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Razones
La seguridad de los candidatos
Jorge Fernández Menéndez | Excelsior
Cuando en 1994 ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colosio y más tarde el de José Francisco Ruiz Massieu se habló, y mucho, del clima político que se había generado en el país, y se decía que ese clima había propiciado esos dos asesinatos que cambiaron el rumbo de México. En parte, era verdad: a los desencuentros y la polarización política se unieron hechos violentos y desestabilizadores que iban desde el levantamiento zapatista en Chiapas hasta los secuestros de empresarios como Alfredo Harp Helú y Ángel Losada, y una lucha descarnada por el poder como pocas veces habíamos visto en nuestro país desde el fin de la Revolución.
Aquel clima político es cosa de niños comparado con el que estamos viviendo en la actualidad: la polarización es mucho mayor, la falta de control sobre el territorio nacional también, el crimen organizado tiene una potencia y un poder inimaginable en aquellos días, y la violencia que entonces era excepción hoy es la norma.
Este fin de semana, en Altamirano, Chiapas, fueron secuestrados cinco encuestadores de Morena, dos de ellos asesinados, un tercero está aún desaparecido y dos mujeres fueron liberadas; la dirigencia del partido anunció que revisará la forma de hacer las encuestas por las condiciones que se viven en el estado. Eran encuestadores, imagine usted a candidatos en una campaña electoral.
Apenas ayer fueron liberadas 15 personas que estaban en un campamento de reclusión del crimen organizado en Zacatecas, entre ellos, un triatleta retenido desde agosto pasado y un dirigente del SNTE. La impunidad es norma: han pasado meses desde el atentado contra Ciro Gómez Leyva y estamos lejos de saber quién lo ordenó y por qué, mientras siguen sumándose los asesinatos de periodistas y las amenazas contra quienes ejercemos esta profesión son cotidianas. Los índices de impunidad ante los delitos denunciados (mucho menor que los cometidos) superan 98 por ciento. Y casi 70% de la población siente que la situación en términos de seguridad ha empeorado.
En ese clima, para utilizar el vocabulario de los años 90, la seguridad del proceso electoral es endeble. Decía el presidente de Morena, Mario Delgado, después del asesinato de los encuestadores en Chiapas, que las candidaturas de su partido están protegidas del crimen organizado. No es verdad, ni las de Morena ni las de la oposición.
Tenemos los ejemplos de 2021 y 2022, en procesos electorales mucho más pequeños y de menor trascendencia que el que tendremos en 2024, que han exhibido numerosos casos de violencia e intervención del crimen y de otros factores de poder, sobre todo en el ámbito local.
Me parece básico que se haya ofrecido protección a las virtuales candidatas presidenciales y espero que, tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez la hayan aceptado. Tiene que privar ante este clima de polarización y confrontación que vivimos, un poco de sensatez y construir espacios básicos de confianza: no se trata de ingenuidad, sino de asumir, y creo que todos los principales actores de este proceso por lo menos en eso están de acuerdo, que una disrupción como la de 1994 sería infinitamente costosa para la estabilidad y el futuro del país.
Me asombra que haya quienes cuestionen la creación de mecanismos de seguridad para los principales candidatos, tanto en el ámbito federal como local. La seguridad de todos los principales participantes del proceso electoral debe ser una responsabilidad del Estado, pero también debe ser asumida como tal por los aspirantes y los actores. No es verdad que la seguridad puede vulnerar su capacidad de maniobra, o sus campañas. Debe ser una exigencia de éstas y quienes están en ellas deben operar desde esa perspectiva. No se trata sólo de desafiar el potencial daño personal, de valentía o de dar la cara, se trata de comprender que representan mucho más que simples individuos. Su singularidad en la vida política y en la estabilidad del país exige hacer todos los esfuerzos de seguridad necesarios a sus campañas.
Esa es una realidad para el presidente López Obrador (que finalmente se olvidó de esa irresponsabilidad que implica el trasladarse en vuelos comerciales o el hacer recorridos de horas por carreteras), para Xóchitl y Claudia, pero también para muchos otros, como Omar García Harfuch, y para quienes hagan campaña en zonas complejas del país como Chiapas, Guerrero, Zacatecas o Michoacán. Recordemos que cerca de un tercio del territorio nacional está controlado o con fuerte presencia de grupos criminales y que, como lo vemos con las oleadas migrantes, el control sobre las fronteras, y, por ende, sobre los ingresos y salidas del país, es por lo menos relativo. Las provocaciones son, en este clima, por lo menos una tentación, interna y puede ser que también externa.
