que regresar a la gubernatura de Nuevo León y dejar un fuerte dolor de cabeza entre los “operadores” políticos de Palacio Nacional. Lo mismo sucedió hace unos días con el rechazo a la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México, asunto que tendrá que resolverse a principios del año que no tarda en principiar.

La llegada de figuras políticas de tal nivel permitirá elevar el tono de los debates en ambas cámaras, donde se espera dar a batalla real ante las reformas legislativas que quedaron pendientes durante el periodo del presidente López Obrador.

Los panistas ya perfilan al Senado, asimismo, al actual gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, cuya gestión en aquellos rumbos del sureste del país ha resultado más que exitosa. Lo mismo podría suceder con el exalcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, quien cedió su espacio en el Estado de México a la priista Alejandra del Moral, quien finalmente fue “abandonada” por el entonces gobernador saliente Alfredo del Mazo.

En el PRD puede repetir Miguel Ángel Mancera y la llegada de Carlos Navarrete, ambos también de buen nivel para el Frente Amplio.

Veremos por parte de Morena a quiénes mandarán para el nuevo Congreso del 24, ya que sin duda lo que hoy está en juego continuará después del proceso electoral del próximo 2 de junio. Al final, lo que se necesita es un Legislativo que sirva de contrapeso al poder presidencial.

Feliz 2024 para todos.

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Adiós 2023: recuento de la educación

Carlos Ornelas | Excelsior

La política educativa mexicana en este 2023 fue rica en contiendas. Pienso que puede sintetizarse en dos debates que calaron en la plaza pública y un acto simbólico de trascendencia. La discusión sobre la nueva generación de libros de texto para la educación básica, los amparos en contra que promovieron gobiernos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, inundaron los debates en la plaza pública la primera parte del año. En los meses finales, emergió el altercado por los resultados de México en las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes, fue un pequeño trauma. El PISA shock fue el segundo asunto que caló en la prensa, los medios y las redes sociales. En cambio, el desayuno del presidente Andrés Manuel López Obrador con la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el 15 de mayo en Palacio Nacional, apenas se mencionó en los días subsecuentes.

Con todo y que corrió mucha tinta sobre los nuevos libros de texto, sus deficiencias, dogmatismo y ausencia de materias clave, como matemáticas, el gobierno actuó con la consigna de que este burro es mi macho y en éste me monto, como decía mi abuela. Ignoró (ninguneó, dicen en mi tierra) las protestas y con el mazo del poder en el puño, llevó los libros a las escuelas. Observaciones propias y de otros colegas, muestran que la mayoría de los maestros los aceptaron por varias razones y que una minoría los rechaza, unos de manera abierta (en los territorios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), otros con disimulo.

Quienes manifestaron conformidad por los nuevos materiales y su enfoque comunalista, quizá lo hicieron por convencimiento, porque coinciden con la visión y las creencias de la Cuatroté o con las palabras que a diario propaga el Presidente en sus mañaneras. Unos tal vez lo hagan porque se persuadieron de su valor, conceden que los libros y el enfoque —en especial por la idea de trabajar por proyectos— tienen méritos y vale la pena experimentar con nuevas ideas.

Acaso el grupo que convino con los nuevos libros de texto con más ahínco lo hizo por conveniencia. No son convencidos de su valor, sino que lo hacen en respuesta a la política del presidente López Obrador de promover la basificación de interinos (sin concursos ni pruebas meritocráticas) o por mandato de sus dirigentes. A juzgar por arengas de Alfonso Cepeda Salas, comunicados del SNTE y acciones de dirigentes de secciones sindicales en los estados, López Obrador conquistó su voluntad. Y, argumentan algunos colegas, no sólo para que aceptaran los libros y nuevos programas, sino para caminar de su mano en las futuras elecciones. Muchas evidencias apuntan en esa dirección.

Un tercer segmento de docentes, tal vez entre los más veteranos, a lo mejor lo hace por deferencia, consideran que si es un mandato del gobierno debe cumplirse; sus miembros están acostumbrados a seguir las reglas y a acatar las disposiciones que provengan de la Secretaría de Educación Pública o de los líderes sindicales. Quién sabe si para ellos pesó el simbolismo del desayuno del presidente López Obrador con el liderazgo del SNTE; el 15 de mayo es una fecha de bastante carga alegórica para el magisterio.

Respecto de la prueba PISA 2022, lo que más me extrañó de la respuesta del gobierno a los resultados que obtuvieron los alumnos mexicanos en la prueba de 2022, fue el enojo, incluso con palabras agrias del Presidente. El examen fue para jóvenes de 15 años de edad, se levantó en 2021 cuando la pandemia amainaba; por lo tanto, no mide lo que hizo o dejó de hacer el gobierno de la Cuatroté, examina el pasado. Además, no pienso que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se haya ido con el blof del Presidente. Dijo que no tomaba en cuenta esos resultados (claro, en su gobierno son diferentes), pero no indicó que México dejará de participar en las pruebas de PISA. No lo hará y en los siguientes exámenes, sí evaluará los efectos de su nuevo plan y libros de texto. ¡El asunto es de pronóstico reservado!

