Lo que dicen los columnistas

Número cero

La Corte pierde en el cara a cara con AMLO

José Buendía Hegewisch | Excelsior

El fuerte posicionamiento ante jueces del mundo de la presidenta de la Corte, Norma Piña, contiene palabras clave con que replica los ataques de López Obrador y Morena contra el Poder Judicial. Pero también deja ver las grandes debilidades del propio tribunal para defender la división de Poderes sin el respaldo de una ciudadanía que se sabe excluida de la justicia y lejana a las decisiones de los juzgadores.

La ministra aprovechó el Congreso Mundial de Derecho para hacer una airada defensa de la independencia judicial frente a la disputa política que vocifera en la cara de la Corte y el recrudecimiento de la ofensiva de la 4T con la solicitud de juicio político contra cuatro de sus ministros. “Persiste la tentación de que los tribunales constitucionales se reduzcan a la idea de replicar la voluntad de un solo hombre”, dijo en alusión a López Obrador, aunque matizado como riesgo global para la democracia.

En el ojo del huracán desde que llegó al cargo en enero pasado, la declaración busca encender focos rojos sobre el diferendo con la 4T y su reforma al Poder Judicial para elegir a los ministros por voto popular, que aprobaría si logra mayoría calificada en el Congreso. Pero independiente de ello, la Corte pierde en el cara a cara sin intermediarios con López Obrador por su gran desventaja de la distancia con la ciudadanía, con la que además no puede interactuar en la arena política, y mucho menos enfrentar a un mandatario con más de 60% de aprobación social.

La Corte está en un verdadero problema porque, como acepta Piña, la única manera de defender su independencia es acercándose a la sociedad, pero la visión autoritaria de los juzgadores la mantiene alejada de ella. Ése es el punto de mayor debilidad de la Corte y donde hacen diana los ataques de deslegitimación como casta privilegiada y poder corrompido; además del reclamo de la 4T de bloquear al gobierno y las obras de su sexenio.

Los reclamos contra juzgadores por liberar criminales y decisiones injustas no son nuevas, ni empezaron con la 4T. La ciudadanía ve a la independencia judicial como un asunto de la relación (o las peleas) entre Poderes, del que se siente lejano. La idea de defender la división de Poderes le parece un choque por canonjías y concesiones de los juzgadores, lo que no es extraño si lo que vive es la negociación con la justicia o el espectáculo de la judicialización de las campañas. Nada de esto repercute en el acceso a la justicia de las víctimas, sus derechos humanos y la impunidad en un país saturado de violencia.

Por ello la justicia tiene un rol marginal para atraer la demanda de pacificación de la ciudadanía. Se dirá que, sin independencia, la justicia es imposible, pero su permanente obstrucción y la impunidad muestran que con ella tampoco avanza. ¿Cómo puede percibir la sociedad la importancia de la autonomía de la Corte con un índice de 93% de impunidad criminal y la percepción de que en el país no hay justicia? ¿Qué puede pensar de la división de Poderes la decena de personas que a diario entran a una cárcel sin un fallo judicial y podrían esperar años sin sentencia, mientras se liberan líderes del narco?

Tiene razón la ministra Piña cuando llama a jueces y magistrados a entender la independencia judicial como garantía para los derechos humanos y no tenerla como un hecho dado. La última reforma judicial, que presentó el ministro Zaldívar en 2021 como la más importante en los últimos 30 años, tampoco ha brillado por mejorar el acceso a la justicia. Pero mucho menos en comunicar a la sociedad los verdaderos obstáculos para colocar los derechos humanos en el centro de las decisiones de los juzgadores, ni los “picos históricos” de violencia e impunidad en el actual sexenio.

Lo cierto es que ninguna reforma tendrá éxito, ni las anteriores ni la que pretende López Obrador del Poder Judicial, si no logra traducirse en descenso de la impunidad, el factor decisivo de la falta de credibilidad y confianza en la Corte. Pero tiene razón Piña cuando llama a jueces y magistrados a entender la independencia judicial como garantía de los derechos humanos y que en el fondo es una llamada a cambiar su actitud hacia la sociedad.