Decía Albert Einstein que la preocupación por el hombre y su seguridad debe ser el interés principal de todos los esfuerzos. Es verdad, eso no debe implicar un menoscabo de la libertad de expresión o movimiento, pero sí una responsabilidad que las autoridades deben estar obligadas a dar y los actores políticos a asumir. Por cierto, nada vulnera tanto la seguridad y alimenta este clima de violencia que la impunidad constante y manifiesta que vivimos.
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Juegos de poder
El INE como el coyote de las caricaturas
Leo Zuckermann | Excelsior
Pobre del Instituto Nacional Electoral (INE). Como el coyote de las caricaturas, siempre pierde. No puede cazar al correcaminos, quien acaba burlándose de él. Bip, bip.
Pero no es broma. Los contribuyentes le damos millones de pesos al INE para hacer algo imposible: aplicar una ley inaplicable. Una ley que les pide a los políticos que no hagan política. Una ley estúpida.
Los políticos ya le tomaron la medida al INE. Hacen lo que se les pega la gana y el INE hace como si los castigara. En realidad, nunca los alcanza. Es un cuento de nunca acabar, como la eterna persecución del coyote al correcaminos. Pobre INE, me cae. Me los imagino con la tierna carita del coyote cuando se da cuenta que el correcaminos lo derrotó.
Nadie le ha agarrado más la medida al INE como el presidente López Obrador. Él, que, como candidato perdedor de dos elecciones presidenciales, impulsó las leyes inaplicables. Hoy es el primero en saltarse las trancas. Cotidianamente hace campaña a favor de su partido. No tiene recato alguno. Y, cuando lo castiga el INE, se burla de ellos. Bip, bip.
En sus conferencias mañaneras, el Presidente ensalza a Claudia Sheinbaum y denuesta a Xóchitl Gálvez. Ha llegado al extremo de presentar presuntos casos de corrupción de la candidata opositora que son falsos a todas luces. Le pega y no esconde la mano. El burdo uso de la tribuna presidencial para atacar a los adversarios políticos. Él, López Obrador, que le solicitó a Vicente Fox que se callara porque estaba hablando como chachalaca cuando el entonces Presidente intervenía oblicuamente a favor del candidato de su partido en las elecciones de 2006.
Y viene el INE y castiga al Presidente. Le ordena que baje de las redes ciertos contenidos de su mañanera que la autoridad considera que violan la ley. Sin embargo, el daño ya está hecho. López Obrador ya dijo lo que tenía que decir. Los medios ya reportaron sus ataques a Gálvez y loas a Sheinbaum. El coyote vuelve a perder contra el correcaminos. Bip, bip.
El INE trata de atraparlo de nuevo. Ahora le solicita que, antes de las mañaneras, ponga una leyenda que dice:
“En cumplimiento al Acuerdo ACQyD-INE-221/2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter Institucional y fines Informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
Me muero de la risa. Qué bobería. Como cuando el coyote utilizaba inventos para pillar al correcaminos que no funcionaban. La resortera gigante cuya liga se rompía e impulsaba al cazador en sentido opuesto. Bip, bip.
El Presidente revira ridiculizándolos. Manda a poner un texto inmediatamente después del exigido por el INE. Dice:
“Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Andrés Manuel López Obrador”.
Las risotadas del Presidente reverberan desde Palacio Nacional. Bip, bip.
El INE, como el coyote, vuelve a contraatacar. Ordena que Presidencia modifique el contenido de las conferencias mañaneras de los días 25, 26 y 27 de septiembre “con el fin de eliminar la posdata” que incluyó López Obrador, quien no puede pronunciarse sobre temas electorales. “El contenido de dicha posdata puede incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral”, argumentan. Ja.
En la misma sesión, la Comisión de Quejas del INE le ordena a Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena que no es candidata presidencial, “eliminar las publicaciones sobre los eventos que realizó en Chiapas, Sinaloa, Sonora y Oaxaca en el marco de la gira La Esperanza nos une”.
