Lo que dicen los columnistas

Razones

¿De qué golpe de Estado hablan?

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

En Palacio Nacional ahora les ha dado por hablar de golpe de Estado, como lo hacían cotidianamente desde 2019 hasta 2021. Lo dice el presidente López Obrador y lo repiten sus coristas. Ahora el Presidente invoca el golpe de Estado, nada más y nada menos que para apoyar al fallido candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, en su intento (ya caducado) de mantener esa candidatura, nombrar a su sucesor en Nuevo León y desconocer al mandatario interino que votó el Congreso local.

López Obrador defiende a García porque la labor de Samuel era apoyar tácitamente a Morena haciendo el trabajo sucio contra la campaña de Xóchitl Gálvez. Ignorando conscientemente, incluso, que lo único parecido a un golpe de Estado es lo que intentó Samuel cuando ordenó a su gente invadir el Congreso de Nuevo León para tratar de impedir que se eligiera a un gobernador interino luego de que el propio gobernador había solicitado licencia por seis meses. El episodio recordó a las huestes de Trump invadiendo el Capitolio el 6 de enero de 2020 para tratar de impedir que se legitimara el triunfo de Joe Biden.

No llega a golpe de Estado, pero sí a un flagrante desacato, el que García haga publicar lo que sea en el Periódico Oficial (equivalente al Diario oficial) del estado sin ser el gobernador en funciones, en este caso anunciando que reasume el cargo, sin haberlo comunicado antes al Congreso. Como lo es que García desconozca las resoluciones de la Suprema Corte sobre su pedido de licencia y la designación de su sustituto por el Congreso local.

Habrá que ver qué sucede con García, con las denuncias de desacato y si la fiscalía local decide investigar y castigar a los responsables de la invasión al Congreso de Nuevo León. Pero, como hemos dicho, García perdió la candidatura, puede perder definitivamente el gobierno de Nuevo León y perdió su credibilidad política.

Pero volvamos al tema del golpe de Estado. Pareciera que se quiere inseminar la idea como una estrategia electoral de miedo y como una coartada ante una hipotética elección cerrada en junio. El problema ante este discurso es que no hay ni posibilidad ni intención alguna de golpe de Estado y, en todo caso, viendo cómo se ha movido el gobierno federal estos años podríamos estar más cerca de un autogolpe, que es lo que en realidad intentó Samuel García.

Para que haya un golpe de Estado, tiene que haber un derrocamiento del gobierno legítimo impulsado por un levantamiento militar, eso es válido desde el de Huerta, que derrocó a Madero, hasta los golpes de Pinochet o Videla en los años 70, en Chile y Argentina, respectivamente. En todos esos casos, y en muchos más, es clave que las fuerzas armadas desconozcan el poder constitucional e impongan un gobierno por la fuerza, que puede estar encabezado por militares o civiles. Ese escenario no existe en el México de hoy.

No es la primera vez que en México se habla de supuestos golpes militares. En la época moderna, desde que existen gobiernos eminentemente civiles en el país, invocaron esa posibilidad los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo. Se volvió a hablar del tema en momentos críticos del gobierno de Miguel de la Madrid y en el 94, luego del levantamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y también en plena crisis del 95 con Ernesto Zedillo. Algunos dijeron en 1997, cuando por primera vez el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados, que eso sería impedido de cualquier forma; otros pensaron lo mismo cuando asumió Vicente Fox, y se volvió a especular con ello en la crisis electoral de 2006.

Pero nunca, en ninguna de esas ocasiones, hubo una posibilidad o una hipótesis seria de un golpe de Estado, nunca las Fuerzas Armadas mexicanas operaron para desconocer el gobierno en turno. El Ejército, la Marina, y la Fuerza Aérea mexicanas son profesionales y cumplen con su deber: se puede o no estar de acuerdo con ellos, pero no han tenido nunca en la época contemporánea la tentación de hacerse con el poder. Por supuesto que tampoco lo percibo ahora y no conozco a nadie, que conozca a las Fuerzas Armadas, que lo esté planteando.

Las Fuerzas Armadas son garantes de la Constitución y la legalidad y mientras exista un gobierno, éste o cualquier otro, que se enmarque en esa condición, lo respetarán y le darán su lealtad. Después, como ocurre ahora, se le pueden atribuir a las Fuerzas Armadas mayores o menores responsabilidades (incluso hasta el exceso, como ocurre en algunos temas en la actualidad), pero se trata de políticas públicas, acertadas o no.

