Lo que dicen los columnistas

El fracaso

Los partidos no tienen otra oferta que el deseo irracional de volver a administrar el infierno que ellos mismos, junto con López Obrador y Morena, crearon. Con ellos o sin ellos, el Estado está muerto.

Javier Sicilia | Proceso

Como toda abstracción, el Estado es monstruoso. La sola justificación de su existencia es su ofrecimiento de darle seguridad, paz y justicia a la comunidad que representa. Nunca lo ha logrado del todo: las dos primeras las ha hecho a costa de la justicia; la última, a expensas de la otras dos.

Desde hace décadas, sin embargo, ya no ofrece ninguna, al menos en México: la corrupción, el aumento de la violencia, el control cada vez mayor de territorios por parte del crimen organizado, las desapariciones, los asesinatos, el miedo y la impotencia han sido la acelerada manifestación de su agonía.

Solemos culpar a la administración de López Obrador de esa devastación. No lo es. Su gobierno simplemente mostró lo que estaba oculto bajo los discursos democráticos y los cascarones institucionales que conforman al Estado, acelerando su muerte. Al dinamitar los llamados “órganos autónomos”, dejar que los poderes fácticos del crimen se encarguen de pacificar al país, como otrora lo hicieron los “caciques”, acotar a las ya de por sí fragmentadas y dispersas organizaciones sociales, despreciar a las víctimas, arroparse con el ejército y concentrar en sí mismo el gobierno, lo único que ha hecho es poner al desnudo un Estado que, desde su fundación después de la Revolución Mexicana, siempre ha estado allí con otros rostros y otros actores.

Creer que la llamada “transición democrática” lo cambió y que repentinamente fue asaltado por un perturbado, es pecar de ilusos, por decir lo menos. Lejos de reformar al Estado, los nuevos partidos políticos que llegaron al poder se dedicaron a hacer lo mismo que sus antecesores: administrar la corrupción y hacernos creer que ya no hedía. Nunca reformaron al monstruo. Lo maquillaron con discursos vacíos e instituciones sin consistencia democrática. De lo contrario, López Obrador jamás habría llegado a administrarlo ni en menos de seis años habría conducido al país a su ruina total. El Estado que tenemos, hay que decirlo sin miedo, no es otro que el fundado por Calles. Sólo que se volvió viejo y está en estado terminal, como el hombre que ahora lo administra.

Quienes creen que un cambio de gobierno en las próximas elecciones lo mejorara, se ilusionan de nuevo. Hechos a imagen y semejanza del monstruo –corrupción, falta de imaginación y deprecio por la sociedad civil–, los partidos, ya lo demostraron, no tienen otra oferta que el deseo irracional de volver a administrar el infierno que ellos mismos, junto con López Obrador y Morena, crearon. Con ellos o sin ellos, el Estado está muerto. Lo que nos aguarda es un crecimiento exponencial de víctimas, una mayor penetración del crimen organizado en los órganos de gobierno y de los territorios del país, y un aumento de la inseguridad y la indefensión, en síntesis, una proliferación del caos.

Dos imágenes, de las miles que circularon sobre la tragedia de Acapulco, son claras al respecto: la del saqueo de las bandas criminales frente a la ausencia de coordinación de la 4T para contenerlas y auxiliar a la población, y la de un jeep militar atascado en el lodo junto con el presidente y la cúpula de la seguridad del país: los secretarios del ejército, la marina y protección. Ambas retratan no el fracaso de un gobierno, sino del Estado mismo. La última, es una postal de su decrepitud y de la ausencia de su razón de ser: en ese hombre viejo, enfermo y absurdo, que mira desconcertado desde la ventanilla del Jeep la derrota de su arrogancia, se concentra la parálisis de la máquina política, cuyas llantas giran en el vacío del lodo con resultados letales.

