Lo que dicen los columnistas

Arsenal

Chapulineo de expriístas que apoyan a Sheinbaum es por México, no por el hueso, dicen

Francisco Garfias | Excelsior

Otrora militaban en el PRI y combatían la Cuarta Transformación. Hoy se suman sin rubor al proyecto de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la continuidad y favorita en las encuestas. Entre los 28 chapulines –todos expriistas– hay dos exgobernadores: Eruviel Ávila, del Estado de México, y Alejandro Murat, de Oaxaca. Tres senadores: Jorge Carlos Ramírez Marín, Nuvia Mayorga y el propio Eruviel; un alcalde en funciones, Adrián Rubalcava, dirigentes estatales y secretarios. Se presentaron como integrantes de la “Alianza Progresista” en apoyo de Sheinbaum. Pero no vaya usted a creer que tiene algo que ver con la búsqueda del hueso, el fuero o regresar a posiciones de poder. Todos dijeron que su prioridad es México. Un argumento para justificar su cambio de postura es que el PRI se convirtió en “apéndice” del “partido de la derecha”. No les gustó que Alito Moreno haya “entregado” la candidatura presidencial y la Jefatura de Gobierno de la CDMX a su adversario histórico.

El primero que confesó la afinidad de la Alianza Progresista con Sheinbaum fue Alejandro Murat: “Encontramos simpatía por la propuesta que tiene proyecto y plan, la que propone la transformación de México: la de la doctora Claudia Sheinbaum”. Este reportero es testigo de que algunos de ellos combatieron, desde sus posiciones, a la 4T. Les escuché encendidos discursos plagados de críticas a López Obrador.

Puedo entender las razones por las cuales ya no están en el PRI, pero me brinca que apoyen el proyecto de construcción “sin zigzagueos” del segundo piso de la transformación, como lo llama la candidata del oficialismo. La 4T representa la demolición anunciada de las instituciones, los embates al Poder Judicial, los desacatos a sentencias de la Corte, los intentos por tener árbitros electorales a modo. También el pasmo del gobierno ante una violencia que raya en el terrorismo; la desaparición del Seguro Popular, la destrucción del aeropuerto de Texcoco, las obras caras e inconclusas… si le sigo, se me acaba el espacio.

* En la rueda de prensa para presentar la Alianza Progresista les pregunté las razones por las cuales hoy apoyan lo que antes combatían. ¿No hay oportunismo?, cuestioné. Jorge Carlos Ramírez Marín respondió: “No sólo no hay oportunismo. Hay sentido común de qué lado va a ser el que le dé peores resultados al país si lograra sus objetivos. Eso es lo que estoy tratando de evitar. Así como nos escuchaste estar en contra de alguna de las tesis de la 4T, de las acciones de la Presidencia o de alguna de las dependencias del gobierno; también nos viste apoyarlos en los programas sociales para que se vuelvan constitucionales; la permanencia del Ejército en las calles, para que no dejemos desamparados los estados a la suerte de policías infiltrados por el crimen organizado. Nos viste apoyarlos para la creación de una GN civil. Nos ves ahora ayudarlos a crear una comisión bilateral que efectivamente vigile y supervise el trabajo de las FA . Y estoy seguro que nunca nos viste ni adjetivarlos ni denostarlos ni insultarlos”. Alejandro Murat: “Se trata de entrar a la vida pública para escribir nuevas páginas positivas. Eso es lo que debe de emocionar, lo que debe motivarnos. Darle a cada uno de nuestros hijos la oportunidad de que cumplan sus sueños. Por eso estamos aquí. De manera incondicional. Nuestra pasión es México. Queremos que esos cambios que se llevan a cabo con rumbo sigan consolidándose”.

Nuvia Mayorga: “Hemos sido coherentes en los momentos de legislar, en los momentos en que no nos interesan los colores de los diferentes grupos parlamentarios. Han salido leyes a favor de las y los mexicanos, como la Ley de Salud Mental, leyes a favor de las mujeres…”. Adrián Rubalcava fue explícito: “No es oportunismo, porque hoy yo no soy el candidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX por trabajar de la mano con Claudia Sheinbaum. Es el único descalificativo que tuve de la Alianza por México. “Les sacaba ronchas… que transformáramos una alcaldía, que era un pueblito, en un centro financiero. Tan no hay oportunismo, que eso fue lo que me llevó a estar hoy en día aquí: construir junto con la doctora Sheinbaum, una alcaldía exitosa. Hemos logrado superar las barreras partidistas”.