Como en su tiempo lo hizo desde la oposición López Obrador, todo el mundo está en su legítimo derecho de protestar contra las políticas, los funcionarios y sus estrategias. No estar de acuerdo con el Presidente no implica propiciar un golpe de Estado, implica ejercer un legítimo derecho. Obligar a que Samuel García respete la ley no implica darle un golpe de Estado. Más allá del discurso cotidiano tampoco están en esa lógica el Poder Judicial ni los distintos factores de poder que existen en el país. Es el oficialismo el que insiste sobre algo que no tiene rastro alguno de verosimilitud.

Lo que sucede es que quienes exigen que exista un pensamiento homogéneo en torno al gran líder, son los verdaderos autoritarios, los que desean que no haya ni protesta ni discrepancia alguna, son los que piensan en términos golpistas. No entienden que se descalifican a ellos mismos.

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Juegos de poder

Lo de Nuevo León podría ser un juego de niños

Leo Zuckermann | Excelsior

Nuevo León, uno de los estados más poblados y prósperos de México, ha vivido una crisis política en los últimos días. No se lo merecen, desde luego, los nuevoleonenses, que son gente trabajadora y echada para adelante. Al escribir estas líneas, gracias a la oportuna intervención de la Suprema Corte y la sensatez del Congreso local, ya sabemos que el gobernador es Samuel García. En esta columna, sin embargo, me gustaría argumentar que esta lamentable situación podría ser un juego de niños comparado a lo que podría suceder a nivel nacional por culpa de la revocación de mandato.

De acuerdo a la Constitución federal, la revocación de mandato del Presidente se lleva a cabo tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Se trata de una consulta popular, organizada por el Instituto Nacional Electoral, que se realiza después de las elecciones intermedias de la Cámara de Diputados.

Vamos a poner uno de los peores escenarios posibles. Digamos que el Presidente es del partido X. Durante las elecciones intermedias, a X le va mal en las urnas y no logra una mayoría simple en la Cámara de Diputados. Esto ya ocurrió en 2003 y 2009 en los sexenios de Fox y Calderón. Entonces no había revocación de mandato. Ahora sí.

Supongamos que, en el siguiente gobierno, la Presidenta en turno pierde la votación para permanecer en su cargo. Tendría que irse de manera obligada. Por tanto, la titularidad del Poder Ejecutivo la asumiría provisionalmente el presidente de la Cámara de Diputados. Con toda probabilidad sería un opositor porque el partido X habría perdido las elecciones intermedias.

Pero todavía viene lo peor.

En treinta días, el Congreso tendría que nombrar al sustituto que concluiría el periodo constitucional del Presidente depuesto en la revocación de mandato. Para ello se requiere un quórum de dos terceras partes del Congreso constituido en Colegio Electoral. Es decir: un tercio de diputados o senadores podría reventar el quórum y hacer imposible dicho nombramiento, que debe realizarse por mayoría simple.

Imaginemos la politiquería de los legisladores para nombrar a un nuevo Presidente. Cada facción parlamentaria propondría uno de los suyos. La oposición argumentaría que, como el Presidente en turno perdió el mandato, y ellos tienen mayoría en el Legislativo, debería ser un opositor. Los del partido X aducirían que ellos habían ganado la elección presidencial original y que tiene más legitimidad un gobernante producto del sufragio popular que uno nombrado por el Congreso.

Recordemos, además, que X contaría con una palanca muy poderosa para negociar: rehusarse a participar en la sesión y evitar, así, la existencia del quórum requerido por la Constitución para designar a un nuevo Presidente.

¿Qué pasaría si el Congreso no se pone de acuerdo en treinta días?

Pues, como vimos en Nuevo León, todo el mundo andaría preguntando quién es el presidente de México.

En el mejor de los casos, después de un toma y daca de la política en el Congreso, seguramente quedaría un Presidente de compromiso, es decir, un debilucho con pocos apoyos reales en la clase política nacional. Y este personaje tendría que “gobernar” (sí, entre comillas) los últimos dos años del sexenio.

Las constituciones se redactan tomando en cuenta todos los efectos que sus disposiciones pueden generar, en particular los peores escenarios. En este sentido, la revocación del mandato engendra un terrible problema para la gobernabilidad del país.

Increíble que la oposición actual haya aprobado este esperpento de reforma constitucional que puede acarrear consecuencias muy negativas para el país. Una barbaridad de políticos cortos de miras que no quisieron oponerse a una de las peores ocurrencias de López Obrador.

En el fondo, la inestabilidad política nuevoleonesa ocurrió por un enfrentamiento entre el Ejecutivo (controlado por MC) y el Legislativo (donde PAN y PRI tienen mayoría). Esta situación, que tiene en un brete a ese estado, es un extraordinario ejemplo de lo que podría ocurrir magnificado a nivel nacional por culpa de la revocación del mandato.