¿Tiene compostura? No, al menos como está. Habría que rehacerla por completo. Lo que parece imposible con los partidos que tenemos. Pero aun cuando lo fuera, habría que preguntarse si el monstruo, tal y como lo conciben las teorías del Estado, es todavía capaz de cumplir con su labor; si esa formidable abstracción, que se expresa como una mega máquina, tiene todavía la posibilidad de dar seguridad, justicia y paz.

Por las crisis que atraviesan la mayoría de los Estados en el mundo, la respuesta parece negativa. Nos olvidamos que el Estado es una invención humana y que como toda obra humana tiene fecha de caducidad: nace, crece, se reproduce y muere. El nuestro, después de una lenta y dolorosa agonía de casi un siglo, murió con López Obrador y la 4T. Su gestión mostró que el Estado, “el más frío de los monstruos fríos”, como anunció Nietzsche, miente siempre, sobre todo cuando dice: “Yo soy el pueblo”. 

El problema es que no sabemos qué poner en su lugar. Por vez primera no hay nada que permita decir que algo nuevo está naciendo en el horizonte. Aterrorizados ante el vacío preferimos fingir que, pese a las evidencias, el monstruo sigue vivo y mejorará. La ilusión es siempre más fuerte que la verdad. Abandonarla sólo pertenece a espíritus profundos, a aquellos que, como T.S Eliot quería, resisten sin esperanza alguna mientras miran cómo “se apagan las luces para que cambie el decorado” y en “el rumor hueco de los bastidores” escuchan “el movimiento de las tinieblas en las tinieblas”. Son ellos los que en medio de la oscuridad y las ilusiones del siglo preservan y reelaboran el sentido para que un día de las tinieblas surja la luz y de la inmovilidad la danza.  

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los Le Barón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.

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Número cero

Gubernaturas ponen a prueba sello de Sheinbaum

José Buendía Hegewisch | Excelsior

La definición de candidaturas en las gubernaturas de Morena será un mensaje clave del rumbo que tomará la elección presidencial y del sello propio de un gobierno de Sheinbaum. El choque de grupos en su interior es una prueba de destreza política en su primer conflicto con el movimiento obradorista ante la presión de gobernadores y partidos de su coalición para ocupar espacios en las listas.

El anuncio de este 10 de noviembre de sus candidatos en ocho estados y la CDMX será trascendente para la expectativa electoral de Morena, aunque lidere en el promedio de las encuestas. La disputa interna se ha calentado en estados con mayor potencial de triunfo y, sobre todo, en la capital, que sorprendió por la dura disputa de la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y el exsecretario de Seguridad Pública de Sheinbaum, Omar García Harfuch. Pero, sobre todo, por destapar una fuerte confrontación de dos visiones hacia el futuro entre el pragmatismo y la ortodoxia en la propuesta de “segundo piso de la 4T” de la candidata presidencial.

La litis de las gubernaturas está en decidir cuáles serán los candidatos hombres que bajará Morena, aunque ganen la encuesta, para cumplir con la paridad de género del INE mediante un acuerdo político que desenrede la elección. En siete de los nueve estados los sondeos con que elegirá a sus abanderados favorecen a hombres. Sólo en las dos plazas restantes las preferencias apuntan ampliamente a Rocío Nahle, en Veracruz, y a Brugada, en la CDMX, sus aspirantes más competitivas, aunque en una competencia cerrada con el “superpolicía” bajo el abrigo del aparato partidista.

