Lo que dicen los columnistas

Ni combate ni castigo contra la corrupción en México

La política anticorrupción ha mostrado resultados insuficientes. Contrario a desaparecer, los delitos cometidos por funcionarios gozan de una impunidad cada vez mayor, correspondiente a 98.1% de los casos.

Tamara Gidi | Proceso

La corrupción persiste como una problemática arraigada en la vida política mexicana. Pese a su confrontación dialéctica desde diferentes tribunas, las cifras oficiales reflejan la ausencia de avances significativos en la lucha contra este fenómeno.

En su segunda edición, el Índice de Corrupción Estatal de la ONEA México colocó a 21 de las 32 entidades de la República en parámetros de corrupción “media” y, al resto, en estándares de corrupción “alta”.

Estos resultados derivan de la disminución en los niveles observados durante el año 2021, en el que la mayoría del territorio se ubicó en contextos de “alta” y “muy alta” prevalencia. Sin embargo, el informe continúa arrojando indicadores de corrupción elevados en gran parte de las entidades del país.

Durante 2022 las fiscalías locales radicaron 21 mil 13 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos. Esto es 2.36% menor a las 21 mil 520 indagatorias registradas el año anterior.

La conducta más denunciada a escala nacional es el abuso de autoridad, concentrado principalmente en los estados de Nuevo León, Ciudad de México y Puebla. También destacó la tortura, el ejercicio ilegal y abusivo de funciones, el enriquecimiento ilícito, el peculado y el cohecho.

De cada 100 casos, un promedio de 7.6 fueron determinados para el ejercicio de la acción penal y turnados al conocimiento de los tribunales competentes. Del total, sólo 1.83% concluyó con la sanción del servidor público responsable. Esto es significativamente menor que el índice de 5.21% de punibilidad reportado en 2021.

En términos absolutos, el número de sentencias condenatorias dictadas por los poderes judiciales se redujo de mil 121 a tan sólo 384 en el periodo 2021-2022. Así, el descenso en la incidencia fue opacado por un incremento en la impunidad, que transitó de 94.8% a 98.1 por ciento.

Los tribunales de 19 entidades registraron un índice de punibilidad menor a 1%. Resalta la situación de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guerrero y Oaxaca, cuyas autoridades informaron la ausencia de sanciones penales por cinco años consecutivos. En esta edición del corruptómetro se suman a la lista de administraciones sin resoluciones condenatorias los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.

La información recabada por la ONEA México permite conocer que 72.9% de las determinaciones judiciales correspondió al delito de cohecho; de las cuales 90% fueron emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pese a ser el delito con la mayor incidencia, el abuso de autoridad únicamente conformó 5.9% de las sentencias dictadas.

Otra variable analizada por la organización es la incidencia e impunidad administrativa, entendida como la detección y penalización de aquellas conductas que, sin actualizar propiamente un hecho delictivo, configuran faltas a las atribuciones concedidas a los funcionarios para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión.

Los resultados en este rubro exhiben una frecuencia casi cuatro veces mayor que en materia penal, al registrar 78 mil 355 expedientes aperturados sólo durante 2022. Esto representa un incremento de 54.66% en relación con las 50 mil 663 investigaciones iniciadas la anualidad anterior.

Pese a una disminución de 1.81 puntos porcentuales, la impunidad administrativa se colocó en una media nacional de 92.11%; en suma, la facultad sancionatoria sólo fue ejercida en seis mil 183 casos, equivalente a 7.89 por ciento.

La figura más utilizada para la aplicación de sanciones fue la amonestación privada, empleada en 52% de las determinaciones. Le siguieron la inhabilitación temporal (20.07%), la amonestación pública (18.30%), la suspensión del empleo (6.66%), la destitución (1.56%) y las penas económicas (0.7%).

Los parámetros más elevados de impunidad se observaron en Nayarit y Sinaloa, con un reporte de cero resoluciones de responsabilidad. Detrás se ubican Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo y Guanajuato, todos con indicadores superiores a 99%; a excepción de Chihuahua, estas entidades presentaron, a su vez, un aumento en sus valores de impunidad en el periodo 2021- 2022.

