Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
¡Qué gran presidente pierde México!
Samuel García, por virtud de la licencia, no es gobernador de Nuevo León; en el mejor de los casos pudiera ser una autoridad de hecho. Por seguir ejerciendo funciones de gobernador debe negársele el registro de su candidatura a la Presidencia.
Elisur Arteaga Nava
Proceso
Samuel García, en su intento de imponer a su sucesor y de realizar actos de autoridad propios de un gobernador y hacerlo a partir del día 2 de diciembre de 2023, ha realizado actos que lo imposibilitan para ser candidato a la Presidencia de la República. Las autoridades electorales, en el momento oportuno, deben negarle su registro.
Samuel García, con posterioridad al día 2 de diciembre de 2023, sigue ejerciendo funciones que son propias de un gobernado; ha pasado por alto lo que dispone la Constitución de su entidad, pretende determinar quién quede al frente del Poder Ejecutivo local e ignora las determinaciones del Congreso local.
Debido a que Samuel García sigue metiendo la cola en los negocios públicos de la entidad, es evidente que se ha suscitado un trastorno interior y que, como van las cosas, pudiera agravarse en los días venideros.
Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, otro político que también está verde, pero que no es tan tonto ni creído como Samuel García, por cuanto a que, reconociendo su juventud, no se dejó acelerar, como sí lo hizo Samuel García, no se aventuró a buscar la candidatura a la Presidencia de la República.
Colosio, el 30 de noviembre último, salió con la puntada de proponer que sea el Senado quien designe un gobernador provisional. No sabe de qué está hablando. Tampoco lo saben otros que están solicitando la desaparición de Poderes en el estado.
El Senado, como parte del Poder Legislativo y por ser autoridad, sólo tiene las facultades que en forma expresa le confiere la Constitución, concretamente la fracción V del artículo 76 de ella. Ese precepto no autoriza al Senado a intervenir en las circunstancias en que actualmente se halla el estado de Nuevo León.
Ciertamente, de conformidad con el precepto antes citado, puede designar un gobernador, pero a condición de que se presenten las siguientes circunstancias: que hayan desaparecido todos los Poderes locales, que la Constitución de la entidad no prevea lo relativo a la suplencia, que haya una certificación de las circunstancias anteriores y hecha la declaración correspondiente, que el presidente de la República haga llegar una terna.
En el caso es evidente que no han desaparecido los Poderes del estado de Nuevo León: ahí está el Congreso local funcionando; el Tribunal Superior de la entidad está integrado y ejerciendo las funciones que tiene conferidas.
En la entidad tampoco se ha presentado el supuesto previsto por la fracción VI del artículo 76, que faculta al Senado a resolver los conflictos políticos que se presenten entre los Poderes de un estado. En el caso concreto, ciertamente, en la entidad hay un conflicto político, pero éste se está dando entre un gobernador con licencia, que por ello no es autoridad, y el Congreso local.
Samuel García no es gobernador de Nuevo León. Lo es Luis Enrique Orozco, nombrado por el Legislativo local. No se presenta el supuesto previsto en la citada fracción VI.
Samuel García, por virtud de la licencia, no es gobernador de Nuevo León; en el mejor de los casos pudiera ser una autoridad de hecho. Por seguir ejerciendo funciones de gobernador, debe negársele el registro de su candidatura a la Presidencia de la República. No reúne le requisitos a que hace referencia la fracción VI del artículo 82 constitucional. Habrá que substituirlo por otro.
En teoría, la solución al problema de Nuevo León se halla en el artículo 119 constitucional:
“Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre y cuando sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si aquella no estuviera reunida.”
En el caso de Nuevo León es evidente que: existe un trastorno interior; de conformidad con la Constitución de Nuevo León, por razón de la licencia al cargo solicitada por el gobernador Samuel García, la facultad de nombrar gobernador le corresponde en forma exclusiva a la Legislatura del estado.
En razón de lo anterior, Samuel García carece de facultades para nombrar a quien lo sustituya en el cargo. La Legislatura estatal está reunida.