La paridad, que obliga a nombrar cinco mujeres y cuatro hombres, es en un gran elector, pero no el único. La resolución exige un acuerdo político para cuadrar el círculo de las nueve candidaturas con el resultado de las encuestas, competitividad de los candidatos y compensación a los perdedores. El dilema de esta operación política es que, en casos muy comprometidos, como la CDMX, Sheinbaum corre el riesgo de debilitar su candidatura si en el arreglo pierde ganando o gana perdiendo, más aún si se despertara la idea de que la rebelión de Brugada hubiese sido bien vista por el Presidente, dadas sus reticencias hacia Harfuch por sus ligas con los aparatos de seguridad de gobiernos del pasado. La CDMX es emblemática por tratarse del bastión más importante de la izquierda en el país, aunque su peso electoral sea menor que el de los otros ocho estados. Pero es un importante referente que envía una señal clara sobre la fuerza del liderazgo de Sheinbaum sobre el movimiento y la rúbrica de su línea política. El riesgo de que se imponga el timbre de la popularidad con Harfuch, en aras de reconquistar a la clase media, es que la decisión se lea como un golpe a la militancia y conduzca a actitudes de brazos caídos del obradorismo en la capital. Quizás una llamada de atención fue el acto cancelado en el estadio Azul por la escasa participación.

Y si, por el contrario, se abre la candidatura a una figura popular con larga trayectoria en la izquierda de la capital como Brugada, el peligro es que se vea como una debilidad de su dirección, aunque insista en que no tiene candidato y que respetará la encuesta. Podría repetirse el caso de que no logró dejar a su sucesora como en Tlalpan, aunque eso no impidió que ganara la Jefatura de Gobierno.

La resolución tendrá repercusiones más allá de las urnas, dado que habilitará una carta fuerte para los presidenciales de 2030 desde la plataforma de la capital, de donde salieron las dos candidaturas presidenciales de Morena. En un horizonte en que, además, ya no estará López Obrador al frente de la 4T, si cumple con su promesa de retirarse al concluir su mandato.

El Presidente ha planeado con cuidado el futuro de la 4T con una sucesora que garantice la continuidad de su legado, pero el panorama se complica. La divisa de la unidad de la campaña de Sheinbaum enfrenta un duro reto en este primer lance, en el que tendrá que demostrar que sabe cómo usar el bastón de mando sobre su propio movimiento. Y, sobre todo, como condición para su segunda consigna, la movilización, comenzando con el granero de votos de Iztapalapa y otras plazas en disputa.

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Juegos de poder

Sobre la renuncia de Arturo Zaldívar

Leo Zuckermann | Excelsior

Cualquier individuo que desempeñe cualquier actividad tiene el derecho de renunciar cuando se le pegue la gana. Nadie puede estar obligado a trabajar en un lugar contra su voluntad. En este sentido, Arturo Zaldívar está en su derecho de dimitir como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

La Constitución dice que sólo puede hacerlo por una “causa grave”. Es otra de nuestras muchas disposiciones jurídicas inaplicables. ¿Quién decide qué es grave y qué no? ¿A quién le toca aplicar esta ley? ¿Al Presidente o al Senado que son los que tienen que aceptar la renuncia de un ministro? Se trata de una tontería que debería modificarse. Es más, también habría que remover la obligación del beneplácito del Ejecutivo y el Senado para que un ministro pueda dimitir. ¿Qué tal si uno de ellos no accede? ¿Puede quedarse alguien a trabajar en un puesto en contra de su voluntad?

Zaldívar tiene el derecho de decir hasta aquí llegué. Como todo profesional, debe hacerse responsable de sus actos, incluyendo la renuncia. En este caso, la responsabilidad política de un funcionario que abandonó adelantadamente su cargo. A la ciudadanía nos toca juzgar si hizo bien o mal en dejar un puesto tan importante como ministro de la Suprema Corte para irse a trabajar a una campaña electoral.

La renuncia de Zaldívar ha sido desaseada. Formalmente sigue siendo ministro hasta que no se desahogue su dimisión por parte del Presidente y el Senado. Sin embargo, antes que ocurriera eso, se filtró una fotografía del todavía miembro del máximo tribunal con la candidata presidencial de Morena. A la par, Claudia Sheinbaum informaba que había acordado trabajar con Zaldívar “para avanzar en la transformación del país”.

Yo no tengo problema con que el ministro renuncie para irse con Claudia. Pero, hombre, hay que guardar un poquito las formas. No estoy pidiendo mucho. Sólo unos días para procesar jurídicamente la renuncia del ministro y evitar una imagen que pone en entredicho la independencia del Poder Judicial.