Los consejeros del INE sospechan que son anticipados de campaña. Los son.
Me temo, señor coyote, que ya le tomaron la medida; nunca podrán cazar al correcaminos y, en toda esta faena, acabarán haciendo el ridículo. Bip, bip.
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Astillero
AMLO-Ayotzinapa: reconfiguraciones // Remozar verdad histórica // Exonerar a Peña y Cienfuegos // Ir contra GIEI y defensores de 43
Julio Hernández López | La Jornada
Las duras palabras del presidente López Obrador en su conferencia mañanera de prensa de este martes apuntan, cuando menos, a tres reconfiguraciones importantes en el tema de los jóvenes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala nueve años atrás:
1.- Aun cuando se desechan fases operativas, como la incineración de cuerpos en un basurero y el depósito de los restos incinerados en un río, la nueva versión preferente del gobierno federal se acerca en lo esencial a la verdad histórica del peñismo-murillismo: lo sucedido obedeció principalmente a factores menores, tanto de autoridades como de grupos del crimen organizado.
Lo regional, lo local, no tanto lo federal o nacional. Esta recompostura ha sido saludada de inmediato con regocijo por voceros mediáticos y políticos que defendieron la versión sostenida por Peña Nieto y Murillo Karam.
2.- Así como se ha sostenido una línea de defensa de Omar García Harfuch, exculpándolo de lo que nadie lo acusa, es decir, señalando que no estuvo personalmente en ese momento trágico en Iguala, ahora el Presidente de la República exonera políticamente al ex ocupante de Los Pinos Enrique Peña Nieto y a su secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, al señalar que ellos no ordenaron la realización de las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa.
Tan cierto es eso que no hay ninguna voz seria que les haya imputado el haber dado instrucción alguna al respecto en esas horas precisas. Pero, como en el caso de García Harfuch, los puntos claves están en el antes y el después: Peña Nieto y Cienfuegos son responsables de las condiciones de mafiosidad institucionalizada que estalló en Iguala una noche trágica y, sobre todo, junto con Jesús Murillo Karam, del armado criminal de la verdad histórica que puso todo el poder del Estado al servicio de una insostenible coartada.
Sí, fue el Estado, como aceptó el presidente López Obrador, pero no sólo porque participaran piezas menores (policías estatales, un presidente municipal y algunos agentes de otros niveles e incluso militares), sino, marcadamente, por la colusión de poderes del más alto nivel (el ocupante de Los Pinos, los titulares de Sedena y Semar, el procurador de justicia, el secretario de Gobernación, el titular del Cisen, entre otros) para ocultar la verdad, proteger la estructura de complicidades políticas, militares y policiacas en asuntos de narcotráfico y crimen organizado, y tratar de sepultar cualquier arribo de justicia verdadera al nivel de esas élites confabuladas.
Y, 3.- La recomposición narrativa (la nueva verdad obradorista) y la exoneración de los máximos mandos políticos y militares conllevan un intento de aplastamiento, mediático e incluso con amagos judiciales en el caso del ex fiscal especial Omar Gómez Trejo, de la estructura de defensores jurídicos (Vidulfo Rosales, el más conocido), organizaciones defensoras de derechos humanos (los centros Pro y Tlachinollan, en especial) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (igual que se hizo al final de la administración de Peña Nieto). Postura presidencial lamentable, incongruente.
Astillas
Un tribunal israelita habrá de decidir si procede la extradición de Andrés Roemer, no el gobierno de ese país. Tampoco hay una fecha predeterminada para la eventual extradición… Mario Delgado, conforme a lo estipulado en la convocatoria, pero con riesgos de fracturas, está reacomodando fichas en los tableros para dar oportunidad a quienes quedaron fuera de la competencia por candidaturas a gubernaturas debido al control de facciones en los consejos estatales… Las coordinadoras de los procesos partidistas encaminados a hacerlas candidatas presidenciales aceptaron protección militar en sus giras. Bien hacen Sheinbaum y Gálvez en permitir una protección institucional, pues el país no está para incidentes peligrosos en el plano de la principal contienda electoral…
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México SA
Aquí, García Luna es intocable // Niegan orden de aprehensión // Juez federal protege a Zerón
Carlos Fernández-Vega | La Jornada
Una raya más al ya muy desprestigiado tigre, pero ¿será que el Poder Judicial de la Federación está desatado y se quitó la máscara, o en realidad sus reiteradas prácticas contra la impartición de justicia son añejas y normales, pero nadie se atrevía a desvelarlas? Ello, porque no hay día en que no se conozca y denuncie una decisión de alguno de sus miembros para favorecer al crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco, sean éstos del sector privado o público, pero de la élite, sin olvidar el correspondiente intercambio de favores políticos.
