LO QUE DICEN LOS COLUMNISTAS

¿Se va a ir la luz?

Pablo Gómez

Proceso

Esperemos la aprobación de las reformas de la industria eléctrica para que no “se vaya la luz” o tengamos que pagar por ella más de 500% de súbito incremento en las tarifas, como está ocurriendo hoy en algunos países que se sienten “muy postmodernos”.

La iniciativa enviada por Andrés Manuel López Obrador al Congreso con el fin de reformar varios artículos de la Constitución en materia de energía eléctrica contiene una fuerte corrección a la reforma anterior. El texto hasta ahora vigente pretende eliminar paulatinamente a la Comisión Federal de Electricidad para conformar un oligopolio privado internacional.

Estamos hablando de una energía vital de todo país. No es un juego. Sin embargo, desde 1995 se ha venido creando una infraestructura industrial de producción de electricidad con empresas privadas, principalmente extranjeras, que entregan su producto a la empresa estatal en condiciones preferenciales y garantizadas, pues el Estado se obligó a comprar o distribuir lo que produjeran. A partir de la reforma de 2013, la situación empeoró pues la energía eléctrica producida por empresas privadas fue programada para que desplazara y arruinara a la CFE. Ese era el plan.

Como se sabe, la producción de energía eléctrica nunca fue monopolio del Estado. Cualquiera la puede generar. Pero, desde el punto de vista industrial, sólo es rentable si se posee o utiliza de manera continua y segura un sistema de transmisión y una trama de distribución. Esta infraestructura siempre ha sido del Estado y ningún inversionista privado ha planteado poder construir una nueva.

Dice actualmente el artículo 27 de la Constitución: “Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.”

Así, lo que se decidió en 2013 fue dejar al Estado como monopolio de la transmisión y distribución de la energía eléctrica y, al mismo tiempo, designar paulatinamente a las empresas privadas como oligopolio de la producción, cuyo fluido sería transmitido por el Estado desde los lugares de generación y distribuida hasta los sitios de consumo. Producir electricidad es más rentable que distribuirla porque tiene una composición orgánica de capital mucho más alta: mayor inversión fija y menor cantidad de trabajadores.

Además, todo sistema eléctrico requiere una reserva de capacidad de generación. Ante las bajas de potencia o para cuando se produzca una caída parcial en el sistema, deber existir capacidad instalada adicional, más aún en un país interconectado casi por completo. Esto tiene un costo, el cual se cubre hoy por cuenta del Estado y, naturalmente, en beneficio de las empresas privadas.

Como consecuencia de todo eso, se han repartido permisos de generación eléctrica para el servicio público en tal cantidad que, si en este momento todos los permisionarios en ciernes pudieran producir, el país tendría el doble de potencia, pero sin contar con una semejante capacidad de consumir justo a tiempo un producto que, como se sabe, no se puede almacenar. Ese innecesario aumento de la producción iría en demérito de la

producción del Estado, incluyendo la hidroeléctrica que es energía limpia, aunque no se encuentre en la lista correspondiente por ser justamente de propiedad pública.

Entonces, el plan ha sido ir produciendo más y más electricidad desde las empresas privadas, y menos y menos de parte de la empresa del Estado, la CFE. Es la misma idea que se aplicó con motivo de la infortunada reforma petrolera. Esto es parte del programa neoliberal que considera que la empresa pública sólo se justifica como instrumento de subsidio a los capitalistas y facilitación de las actividades empresariales privadas, entre más oligopólicas, mejor.

Por ello existe un sistema de reparto de energía en favor de las empresas privadas, así como de obligaciones del Estado para dar a aquellas las mejores condiciones de desempeño, de tal manera que la tasa de ganancia bruta de las termo eléctricas privadas es mucho mayor que la de la empresa pública con lo cual en realidad se aplica un subsidio.

De lo que se trata ahora es de trazar una línea de igualdad aproximada entre la producción de las empresas privadas y la del organismo del Estado. Un reparto cercano a mitades, pero sobre la base de recuperar funciones de la CFE para asumir, como ya dice la Carta Magna, “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional” y, además, llevar a cabo la modernización de sus propios generadores, especialmente de energía limpia para hacer frente a la transición energética.

Es indispensable ampliar la red de trasmisión y mejorar la distribución de la energía que llega a las casas, fábricas, comercios, sistemas de agua, transportes, etc., para lo cual se requieren grandes inversiones públicas. Si el Estado mexicano no retoma la conducción de la industria eléctrica como una responsabilidad ineludible, podríamos llegar a tener aquí algo parecido a lo que en estos momentos ocurre en parte de Europa, donde la tarifa eléctrica varía según la hora y el día, llegando ayer en España a los niveles más altos de su historia, desde 60 euros de hace unos tres años, hasta 320 euros (unos 7 500 pesos) por megawatt/hora; la tarifa más baja se fijó en 250 euros, pero entre las 4 y las 5 de la madrugada.