Además de las variables objetivas, el índice considera la percepción ciudadana como un elemento fundamental para la adecuada evaluación de la legitimidad y desempeño de las instituciones del Estado. En ese ámbito se detectó un decrecimiento de 2.4% en la sensación general de corrupción, asentándose en 64.7% poblacional.

Esta disminución ocurrió en 21 de las 32 entidades del país. No obstante, 93.75% del territorio se mantuvo con un promedio de percepción de corrupción superior a la mitad de sus habitantes.

El ranking

Chihuahua se posicionó como la entidad peor calificada por el corruptómetro, con un puntaje de 61.8 sobre 100. Ello atiende a la concurrencia de altas tasas de incidencia e impunidad penal y administrativa, así como al empeoramiento de la percepción de su ciudadanía hacia sus autoridades locales.

La entidad gobernada por Maru Campos concentró la incidencia administrativa más elevada del país, asentándose en 362.23 casos por cada 100 mil habitantes. A su vez, es el tercer estado con la mayor impunidad en este rubro, con 99.98 por ciento.

El Poder Judicial chihuahuense reportó no haber emitido ninguna sentencia condenatoria por delitos de corrupción. Paralelamente la percepción ciudadana mostró el segundo incremento más significativo a escala nacional, con un crecimiento de 8 por ciento.

Estas cifras ocasionaron que la entidad transitara de ser el sexto al primer estado de la República con la prevalencia de corrupción más significativa.

Detrás se ubican la capital del país y el Estado de México, respectivamente, con la segunda y tercera peor evaluación del Índice de Corrupción Estatal. Los acompañan, en orden descendente, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California, Puebla, Hidalgo, Morelos y Coahuila, conformando las 10 entidades con los mayores indicadores de corrupción del país.

Por segunda ocasión consecutiva Querétaro se colocó en la última posición del ranking, con una calificación de 27.31, la cual se considera dentro del estándar de corrupción “media”. El estado se caracterizó por bajos niveles de incidencia e impunidad penal, elevados en materia administrativa y una percepción ciudadana de corrupción de 60.7 por ciento.

Los datos reportados por el Tribunal Superior de Justicia queretano demuestran un progreso en el abatimiento del rezago de indagatorias de años anteriores, pues, pese a que no se inició ninguna carpeta de investigación por delitos de corrupción en 2022, la autoridad judicial resolvió la sanción penal de servidores públicos en cinco indagatorias.

Además de la entidad bajo el mando de Mauricio Kuri, los valores más bajos de prevalencia de corrupción se detectaron en Tlaxcala, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa, Yucatán, Chiapas, Veracruz y Guerrero.

Delitos de corrupción, un concepto abstracto

La metodología utilizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía impide conocer el tipo penal y la falta administrativa investigada en cada indagatoria.

Así, las diferentes manifestaciones de corrupción política se reúnen bajo el amplio –y vago– concepto de delitos “cometidos por servidores públicos”, lo que dificulta el análisis objetivo de este fenómeno en México.

Esta falta de desagregación no sólo se observa en las mencionadas dependencias del gobierno federal, sino que ha impactado negativamente en los registros de incidencia de diversas entidades de la República.

Esta situación se ejemplifica mediante la respuesta otorgada vía transparencia por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual indicó que su Dirección de Información no cuenta con datos correspondientes al tipo delictivo y/o la dependencia de adscripción del servidor público señalado como responsable en virtud de que estos sólo se integran en los términos requeridos por el Secretariado Ejecutivo.

Para la ONEA México resulta fundamental que las bases de datos federales y locales cuenten con un nivel de registro más profundo; que comprenda, al menos, los tipos penales y las causales de radicación de las investigaciones iniciadas contra funcionarios del Estado. Más aún tratándose de conductas antisociales graves como la corrupción política.

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Juegos de poder

Otro posible caso de corrupción

Leo Zuckermann | Excelsior

A diferencia del sexenio anterior, poco se habla de la corrupción gubernamental en los medios de comunicación. ¿Será porque hay menos casos que en el pasado o será que los medios no quieren entrarle al tema para no despertar el enojo de Palacio Nacional?

