Lo que dicen los columnistas

Número cero

Va por México o Los juegos del hambre

José Buendía Hegewisch

Excelsior

La alianza Va por México ha logrado llegar unida a dar sus primeros pasos para entrar a la competencia por la Presidencia en 2024, bajo la presión de la precampaña adelantada de Morena. Pero el anuncio sobre el método para elegir a su candidato plantea una ruta parecida a Los juegos del hambre, lo que pone en duda si lo llevará a legitimar su proceso y consolidarse.

Las reglas del juego tienen paralelismos con esa película distópica en la que los “tributos” deben dar un espectáculo para obtener puntuación que oriente a los patrocinadores y armarse en la cornucopia del tiránico Capitolio en un combate a muerte televisado por la candidatura. Su primera prueba, recolectar, en una campaña nacional, 150,000 firmas para inscribirse, entrar a la medición de encuestas y, finalmente, llegar a las urnas en una consulta interna tras la “depuración” de aspirantes. Algo que ya ha comenzado con la declinación temprana de algunos de sus personajes más populares.

Dentro de la mesa que acordó el método destacan que las organizaciones civiles frenaron el control cupular de los partidos para abrir la elección a la participación ciudadana. Pero, desde que lo anunciaron las dirigencias del PAN, del PRI y del PRD, se suman críticas sobre su alcance y declinaciones que ponen en tela de juicio la equidad de la contienda. Por ejemplo, la de Germán Martínez por no estar dispuesto a echarse “en manos de cargadas empresariales, de sindicatos con dueño o de padroneros partidistas” que recuerdan el poder del Capitolio y el papel de los patrocinadores para las oportunidades de la competencia; o la de Lilly Téllez, que se bajó de los 14 inscritos originalmente por no garantizar una contienda justa.

No obstante, el primer saldo positivo para la alianza es llegar unida contra los pronósticos y no dejar todo el terreno a Morena, o para no olvidar, como en Los juegos del hambre, los tiempos oscuros si van divididos a la elección. Aunque la competencia comienza con traspiés y necesitarán más que ese recordatorio si quieren construir un Frente Amplio con una candidatura legitimada con una consulta popular.

De la primera prueba salieron con abolladuras y raspones, sobre todo sin disipar la sospecha de que fue un diseño hecho para el control de las dirigencias y los “cercanos” a la cornucopia de los partidos. La disolución de un consejo electoral ciudadano para organizar la elección es un golpe a su credibilidad, aunque rebaten que no fue más que una propuesta del Frente Cívico, no un acuerdo de los partidos.

Las principales interrogantes tienen que ver con la fiscalización del origen y el gasto para el control del sistema de firmas y del padrón para sacar adelante el proceso. También las reglas de las encuestas de una segunda etapa, la depuración de los aspirantes y el alcance de la participación ciudadana en la ponderación de todas las pruebas, de acuerdo con criterios discrecionales de los partidos.

Si los desajustes internos pesan, también la descalificación de simulación del Presidente como un dedazo disfrazado. Pero, de fondo, la alianza se enfrenta a dos dilemas mayúsculos. Primero, lograr que su método borre la idea del pacto cupular en que el PRI cedía al PAN la candidatura presidencial a cambio de ponerla en Coahuila y en el Edomex. Su problema es pretenderlo con un método contradictorio con la participación ciudadana, aunque en política siempre hay algún margen de incertidumbre sobre el resultado.

Y, segundo, que su ruta los obliga a violar la ley electoral, tal como critican de Morena con su precampaña adelantada, aunque, ciertamente, no tenían otra opción que no los marginara de la competencia. Pero tiene costos para su discurso sobre la legalidad electoral y consecuencias no deseadas, como secundar al oficialismo en el dominio de la ley de la selva con un INE debilitado en el proceso electoral 2024. ¿Cuáles son los riesgos de anular al árbitro?

Pero siguiendo la trama de la obra, el mayor dilema de la alianza podría sintetizarse en una sola pregunta: si el método aliancista podría aguantar que el candidato sea un panista que impulsa la cúpula como Santiago Creel, a diferencia de la película en que no ganó la carta del Capitolio. Eso le abre esperanzas a Xóchitl Gálvez, que sí pudiera amenazar a Morena desde los barrios de hambre donde aprendió a sobrevivir, si logra imponerse como Katniss al Capitolio.

Juegos de poder

Legalizar la prostitución

Leo Zuckermann

Excelsior

La prostitución es un viejo problema, tan viejo como la humanidad. “Sexo servicio”, se le dice ahora de manera políticamente más correcta. Históricamente, las religiones monoteístas siempre han prohibido el intercambio de dinero por sexo. Los Estados, siguiendo el mismo guion, también lo han proscrito y castigado.

Sin embargo, resulta más que evidente que esta política pública ha fracasado.

Entonces, ¿hay que legalizar la prostitución?

