Lo que dicen los columnistas

Número cero

Violencia y precampañas, realidades alternas

José Buendía Hegewisch

Excelsior

Las precampañas de seis partidos normalizan la violencia sin fin en el país haciendo abstracción de ella en la política. No tienen mucho que decir, menos qué proponer o es que el derecho a la seguridad está fuera del radar electoral. Ante otra espiral de ataques con explosivos en Guanajuato, secuestros en Chiapas y el asesinato de Hipólito Mora, en Michoacán, prefieren sus correrías en las redes donde emulan a estrellas tiktokeras del espectáculo en internet.

Es un fenómeno político desde la 4T al Va por México: las estrategias de los precandidatos por construir escenas de cercanía natural y cotidiana con la gente, de confundirse con los electores y buscar representarlos, pero sin importar sus derechos, como la seguridad. Partidos y políticos están desconectados de la inseguridad, y si llegan a tocarla es para atacarse. No es tema de debate ni en la elección del defensor de la 4T ni del responsable del Frente, como nombran a sus candidatos presidenciales para evadir las prohibiciones de ley.

Pero esas manifestaciones tienen consecuencias graves, porque interrumpir la conexión de la política con los derechos debilita a la democracia y la divorcia de las libertades. Y así su distancia con la gente crece por más que quieran parecer uno más de los que viven la violencia.

El crimen desafía al país, pero no al que viven corcholatas o frentistas, de cara a las encuestas para las candidaturas. En la carrera por vestirse de atributos que los encumbren en la popularidad olvidan mensajes claros sobre qué hacer para pacificar al país. Y acaban pareciéndose más a Luisito Comunica que a un político. La última ola de violencia no logró distraerlos de confeccionar las escenas cotidianas de sus recorridos nacionales como programas de telerrealidad o de la guerra sucia en las redes.

La descomposición por la violencia en varios estados es palmaria, aunque no la vean. Tan sólo la última semana en Chiapas es evidente el quebranto del Estado de derecho con el secuestro inédito de 16 funcionarios por un grupo armado para exigir al gobierno la liberación de una cantante plagiada por el crimen; el descontrol en Guanajuato es manifiesto con la explosión de un coche bomba con cuatro guardias nacionales malheridos, y patente en Michoacán con el acribillamiento del exlíder de las autodefensas a merced de cárteles locales.

Pero la inseguridad es campo minado. En el caso de las corcholatas por el corsé de la estrategia de seguridad presidencial y el costo de diferenciarse o criticarlo o, también por creer que esa función ya está fuera de la responsabilidad del gobierno civil, que López Obrador entregó al Ejército. Para los “frentistas” por ser factura de sus gobiernos y partidos, que apoyaron la militarización de Calderón y luego su legalización con López Obrador y la creación de la GN hace cuatro años. Los opositores no pueden rebasarlo por la derecha en política de seguridad porque él copa ese espacio sin que su viraje desde la izquierda haya mermado su popularidad.

Por eso la violencia tampoco lo conmueve y a cada jornada violenta opta por evadir su responsabilidad atribuyéndola al “remanente” de la criminalidad que auspicio Calderón. Confiar en que el país se serenará porque ya no existe un narco Estado, aunque la impunidad que él encabeza es tal que encumbra la violencia con 146 mil asesinatos en su sexenio. Ante eso puede entenderse que sólo le quede acusar a criminales con sus papás y abuelos como en un TikTok para los plagiarios de Chiapas o las familias de los secuestrados.

Así, la violencia se normaliza y el crimen se generaliza en esos estados, donde corre como un mundo paralelo a los reality shows de Ebrard o Monreal y otros precandidatos que, por igual, emulan a influencers de las redes, aunque se desdibuje su perfil político. Todo sea por sumar likes como en la serie Black Mirror para ganar la “guerra de encuestas”.

Una guerra muy distinta a la de Hipólito Mora, atrapado en un laberinto opaco de crimen organizado, grupos armados de autodefensas y fuerzas militares en Michoacán desde que estalló ahí la otra guerra, la de las drogas. La suya ha sido la “guerra de dos mundos”, la de la política y la violencia, de la que los políticos prefieren no hablar, aunque estén atrapados en sus costuras.

2024

Gustavo Mohar

Excelsior

Cada 12 años se empatan las elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos, cada dos de nuestros ciclos sexenales coinciden con la campaña equivalente en el vecino del norte por la reelección de su presidente.