¿Cuál fue la de ayer? La Fiscalía General de la República (FGR) denunció que “después de obtener de un juez de control orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra Genaro G (García Luna) por habérsele descubierto un ingreso injustificado, inicialmente de más de 43 millones de pesos durante su gestión como servidor público de 2000 a 2012, y sin que los mismos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales, lo cual está confirmado por diligencias periciales contables, ahora el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido. Lo anterior, aun cuando con los datos de prueba ofrecidos a la autoridad jurisdiccional se demostró que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso.
Así es: para el citado tribunal colegiado aquí no existe motivo para molestar al multimillonario delincuente calderonista García Luna, uno de los principales capos del narco, declarado culpable por unanimidad del jurado en una corte de Nueva York (cinco delitos por tráfico de cocaína, delincuencia organizada y declaraciones falsas) y en espera de sentencia. Allá lo declaran culpable, pero aquí se apresuran a limpiarle el expediente y a desbloquear las cuentas bancarias a su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, y le liberaron sus ahorritos el mismo día en el que condenaron a su marido, por decisión unánime del decimoséptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México. Otro ejemplo es el de Luis Cárdenas Palomino.
La FGR detalla que así lo decidió el tribunal integrado por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar (ésta con un antecedente similar en la causa contra Emilio Lozoya), violentando el artículo 224 del Código Penal federal vigente en la época de los hechos (enriquecimiento ilícito de los servidores públicos), y al respecto, García Luna no puede acreditar la legítima procedencia de esos 43 millones.
Por lo anterior, la FGR iniciará el procedimiento legal contra el juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente negó la orden, y de los magistrados que confirmaron la negativa, toda vez que actuaron en contra de la administración de justicia. Existen otras tres órdenes de aprehensión vigentes contra Genaro G.
Claro, en estos casos, y más allá de las perversiones del Poder Judicial de la Federación, no son descartables la lentitud y los errores de la FGR, e incluso la recurrente práctica institucional de armar mal los expedientes para que la consecuencia inmediata sea la liberación del delincuente en turno. Sin embargo, dada la enorme telaraña de intereses y los peces gordos implicados en este enjuague, nada raro resulta que don Genaro cuente con todos los apoyos.
Ejemplos sobran, pero vienen a la memoria políticos que mágicamente libraron la cárcel. Incluso delincuentes de cuello blanco como Carlos Cabal Peniche y Luis Isidoro Rodríguez, El Divino (extraditados a México y quienes del aeropuerto Benito Juárez se fueron directamente a sus domicilios sin pisar la cárcel). A Raúl Salinas de Gortari le costó algo más, sólo para que al final de cuentas la justicia le devolviera hasta el último centavo de sus enjuagues. ¿Y los implicados en el fraude a Segalmex?
En fin, el de por sí abultado inventario de los impartidores de justicia no tiene para cuándo acabar.
Las rebanadas del pastel
Y de cereza, al torturador Tomás Zerón no se le puede acusar de torturador, porque obtuvo una suspensión de un juez federal, que ordena al gobierno federal no realizar ningún comentario incriminatorio o condenatorio en su contra, , mientras no exista una sentencia definitiva en su contra en el caso Ayotzinapa. Y lo que se acumule.
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Cartas sobre la mesa
Luis Linares Zapata | La Jornada
Cuatro son las personas que desean representar a Morena en la ya próxima campaña electoral por la capital de la República. Fueron seleccionados por los dirigentes de ese partido, nombrados con tal fin y de acuerdo con los estatutos que los rigen. Ha sido un proceso afortunado. Los cuatro tienen merecimientos para representar a su partido en la contienda. Pero cada uno tiene cualidades y experiencias que los diferencian. Y, en esa diversidad, radicará la decisión final. Una que tendrá que bascular entre la obtención de los votos para el triunfo y las valoraciones funcionales, ideológicas y de poder, como jefe de Gobierno. Es, ese embrollo, precisamente, lo que contará para ser el escogido por la ciudadanía. Al menos así se desea que suceda dentro de poco tiempo.