Con todo, deseo que 2024 sea un mejor año para el sistema educativo mexicano y para sus alumnos y sus maestros.

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México SA

Arranca Mexicana de Aviación // No la administrarán ladrones // ¿Y Fox, Calderón, Azcárraga?

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Trece años y algunos meses después de permanecer en el suelo, gracias a la complicidad de los gobiernos panistas y el empresario Gastón Azcárraga, por fin desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Mexicana de Aviación –la primera línea aérea del país con más de un siglo de historia; se fundó en 1921– levantó el vuelo y su primer destino fue Tulum, Quintana Roo, tras una inesperada escala en Mérida derivada por un banco de niebla ( La Jornada. César Arellano y Eduardo Murillo).

Trece larguísimos años (desde agosto de 2010) a lo largo de los cuales se constató el cochinero de los gobiernos de Vicente Fox –quien prácticamente regaló la línea aérea al empresario Gastón Azcárraga, uno de sus aportantes financieros a la campaña presidencial– y de Felipe Calderón, quien protegió al barón, lo mantuvo impune, le autorizó alrededor de mil millones de pesos en créditos del estatal Banco Nacional de Comercio Exterior –que a duras penas la institución pudo cobrar muchos años después– y sin más, despidió salvajemente a 8 mil 500 personas que quedaron en el desamparo absoluto y en abierta violación de la Ley Federal del Trabajo. Una de tantas historias de terror con el indeleble sello panista. Todo a costillas del erario y de los trabajadores.

Ya Calderón, autodenominado presidente del empleo, había hecho de las suyas en Luz y Fuerza del Centro: en el clásico sabadazo (10 de octubre de 2009), asaltó sus instalaciones con la fuerza federal, de un plumazo la extinguió y echó a la calle a cerca de 45 mil trabajadores con el objetivo de entregar a la iniciativa privada la joya de la industria eléctrica nacional: la Ciudad de México, la de mayor consumo en el país, y alrededor de 90 municipios circundantes a la capital de la República en los que suministraba energía eléctrica.

En todo lo anterior, el operador calderonista fue el pandillero Javier Lozano Alarcón, a la sazón secretario del Trabajo, es decir, el mismo que casi un año después metió la mano hasta el fondo –siempre en contubernio con Gastón Azcárraga, quien en los años 90 ya había quebrado la misma aerolínea y fue rescatada por el Fobaproa– en el caso de la quiebra inducida de Mexicana de Aviación y el fulminante despido de sus 8 mil 500 trabajadores. La Rayuela jornalera de entonces daba cuenta de la barbaridad: parte de guerra: las armas nacionales se vistieron de gloria. Tropas al mando del general sin estrellas arremetieron contra trabajadores desarmados.

Por cierto, meses antes (octubre de 2008 y enero de 2009) Calderón anunció el rescate de grandes corporativos privados (Comercial, Cemex, Alfa, por ejemplo) que se dedicaron a especular con derivados y de todas perdieron todas, y sacrificó miles y miles de millones de dólares en reservas internacionales para saciar a quienes apostaron en contra del peso. En cambio, publicó un mañoso decreto –en día inhábil– en el Diario Oficial de la Federación que firmaba el acta de defunción de Luz y Fuerza del Centro.

En el recuento, como se ha publicado en este espacio, cinco meses antes de concretarse la compraventa de Mexicana de Aviación, el IPAB (hijo legalizado del Fobaproa) informó que el valor de mercado de la aerolínea no era menor a 319 millones de dólares, mientras el avalúo de Cintra (la que, por parte del Estado, la administró durante 11 años, tras el rescate del Fobaproa) lo situó en torno a mil 450 millones de billetes verdes. Sin embargo, Gastón Azcárraga, íntimo de Fox y Martita, se la quedó por 165 millones, y el gobierno asumió todos los pasivos, sólo para quebrarla, una vez más, en agosto de 2010. Así eran los jugosos negocios para los amigos del régimen.

Carlos Salinas de Gortari reprivatizó Mexicana de Aviación (también Aeroméxico, con Gerardo de Prevoisin como cabeza visible de los compradores, quien aportó 8 millones de dólares a la campaña de Zedillo; éste, ya en la Presidencia, rescató las dos aerolíneas, vía Fobaproa); Fox la volvió a privatizar; Calderón protegió a Gastón Azcárraga, quien cómodamente se mudó a Nueva York; Peña Nieto lo mantuvo impune (canceló la orden de aprehensión) y al personal de la aerolínea lo mantuvo en la calle, y colorín colorado, todos se salvaron, menos los 8 mil 500 trabajadores.

Las rebanadas del pastel

La buena noticia es que Mexicana de Aviación de nueva cuenta está en el aire, y será manejada con honestidad: no la van a administrar ladrones (AMLO dixit); la mala, que hampones como Azcárraga, Fox, Calderón y demás mafiosos se mantienen impunes.