Lo que hay que reconocer es que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sigue realizando la extraordinaria labor de desenmascarar posibles casos de corrupción, tal y como lo hizo el sexenio pasado.

Una nueva investigación de Iván Alamillo demuestra cómo un amigo de uno de los hijos del Presidente, Andrés Manuel López Beltrán, popularmente conocido como Andy, se ha beneficiado de contratos adjudicados de manera directa para vender medicinas a los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco (el reporte completo se puede leer en https://contralacorrupcion.mx/del-insabi-a-gobiernos-morenistas-asi-bene…).

A continuación, gloso los hallazgos de esta investigación. Andy es amigo de Jorge Amílcar Olán Aparicio, propietario de una empresa de reciente creación: Romedic. A pesar de que este negocio se encuentra boletinado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por ser un distribuidor de medicamentos que incumple con la regulación sanitaria, los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco le otorgaron contratos por más de 490 millones de pesos, en adjudicación directa, para la compra de medicamentos y equipo de curación.

Andy y Olán Aparicio también son amigos y mantienen relaciones de negocios con César Mauricio Calderón Alipi, hermano de Alejandro Antonio Calderón Alipi, actual director general del IMSS-Bienestar y excoordinador nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del Insabi, dependencia de donde salieron los recursos federales que terminaron beneficiando a Romedic.

Romedic declaró al gobierno quintanarroense que su dirección se encontraba en el número 238 de Avenida Universidad, en la colonia El Recreo, en Villahermosa, Tabasco. Ahí acudió el personal de la Cofepris durante su visita de verificación. Sin embargo, en ese lugar se encuentra una tienda Euroceramic y una gasolinería.

Perdón, pero sí suena muy sospechoso que un amigo de Andy haya creado una nueva empresa distribuidora de medicinas, con domicilio en un comercio que vende revestimientos cerámicos, y de pronto haya conseguido dos jugosos contratos de los gobiernos de Mara Lezama y Adán Augusto López pagados por una institución federal que opera otro amigo de Andy.

En el sitio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad pueden observarse todos los documentos de estas transacciones, las pruebas de la amistad del hijo del Presidente con los personajes mencionados y la fotografía del domicilio de Romedic, donde hay una tienda Euroceramic.

Al día siguiente de que se dio a conocer la investigación, el Presidente negó que Andy tenga que ver con este asunto: “¿Qué tiene que ver mi hijo? A ver, díganme ustedes. O sea, si demostraran que él es socio de la empresa, que hay un escrito en donde él le pide al gobierno de Quintana Roo que le den el contrato, él recomienda o así como escucha Claudio X. González y sus secuaces por teléfono, porque hacen espionaje, que den a conocer la grabación en donde Andrés le pide el favor a un funcionario para que le entreguen el contrato. Nada. Es nada más porque, supuestamente, es amigo del que recibe el contrato”.

Y remató el Presidente: “Ni amiguismo ni influyentismo ni nepotismo ni corrupción, ninguna de esas lacras de la política. Por eso somos distintos y por eso no han podido ni podrán”.

¿Es suficiente esta explicación para darle carpetazo a este nuevo caso de posible corrupción del gobierno actual?

Pues parece que sí porque, salvo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus, el medio donde se dio a conocer la investigación, prácticamente nadie está hablando de este tema.

Si en algo es diferente este gobierno a los anteriores es que no se arman grandes escándalos por posibles casos de corrupción. Tan sólo imaginemos, por un momento, que algo similar se hubiera revelado en los sexenios pasados de Peña o de Calderón. Amigos de los hijos del Presidente obteniendo contratos multimillonarios por medio de adjudicaciones directas a una empresa de reciente creación sin experiencia alguna en la distribución de medicinas.

¿Qué estaría diciendo el opositor López Obrador al respecto? ¿Se quedaría satisfecho con la explicación de que el hijo del Presidente no es socio de la empresa o que no existen pruebas de su involucramiento directo?

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Arsenal

AMLO y las “Cinco T” de Xóchitl

Francisco Garfias | Excelsior

Al presidente López Obrador le estorban los contrapesos y la rendición de cuentas. Es una verdad que no necesita ser comprobada.

