Lo que dicen los columnistas

De naturaleza política

Dictadura ideológica, la opción…

Enrique Aranda

Excelsior

A la vista de su traición a México, ¿defendemos a MC?

Renuente a dialogar o a debatir, incluso en forma seria y con base en argumentos aún cuando, cual es el caso, el tema en cuestión pudiera poner en riesgo el futuro de México, el fracasado gobierno de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, en concreto, parece haber optado ya, como hemos citado en otras ocasiones, por la consolidación de un régimen de corte dictatorial, sin importarles si ello les confronta con una parte importante, cuando no con toda la sociedad nacional…

Mañana, cuando en el marco del inicio del ciclo escolar 2023-2024 la saliente administración inicie —“¡porque lo digo yo!”— la distribución de los cuestionados nuevos libros de texto gratuito entre millones de estudiantes de primaria en escuelas públicas ubicadas a todo lo largo y ancho del territorio, la implementación de tal propósito diseñado e impulsado desde los “oscuros” pasillos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), desde las oficinas del titular de facto de la dependencia, el autodeclarado neocomunista Francisco Luciano Concheiro Bórquez y de su peón Marx Arriaga en concreto, entrará en su última etapa…

Y esto, porque más allá del cúmulo de errores evidentes, carencias y desaciertos de todo tipo evidenciados por académicos y especialistas del ramo educativo, los nuevos textos pretenden imponer a los pequeños una visión de la historia donde, particularmente en capítulos recientes, activistas guerrilleros (de la Liga Comunista 23 de septiembre) y criminales incluso, como los asesinos de los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren a mediados del echeverrismo, como recién hizo notar la otrora aguerrida Coparmex, son presentados como jóvenes inquietos, luchadores por causas nobles y justas…para no hacer referencia a otros puntos.

Pretender minimizar excesos o falta de rigor académico fundamental, como los que apuntamos ¡porque así lo digo yo! —insistamos —es tanto como apostar a condenar a las futuras generaciones de mexicanos a la impreparación y a una “ideologización” extrema que acabará marginándoles del desarrollo y cerrándoles opciones para avanzar en la construcción de un mejor nivel de vida para ellos y sus familiares.

Es verdad que en media docena de entidades —Chihuahua, de María Eugenia Maru Campos, y Coahuila, de Miguel Riquelme, de forma explícita— sus gobiernos estatales han externado que esperarán la resolución definitiva de amparos sometidos a la consideración del Poder Judicial para avanzar en la distribución y/o “bloqueo” de la entrega de los textos a los estudiantes que, por otra parte, desde Palacio se confío mañana sean puestos en manos de éstos.

El asunto no está concluido, ni cancelado el grave riesgo que implica.

ASTERISCOS

* No habrá que esperar mucho, al cierre de hoy, presumiblemente, para conocer el que, dicen, será “el último y definitivo posicionamiento del excanciller Marcelo Ebrard sobre la inminente imposición de la impresentable exregenta Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la 4T y, claro, candidata por Morena a la Presidencia de cara al 2024”. Atentos.

Número cero

El gobierno abdica en crisis desaparecidos

José Buendía Hegewisch

Excelsior

La renuncia de la comisionada nacional de Búsqueda de Personas, Desaparecidas, Karla Quintana, es una manifestación de que el Estado abdica en su responsabilidad ante la crisis imparable de desaparecidos en el país. Los últimos gobiernos y el de López Obrador han incumplido como si nada pasara sus promesas con las víctimas para silenciar el fracaso en la peor tragedia en derechos humanos del país.

El Estado abandonó a las víctimas desde que dejó la búsqueda a los familiares, además sin protección alguna, expuestas a correr la misma suerte que sus desaparecidos. Pero la situación puede ser peor si ahora el gobierno pretende esfumar a los desaparecidos para borrar sus omisiones con la justificación de verificar el registro. A eso apunta la críptica expresión de Quintana sobre el “contexto actual” para explicar su dimisión. No ha dado sus razones, pero la salida ocurre luego de que el Presidente dudara del conteo a su cargo y ordenara un nuevo censo. La versión de que fue obligada a renunciar por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, no hace sino aumentar sospechas y acusaciones.

El registro de desapariciones siempre ha sido un problema tan grande como hallar las fosas clandestinas, aunque sobresalen en todo el país. Fue una incógnita desde los primeros casos de la “guerra sucia” por buscar ocultar la realidad de desaparecidos políticos por la represión estatal, que ahora se busca develar con una comisión de la verdad. Después, el conteo se volvió mucho más complejo con la desaparición masiva de particulares en la “guerra contra el narco” por la corrupción policiaca y cárteles de la droga.

El manejo de la estadística es clave para las tentativas de desaparecer la verdad o justificar que algo hacen los gobiernos contra la violencia. Pero con los números de desaparecidos preferirían que no existieran, pues son la única constancia de un crimen entre la vida y la muerte que se comete sin dejar rastro, salvo el vacío de los familiares. “Ningún registro se borra”, sólo cambia de “desparecido a no localizado” o “localizado” cuando hay alguna prueba de vida, dice Encinas para rechazar la acusación de “maquillar” datos con el nuevo censo.

Sin embargo, ése es el primer escollo para la búsqueda de 110 mil 985 desaparecidos desde la primera en 1964, y desde entonces es el indicador más aterrador de la inseguridad en el país. De enorme impacto para las víctimas que desconocen el paradero de un familiar, y para todo el país porque es el signo visible de acontecimientos cuya dimensión se preferiría ignorar. Por eso la verificación del registro tampoco puede ser sólo ir a la casa de desaparecidos a ver si ya volvieron o criminalizar a las familias con la sospecha de ocultarlos por estar en el crimen.