Digamos que un hombre necesita una camisa. En una economía de mercado, el individuo va a un lugar donde vendan el producto y adquiere su prenda a cambio de una suma monetaria. El Estado no se mete en esta transacción comercial y voluntaria. Ahora digamos que a este señor le urge tener una relación sexual y está dispuesto a pagar por ella. A diferencia de la camisa, aquí el Estado sí se mete: trata de impedírselo.

Pero, cuando el Estado prohíbe algo, aparecen los mercados ilegales. El hombre puede recurrir a la prostitución ilícita. La pregunta es por qué, en materia de relaciones sexuales, el Estado prohíbe las transacciones comerciales voluntarias entre individuos.

Es un asunto fundamentalmente de valores. Judaísmo, cristianismo e islamismo consideran como indignas a las personas que venden su cuerpo para dar un placer sexual. También consideran que los individuos deben llegar vírgenes al matrimonio y los cónyuges tener relaciones sexuales con fines reproductivos, no placenteros. Si éste es el caso, resulta lógico prohibir la prostitución que puede convertirse en un peligro para la fidelidad sexual de una institución tan importante para la religión como es el matrimonio.

Más allá de estos valores religiosos, está la idea más secular de que la prostitución transforma a las mujeres en un mero objeto: una mercancía que es explotada por los hombres. Ergo, resulta moralmente justificado prohibir esta denigrante práctica. La idea es compartida por ciertos grupos feministas, incluso por algunos izquierdistas convencidos, como Karl Marx, que la prostitución es una de las peores formas de sometimiento y degradación de la economía capitalista.

Estos valores religiosos y seculares son, por supuesto, muy respetables.

El problema es que, a lo largo de la historia, las sociedades monoteístas han mostrado mucha hipocresía con relación a lo que se conoce como la profesión más antigua de la historia: por un lado, han prohibido la prostitución y, por el otro, la clientela del negocio ilegal ha sido extensa, incluyendo a sacerdotes de todas las religiones, políticos moralistas y policías cómplices de la ilegalidad.

Algunos países han decidido terminar con tanta hipocresía. Existen múltiples lugares donde la prostitución es tolerada, aunque confinada a ciertos espacios. En otros, de plano se ha legalizado. En Holanda es permitida siempre y cuando se lleve a cabo en lugares cerrados. En Dinamarca, las mujeres pueden prostituirse, pero este ingreso no puede ser su única fuente de ingresos.

Un primer argumento a favor de la legalización de la prostitución es que se trata de reconocer de jure lo que de facto existe.

La segunda justificación para legalizar tiene que ver con la incapacidad del Estado de castigar la prostitución como un medio para desincentivar esta actividad. Los arrestos de prostitutas y/o clientes no funcionan para terminar con el negocio. La prohibición sólo beneficia a los proxenetas y policías corruptos que protegen a sexoservidoras y/o clientes de ser detenidos. Al legalizar, el negocio ya no depende del crimen organizado que generalmente trata a las prostitutas en condiciones infrahumanas. Se evita la trata de personas que realizan hombres poderosos que someten, secuestran y hasta esclavizan a las mujeres.

Al ser la prostitución ilegal se convierte por definición en una actividad que se efectúa en la secrecía y que no puede ser regulada por el Estado, lo cual hace posible la participación de menores de edad en el negocio. Al legalizarla, el Estado tiene una mayor capacidad de regular con todo rigor que sólo las mayores de edad ejerzan esta actividad.

Luego está el asunto de la salud pública. Una vez más, al legalizar la prostitución se hace posible la regulación de las autoridades sanitarias tanto de las sexoservidoras como de los lugares donde operaran. De esta forma, pueden abatirse las enfermedades de transmisión sexual. La regulación sanitaria beneficia no sólo a las sexoservidoras, sino también a clientes y al sistema de salud pública.

Finalmente, está un argumento de carácter más filosófico: ¿Qué derecho tiene el gobierno de meterse en una decisión voluntaria entre dos individuos donde uno pone dinero y el otro su cuerpo para una relación sexual?

Astillero

Deslegitima Lilly Téllez elección interna // Impacta a Creel y Xóchitl // Adiós GIEI; ¿triunfo militar? // ¿Seguirá Encinas en la SG?

Julio Hernández López

La Jornada

La salida de cuadro de Lilly Téllez imprimió un grado de deslegitimación al proceso interno de Va por México, añadió desventaja a Santiago Creel, pues él sería el beneficiario de las maniobras de clientelismo corporativo o partidista (las estructuras del PAN, en pacto con las del PRI), y colocó a Xóchitl Gálvez en ruta de perder el sello ciudadano con que Claudio X. y los empresarios y políticos asociados pretenden barnizar a la senadora panista.

La ex conductora de programas de Televisión Azteca soltó una serie de descalificaciones graves al ejercicio de selección de candidatura que impusieron PAN, PRI y PRD. Para desmontar el tinglado optimista que trataron de instalar los citados partidos, bastaría usar las frases críticas que videograbó ayer.