En el último año de su gobierno vemos cómo quiere desmontar todo ese “aparato” integrado por órganos autónomos que, asegura, fue creado paralelo al gobierno “para tener el control de todas las decisiones del poder público”.

No se conforma con haberles reducido el presupuesto en el 2024, sino que ya anunció que, antes de irse, enviará al Congreso una iniciativa para desaparecer los citados órganos autónomos “que no le sirven al pueblo y están al servicio de las minorías”.

Mencionó, en primer lugar, al Inai, encargado de la transparencia, el acceso a la información y la protección de tus datos personales.

A ese instituto lo ha ido mermando poco a poco. Ya sólo tiene cuatro de los siete comisionados que integran su pleno.

Los senadores, facultados para designar sustitutos de los que terminaron su periodo, tienen prohibido elegirlos, a pesar de que una resolución de la SCJN les ordena hacerlo antes del 15 de diciembre próximo.

El Inai está incompleto desde abril de 2022.

La CRE, que regula el mercado en materia energética (electricidad e hidrocarburos), también está en su lista de órganos que quiere eliminar. A esa lista se agrega el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que vigila el uso y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión en México.

Y la Cofece, órgano encargado de garantizar las condiciones de libre competencia en los mercados.

* No hay duda de que AMLO siempre ha querido manos libres para manejar a su antojo todas esas áreas. La bronca es que Morena y rémoras no tienen mayoría calificada (dos tercios de los votos) en el Congreso para reformar la Constitución.

¿Será que hoy cuenta con los legisladores de Movimiento Ciudadano y algunos de otros partidos para liquidar los citados órganos autónomos?

Le preguntamos al senador Damián Zepeda, cuyo conocimiento de los temas nacionales está fuera de duda, sobre el anuncio de AMLO: “Bajo ningún motivo le vamos a dar los votos para poder acabar con los órganos autónomos en este país. Estos fueron creados bajo la lógica de que había funciones que eran de Estado y no de gobierno.

“Los temas son tan importantes que requieren despolitizarse, porque en muchos de esos casos regulaban o tenían competencia sobre el propio gobierno. En el Inai, por ejemplo, la mayor parte de las solicitudes de información son hacia el propio gobierno.

“Los ciudadanos quieren saber cómo el gobierno utiliza el dinero público. Si la decisión de cómo se gasta depende de ellos, no tendrías tú un lugar objetivo dónde buscar. Tu derecho a la información quedaría desprotegido. Por eso hace todo el sentido del mundo que el Inai tenga autonomía”, explicó.

Dijo más: “En telecomunicaciones también se consideró siendo una materia con tanto interés económico particular, lo adecuado es tener una instancia que tenga un régimen de independencia. Lo que quiere el Presidente es él mismo regularse y tomar decisiones”, puntualizó.

La diputada María Elena Pérez-Jaén, alguna vez comisionada de lo que hoy es el Inai, sintetizó la idea de desaparecer los órganos autónomos en dos palabras: “Es estúpido”.

* Xóchitl Gálvez se comprometió ayer a no decirle al Presidente “¡cállate, chachalaca!”. Porque le parece una falta de respeto.

“A diferencia de usted —subraya la precandidata presidencial de oposición en un video—, yo sí respeto las leyes, las instituciones y la investidura presidencial”.

Lo que sí enumeró es lo que debe hacer, “las cinco T”:

1.- Tome la Constitución en serio, como la Ley Suprema que prometió cumplir.

2.- Trate al Tribunal Electoral como un organismo del Poder Judicial y respete la división de poderes.

3.- Tolere la voluntad de los ciudadanos que piensan distinto a usted.

4.- Tranquilice sus ansias de meterse en las campañas.

5.-Trabaje de Presidente y no de jefe de campaña de su precandidata.

Suena bien, ¿no?

* La muerte de la mamá del Chapo Guzmán mereció ayer un sentido comentario de López Obrador en la mañanera.

“Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y también consideración a sus familiares, a todos los que pasan por esos trances. Nada humano me es ajeno y no hay que odiar”, aseguró. Lo dice el hombre que todos los días atiza el odio entre clases: el hombre que ha hecho de la opacidad la zona más truculenta de la 4T.