No entiendo por qué no hacerlo. A menos que se quisiera enviar el mensaje precisamente contrario: que Zaldívar siempre fue un ministro subordinado a la 4T. “Miren, sí, Arturo es de los nuestros y qué”.

¿De verdad le conviene esto a Zaldívar, a quien no le faltan malquerientes en la comentocracia?

En fin, no veo la utilidad de filtrar la susodicha fotografía. Resta más de lo que suma.

El hecho es que Zaldívar se irá de la Corte y dejará una vacante que llenará el Presidente. Se trata de un obsequio muy valioso para el mandatario actual, quien, al final de su sexenio, habrá nombrado a cinco ministros durante su periodo. Evidentemente, y ya lo aceptó el propio López Obrador, su propuesta será de alguien afín a su proyecto político.

Se podría aducir que el Presidente no gana nada porque se va un ministro cercano a la 4T para que llegue otro igual. Sí, pero Zaldívar terminaba hasta diciembre de 2024 cuando ya habrá otra presidenta: Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez.

En el caso de la primera, pues es la candidata de López Obrador, así que, de ganar la Presidencia, la 4T quedaría tablas.

Ah, pero no faltan los sospechosistas que ya andan diciendo que esto es un movimiento de López Obrador para heredarle a Claudia una Corte que él controlaría el próximo sexenio. Parte de la estrategia para implantar un Maximato. El argumento no parece lógico porque, en el mejor de los casos, López Obrador tendría tres de los 11 votos de la Corte: el de la plagiaria Yasmín Esquivel, el de la incondicional Loretta Ortiz y el de la sustituta de Zaldívar. No me convence, por tanto, este argumento, pero sí refleja cómo hay gente convencida de que López Obrador es el cerebro detrás de todo lo que sucede en la política mexicana porque quiere seguir gobernando el próximo sexenio desde su rancho.

A quien sí le hace mella la renuncia de Zaldívar es a Xóchitl Gálvez. Hoy se ve poco probable que gane la Presidencia, pero una probabilidad baja no es una probabilidad nula. El nuevo colaborador de Sheinbaum le estaría quitando a la próxima presidenta opositora la posibilidad de nominar a un ministro afín a su proyecto. Porque, no nos hagamos bolas, todos los presidentes siempre designan para la Corte a un jurista cercano ideológicamente a ellos. Que luego éstos se comporten de manera independiente —como hizo Zaldívar con Calderón, que lo nominó, o Margarita Ríos y Juan Luis González  Alcántara con López Obrador— es siempre una posibilidad que puede ocurrir. Pero no lo veremos, porque Xóchitl no nominará al sustituto de Zaldívar gracias al retiro adelantado de éste.

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Astillero

San Lázaro: Acapulco electoral // Moreira y el Fobaproa // Tribunal confirma: 5-4 // Omar Fayad: otra vergüenza

Julio Hernández López | La Jornada

Son horas políticas calientes. En la Cámara de Diputados, posicionamientos opositores que buscan culpar al morenismo de abandono a los acapulqueños. En el Tribunal Electoral federal confirman la proporción 5-4 en favor de las mujeres y meten en problemas a algunos partidos. Xóchitl Gálvez reprocha en el PAN que los pleitos partidistas la distraen de hacer campaña. Y, mediante adelantada operación cicatriz, Morena prepara la develación de sus candidaturas a nueve gobiernos.

El platillo del día es Arturo Zaldívar, a quien sus críticos pretenden crucificar y sus defensores enaltecer. Cruzan el ambiente periodístico y político los análisis jurídicos al vapor que tratan de poner límites o evitarlos al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo cierto es que el Presidente de la República ha aceptado la renuncia del jurisconsulto y el Senado habrá de calificarla, con dos terceras partes de los votos como requerimiento, que desde ahora regatean varios opositores. Si los senadores la aprueban, seguirá un curso que, a fin de cuentas, incluso en los escenarios más negativos o irónicamente justo a causa de ellos, dejará en López Obrador la decisión de nombrar a quien ocupe la silla de Zaldívar, sólo por el resto del mandato de este y no por 15 años, según interpretan directivos senatoriales.