* La coalición Fuerza y Corazón, antes Frente Amplio por México, no vive su mejor momento. Algo falla. Huele a descomposición. Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, se salió ayer del equipo de Xóchitl Gálvez. Alega que la candidata presidencial del PAN-PRI-PRD lo descalifica constantemente.

“En un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo”, escribió el hasta ayer responsable del Desarrollo Sustentable. Alguien que conoce bien a Xóchitl Gálvez y la relación que tiene con las dirigencias de los partidos que la apoyan, nos dijo: “a ver si no les avienta el arpa”.

————–

Nudo gordiano

Cuidar al INE (y la elección)

Yuriria Sierra | Excelsior

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido una institución crucial para garantizar la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales en el país. Sin embargo, recientemente ha sido objeto de una creciente controversia y discordia interna que están poniendo en riesgo su capacidad para llevar a cabo su importante labor de manera efectiva.

La actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se ha enfrentado a numerosos obstáculos para lograr consenso en el Consejo General del instituto, especialmente en lo que respecta al nombramiento del secretario ejecutivo. Este cargo es vital para el buen funcionamiento del INE, y es preocupante que la incapacidad de llegar a un acuerdo al respecto esté generando algo cercano al sabotaje en el organismo.

La falta de consenso y la incapacidad para llevar a cabo nombramientos clave están poniendo en riesgo la estabilidad y la legitimidad del INE en un momento crucial para México. Con la elección presidencial y legislativa de 2024 en el horizonte, es fundamental que el INE funcione de manera eficiente, absolutamente imparcial y transparente para garantizar la integridad y legitimidad de estos procesos.

Los obstáculos y las disputas internas en el INE están generando preocupaciones profundas sobre la capacidad del instituto para desempeñar su papel de manera efectiva. El hecho de que los propios consejeros no estén logrando cuidar debidamente a la institución es motivo de gran inquietud, ya que socava la confianza en el proceso electoral y pone en riesgo la credibilidad de los resultados.

Es fundamental que los encargados del INE actúen con responsabilidad y prioricen el interés público sobre cualquier disputa interna. La falta de consenso y la parálisis institucional son inaceptables cuando está en juego la integridad de la democracia mexicana.

En este contexto, es crucial que los consejeros del INE se comprometan a superar sus diferencias y trabajar en pos de los objetivos comunes de garantizar elecciones libres, justas y transparentes. Esto implica poner por encima de cualquier disputa personal, política o ideológica, el buen funcionamiento del instituto y la preservación de su legitimidad.

Además, es fundamental que se establezcan mecanismos claros y efectivos para resolver disputas y facilitar la toma de decisiones en el seno del INE. El estancamiento actual pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las estructuras internas del instituto para garantizar que pueda cumplir con su mandato de manera efectiva y sin interferencias indebidas.

Asimismo, es imperativo que las autoridades y actores políticos del país respalden y respeten la autonomía del INE, así como su capacidad para tomar decisiones de manera independiente y basada en criterios técnicos y legales. La politización o interferencia indebida en el funcionamiento del instituto sólo contribuirá a socavar su credibilidad y generar dudas sobre la legitimidad de los procesos electorales.

En última instancia, el INE tiene la responsabilidad de demostrar que es capaz de superar este momento de crisis y recuperar la confianza de la ciudadanía en su labor. Esto requerirá un compromiso firme por parte de todos los actores involucrados, así como una clara voluntad de poner los intereses institucionales por encima de cualquier disputa personal o política.

La estabilidad y legitimidad del INE son fundamentales para quienes buscan un cargo de elección popular (en el nivel que sea) y es imperativo que se tomen las medidas necesarias para preservar y fortalecer esta institución en un momento en que su labor es más crítica que nunca.

La crisis al interior del INE pone en riesgo la legitimidad de la elección presidencial y legislativa de 2024. Si el INE no logra resolver sus problemas internos, podría verse incapaz de organizar unas elecciones libres y justas. Tal vez eso sea lo que alguien tenga en mente. Con absoluta falta de cálculo y responsabilidad.