Entre ese compacto grupo hay una mujer, Clara Brugada, quien aparece en un segundo lugar en las preferencias (encuestadas) de la gente. Sólo unos cuantos puntos debajo del que fue secretario de Seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfush, quien, según los sondeos que se han publicado, aparece en primer lugar de las preferencias. Habrá, entonces, que profundizar en los perfiles de cada uno de estos aspirantes. La razón es sencilla, cada uno disputará el puesto de mayor poder y relevancia de la política mexicana, sólo debajo de la Presidencia. Y, también, porque lo hacen dentro del partido de izquierda que deberá continuar con las transformaciones iniciadas en el presente sexenio, que ya apunta a su final.
Es por estas características mencionadas que es necesario focalizar la atención en cada uno de estos dos proponentes morenos. Clara Brugada es la figura más consolidada, entre ellos, por su historial de gobierno. De hábil y congruente quehacer político y constructora de opciones relevantes. Su desempeño, como una dirigente capaz de modificar parte sustantiva de la fisonomía y el comportamiento, de su enorme alcaldía, está fuera de duda. En ese complejo y abigarrado terreno de clase trabajadora citadina se presenta con sello propio y firmes posturas en favor de la gente. No es una mujer que se mueve y reacciona de acuerdo con la dirección y los vientos de cualquier interés. Siempre se ha desempeñado con la vista puesta hacia abajo y respondiendo a las necesidades que mueven a, esos, sus mandantes. Ella fue quien hizo posible, en pocos días, movilizar a la gente de Iztapalapa, su delegación y posterior alcaldía, para derrotar las maniobras que pretendían, en 2012, desplazarla. Sus electores la siguieron y votaron por aquel famoso y triste personaje emergente (Juanito) que la precedió a su posterior nombramiento. De ahí en adelante se entregó, con reconocible perseverancia a su tarea transformadora.
Iztapalapa bien puede ahora ser ejemplo de una sociedad que ha trabajado, con sus propios medios y firme voluntad de progreso, para definir su futuro camino. Brugada fue la guía y la palanca de ese cambio en el bienestar ahí alcanzado. Siempre ha trabajo, con honestidad y congruencia, amparada en los valores de izquierda. Los electores de esta ciudad pueden confiar en que responderá a los requerimientos y aspiraciones de la mayoría.
El señor García Harfuch es un cumplido policía que intenta dar enorme salto en su historia. Recién llegado a las filas de Morena no permite, por tanto, conocer, en firme, sus valores y posturas internas, así como sus pensamientos sociales y políticos. En las entrevistas, dadas a medios, se presenta como un firme y seguro cumplidor de los programas superiores ya en proceso. Es decir, es un hombre disciplinado y obediente. Con un pasado que destaca su sólida formación militar. Un prospecto que bien podría desempeñar, con similar eficiencia desplegada en esta gran ciudad, el grave puesto de secretario federal de seguridad ciudadana. Pero, como jefe de Gobierno de esta ciudad, Brugada lo supera por amplio margen de consistencia política. Ojalá y los votantes capitalinos así lo vean.
Corren muchas versiones de que a Omar García Harfuch lo apadrina la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y ese rumor tiene ciertas bases de credibilidad. Bien haría la doctora en situar estas suspicacias, porque están afectando la unidad de los morenos. Las preferencias de las bases, de ese partido, no se afilian a tales designios. Esperar que erróneas consideraciones sobre las inclinaciones de las llamadas clases medias –gente bien– decidan el triunfo del proceso en litigio, corre riegos graves. Esos conjuntos no pueden prevalecer sobre las sólidas bases de Morena, tanto en el oriente como otras importantes zonas.
Privilegiar el cálculo electoral sobre la seguridad ideológica en la conducción política de la gran ciudad de los mexicanos carece de consistentes argumentos. Ya mal se experimentó con la pasada administración del señor Mancera. La continuidad de las transformaciones para mejorar el bienestar de las mayorías capitalinas exigirá novedosa y eficaz imaginación para el cambio.