Por último, es evidente que en Nuevo León existe un trastorno interior y, por ello, la Legislatura local puede y debe pedir la intervención de los Poderes federales, a fin de que esté en posibilidad de ocupar el cargo la persona designada por la Legislatura.
La solicitud debe ser formulada al presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Gobernación; y el Poder Ejecutivo de la Unión, es decir, el presidente de la República, debe ordenar a las fuerzas del orden federales den posesión al gobernador designado por la Legislatura del estado, por ser la autoridad legítima.
Cuando Vicente Fox Quesada era presidente de la República, ante los trastornos que se presentaron en el estado de Oaxaca, el entonces gobernador, Ulises Ruíz, en unión de los representantes de los Poderes locales restantes, solicitó la intervención ejecutiva prevista en el artículo 119 constitucional. Fox ignoró la solicitud; el conflicto se agravó; en el momento en que se pretendió fincar responsabilidad al gobernador, éste se quitó la culpa aduciendo que el agravamiento de la situación política en la entidad se debía a la inacción irresponsable del presidente Fox; en el momento oportuno se exhibió el texto de la solicitud. Eso fue suficiente para que saliera indemne de la acción que pretendía iniciarse en su contra.
En Nuevo León, si la situación se llegara a agravar, mediando una solicitud en los términos del artículo 119 constitucional, la responsabilidad política y legal recaería en el presidente de la República, AMLO, y no en las autoridades locales.
A partir del 2 de diciembre cualquier acto, por mínimo que sea que realice Samuel García en funciones de gobernador, será un motivo adicional para que se le niegue el registro como candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano.
Es más: en el caso de que haga algún movimiento en el amparo que promovió ante un juez de Distrito de la Ciudad de México, dado que lo hizo como gobernador en funciones, sería una razón más que lo inhabilitaría para ser candidato presidencial.
Ni modo, eso le pasa a Samuelito, por querer repicar y andar en la procesión. La ambición cegó a ese muchacho. AMLO, un viejo lobo de mar, al acelerarlo para que se presentara como candidato a la Presidencia, con el fin de quitarle votos y apoyo a Xóchitl Gálvez, se lo comió vivo, en una palabra: lo chamaqueó.
Noticia de último momento: se informa que un juez de Distrito ha dispuesto que Samuel García no se puede separar de su cargo ni salir de Nuevo León. (UNOtv.com, 1 de diciembre de 2023, 10:46 horas). Qué lástima, México se queda sin alguien que pudo haber sido un gran presidente; nos quedamos huérfanos. Ya será para la otra. La contienda será entre dos mujeres: Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Parodiando a Nerón: ¡Qué gran presidente pierde México!
Arsenal
Hervidero en Nuevo León
Francisco Garfias
Excelsior
En Nuevo León perdieron la brújula. Cada quien jala para su lado. Tirios y troyanos montaron un galimatías alrededor de la licencia al gobernador Samuel García, aspirante de MC a la Presidencia de la República, y sobre el interino que lo reemplazará durante los próximos seis meses..
Al cierre de esta columna había dos gobernadores en Nuevo León: Luis Enrique Orozco, nombrado por el Congreso, y Samuel García. Pero también un inminente encargado de despacho, Javier Navarro, producto del dedazo del emecista. Un escuadrón de policías antimotines entraba a Palacio de Gobierno para asegurar la llegada de Navarro, mientras que afuera se realizaba una “velada” de ciudadanos que reclamaban el cumplimiento de la Constitución local, que le da la facultad al Congreso de designar al interino.
La mecha estaba lista para quien quisiera encenderla. Fue una jornada de contrastes. Por la mañana, el Poder Judicial del Estado otorgó una suspensión que dejó sin efectos la licencia del gobernador García para irse a su precampaña. Pero no podía hacerlo hasta que el interino asumiera su cargo. El actuario que llevó la notificación a Palacio de Gobierno tuvo que pegarla en la puerta, porque nadie se la recibió.Samuel reaccionó en redes sociales. Dijo que el Tribunal del estado “no tiene competencia” para detener su licencia, y que ésta es un derecho que no está sujeto a ningún juez.