Ese respeto y consideración hacia los familiares de la mamá del Chapo no la tuvo el mandatario con los seis jóvenes estudiantes recientemente asesinados en Celaya, Guanajuato. Peor. Los acusó de estar metidos en drogas, lo cual ya quedó plenamente desmentido.

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Astillero

Crimen organizado y temporada electoral // Cada vez más balazos // NL: la familia fosfo fosfo // AMLO, MC, ¿pacto?

Julio Hernández López | La Jornada

A partir de lo sucedido en Texcaltitlán, en el estado de México (donde pobladores enfrentaron a cobradores de piso del crimen organizado, con 14 muertos como saldo), se ha potenciado el debate respecto a la política obradorista sintetizada de manera discursiva en la frase ¡abrazos, no balazos!

Ya en el tramo final de su gobierno, con menos de un año por delante, el presidente López Obrador sigue sin poder avanzar de manera notable en un terreno cargado de graves herencias panistas (Felipe Calderón, el iniciador de la guerra contra el narcotráfico) y priístas (el sexenio de negocios atroces del peñismo, ahora intocable), pero también de la propia ineficacia de la administración en curso, a pesar del enorme gasto público destinado a las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

El denso universo de intereses relacionado con el crimen organizado incluye a autoridades municipales y estatales, el aparato judicial y las fiscalías en sus tres niveles y policías en general, en una anquilosante corrupción institucionalizada, y militares que (entre los caudales de acceso fácil que ofrecen los criminales organizados) han sido emplazados más a sobrellevar la crisis de seguridad pública nacional que a impulsar y garantizar mejorías suficientes y evidentes.

Sin que hubieran triunfado los abrazos (entendidos como la aplicación de políticas asistenciales que disuadieran a los jóvenes de engrosar filas delincuenciales, y de una especie de doctrina presidencial propiciadora del amor y la tutela familiar), sino los balazos, el tema del combate eficaz al crimen organizado llega a su cita con la temporada electoral, en la que es de preverse que intereses de élites beneficiadas con estos negocios oscuros, o cuando menos con capacidad de utilizar tales recursos y efectivos, puedan acelerar confrontaciones y saldos rojos, más allá del escenario de por sí delicado que se ha vivido en los sexenios recientes, para impulsar la percepción social de incertidumbre e ingobernabilidad.

Luego del golpe devastador a las pretensiones presidenciales de Samuel García, él, su esposa y otros integrantes de Movimiento Ciudadano han concentrado sus esfuerzos en controlar el mayor número posible de posiciones políticas en Nuevo León.

El propio García prefirió regresar sin tardanza al gobierno estatal, advertido como estaba de que un gobernador interino opositor habría de hurgar las cuentas públicas neoleonesas, en las que la Auditoría Superior del Estado dijo haber encontrado inconsistencias por decenas de miles de millones de pesos y en las que también se indagarían los gastos hechos en AMar, la oficina de virtual promoción electoral de Mariana Rodríguez.

Cancelada la opción presidencial, ahora la pareja fosfo fosfo lanza a la parte femenina por la candidatura naranja a la presidencia municipal de Monterrey, que actualmente ocupa Luis Donaldo Colosio Riojas, compadre de Samuel y Mariana. Todo, pues, en familia.

Llamó la atención que el presidente López Obrador, usualmente tan crítico de amiguismos, compadrazgos y demás vicios de la política, expresara una especie de apoyo a la postulación de la influencer Rodríguez. Dijo el tabasqueño que tiene sus simpatías, pleno derecho a aspirar a una candidatura y que hasta podría decir que ella es una mujer exitosa.

Las amables palabras del hombre de las mañaneras tienen como contexto las insistentes versiones de que hay un pacto no escrito entre MC y Palacio Nacional, que se ha expresado en el apoyo al gobernador García y ahora a la irrupción de Mariana; en el anuncio, luego un tanto diluido, de que MC romperá el bloque de contención legislativa que formaba con PRI, PAN y PRD, y que la naranja candidatura presidencial que surja habrá de ayudar a dividir el voto opositor, para facilitar o consolidar el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum.