Pero el jaloneo fuerte estuvo en San Lázaro, pues la oposición a la llamada Cuarta Transformación cree haber pillado al gobierno obradorista en grave omisión respecto a la disponibilidad presupuestal de recursos para reconstruir Acapulco. Y no quieren que se les escape la bandera electoral de acusar al obradorismo de haber abandonado a los habitantes de aquella zona devastada.

En una escena propia del surrealismo político mexicano, el diputado priísta Rubén Moreira se camufló de agitador contra el liberalismo para retar al partido guinda y sus aliados a destinar a la reconstrucción de Acapulco una parte del pago anual correspondiente al Fobaproa. Moreira excitó a los morenistas a ir contra el robo que diversas voces, entre ellas la del actual Presidente, dicen que representa el Fobaproa. Y los frentistas además pretendieron entrampar a los legisladores guindas al pedir que se registrara en el tablero electrónico la votación en este tema, para que quedara constancia individualizada de cada decisión.

Por su parte, los magistrados electorales federales sostuvieron por tres votos contra dos la regla de paridad de género que obliga a los partidos a postular mujeres en cinco de nueve candidaturas.

En Morena, Mario Delgado dijo que esta confirmación de proporciones de género no les implicaría mayor enredo. Concentrado en tratar de conjurar escisiones, operará una arriesgada maniobra de develación de resultados de encuestas que a fin de cuentas no significarán la automática postulación de los hombres que sean ganadores, pues la cúpula del partido guinda definirá, en segunda fase, dónde aplicará las reglas de paridad de género para postular mujeres. En todo caso, el hombre que quede en primer lugar de la encuesta, pero no sea postulado a un gobierno, podrá optar por una senaduría en lugar preferencial.

La atención está puesta en la Ciudad de México, donde la batalla central ha sido protagonizada por el ex jefe policiaco Omar García Harfuch y la alcaldesa con licencia Clara Brugada. El velasquista senador verdemorenista por Chiapas (otro aparente foco rojo), Eduardo Ramírez, dijo ayer ante Mario Delgado que él aceptaría no ir como aspirante al gobierno si Claudia Sheinbaum se lo pide. Es de suponerse que García Harfuch también estaría en condiciones de preservar la unidad claudista.

Y, mientras el frívolo Omar Fayad es propuesto para embajador de México en Noruega, en continuidad de la nómina de gobernadores priístas que, para que Morena ganara la respectiva sucesión estatal, hicieron cuanto pudieron o simplemente no hicieron nada, ¡hasta mañana, con Marcelo Ebrard ya en ruta de definir su futuro, luego de unas anticlimáticas vacaciones!

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Paridad inconstitucional

Cuauhtémoc Cárdenas | La Jornada

El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió, para las elecciones de junio de 2024 de gobernadores de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán y jefe de gobierno de la Ciudad de México, que los partidos políticos deben postular como candidatos a cinco mujeres y cuatro varones. Esta es una decisión anticonstitucional, pues vulnera derechos de ciudadanas o ciudadanos, según sea la decisión de cada partido en las entidades en las que por mandato del INE postulen o mujeres o varones.

Se trata de elegir a los titulares de los poderes ejecutivos locales en esas entidades, esto es, elegir a una única persona. No se trata de cargos que desempeñe un par o varios pares de personas, en cuyo caso sería explicable la paridad. Se trata de elegir a uno, mujer o varón, que se desempeñará como cabeza del Poder Ejecutivo local, y esa decisión del INE afecta derechos en unos casos de mujeres, en otros casos de varones, pues ¿qué tiene que ver Chiapas con Morelos o Guanajuato con Tabasco o Puebla con Jalisco o Veracruz con Yucatán, o cualquiera de estos con la Ciudad de México?