Luego vino la suspensión definitiva de un juez laboral de la CDMX a favor de que Javier Navarro, incondicional de Samuel, se quede como encargado de negocios en los próximos seis meses. La suspensión llegó acompañada de un llamado a que la Guardia Nacional intervenga en caso necesario. Eso revocó la designación que hizo el Congreso local a favor del gobernador interino, Luis Enrique Orozco, cercano al PRI. A las 17:30 un juez federal de Tamaulipas dejó sin efecto la suspensión definitiva que mantenía la designación de Navarro como encargado de despacho. Hacia las 19 horas, el Congreso no había sido notificado de la suspensión que dictó el juez laboral de la CDMX, a pesar de que la SCJN y el TEPJF ratificaron que el nombramiento del interino recae en los diputados locales.
Pero a Samuel García le importa un comino lo que diga la Constitución local o el máximo tribunal. Él quiere dejar temporalmente al secretario de Gobierno en su silla y punto. Ya vimos hasta dónde puede llegar para imponer su voluntad: alrededor de 200 simpatizantes suyos tumbaron la puerta de Palacio de Gobierno, el miércoles pasado, para impedir la designación de Orozco como gobernador. Hubo golpes, empujones y hasta bombas lacrimógenas. El enredo que se vive en el próspero estado nunca hubiese ocurrido si Samuel García se apegara a la ley y no a sus caprichos. Lo demás es politiquería.
*El diálogo y los acuerdos entre diferentes están suspendidos desde hace un lustro en México. AMLO detesta las mesas de negociación. Aquel que se siente con opositores a resolver diferencias corre el riesgo de que lo registren en la lista de traidores. Su apuesta es la polarización. Divide y vencerás es la divisa que ha seguido al pie de la letra el jefe máximo de la 4a Transformación. Le ha funcionado, pero a México no. A las elecciones de 2024 llegaremos peligrosamente desunidos. La expectativa es poco halagüeña. Todos los intentos de diálogo han fracasado. El 5 de febrero pasado, en el marco de la celebración del 106 aniversario de la Constitución, el entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, del PAN, llamó al gobierno federal al diálogo.
Respuesta de López Obrador: “Cuando dicen ‘queremos diálogo’, nosotros decimos ‘¡No!’. No es que no respetemos y que en la democracia debe de haber pluralidad, es que el diálogo que ellos quieren busca prebendas, es regresar a los moches”. El 3 de julio de este año, los líderes de El Barzón, Crescencio Morales Ávila, y Luis Gustavo Limas García, de los Pueblos Hermanos de Michoacán, le pidieron audiencia a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Tenemos copia de la solicitud. Le quieren proponer una agenda de trabajo y una iniciativa de ley que tiene como objetivo construir un proceso de pacificación, reconciliación y reactivación económica que pudiera replicarse en toda la República. Es la hora que no los recibe.
*El presidente López Obrador no quita el dedo del renglón. Quiere que una morenista reemplace a su subordinado, Arturo Zaldívar, en la SCJN. En la segunda terna que mandó al Senado incluyó a dos aspirantes de la que ya fue rechazada por el pleno del Senado: Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación, y Lenia Batres Guadarrama, hermana del jefe de Gobierno de la CDMX.
La única que no apareció es su consejera jurídica, María Estela Ríos, y puso en su lugar a María Eréndira Cruzvillegas, titular de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura, sin lazos familiares conocidos con algún alto funcionario de la 4T. Alguna de las tres se convertirá en la nueva ministra de la SCJN. La Constitución prevé que si la segunda terna es rechazada nuevamente por el pleno del Senado, el Presidente de la República elige de entre las tres propuesta en la segunda terna.
Alcalde Luján, de 37 años, parece perfilada para el cargo. Salió airosa de las comparecencias en la Comisión de Justicia y se quedó a ocho votos de lograr la mayoría calificada requerida. Sería el “mal menor” para los opositores.
Retrovisor
Samuel, el otro candidato de Palacio que no fue
Ivonne Melgar
Excelsior
Con la utilización de las encuestas como insumo de propaganda, el gobierno y su partido pretenden anticipar lo que sólo tendremos claro dentro de seis meses.