El presidente Biden ha anunciado su intención de buscar un segundo mandato, no obstante haber nacido el 20 de noviembre de 1942, con lo cual, de ser electo, terminaría su segundo periodo con 84 años, convirtiéndose así en el mayor de todos los que han ocupado la Casa Blanca.

Las encuestas levantadas indican que la mayoría de los entrevistados no apoya su decisión, no por dudar de su capacidad, incluso, su popularidad, sino por pensar que más de una vez, su salud ha dado muestras de estar frágil, se ha caído al tropezarse o no poder sostenerse, por ejemplo, al bajar la escalera del avión presidencial. A ello se suman varios lapsus de memoria o de orientación al retirarse de un foro público. En 1988 fue hospitalizado por dos aneurismas cerebrales.

Esto no quiere decir que hoy esté incapacitado, su equipo cercano y todo aquel que tiene oportunidad de conversar con él, coinciden en su lucidez y detallado conocimiento de los temas que se le plantean.

Sobra decir que es difícil encontrar una mayor responsabilidad de la inherente a ser presidente del país más poderoso del mundo, hay que recordar que fue un activo vicepresidente de Obama por ocho años en los que tuvo acceso a los reportes de inteligencia más sensibles, viajó extensamente y se entrevistó con los principales jefes de Estado, entre otros con Vladimir Putin y el líder chino, Xi Jinping.

Todo indica que se enfrentará a Donald Trump, quien, a pesar de haber terminado su mandato de manera vergonzosa, fue acusado de cometer varios delitos y estar sujeto a una seria investigación del Departamento de Justicia, sigue siendo el favorito del partido Republicano para competir con Biden.

En México, en 2024 tendremos el número más grande de elecciones: empezando por la Presidencia, 500 diputados y 128 senadores, nueve gubernaturas, múltiples Congresos locales y presidencias municipales.

Al escribir esta colaboración, adelantándose a los tiempos legalmente establecidos, con un INE debilitado y obsecuente, los partidos de oposición agrupados en el llamado Frente Amplio por México y Morena, el partido del gobierno, han lanzado a sus precandidatos a recorrer el país. Campañas aburridas, con discursos agotados y sin que ninguno de los aspirantes levante emoción.

Lo contrario sucede con Xóchitl Gálvez, de extracción panista, pero presentándose como independiente, ha venido a sacudir el ambiente político. Como bien la describe Jorge Zepeda Patterson:

“… a diferencia de otras alternativas sí constituiría una amenaza a la certidumbre que hoy posee Morena. Obligará a López Obrador a afinar la estrategia, a generar una tercera opción que divida el voto opositor… a cerrar filas”.

En suma, a Estados Unidos le espera un 2024 que pondrá a prueba su liderazgo mundial con el curso que siga la guerra en Ucrania sin miras de resolverse, con la sorpresiva asonada en contra de Putin por parte de un peculiar personaje, el multimillonario Yevgueni Prigozhin, dueño de un criminal grupo paramilitar denominado Wagner; en el frente interno, Biden con expresiones del radicalismo conservador y tal vez, enfrentar de nuevo a Trump.

En México, como indiqué arriba, 2024 pondrá a prueba nuestra democracia, en especial, la credibilidad y prestigio del que goza el órgano electoral y la participación de los ciudadanos. El presidente López Obrador deberá aceptar que, si bien su gobierno será valorado con el tiempo, su verdadero legado es que respete la voluntad del electorado, aun cuando tuviera que pasar la banda presidencial a uno de sus opositores el 1º de octubre del año entrante.

CFE y Pemex, mancuerna exitosa

Antonio Gershenson

La Jornada

Ambas empresas fueron sentenciadas a desaparecer por las políticas públicas de los últimos gobiernos del PRI y del PAN. El crimen no se concretó, afortunadamente. No sabemos si en realidad estaban en la disposición de despojar al pueblo mexicano de las empresas clave de primer orden en el desarrollo de la industria energética.

Por ser dos rubros fundamentales en la estabilidad económica, estas dos fuentes imprescindibles de energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) son, directa o indirectamente, el pilar del desarrollo de todas las áreas de la vida nacional.

En el aspecto político, una empresa que aporta un alto porcentaje en el presupuesto nacional, como lo son la CFE y Pemex, es de importancia estratégica y, al mismo tiempo, motivo de voracidad y ambición por aquellos funcionarios sin ética, dispuestos a privatizar hasta el último activo de las paraestatales.