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Disonancias

El reto del Frente Amplio

Ricardo Alexander Márquez | Excelsior

El Frente Amplio por México va. Se está consolidando y se empieza a mostrar como una opción viable con posibilidades de éxito para el 2024, pero necesita afianzarse de la mano de la sociedad civil.

Debe presentarse como algo más que un simple pacto electoral que terminará cuando se lleve a cabo la contienda.

La experiencia del sexenio que termina nos ha enseñado que necesitamos menos presidencialismo y más parlamentarismo. Que se tienen que construir acuerdos para avanzar hacia un verdadero proyecto de nación donde no existan los “otros datos”.

Es necesario que el Frente Amplio por México represente un espacio donde se incluyan las voces de todos los que creemos que se ha perdido el rumbo. Por eso, necesitamos que las fuerzas políticas empiecen a hablar de un gobierno de coalición que ya contempla nuestra Constitución. La aspiración es tener la estabilidad que puede representar una verdadera alianza, lo que se debe materializar con la ley reglamentaria a la reforma constitucional.

El gobierno de coalición se incluyó en nuestra Carta Magna en 2014. Es un nuevo instrumento jurídico para enfrentar los dilemas de gobernar sin mayoría y poder construir democracia. Su conformación debe apegarse a una serie de modalidades establecidas –principalmente– en el artículo 89 fracción XVII constitucional.

Ahí se establece que el Ejecutivo podrá, “en cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores”.

La idea de la reforma fue abrir la posibilidad de terminar con el juego de suma cero de las elecciones presidenciales en donde “el ganador se lo lleva todo”. Facilitar la negociación mediante la alineación de objetivos y visiones del país, lo que implica una corresponsabilidad en las decisiones del gobierno.

El presidente López Obrador sabe que, si divide, vencerá, por eso el miedo y su obsesión con la oposición. La mejor manera de lograr un Frente Amplio exitoso es que se presente como un proyecto estable que tome en cuenta las diferentes fuerzas políticas y a la sociedad civil ávida por participar.

Por eso, dentro de la plataforma del Frente Amplio se deberían pactar a priori las reglas del primer gobierno de coalición de México –lo que podría ser impulsado por alguno de los hoy competidores–. Estas pautas marcarían los parámetros para sumar en el proyecto de gobierno a todos los candidatos del proceso de selección y servirían como base de una iniciativa de la ley que sería votada y aprobada en la instalación del nuevo Congreso en 2024.

No es tiempo de protagonismos. Se trata de sumar y no de restar. Quien quede elegido por el Frente debería ser lo de menos, pues lo que hará fuerte al movimiento es la organización y cohesión de todos sus miembros. Los candidatos deben acordar, de antemano, los espacios donde cada una de las fuerzas políticas podrá participar tras la victoria de las elecciones de 2024 y en cuales los ciudadanos también se podrán sumar.

Es momento de que nos pongamos de acuerdo. Dejar atrás las aspiraciones individuales y adoptar el primer gobierno de coalición. México lo necesita.

* Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y Profesor en la Universidad Panamericana.

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De miopías y crispaciones

Rolando Cordera Campos | La Jornada

Estamos sumidos en una situación prevista por no pocos. El discurso polarizante que en un inicio parecía ocurrencia del poder, ha desembocado en el nudo jurídico y político que, para la ministra Otálora, es una república paralegal. Todos juegan el mismo juego, impuesto por el Presidente, cuyos primeros resultados están a la vista: la ley no es la ley, sino un conjunto de maniobras majaderas; la realidad no es la que nos dibujan las estadísticas del Inegi, los análisis del Banco de México o los organismos internacionales, sino lo que figura el equipo hacendario que celebra sus propias victorias mientras se impone un clima de resignación social que poco tiene que ver con las potencialidades que nos dicen tiene México en esta nueva vuelta de una economía global un mucho destartalada.