La incógnita electoral persistirá hasta la noche del próximo primero de junio cuando sea despejada por los ciudadanos que acudan a las urnas.
Habrá quienes se arriesguen por deliberado interés o capacidad analítica a aventurar un resultado con medio año de anticipación. Pero el ánimo social de una contienda es un volado.
Sí, la emoción ciudadana que se va construyendo durante una campaña electoral en la que participan dos o más opciones siempre será una moneda en el aire.
Basta revisar lo sucedido en 2023: Turquía, Guatemala, España, Ecuador, Argentina. ¿La tendencia es el cambio? No en todos los casos. ¿El populismo garantiza continuidad? Depende.
La única constante es la incertidumbre y ésta aplica si y sólo si la competencia electoral presidencial y/o legislativa se da con reglas democráticas que a la vez son respetadas por los involucrados.
Quizás es ahí donde comienzan nuestros problemas, porque efectivamente esta vez la operación de Estado es todavía mayor a la que intentaron o pusieron en marcha gobiernos anteriores.
Gracias a su poder, el gobierno intenta permanentemente desoír o doblegar a los árbitros y jueces electorales, léase INE y TEPJF. Aunque la mayoría defiende su independencia.
Así que a la incertidumbre que venimos protagonizando desde 1997 con el IFE autónomo –hoy INE–, se suma la resistencia del Presidente de la República y de su partido a acatar la ley electoral.
La Constitución prohíbe el proselitismo presidencial, establece cárcel por el uso electoral de programas sociales definiéndolo como delito de corrupción y fija tope en el gasto de campaña.
Pero el mandatario promueve a su partido, la denuncia de Marcelo Ebrard contra la Secretaría de Bienestar por apoyar a Claudia Sheinbaum no prosperó y hay derroche morenista.
La debilidad institucional para evitar la violación de las reglas electorales ha venido beneficiando a la precandidata presidencial, que ofrece la continuidad del proyecto del actual gobierno.
Consecuentemente, la oposición compite por la Presidencia de la República y el relevo del Congreso en una cancha dispareja que desde ya coloca a sus candidatos en situación de desventaja.
Efectivamente, ese desbalance es producto de ejercicios democráticos anteriores en los que la ciudadanía castigó a los partidos que conforman la coalición del PAN, PRI y PRD.
Pero más allá del origen de esos antecedentes y de la reconocida ventaja del partido gobernante, el arranque de las precampañas el 20 de noviembre permite afirmar que nada está escrito todavía.
Porque los primeros 13 días de este calentamiento muestran la tensión de una disputa en la que los adversarios están en puja, pendientes de sus palabras y de sus actos, afectándose entre sí.
Si bien el oficialismo impulsa la percepción de que su candidata Claudia Sheinbaum es inalcanzable, sus voceros atacan a la abanderada opositora como si les estuviera pisando los talones.
La conversación digital morenista en redes sociales se ha concentrado en decretar que Xóchitl Gálvez “se desinfló”, pero no deja de darle puntual seguimiento.
Es como si, en los tiempos en que sabíamos que el PRI iba a ganar, el equipo de Miguel de la Madrid, en 1982, se la hubiera pasado atacando a su competidor del PAN, Pablo Emilio Madero.
Como parte de la misma narrativa de que “todo ya está dicho”, el partido en el poder, el Presidente de la República y los promotores de Sheinbaum agregaron un nuevo ingrediente al guion: el candidato bueno de la oposición es Samuel García, postulado por Movimiento Ciudadano.
Según el nuevo libreto oficialista, el gobernador con licencia de Nuevo León ocupará hacia el final de contienda el segundo sitio y le quitará a la oposición del Frente Amplio por México los votantes de las clases medias.
La defensa abierta y deliberada que el presidente López Obrador había hecho en las últimas horas del abanderado de MC lo convierte de facto en una segunda opción del oficialismo.
Podría tratarse de una táctica coyuntural.
Pero, mientras tanto, la vehemencia con la que el mandatario buscaba legitimar al candidato del partido que dirige su antes aliado Dante Delgado obliga a preguntarnos por qué Morena necesita terciar la elección.