————–

Astillero

Peñismo apoya a Sheinbaum // Facción de ex priístas // Eruviel Ávila y Murat // Aureoles se queja y se va

Julio Hernández López | La Jornada

Sigue adelante la pripanización de Morena, que Claudia Sheinbaum ha alentado. Es un proceso incesante, que busca consolidar triunfos electorales a costa del máximo pragmatismo, bajo la premisa oportunista de que no importa de dónde vienen sino a dónde van.

Pero, a diferencia de otros casos de saltimbanquismo incorporado al proyecto guinda, que hasta ahora habían sido procesados individualmente, ayer fue presentada una asociación política delicada: dos ex gobernadores de historial (cuando menos) complicado, Eruviel Ávila, del estado de México, y Alejandro Murat, de Oaxaca, encabezaron el anuncio de una facción denominada Alianza Progresista (¿o Alianza Peñista), que apoyará a Claudia Sheinbaum, recorrerá el país en tareas de proselitismo y, dicen, no esperará hueso ni chamba para sus protagonistas, todo por (¡oh, sí!), amor a México.

Las principales figuras de este proyecto faccioso han estado relacionadas con el intocado y reactivado peñismo: Eruviel Ávila fue la carta sucesoria de Enrique Peña Nieto en el gobierno del estado de México y en 2012 fue acusado por Andrés Manuel López Obrador de usar el erario mexiquense para apoyar la candidatura presidencial de Peña; en 2017 lo acusó de ladino, cacique, corrupto (https://goo.su/JQBA).

Murat, nacido en el estado de México, inició su carrera política en firme con el entonces gobernador Peña Nieto, durante cuya administración fue director del Instituto de la Función Registral (obtuvo la titularidad de una notaría pública) y director del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense; ya con EPN rumbo a Los Pinos, Murat fue coordinador del tema de vivienda en el equipo de transición y, a la toma de posesión de Peña, fue nombrado director del Infonavit (https://goo.su/BZdpyzj), cargo que dejó al ser postulado por el PRI a la gubernatura de Oaxaca que ya había ejercido su padre, José Murat, quien en 2011-2012 fue eje importante en la construcción del peñista Pacto por México.

Además de tales ex mandatarios, forman parte del nuevo grupo otros personajes en busca de redención electoral: el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, que ha hecho equipo político y mostrado apariencias de relación afectiva con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas; el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, que buscó ser candidato 4T a la gubernatura de su estado, luego de cuatro décadas de priísmo que dejó al pasar ahora al Verde, y la senadora hidalguense Nuvia Mayorga, del equipo de Miguel Ángel Osorio Chong, que durante el peñismo fue directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Recuérdese que en la primera semana de julio pasado renunciaron al PRI los senadores Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, que luego pasaron al Verde (vía alterna para incorporarse a la 4T), el propio Osorio Chong (quien fue secretario de Gobernación con Peña Nieto, aunque distanciado luego que José Antonio Meade fue designado candidato presidencial) y Claudia Ruiz Massieu Salinas, sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

En tanto, en el flanco xochitleco se produjo una renuncia brevemente ruidosa que, en el fondo, puede hacerle más bien que mal a la campaña del frente ahora llamado Fuerza y Corazón (FuerCo). Silvano Aureoles, quien cumplió un pésimo papel como gobernador de Michoacán (llegado a nombre del PRD, pero impulsado por Peña Nieto), denunció ser víctima de “constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de @XochitlGalvez”.

Aureoles recibió, como parte de la escueta cuota de participación a lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, el encargo de coordinar lo relacionado con el desarrollo rural sustentable, a lo que ahora ha renunciado (¿buscará entrar a Morena o al Verde?). La oficina de Gálvez negó que la virtual candidata presidencial hubiera emitido tales descalificaciones.

Y, mientras Omar García Harfuch ha tomado vacaciones personales, según informó ayer.

————–

México SA

Trasiego de concesiones // Bailleres vende a Slim // ¿Prirena? ¿Moprirena?

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Sin decoro alguno, ante la vista de todos, los bienes que fueron propiedad de la nación libremente se traspasan y cambian de mano en mano entre los barones autóctonos que tanto se han beneficiado de las políticas públicas implementadas desde los tiempos de Miguel de la Madrid, aceleradas por Salinas de Gortari, seguidas a pie juntillas por Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y no deshabilitadas por el gobierno actual, en lo que constituye una suerte de mercado paralelo sin que nadie lo regule.