El argumento del Consejo Coordinador Empresarial en contra del proyecto del gobierno no es tal, puesto que se trata de una peregrina amenaza o, sencillamente, de una mala predicción: “habrá apagones y la luz será más cara”, dice el organismo cúpula. La afirmación carece de sentido cuando de lo que se trata es de garantizar que se pueda planear el desarrollo de la industria y proveer energía al más bajo costo posible, lo cual no requiere de diarias subastas entre productores que tienen, obviamente, costos diferentes según el fluctuante precio del gas, las horas de insolación, la velocidad del viento, entre otros factores. Si los industriales quieren tarifas estables y suficiente disponibilidad de energía a cualquier hora, que llamen a votar por la iniciativa de López Obrador en el Congreso. Si ésta es obstaculizada, vendrá tiempo de lamentos… por parte de ellos mismos.

El gobierno plantea, entre otros textos, introducir en el artículo 27 lo siguiente: “Corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La Nación aprovechará los bienes y recursos naturales para dichos fines. El Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo”.

A la vez, se propone añadir en la Constitución: “La Comisión Federal de Electricidad generará al menos el cincuenta y cuatro por ciento de la energía eléctrica que requiere el país. El sector privado participará hasta en el cuarenta y seis por ciento de la generación

que requiera el país. El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado”.

Como se aprecia, no se trata de expropiar ninguna planta privada de energía, sino de nacionalizar a la CFE, que hoy está a merced de las empresas privadas, con el fin de que la nación, a través del Estado, pueda tomar la conducción de la industria eléctrica e impedir la operación de un oligopolio privado.

Este es un problema de seguridad energética, la cual no debería estar subordinada al concurso de empresas privadas que sólo buscan, como es lógico, sus ganancias: entre mayores, mejor… para ellas. El país requiere garantía de generación suficiente, estable y con tarifas que sean adecuadas económica y socialmente a la realidad de México.

El neoliberalismo está en decadencia en el mundo. Por suerte también en México va de salida. Esperemos la aprobación de las reformas de la industria eléctrica para que no “se vaya la luz” o tengamos que pagar por ella más de 500% de súbito incremento en las tarifas, como está ocurriendo hoy en algunos países que se sienten “muy postmodernos”.

De naturaleza política

Con abrazos no balazos… ¡nada!

Enrique Aranda

Tasa de letalidad aquí 7.57%…

en el mundo 2.04 por ciento.

Más allá del discurso de supuesta sustitución de una política bilateral claramente asistencialista en materia de seguridad, como describió Marcelo Ebrard Casaubon a la Iniciativa Mérida, por la denominada Entendimiento Bicentenario, cuyo sustento, se asegura, no es otro que la identificación y alineamiento de “coincidencias y prioridades” entre ambos países avanzará, irremediablemente, hacia el fracaso si a nivel interno, Andrés Manuel López Obrador y su gobierno no asumen la responsabilidad de combatir y erradicar al crimen organizado con miras a controlar la (creciente) violencia para preservar y mantener la paz pública.

Está claro que, nos guste o no, insistir en mantener como política pública aquello de los “abrazos, no balazos”, no hará sino preservar y agravar el actual estado de cosas, y claro, evidenciará lo irrisorio de la nueva prédica según la cual “el éxito de esto no se va a medir porque se capture un capo y se haga una gran conferencia de prensa (sino) porque haya menos homicidios en México y menos consumo de drogas” en Estados Unidos.

Debe quedar claro que una cosa sin la otra, prevención sin combate a los diferentes cárteles –algunos de cobertura transnacional, como se definió el jueves– o viceversa como se quiera, simple y sencillamente no conducirá a ninguna parte.

Pensar que la paulatina entrega, por decisión u omisión de cada vez más amplios territorios y, presumiblemente, importantes posiciones de poder a los cárteles o sus representantes no será nunca una alternativa con posibilidad de éxito, aun cuando al más alto nivel del gobierno federal y sus contrapartes –la administración Biden en este caso– trabajen en la consolidación de programas que potencien sus coincidencias, busquen empatar sus políticas en materia de desarrollo socio-económico, inversión u otras, ignorando, insistamos, la grave realidad existente en el ámbito de la seguridad, migración y/o contención y eventual erradicación del trasiego de fentanilo o precursores químicos.

Aceptemos pues que, a diferencia de la desechada Iniciativa Mérida, que privilegió el otorgamiento de ayuda financiera y armas a México no rindió el fruto esperado de

controlar la violencia y devolver la paz a nuestro país ni contuvo el trasigego de drogas hacia Estados Unidos, el acordado Entendimiento Bicentenario sí lo consiga. Una apuesta muy arriesgada, sin duda.

ASTERISCOS

* Merecido, sin duda, el homenaje que en el marco del Bicentenario de su fundación se rindió a todos y cada uno de los miembros de la Marina-Armada de México, actuales y ya fallecidos, así como la remembranza que de su aporte a la defensa y mantenimiento de la seguridad han realizado a lo largo de dos centurias; hoy especialmente en la lucha contra el crimen organizado.