¿Quién va a querer invertir en un país donde el Presidente tiene que presentarse, un poquito después de la mitad del camino, a una elección para ver si se queda en el poder y, si pierde, lo sustituye un Presidente prácticamente de adorno?

Prioridad número uno para la siguiente Legislatura: derogar la revocación del mandato o, por lo menos, legislar para otorgarle mayor certidumbre al nombramiento de un Presidente sustituto.

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Astillero

Samuel, ¿victoria pírrica? // Interinato e ilegalidades // Xóchitl pide ayuda a EU // Volteen a ver lo que pasa

Julio Hernández López | La Jornada

El desenlace de una primera parte de la telenovela norteña estelarizada por Samuel García y Mariana Rodríguez parece, en primera lectura, una fatigosa y mínima victoria de la pareja fosfo fosfo. Batalló, pero logró regresar el gobernador de Nuevo León al mismo lugar del que había partido para intentar una aventura presidencial sin mucho sustento.

Dejó Samuel García de ser aspirante a la banda tricolor en el pecho, se exhibió como imperito grave en materias jurídica, política y electoral, sumió a Nuevo León en la incertidumbre e incluso el riesgo de violencia física, llegó a niveles ridículos en lo personal y entrampó al partido Movimiento Ciudadano, que quedó francamente chamaqueado, pero… uf, pudo regresar al mando neoleonés antes de que sus adversarios le hurgaran cuentas mediante un gobernador interino de bando contrario.

La presunta victoria, sin embargo, podría ser pírrica. Pues, en aras de regresar al control de las combinaciones de las cajas fuertes presupuestales, con sus haberes y faltantes, se reconoció lo que el jurista Francisco Burgoa precisó en un tuit: Samuel García sí gozó licencia desde las 0:00 horas del 2 de diciembre de 2023 hasta las 14:08 horas del 4 de diciembre de 2023; en ese tiempo, SG no era gobernador en funciones. Lo anterior, para los efectos legales procedentes.

El periodista regiomontano César Cepeda lo planteó así: “Para el @CongresoNL, con estos acuerdos aprobados hoy en el pleno incluso por la bancada de @MovCiudadanoNL, se deduce que todos los actos que realizó @samuel_garcias durante sábado, domingo y parte de lunes fueron ilegales”.

¿Acuerdo político final entre MC-Samuel y PRI-PAN? ¿Olvido concertado de sus ilegalidades cometidas cuando había un gobernador interino? ¿Guerra judicial continuada?

Uno de los políticos más activos en México es el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien suele reunirse con gobernadores, empresarios, deportistas, líderes partidistas, opositores, miembros del gabinete federal y, como nunca en la agenda de los antecesores diplomáticos, frecuentemente con el Presidente de la República.

Ayer dio una muestra más de ese manejo político al informar mediante las redes sociales de los encuentros que sostuvo con las dos aspirantes presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, a quienes mencionó en este orden. La composición gráfica consistió en sendas imágenes en un solo mensaje, aunque más cerrada la toma correspondiente a la opositora, con las banderas de México y Estados Unidos como testigos. También en redes, ambas invitadas dieron cuenta de la reunión con sobriedad declarativa, diríase que protocolaria.

Pero la virtual panista Gálvez luego declaró: le dije básicamente (al embajador Salazar) que yo estaba sufriendo un ataque poco democrático del gobierno, porque ahora no sólo me atacan a mí, apoyan a un tercer candidato para que me ataque. O sea, hoy lo vimos claramente en la mañanera; o sea, no sé de dónde saca tanto dinero Samuel para pautar los pocos días que estuvo. Fue impresionante cómo tiene un apoyo del Presidente de la República, y eso no es democrático. Yo sí le dije, pues a ver, volteen a ver lo que está pasando en México (nota de Víctor Gamboa: https://goo.su/UZf8yv).

La invitación o petición a Estados Unidos para que tienda (no sólo) la vista fue acompañada por la candidata de la coalición ahora denominada FUC (¿cuántos cambios de nombre lleva ese frente tripartidista?) de una especie de guiño u oferta: le dejé claro que yo no me vinculo a gobiernos autoritarios o que no sean democráticos, o sea, se lo dije abiertamente, yo no invitaría a desfilar a Venezuela ni a Cuba como presidenta de este país.

El esfuerzo de adherencia xochitleca a las necesidades geopolíticas de Washington y la solicitud de intervencionismo, aunque fuera solamente visual en los asuntos políticos mexicanos, pareciera un SOS ante el estancamiento electoral del citado FUC (Fuerza y Corazón por México, en español).