¿Qué ganaba la candidata de la continuidad con Samuel García en la boleta? ¿Tranquilidad de que la competencia nunca se le va a cerrar?
Esta madrugada, el gobernador regio anunció que se queda en ese cargo.
De confirmarse esa decisión, ¿el estratega de Palacio Nacional buscará otra forma de desgastar por doble partida a Xóchitl Gálvez?
¿Acaso en MC midieron que el apapacho presidencial le quitaba lustre opositor a Samuel García convirtiéndolo en otra versión de la oferta oficialista?
Después de este sainete, ¿podrá Xóchitl capitalizar este momento para proyectarse como la única alternativa al revivido hiperpresidencialismo?
Son dudas que la incertidumbre democrática impone más allá de la propaganda y el negocio de las encuestas.
México SA
Salario mínimo aumenta 20% // Pasa de 207.44 a 248.93 pesos // Valium para Xóchitl Gálvez
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Para iniciar su sexto y último año de gobierno, el presidente López Obrador hizo dos anuncios de gran relevancia: el primero, con fuerte impacto social, 20 por ciento de incremento al salario mínimo general para 2024, tras llegar a un acuerdo con los sectores obrero y patronal; el segundo, de fuerte impacto económico y también, social, la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, una bella y moderna terminal aérea construida en poco más de un año y cinco meses.
Sobre su primer anuncio, el mandatario detalló que a partir del primero de enero de 2024 el salario mínimo general será 20 por ciento mayor al de 2023, con lo que ascenderá a 248.93 pesos por día (7 mil 467.90 mensual), mientras el salario para la Zona Libre de la Frontera Norte será de 374.89 pesos diarios (11 mil 246.67 pesos por mes), el mayor nivel nominal y real.
López Obrador destacó que “esto es histórico, porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno: aumentar el salario mínimo en términos reales al doble. Cuando llegamos, el salario mínimo general era de 88 pesos diarios (…) Y esto es todavía más satisfactorio si se toma en cuenta que, en la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario pasa de 88 pesos en 2018 a 375 pesos diarios, en números cerrados, a partir del próximo primero de enero. Esto no sucedía desde hace 50 años cuando menos, por eso digo que es histórico. Entonces, qué mejor manera de conmemorar los cinco años de nuestro gobierno, demostrando que es posible el progreso, como lo vamos a ver ahora, la construcción de obras magnas con justicia al mismo tiempo, progreso con justicia, modernidad forjada desde abajo y para todos, eso es lo que ha significado nuestro gobierno”.
Efectivamente, en su sexenio el aumento al salario mínimo general resulta mayor al acumulado en los dieciocho años previos, es decir la suma conjunta de los tres gobiernos previos (Fox, Borolas y Peña Nieto) y eleva el mini ingreso a un nivel histórico. Cierto es que hay mucho camino por recorrer para que los trabajadores obtengan un ingreso que les permita un bienestar mayor, pero su recorrido ya comenzó.
Para dimensionar el permanente deterioro del miniingreso vale recordar que en los 36 años de neoliberalismo el incremento nominal acumulado al salario mínimo general fue de 27 mil 762 por ciento con una inflación, también acumulada, de 63 mil 235.96 por ciento, es decir, ésta creció 2.28 veces más que el aumento a dicho ingreso, el cual, como establece la Constitución, debe ser suficiente “para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos…”, algo que los gerentes de Los Pinos se pasaron por el arco del triunfo.
¿Qué sucedió en el cambio? Con Vicente Fox el salario mínimo general promedio (entonces existían tres zonas geográficas con ingresos diferenciados) pasó de 35.23 a 47.21, es decir, un aumento nominal de 11.98 pesos por jornada laboral o si se prefiere 34 por ciento entre 2000 y 2006, con una inflación acumulada de: 29.78 por ciento.
Llegó el presidente del empleo y Felipe Calderón incrementó el salario mínimo general de 47.21 a 60.07 pesos (con él en Los Pinos las zonas geográficas se redujeron a dos a finales de 2012), un aumento nominal de 12.86 pesos, equivalente a 27.24 por ciento, con una inflación acumulada de 28.51 por ciento.