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México SA

Hambre e inflación // Millones sin comida // Premio a Laynez

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Próximas ya las tradicionales cenas de Nochebuena y fin de año en gran parte del planeta, la población se prepara para las celebraciones, hace sumas y restas –más las segundas que las primeras– para calcular lo que podrían llevar a sus respectivas mesas, y el panorama no es grato: la inflación ha mermado sustancialmente el poder adquisitivo de su ingreso mínimo, el cual, en términos generales, ha aumentado muy por abajo del crecimiento de precios.

México es de los escasos países donde los incrementos al salario mínimo han estado muy por encima de la inflación, pero en otras naciones –la mayoría– tales aumentos han sido negativos en términos reales, en especial si se considera que la mayor parte de ese ingreso se destina a la compra de alimentos.

Según un informe divulgado por el Banco Mundial, “el aumento de los precios de los alimentos internos se mantiene alto: una inflación superior a 5 por ciento se registra en 61.9 por ciento de los países de ingreso bajo (alza de 9.5 puntos porcentuales desde la última actualización hace tres semanas), 80 por ciento de ingreso mediano bajo (disminución de 8.6 puntos porcentuales) y 50 por ciento de ingreso mediano alto (baja de 12 puntos porcentuales).

Muchos países experimentan inflación de dos dígitos. Además, 60 por ciento de los países de ingreso alto (disminución de 7.3 puntos porcentuales) padece tasas elevadas de inflación de los precios de los alimentos. Los países más afectados están en África, América del Norte, América Latina, Asia meridional, Europa, y Asia central. En términos reales, la inflación de los precios de los alimentos superó la general en 76 por ciento de un grupo de 166 países.

De dicho informe se toman los siguientes pasajes: desde el 9 de noviembre pasado, los índices de los precios agrícolas y de exportación subieron 2 y 6 por ciento, respectivamente, mientras el de los costos de los cereales bajó 3 por ciento. El aumento del índice de precios de exportación fue impulsado por la subida de precios del cacao, café (arábica) y algodón. Entre los cereales, los precios de maíz y arroz bajaron 5 y 2 por ciento, en cada caso, mientras los del trigo aumentaron 2 por ciento.

Las estimaciones y proyecciones actualizadas ponen de relieve que las condiciones de seguridad alimentaria global se estabilizan lentamente, pero las disparidades entre los grupos de ingresos van en aumento. Las cifras preliminares indican que la inseguridad alimentaria mundial pudo haber alcanzado un nivel máximo de 11.9 por ciento entre 2020 y 2022, y las perspectivas a largo plazo siguen siendo inciertas.

El aumento sostenido de la inseguridad alimentaria comenzó en 2014, aunque las proyecciones apuntan a que se estabilizará en el periodo 2024-25. Sin embargo, existe el riesgo de que las mejoras de la tasa de prevalencia se estanquen y se registre una nueva cifra récord de 943 millones de personas afectadas por inseguridad alimentaria grave, de aquí a 2025. De cara a 2028, se prevé que la población mundial en situación de inseguridad alimentaria grave llegará a 956 millones. En un escenario económico desfavorable, si los bancos centrales no controlan la inflación y aplican nuevas restricciones, presionando el crecimiento a la baja, esta cifra por poco no ascenderá a mil millones en el periodo de previsión.

Aunque se espera que la seguridad alimentaria mundial se estabilice, los datos a nivel de grupos de ingresos revelan que las mejoras en los países de ingreso mediano alto impulsan con predominio esta tendencia. Se anticipa que en los países con entradas mediana bajas sólo habrá mejoras a corto plazo y desaceleración general en la tendencia alcista a largo plazo. Mientras, en los países de ingreso bajo subirá de nuevo la cantidad de personas con inseguridad alimentaria grave. Estas disparidades son más amplias que en previsiones anteriores.

Las rebanadas del pastel

Por su resuelta labor en contra del país y la salvaguarda de sus intereses, los de sus colegas y los de su clientela, el ministro Javier Laynez Potisek obtuvo el Premio Nacional a la Deshonestidad, por ser el más tenaz de los defensores de causas que tienen que ver con la corrupción. El galardón va por cortesía del presidente López Obrador … Y en el vodevil del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su aún presidente, el apestado Reyes Rodríguez Mondragón, se niega a dejar el hueso.