* Ahora sí que, al margen de tomar “otros datos” siempre sin sustento, lo cierto es que la consideración presupuestal de un alza de 4.4% en la captación de inversión extranjera en 2022, simple y sencillamente carece de sustento en las más diversas estimaciones realizadas por organismos nacionales y globales, esos sí totalmente confiables.

La soberanía energética sí nos beneficia

Antonio Gershenson

La Jornada

De acuerdo con la propuesta de agenda legislativa para el tercer año de ejercicio constitucional para del primer periodo ordinario de sesiones de la LXIV legislatura, se propuso el debate de diversos puntos sobre el tema Estado de derecho, seguridad y justicia. En la agenda destaca la revisión y modificación de la Ley Minera.

El punto importante es la urgencia de la cancelación de licitaciones para explorar y explotar el litio; constatar las cantidades del tonelaje y con cuántos yacimientos podemos contar. Además, es necesario continuar con la revisión de las condiciones de las empresas extranjeras y nacionales licitadas, de las cuales varias ya han tenido acceso a diversos yacimientos del país.

Hemos hablado en artículos anteriores sobre este importante químico y las medidas que tenían que tomarse en cuenta para recuperar la industria del energético, mismo que se ha puesto a la cabeza de las opciones para continuar con la, ya iniciada, transición energética.

Uno de los primeros pasos tendría que ser la recuperación de los yacimientos para detener la extracción ilegal, misma que ha sido sumamente perjudicial para la economía de la nación, como el saqueo histórico de todos los recursos naturales hoy considerados estratégicos.

La reiteración formal y oficial de que el litio pertenece al pueblo mexicano y que es un recurso natural intransferible nos compromete a defender, por derecho, la posesión de este mineral. Ninguna autoridad debe ocultar a la ciudadanía, como lo hicieron en sexenios anteriores, cuál es la realidad del recurso natural, y sobre todo cuál es su verdadero potencial.

Aun sin un recuento exacto, por la diferencia de los datos expuestos por el Servicio Geológico Mexicano y otras instituciones nacionales y extranjeras, las licitaciones ya otorgadas tendrán que revisarse a fondo, para determinar lo conducente en caso de que éstas contengan puntos inflexibles e ilegales como para seguir operando en yacimientos nacionales. Y, como recién lo externó Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, en el programa Especiales 14, las empresas licitadas que ya

estén operando en alguno de los yacimientos de la República no tienen derecho a integrar al litio en su programa de exploración y extracción.

El dato del lugar que ocupa nuestro país en cuanto a cantidad de reservas probadas es importante para tomar en cuenta la demanda y la oferta. Más que una competencia entre la extracción y comercialización del litio, que es el caso que nos ocupa, lo importante es potenciar su utilidad y coincidir con las decisiones de los productores principales para evitar el agotamiento de los yacimientos. Ya no pueden darse pasos aislados sin tomar en consideración, los programas de productividad del litio de otras naciones. La competencia abierta y libre acarrea devastación, Los países tienen una tarea pendiente que beneficiará al medio ambiente y a la salud de la población mundial.

La declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador nos confirma la idea expuesta en párrafos anteriores: debemos partir de que nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y sólo en un sexenio (se concesionaron) 35.5 millones. En una administración se entregó todo lo que se enajenó de suelo patrio durante el porfiriato, que fueron cerca de 30 millones de hectáreas mediante las compañías deslindadoras. Aquí la pregunta ¿para qué tanta superficie?.

Insistimos en que no podemos seguir hablando de soberanía si nos atenemos únicamente, a los datos que instituciones extranjeras nos digan: con qué contamos, cuánto tenemos, si es de calidad o no y cuál es su valor.

Recordemos que el litio es un químico energético, de carácter estratégico. Por tanto, deben resguardarse todos los datos respecto de sus características. Corresponde al Estado mexicano la exclusividad de llevar a cabo la exploración y explotación en el país de este recurso natural no renovable.

El Presidente de la República reitera que este energético pertenece, exclusivamente, a la nación. El reconocimiento como recurso estratégico le da a la industria del litio la oportunidad para desarrollarse.

Y, en cuanto a la soberanía nacional, condición indispensable para la preservación de los recursos naturales, la exploración y explotación del litio generarán más empleos y más oportunidades de crecimiento económico. El manejo exclusivo por parte del Estado mexicano permitirá controlar la especulación y la fuga de ganancias. Con la aceptación de la iniciativa de decreto recién enviada por Andrés Manuel López Obrador, se tendrá la oportunidad de desarrollar técnicas propias para mejorar la extracción y su tratamiento, además de generar valor agregado a este importante energético.

Tampoco debemos ignorar que otros países ya han investigado las características de diversos elementos químicos que pueden combinarse con el litio o, en su caso, ir prescindiendo de este material. Actividad que, también en México, debería acelerarse, ya que contamos con esos posibles elementos que sustituyan al energético.