En cierto modo, el número es la condena misma, incluso internacional, como el “43” de los estudiantes de Ayotzinapa. Por eso la primera lista de 26 mil desaparecidos de la “guerra contra el narco” de Calderón llegó casi subrepticia a su sucesor Peña Nieto, que la dio a conocer para evitar que ésta pasara a su haber. Y luego la 4T denunció la ausencia de registros y una real búsqueda para no pagar la factura de la “herencia más dolorosa” de la crisis de inseguridad.

Pero otra vez los números les juegan por igual una mala pasada y exhiben realidades que preferirían invisibilizar, a pesar de que con López Obrador se han dado los mayores avances con la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda. Aunque las cifras más altas de los últimos tres gobiernos corresponden al suyo con más de 40 mil desaparecidos, contra 34 mil con Peña Nieto y 26 mil de Calderón, según el Registro Nacional.

La inconformidad de López Obrador con el registro es la frustración con sus propias cifras y la equiparación con el fracaso de sus antecesores en una crisis humanitaria que los iguala. Que trata de enterrarse en el cuestionamiento a la labor técnica de Quintana o del método para depurar el registro. El mayor disgusto es que el número muestra que los resultados son peores a los gobiernos anteriores. Y la mayor preocupación, que la herencia más dolorosa ahora pasará a su sucesor como en juicio testamentario sin fin, que esta vez podría quedar dentro de sus propias filas.

Los trenes, los más castigados

Antonio Gershenson

La Jornada

En la lucha sindical, tenemos claro el objetivo principal de que, además de ser el vital, es el que marca la diferencia entre la justicia y la injusticia de la jornada laboral neoliberal. El salario, o sueldo por jornada, tiene que ser una prioridad, incluso para los dueños de las empresas. Los ferrocarrileros y militantes sindicales de otros gremios lo han tenido como la meta esencial.

Entre los líderes corruptos y los presidentes ineptos, cualquier empresa nacional tenía que ir a la debacle. Revisando la historia del sindicalismo, nos damos cuenta de cómo las autoridades de ese gremio y los gobernantes en mancuerna han desperdiciado millonarios proyectos por la ambición personal.

Sólo como ejemplo, el sexenio de Miguel Alemán ha sido uno de los más saqueadores, no por nada su estatua fue dinamitada por estudiantes de la UNAM, quienes consideraron que era una falta a la ética y a la razón académica el hecho de erigir un monumento en el campus universitario.

Cobijado por el gobierno alemanista, Alfonso Ochoa Partida condujo al sindicato ferrocarrilero a partir de 1948. A este ganadero e impulsor de la charrería se le atribuye el mote de líder charro para señalar a los dirigentes sindicales corruptos.

Con Ochoa comenzó la dirigencia perpetua sindical en la historia laboral mexicana. La democracia pasó al olvido en todos los gremios y, además, fue el sello del dominio de los gobiernos siguientes. En el presente sexenio se retomó la lucha por la independencia y solvencia democrática en los sindicatos.

La recuperación del sistema de transporte ferroviario actual es una oportunidad para lograr esa democratización sindical, no sólo entre los ferrocarrileros, sino en todos los ámbitos laborales.

Llegó el fin de las cúpulas de poder que han sometido y denigrado a la base trabajadora. No hay mal que dure 100 años ni sindicato que los aguante.

Una muestra de lo anterior son las múltiples denuncias que se han hecho a empresarios como Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, quien se ha apropiado de un kilometraje importante dentro de Ferrocarriles Nacionales de México.

Ha quedado al descubierto la profunda antidemocracia al servicio de millonarios sin control, como el antes mencionado. No basta con nombrarlos, es imprescindible denunciarlos. De otra forma, nos convertimos en sindicalistas paleros.

Consideramos que no es un caso de autoritarismo que el presente gobierno se haya hecho cargo, temporalmente, de un tramo que administra la empresa Ferrosur, de la que Larrea es el principal accionista. Es un tramo importante para el proyecto del Tren Transístmico. No se está buscando beneficiar a ninguna empresa privada nacional ni extranjera, se busca el beneficio económico de la zona.

Consideramos que, si se hubieran expropiado los 120 kilómetros que tiene la línea de tren concesionada a dicha firma, el gobierno estaría en lo correcto, ya que el crecimiento económico fundamentaría dicha acción.

Como de costumbre, intentando sacar el máximo provecho, Larrea intentó presionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero, ante la ausencia de alternativas negadas por el empresario, la Secretaría de Marina ha tomado el control del funcionamiento de esa línea de tren, la cual sigue funcionando con normalidad.

Las especulaciones no han dejado de llenar las páginas de periódicos en contra del proyecto Transístmico ni han dejado de ocupar horas en los espacios televisivos y radiofónicos. Pero no dejan de ser seudoanálisis de economistas –que no lo son–, pero que actúan como tales por órdenes de sus directores.

Siguiendo los comentarios de Enrique Galván Ochoa –compañero periodista de este mismo diario– en la red social X, creemos que es clara la afirmación de que “Ernesto Zedillo privatizó el sistema ferroviario mexicano, 22 mil kilómetros de vías y le aplauden. @lopezobrador ocupa de manera temporal 120 kilómetros de vías para un proyecto trascendental para el país, como es el Corredor del Istmo de Tehuantepec, y repudian la acción. Les disgusta beneficiar a México y no a los suyos”.

De acuerdo con la manera en que se han desarrollado las operaciones para beneficiarnos con el Tren Transístmico, podemos reafirmar que los trenes vuelven.