¿Por qué razón, por qué principio constitucional una decisión aplicable sólo a Morelos debe condicionar lo que se decida en Veracruz o en cualquier otra entidad del país? No encuentro ningún principio legal en la legislación federal ni en las estatales que establezca que lo que se decida para una entidad determinada, por los órganos competentes para ello, deba o pueda aplicarse extraterritorialmente en otras jurisdicciones y para otras ciudadanías.

Por otra parte, cuando se trata de posiciones individuales, un gobernador o gobernadora, un presidente o presidenta municipal, etcétera, no puede obligarse a la paridad, a menos de vulnerar los derechos de ciudadanas o de ciudadanos en esa jurisdicción.

Ahora bien, debe reconocerse que se han dado importantes avances en la legislación buscando la igualdad entre personas de diferentes géneros, pero no se han alcanzado las condiciones de igualdad efectiva, lo que constituye un rezago serio de nuestra democracia. Hasta ahora, como víctimas de violencia, en acceso a la educación, a mejores ingresos económicos, a oportunidades políticas, en la práctica, la desigualdad y la discriminación juegan en favor de los varones.

Corresponde a los gobiernos instrumentar medidas de acción afirmativa para corregir y superar esas condiciones, y toca también a las organizaciones de la sociedad poner en práctica este tipo de medidas. En particular, los partidos políticos tienen la obligación de adoptar acciones que representen avances para lograr la igualdad entre personas de los distintos géneros. Pero ni los gobiernos, ni las organizaciones de la sociedad, ni los partidos políticos debieran promover la adopción de medidas que buscando avances en la igualdad, atropellen los derechos de, bien puede decirse, la mitad de la ciudadanía en jurisdicciones determinadas.

Hoy tenemos a la vista dos mujeres candidatas a presidentas de la República de las dos agrupaciones políticas más importantes del país, y me atrevo a pensar que a nadie se le ocurriría exigir a estas agrupaciones paridad para la selección de esas candidaturas.

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Reducir la jornada laboral es justicia social

Napoleón Gómez Urrutia | La Jornada

Sería un acto de traición y retroceso no aprobar la reducción de la jornada laboral en México. La reforma que propone la reducción de 48 a 40 horas semanales de trabajo, y que actualmente se aborda en un Parlamento Abierto para su próxima discusión en la Cámara de Diputados, ha despertado una controversia social y diferentes discursos que ejemplifican contundentemente la necesidad de reivindicar al sector obrero.

En primer término, es importante notar que muchos detractores de la reducción argumentan que las pérdidas económicas para las empresas serían demasiado grandes. Esta razón sugiere que muchos esquemas empresariales producen ganancias sirviéndose de la explotación, situación inadmisible en nuestro contexto de transformación y justicia social. Además, para algunos empresarios irresponsables, esta reforma, aunada al aumento de vacaciones, señala equivocadamente la supuesta pereza y falta de compromiso de la fuerza laboral. Hay quienes incluso han sugerido retrasar la edad de pensión, so pretexto del aumento global en la esperanza de vida. Lo más notorio aquí es la falta absoluta de humanismo, consideración y respeto para la clase trabajadora. En efecto, la preocupación de algunas cúpulas empresariales sólo gira en torno a maximizar sus ganancias sin importar el método. Así, es increíble que los opositores no mencionen todos los efectos nocivos que la explotación laboral y las extensas jornadas normalizadas y permitidas, tienen en las y los trabajadores.

Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México es el país con más horas trabajadas al año: mientras que en el resto de los países miembros el promedio es de mil 716 horas, nosotros tenemos un promedio de 2 mil 128 horas anuales. Actualmente, países como España discuten reducir a 38 horas laborales, pero en nuestro país apenas se discute una primera disminución. Sobre esa línea, la Organización Internacional del Trabajo arroja que las y los mexicanos trabajamos más horas en comparación con otros países de la región, con un promedio de 42.7 horas semanales. En Bolivia, por ejemplo, el promedio es de 38.5; en Brasil de 37.9; en Argentina se laboran 34.6; y en Ecuador, la media es de 34.5 horas semanales. ¿Dónde está la pereza que acusan algunos opositores? Lo que verdaderamente enseñan los datos es que aún con los monumentales avances de esta administración, nuestro rezago en materia de derechos de los trabajadores es alarmante porque no ha existido una clara política laboral.

Las jornadas excesivas pueden tener un impacto negativo en la salud y el bienestar de las personas trabajadoras. Soportar largas horas de trabajo sin descanso adecuado trae una mayor probabilidad de sufrir agotamiento físico y mental. El estrés crónico, la fatiga y la falta de tiempo para el descanso pueden dar lugar a problemas de salud graves, como trastornos alimenticios y del sueño, así como enfermedades cardiovasculares. En esa línea, la falta de tiempo para actividades personales y familiares puede tener consecuencias negativas en las relaciones interpersonales, lo que afecta la calidad de vida en general.

Además de los problemas de salud, las jornadas exhaustivas socavan la productividad y la plena realización en el trabajo. Las y los trabajadores que se ven abrumados por largas horas de labores se vuelven menos eficientes, cometen más errores y experimentan una disminución en su compromiso laboral. Esto da lugar a un círculo vicioso en el que los empleados se sienten atrapados en una rutina agotadora, afectando negativamente la calidad de su trabajo y su satisfacción en el empleo. Es fundamental reconocer los efectos perjudiciales de las jornadas laborales excesivas y promover un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal para el bienestar de los trabajadores y el éxito de las organizaciones.

En este contexto se revela la importancia de seguir consolidando una verdadera representación sindical en el Poder Legislativo, pues esta perspectiva aboga por el bienestar de la clase trabajadora, haciendo contrapeso a la avaricia desmedida de algunos empresarios que tienen demasiados cabilderos en el Congreso de la Unión. De ese modo, como presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, he impulsado pasos trascendentales en favor de los derechos laborales y la reducción de la jornada no puede ser la excepción.

Mi postura es, y ha sido siempre, defender estos temas con determinación y sin dar un paso atrás. Por estos motivos, seguiré haciendo un llamado a la unidad y colaboración entre sindicatos: a través de nuestro liderazgo conjunto, debemos presionar a las empresas y a las y los legisladores para lograr estos cambios tan necesarios.

Si bien algunas fuerzas empresariales se oponen a esta reforma, recordemos que lo hicieron de la misma manera cuando impulsé la iniciativa de prohibir el outsourcing o la subcontratación. Sin embargo, los resultados de esas reformas han sido profundamente favorables. El imprescindible lugar que ocupa la fuerza obrera en el ciclo productivo debe recobrar la relevancia que merece, erradicando así los discursos que normalizan la explotación y las violaciones a los derechos laborales. Este gobierno se ha encargado de brindar justicia social y erradicar los apoyos desmedidos de administraciones anteriores a algunos sectores empresariales. De ahí que nuestra responsabilidad es luchar porque esa tendencia siga y nuestra cultura laboral termine de transformarse para bien.

Desde el Senado continuaré trabajando e impulsando reformas y cambios en beneficio de las y los trabajadores mexicanos, para que se desenvuelvan en ambientes de trabajo dignos, sanos y justos, que reconocen su indispensable labor. Esta es la vía para la prosperidad compartida que buscamos, donde el trabajo no signifique explotación ni dañe la salud e integridad de las personas. Debemos prestar atención al debate de estos días para articular estrategias sólidas y emprender una verdadera defensa por los derechos laborales. Sin duda, estar a favor de la reducción de la jornada laboral es estar en favor del bienestar, la justicia y la dignidad humana.