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México SA

Concluyó sainete regio? // Prian, carroñero y pirata // Samuel García, reinstalado

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Más allá del alocado cuan inexperto proceder de Samuel García y del ridículo (uno más) protagonizado por Movimiento Ciudadano, el sainete regio –no al revés– demostró, por si a estas alturas alguien todavía dudara de su proceder, que la mafia prianista es carroñera, que en su actuar muestra y presume sus viejas mañas y que en cada enjuague en el que participa, que son muchísimos, lo único que la guía es el signo de pesos, siempre al grito de al abordaje y con el Poder Judicial atrás de ella. Y ahora peor enseña el cobre, porque acumula cinco años de hambre presupuestal, de severa anemia por falta de moches, lo que la pone más feroz y nerviosa.

Bien lo resumió ayer el presidente López Obrador: “esos moches se hicieron famosos en el Congreso. Eso empezó con Calderón y se aplicó también con Peña Nieto. Entonces, es una especie de chantaje: ‘¿Quieres mi voto? Necesito esto’. Y es lo que padece Samuel en Nuevo León … Sin duda, le condicionaron la aprobación del presupuesto a que tenía que dar un soborno. Y él ha acusado a los líderes del PRI y del PAN, que son los que están chantajeándolo. Ese es el origen del pleito más el asunto electoral, que fue lo que ya rebasó, fue la gota, no gota, sino el chorro que rebasó el vaso, o sea, ya se vino está crisis. Pero es eso… Y quedó la costumbre, hasta el sexenio pasado, para que aprobaran el presupuesto se tenían que entregar moches a los diputados”.

Pero en el caso de Nuevo León la mafia prianista fue más allá: exigía moches, sí, pero mucho más para que Samuel García siguiera en campaña, como una bolsa de 2 mil 500 millones de pesos para consumo de su élite, evasión fiscal garantizada y legalizada para los de arriba, impunidad judicial para sus huestes ladronas a más no poder y otras menudencias, siempre con el indeleble sello de la casa, es decir, al abordaje.

El fosfo fosfo denunció que recibió una carta de “ prianistas (“estos güeyes del Prian no te dan nada, son más largos que la cuaresma”) con 11 peticiones, y el candidato-excandidato-gobernador-exgobernador-gobernador decidió hacer pública la parte medular de su contenido: la primera, 2 mil 500 millones para el año entrante; la segunda, (echar para atrás) desístete de todas las carpetas penales contra Francisco Cienfuegos y Adrián de la Garza (líderes de facto del PRI) y Raúl Gracia y Zeferino Salgado (líderes de facto del PAN), aunque están en la Fiscalía General de la República, porque todos traen facturas, y robaron, puro bandido.

Golosos, pidieron más: el tercer punto es no pagar impuestos los siguientes cinco años; así, que les diéramos un blindaje Olimpia fiscal; imagínense, los más ratas, aparte no querían pagar impuestos, cómo iba yo a ceder a que los más malandros no pongan lo que tienen que poner. La cuarta petición, que Adrián de la Garza (una joya del hampa autóctona) fuera fiscal del estado por nueve años”. Se saltó el pedido número cinco y se fue al seis: creo que es tesorero de San Nicolás, un bandido, se enriqueció vendiendo facturas 20 años, se apellida Reynoso, ese güey, auditor superior del estado, nueve años, así, pura barbaridad ( La Jornada, Raúl Robledo, corresponsal). Las seis restantes las dejó en reserva, para cuando se ofrezca.

Samuel García aseguró que su decisión de “no dejar al interino impuesto por el Prian” se debió a que se hubieran robado los recursos. Cómo iba ceder a la vieja política de nuevo ser gobierno, en una hora se hubieran depositado a sus cuentas toda la lana. Ya traería Paco Cienfuegos 4 mil millones en la cuenta de la señora, ¡ni madres!, por eso nos quedamos en Nuevo León, porque es prioridad y no es excusa. Son unos corrientes, el PRI y el PAN de Nuevo León, lo digo con todas sus letras, son lo más corriente que he visto en mi vida (ídem).

Cierto es que las citadas peticiones prianistas no resultan novedosas, toda vez que durante el régimen neoliberal esa fue la práctica cotidiana en los tres niveles de gobierno y del inquilino en turno de Los Pinos para abajo, cuando el presupuesto servía para maicear, para que nadie protestara; ni modo que el que ganaba 600, 700 mil pesos, iba a oponerse a la corrupción. Por eso el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno, por eso también había y sigue habiendo instituciones que no sirven para nada, comentó el presidente López Obrador.

Las rebanadas del pastel

Ya son muchos chapulines incrustados en su campaña, pero, en concreto, ¿qué hace Javier Corral, odiador serial de la 4T, en el equipo de Sheinbaum? ¿Dónde quedó el control de calidad?