A lo largo de los años ese trasiego se ha visto en prácticamente todos los sectores económicos privatizados por el régimen neoliberal (se estima que en 1982 el Estado participaba en 63 de las 73 ramas de actividad económica entonces clasificadas por el Inegi; La privatización de empresas estatales, Fondo de Cultura Económica, 1993; página 25; Jacques Rogozinski, quien con Carlos Salinas de Gortari fue titular de la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Hacienda, bajo la batuta de Pedro Aspe; a estas alturas, cinco serían muchos) y entre los barones favorecidos acordaban, con fines oligopólicos, o abiertamente monopólicos, operaciones de compraventa de los bienes otrora del Estado bajo la complaciente mirada de la supuesta autoridad.

Ejemplos sobran: empresas y concesiones mineras y carreteras, fertilizantes, acereras, consorcios petroquímicos y bioquímicos, ingenios azucareros, líneas áreas, ferrocarriles, petróleo, electricidad, estaciones de servicio (gasolinerías), astilleros, almacenes de depósito y tantas otras empresas, actividades y sectores no estratégicos (Salinas dixit) que pasaron a manos privadas (rescates, salvamentos y extranjerización se cocinan aparte).

Lo anterior viene a colación, porque esa práctica de trasladar es la que precisamente han concretado los grupos Bal y Carso, propiedad de la familia Bailleres y de Carlos Slim (dos de las fortunas Forbes del país), respectivamente. El primero vendió y el segundo adquirió 100 por ciento de las acciones de una subsidiaria de PetroBal por la módica cantidad de 530 millones de dólares; ésta última constituida oportunamente a raíz de la reforma energética de Peña Nieto, quien le entregó en charola de plata el bloque Ichalkil-Pokoch en la sonda de Campeche-Tabasco para extraer crudo. Y listo.

De hecho, el presidente López Obrador dijo que este trasiego es una buena noticia, con todo y que se trata de un contrato de los que se dieron cuando la reforma energética, y lo es porque queda en manos de mexicanos y estoy seguro de que invertirán para extraer crudo. En realidad, Grupo Bal no logró el desarrollo deseado ni invirtió lo suficiente, es decir, incumplió lo exigido en la concesión peñanietista otorgada en 2015. Entonces, ahora simplemente se asocia con otro barón.

En los hechos, tras ocho años de concesión, Grupo Bal (en asociación con la estadunidense Fieldwood Energy, la cual a su vez en febrero de 2022 vendió el 100 por ciento de sus acciones a la rusa Lukoil) a duras penas presume una producción de 31 mil barriles de petróleo crudo equivalente, cuando su propia estimación rondaba los 100 mil barriles por día. De cualquier suerte es nada.

Por cierto, el director general de Petrobal es Carlos Morales Gil, quien durante 9 años fue titular de Pemex Exploración y Producción, de un total de tres décadas al (supuesto) servicio de la ex paraestatal. Lo llamó papá Bailleres, lo contrató y con él se llevó, a disposición del barón, toda la información estratégica sobre los recursos petroleros potenciales de la nación.

Pero la puerta giratoria dio para más, porque Bailleres también contrató a Alfonso Rosales Rivera (ahora director de Operaciones y Administración de Yacimientos en PetroBal), ex administrador del activo de Producción Litoral de Tabasco en la Región Marina Suroeste de Pemex Exploración y Producción, y a Manuel Alegría Constantino (ahora director de Administración y Procesos Contractuales de PetroBal y representante del consorcio en las licitaciones públicas), exgerente de Administración y Finanzas, Estrategias de Suministro de esa misma empresa del Estado.

Y como el caso citado, el trasiego se da en todos los sectores privatizados.

Las rebanadas del pastel

Ay nanita: se ha colado cualquier cantidad de indeseables, pero ya se descararon. Expriístas como Eruviel Ávila, Adrián Rubalcava, Jorge Carlos Marín y otros anuncian su Alianza Progresista en apoyo de Claudia Sheinbaum, es decir, quieren hueso. Entonces, a ese paso surge la duda: ¿el movimiento se llama Prirena o Moprirena?