Enrique Peña Nieto aumentó el salario mínimo general de 60.07 a 88.36 (en 2015 se unificaron las dos zonas geográficas para toda la república), un aumento nominal de 28.29 pesos, equivalente a 47.1 por ciento con una inflación acumulada de 27.87 por ciento.
Con López Obrador el miniingreso pasó de 88.36 a 248.93, un aumento nominal de 160.57 pesos, equivalente a 181.72 por ciento, con una inflación acumulada (hasta octubre de 2023) de 26.76 por ciento. Además, fijó el salario para la Zona Libre de la Frontera Norte: su primera asignación fue de 176.72 pesos por día y para 2024 será de 374.89, un aumento nominal de 198.17 pesos, equivalente a 112.14 por ciento, con una inflación de 26.76 por ciento (hasta octubre pasado).
Las rebanadas del pastel
Al borde de un ataque de nervios: qué tan sólidos se sentirán, que Claudio X., Xóchitl Gálvez y sus guajiros del Frente Amplio/Fuerza y Corazón por México se muestran aterrorizados y no precisamente por la inevitable pérdida de la Presidencia, sino porque el Fosfo-fosfo puede tumbarlos a un lejano tercer lugar. Valium para ellos.
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La resurrección de la cancillería mexicana
José M. Murià
La Jornada
Quizás haya jóvenes que no tengan conciencia plena de ello. Pero lo cierto es que hubo, antes de que comenzara este milenio, una larga época en que la política exterior mexicana gozaba de gran prestigio internacional y también entre los sectores progresistas del propio país.
Fue sin duda durante el sexenio del presidente Fox cuando se empezó a echar a perder, como tantas otras cosas. Simbólicamente, el principio de la debacle podía ser el famoso comes y te vas que nuestro brillante mandatario le endilgó a Fidel Castro Ruz, asesorado por Jorge Castañeda, el hijo del que llamamos el bueno, en virtud del contraste con su vástago…
De ahí pa’l real (aunque con un paréntesis en que la canciller fue Patricia Espinosa y otro más corto en que fue José Antonio Meade), la degradación y las vergüenzas que nos hicieron pasar los demás estuvieron en el orden del día.
Tal vez las peores estuvieron a cargo de la sucesora de Meade y de quien la siguió para cerrar el sexenio traidor de Peña. ¿Se acuerdan que incluso sugirió que el PRI cambiara de nombre, de colores y de ideario? No sucedió así, pero el resultado con su actual dirigencia da lugar a lo mismo, pues ha traicionado por completo a sus colores, a sus siglas y a los principios de su plataforma. No en vano ya estamos rogándole al tal Alito que no se olvide de apagar la luz cuando sea el último en salir. La luz es nuestra, pero no hay que desperdiciarla.
Entre los grandes valores que el gobierno de López Obrador recuperó del México de antaño se encuentra la política exterior que, gracias a la consistencia con que se ha rescatado el respeto a los principios que le dieron tanta prestancia, nuestra cancillería vuelve a ser motivo de orgullo de la mexicanidad verdadera.
No es obra de un solo individuo, pero lo cierto es que el principal responsable es quien tomó la decisión de poner al frente de la secretaría correspondiente a dos magníficos mexicanos que, sucesivamente, se han esforzado en izar de nueva cuenta la bandera de la dignidad perdida.
Difícilmente podría encontrarse un caso más vergonzoso, por no decir repugnante, que el del canciller Videgaray, cuando expulsó al embajador de Corea del Norte, sin motivo alguno, para quedar bien con su cuate gringo…
Mi respeto por la política exterior de antaño es precisamente lo que me impele a tributar mi respeto a Marcelo Ebrard y a su sucesora, Alicia Bárcena Ibarra, ambos de patriotismo y capacidad impecables.
Si la doctora Sheinbaum dará pie a que se continúe esta línea tlatelolca en aras de acabar de recuperar el prestigio internacional de antes, que nos permitía, a los servidores de la SRE ir por el mundo con la frente muy en alto, de seguro que votaré por ella… y me sospecho que muchos otros viejitos con buena memoria harán lo mismo que yo.