Esta realidad fue alimentada por las reformas estructurales neoliberales, las que estuvieron a punto de provocar un colapso en la economía del sector energético. Por fortuna, el rescate, tanto de la CFE como el de Pemex, por parte del actual gobierno, ha tenido importantes avances. Aunque faltan algunas asignaturas que deberán, tarde o temprano, revisarse y resolverse; por ejemplo, la corrupción y antidemocracia en el sindicato petrolero, cuyos líderes no han rendido cuentas.

Y, por otro lado, es todo un reto enfrentar a los empresarios nacionales y extranjeros que continúan en su empeño de convertir los recursos naturales no renovables, como los hidrocarburos, por ejemplo, en una fuente de riqueza para saquearla.

Es por esa razón que la cultura de la transparencia en las finanzas y gestiones comerciales se proponga como una condición de exigencia en todos los ámbitos. Es, de hecho, un código de disciplina, una llave de control, técnico y de políticas públicas.

Y, cuando la población usuaria recibimos golpes injustificados e inaceptables, como la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), debemos rechazarlos desde nuestros derechos sociales. Este fue un acto ilegal y mañoso cuyo factor sorpresa fue el sello de los futuros recordatorios de la imprudencia y el abuso del poder de presidentes como Felipe Calderón Hinojosa y los otros jefes del Ejecutivo, desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto.

En este acto de barbarie en contra de la clase obrera se violaron los principales artículos que la protegen, empezando por el Artículo 123, y todos fuimos afectados. Perdimos la valiosa fuerza de trabajo de más de 40 mil personas, su experiencia como obreros calificados, como expertos en el área y, además, perdimos la estabilidad económica de centenares de familias cuyos recursos económicos fueron suspendidos sin miramientos, en forma ilegal y sin pensar en los daños a la salud, emocional y sicológicos. No obstante, fue una muestra de lo que es el neoliberalismo. En resumen, fue la fuerza de la barbarie.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó el atentado en contra de la LyFC por parte de Calderón y su política de represión y saqueo. Se ha buscado la justicia para las víctimas del multiatentado a la clase obrera en 2009. Multiatentado porque la agresión vino de un presidente usurpador de la Presidencia, por su clara fobia a la verdad, a la población de escasos recursos y por su abierta anticonstitucionalidad. Con estos antecedentes, nos preguntamos por qué no ha sido llamado a rendir cuentas.

Para la recuperación de la CFE, el jefe del Ejecutivo presentó la reforma eléctrica a través de la ingeniera Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, ante la instancia legislativa correspondiente. El objetivo inicial sería otorgar a la empresa nacional 56 por ciento de la producción de electricidad. En el último sexenio neoliberal se benefició a las empresas privadas, a las que se permitió la producción de 62 por ciento de la producción total.

La recuperación de la CFE dio pie el apoyo decisivo a la construcción de la refinería Olmeca, la cual permitió el suministro, a bajo costo y sin retrasos, de la electricidad necesaria para su conclusión. Se espera que el primer barril de combustible se entregará al pueblo mexicano en las próximas semanas.

Es importante resaltar que el acceso público a la energía eléctrica, prácticamente en todo el país, se lleva a cabo con estándares internacionales vigentes, con la probada calidad, la seguridad y confiabilidad necesarias. Los instrumentos para mantener dichas características es a través de los servicios al cliente, con mediciones más certeras con la pronta conexión de los servicios, además de una mejor planificación y la construcción necesaria de sus inmuebles y zonas de trabajo.

Con un presupuesto inicial de 47 mil 200 millones de pesos para la construcción de la refinería Olmeca, la planificación de la obra y la optimización de recursos monetarios presentó cambios necesarios. Fueron varios factores que exigieron la modificación del presupuesto inicial. Algunos de esos cambios fueron el aumento internacional del precio del barril de crudo, la pandemia inesperada de covid-19, muy costosa en vidas y en recursos financieros.

Sin embargo, lo importante son los resultados. Éstos son positivos desde cualquier punto de vista. El tiempo utilizado en la construcción de la refinería Olmeca ha sido excepcional. En cuanto a la refinación, tenemos la certeza de que estaremos consumiendo el combustible nacional que traerá más beneficios que perjuicios en el ámbito económico.

Ambas empresas proveedoras de energía (Pemex y CFE) han potenciado sus actividades en beneficio de la población, de la industria energética nacional y de la recuperación de la soberanía energética.