La pandemia devastó ánimos y expectativas, mostró la cara más cruel de una globalidad inscrita en las fuerzas y tendencias de un modo de producción convertido en único, a decir del estudioso Branko Milanovic, que hasta el momento no tiene contraparte política o institucional. En estas condiciones no se alcanza a ver qué decisión y acción de los mexicanos podría modular el clima de los arrebatos verbales inopinados que se han apoderado del discurso político de la democracia azteca, de por sí magro. Parece que preferimos regodearnos en este renovado laberinto de la soledad que nos legó el poeta, lejos del mundanal ruido y desde luego ajenos a los intentos de otros estados e instituciones por redefinir una globalización incluyente.

La ausencia del Presidente de la Cumbre Celac-Unión Europea pudo subsanarse con la eficacia retórica y propositiva de nuestra canciller Alicia Bárcena, pero hasta cierto límite. Lo que buscaban los convocantes eran muchos cara a cara para dar a sus visiones un dejo de compromiso personal de los jefes de Estado. Una suerte de aproximación empática de Europa y nuestro extremo Occidente para trazar rutas que permitan transitar en medio de la disputa hegemónica.

Tenemos que conformarnos con mantener una exigencia legítima de respeto a la Constitución y sus leyes, pero el hecho es que los países son más que sus elecciones y jurisprudencia. Además de la observancia a la ley hace falta algo elemental que es, a la vez, fundamental pero que sigue ausente tanto en los partidos como en los políticos; en buena parte de la opinión publicada y en no pocos grupos organizados de la sociedad: la voluntad de anteponer nuestras respectivas pequeñas miserias al bien común. En una palabra: carecemos de una auténtica vocación democrática que, para serlo, tiene que ser también una democracia social, como lo aprendieron y enseñaron los estadunidenses del New Deal de Roosevelt y los europeos del estado de bienestar. Combinar estas tradiciones y legado, para encarar los desafíos y amenazas resumidos en el cambio climático y el no menos portentoso cambio técnico, debería ser la misión del mundo pospandémico y de sus mandatarios.

Infortunadamente, el camino que transitamos parece llevar a ninguna parte: cuando el discurso político se alimenta de y es promotor de divisiones y confrontaciones, el recelo y la sospecha se apoderan del espíritu público; las triquiñuelas se festejan y se las ve como “alta política; el temor, que nunca nos ha dejado, camina con una desconfianza que nos contagia a todos.

En estas circunstancias, que son las nuestras y del mundo, parece que pedir mesura y cordura a los actores políticos no pasa de ser una ilusa intención ante el desfile cotidiano de irresponsabilidades y abusos. Cuesta arriba se presenta este por demás incierto camino. Por más que la miopía política e histórica nos embargue, hay que insistir: tenemos que aprender a valorar nuestras instituciones, respetarlas, fortalecer su funcionamiento. No demolerlas como parecen querer muchos habitantes del polo gobernante.

Todos los actores políticos tendrían que deponer sus descalificaciones a la orden y asumir como bien fundamental el diálogo; enfocarse en los enormes problemas que nos han sitiado por la omisión o la equivocación; buscar propuestas, mejorar nuestro hábitat colectivo. Se trata, simplemente, de actuar de tal manera que haya certezas, seguridades y confianza.

Estamos frente a una situación inédita que nos compete y compromete: si es verdad que nos interesa preservar las conquistas democráticas, nos urge mantener ante éstas una actitud vigilante, a la vez crítica e informada. Necesitamos de la presencia activa de auténticas fuerzas políticas, con la capacidad y voluntad de tejer amplias coaliciones.

En cierta forma, nada de lo dicho es nuevo, pero adquiere inusitada presencia al calor de esta época de crispación que sufrimos. Hay que evitar que las arbitrariedades y los abusos del poder y del no poder converjan. El estado de derecho no debe ser una ficción. Pero sólo con democracia y más democracia podremos aspirar a construirlo y habitarlo.