————–

La campaña del miedo

Juan Becerra Acosta | La Jornada

Alentar el miedo a la ciudadanía se ha convertido en estrategia de campaña de la candidatura presidencial opositora. Ante cualquier evento de violencia en el país, la abanderada del PAN, PRI y PRD y sus huestes despotrican en contra de la estrategia de seguridad sin más argumento que la acusación carente de aportación al problema que, hay que decir, ellos mismos crearon y hoy hasta parece convenirles.

La madrugada del domingo 17 de diciembre fue masacrado un grupo de jóvenes que disfrutaban de una posada en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, estado panista que desde hace años se mantiene en primer lugar en homicidios dolosos y cuyo fiscal, Carlos Zamarripa, lleva 13 años en el cargo a pesar de que su entidad es la más violenta de la República, es tierra donde lo único que parece estar organizado es el crimen.

La administración en Guanajuato, como todos los gobiernos estatales, tiene la obligación constitucional, compartida con el gobierno federal, de prevenir el crimen y con él los secuestros, extorsiones, robos y, entre otros delitos de impacto social, los asesinatos. Un gobierno estatal no puede ignorar su responsabilidad y obligación de combatir a la delincuencia, organizada o no, y de garantizar paz a la ciudadanía.

Desde la campaña de Xóchitl Gálvez su vocero, Max Kaiser, publicó un mensaje en redes sociales en el que, llamando imbéciles miserables vaya usted saber a quienes (ya ve que ahí las groserías son el lenguaje xingón), argumenta que los asesinatos, secuestros y extorsiones perpetrados por el crimen organizado son del ámbito federal, por tanto, lo sucedido en Salvatierra sería responsabilidad exclusiva del Presidente –a quien llama nada más López, como si ello fuera un insulto– y su gobierno. El mensaje continúa con un lenguaje tan florido como el de cualquier perico de Alvarado o dirigente priísta, para finalmente acusar que a las autoridades federales no les importa la vida de las personas y que utilizan al crimen como discurso político.

Pero el discurso político viene de otro lado, del mismo que en esta ocasión lo acusa y utiliza la tragedia con fines politiqueros. Un estado de la República, en este caso Guanajuato, no puede lavarse las manos ante un crimen cometido en su propio territorio. Argumentar que no es ámbito de su competencia resulta, además de falso, irresponsable. Bien lo señala el abogado César Gutiérrez Priego: el Poder Judicial determina, a través de un juez, la competencia del fuero común o federal en la comisión de un delito; de lo contrario, por ejemplo, las fuerzas de seguridad estatales o municipales se verían impedidas a detener algún delincuente bajo el falaz argumento de que utilizan armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y que, por ese hecho, se trataría de un delito del ámbito federal.

Mucho hace falta en México una oposición seria, esa que necesita cualquier país democrático y que debe ser un contrapeso que abone y anteponga el interés ciudadano a sus ambiciones particulares. En materia de seguridad, el gobierno de la Cuarta Transformación tiene mucho que hacer y ajustar en su estrategia, pero a diferencia de la oposición cuenta con un proyecto y entiende la necesidad de combatir las causas del crimen para poder erradicarlo.

Se requiere mucho mayor celeridad –mientras se construyen y consolidan los programas que atienden las razones por las cuales los jóvenes deciden irse a la mañana con todo el riesgo que para ellos y sus familias implica– para detener la oleada de crimen y violencia que aqueja a distintas zonas del país. No se le puede decir a la familia de unos jóvenes masacrados en Guanajuato que la pérdida de los muchachos es un hecho aislado, tampoco a la comunidad de Texcaltitlán, en el estado de México, o a otras que a lo largo del territorio sufren el cobro de derecho de piso bajo la amenaza de muerte en caso de no pagarlo. Para lograr esa celeridad se requiere de una coordinación intergubernamental que algunos gobernadores de oposición rechazan sospechosamente, vaya usted a saber qué encontrarían las fuerzas federales en sus cajones personales si se ponen a investigar.

Ante la falta de discurso –sobe todo cuando se apaga el prompter–, la ausencia de proyecto ciudadano y la evidente baja popularidad de Xóchitl Gálvez incluso dentro de la misma oposición, no sería de extrañar que se diera la temida colusión, de nuevo, entre grupos de poder políticos y organizaciones criminales con la intención de desestabilizar al país y con ello crear situaciones de crisis con miras a la elección de 2024. Se ha preguntado usted, ¿a quién le conviene políticamente que exista en la ciudadanía la percepción de inseguridad?