En una primera reacción tuitera, los principales involucrados ni siquiera atinaron a responder en defensa de sus procesos y pretensiones, allanándose a las palabras de Téllez y eludiendo el fondo del asunto, como si las palabras de Lilly sólo fueran un arranque de molestia sin mayores consecuencias. Marko Cortés, Santiago Creel y Xóchitl Gálvez difundieron frases de cajón, casi propias de una condolencia o un manual de superación personal, sin confrontar el posicionamiento duro de la declinante.

En el fondo, la renuncia de Téllez a participar en la faramalla (AMLO dixit) beneficia a Gálvez, al exhibir el riesgo de intereses no definidos y de intervención de oligarcas del pasado y movilizadores fraudulentos de ciudadanos como resortes utilizables para juntar firmas y promover a Santiago Creel.

Xóchitl, mientras tanto, continuaba recibiendo encendidos apoyos de parte de opinantes en medios convencionales de comunicación, con una sincronía en términos e ideas que parecería propia de una campaña concertada. Detrás de algunas de esas proclamas en favor de la esperanzadora Gálvez están los intereses de empresas, no sólo mediáticas, y grupos políticos desplazados en 2018.

El presidente López Obrador incluso mencionó durante su conferencia matutina de prensa que ya se están realizando tareas de recaudación de fondos para la campaña de quien postule Va por México. Y reiteró que dará a conocer el nombre ya determinado de quien resultará ganador del proceso opositor que aún ni siquiera inicia formalmente. Luego del festejo sabatino del quinto aniversario del triunfo electoral obradorista, en los primeros días de la semana próxima, dará el dato, aseguró.

Otro punto fuerte de deslegitimación de este proceso está relacionado con el arbitraje y su organización. No serán la sociedad civil ni los ciudadanos como tales los que decidirán, según lo que han planteado tanto la multicitada senadora sonorense como los convidados originales a formar una comisión electoral ciudadana (que fue disuelta antes de formalizarse, luego de que cinco de 11 de sus integrantes habían renunciado).

No puede ser buena noticia el retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Es consecuencia natural de las diversas maniobras realizadas desde la actual administración federal para bordear el tema de la desaparición de 43 estudiantes normalistas y no entrar al fondo del asunto, que implica a altos mandos militares, a una forma sistemática de acción de poderes castrenses en relación con el crimen organizado, y quedarse sólo con la pretensión de que los implicados habrían actuado casi a título personal, sin responsabilidades para la institución armada.

La salida del GIEI se da en el contexto de la sujeción a proceso penal de varios militares, cuyas órdenes de aprehensión habían sido significativamente retiradas por la FGR meses atrás, lo que causó la salida del fiscal especial que llevaba el caso y tenía la confianza de los familiares de los desaparecidos. Esa sujeción a proceso no implica necesariamente una voluntad real de impartir justicia. En ese contexto, ¿seguirá Alejandro Encinas como subsecretario de Gobernación?

México SA

Mexicana, ¿boicot? // Tinterillos detienen su operación // ¿Grupos aeroportuarios atrás?

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

De nueva cuenta, el presidente López Obrador se refirió a lo de Mexicana (de Aviación), la aerolínea que Vicente Fox regaló (2005) al empresario Gastón Azcárraga Andrade (generoso contribuyente a la campaña electoral del cambio), quien la quebró (2010), dejó en la calle a 8 mil 500 trabajadores y cómodamente se fue a vivir a Nueva York sin que nadie le tocara un pelo. Felipe Calderón le garantizó impunidad y, como siempre, la procuración de justicia brilló por su ausencia.

¿Resultado? Trece años después, con el empresario aún impune y los trabajadores en el olvido, surge la posibilidad de que el gobierno federal haga operativa a Mexicana de Aviación, pero como por arte de magia apareció un par de tinterillos en defensa de los intereses de los exempleados de la aerolínea (en realidad, no más de 300 de los 8 mil 500), cuando nada hicieron por los trabajadores a la hora de hundirse el consorcio.

El mandatario detalló: Fox entregó Mexicana a un cercano a él, Gascón Azcárraga Andrade, del Grupo Posadas, quien le ayudó en su campaña; incluso, en ese tiempo Fox vivía en un hotel del empresario. Le dio la aerolínea y ahí empezó el problema. Este señor, con mucha influencia, quebró Mexicana y despidieron a los trabajadores; nunca hubo justicia. Se fue al extranjero, pero no pasó a mayores y se quedaron sin trabajo como seis mil trabajadores (8 mil 500, en realidad). Por cierto, el secretario de comunicaciones y Transportes del cambio era Pedro Cerisola y el del Trabajo Francisco Javier Salazar Sáenz (el de Pasta de Conchos) y antes monseñor Carlos Abascal. Y en la Procuraduría General de la República Daniel Francisco Cabeza de Vaca.

El gobierno mexicano habló con los dirigentes de los exempleados: se hicieron asambleas y los trabajadores muy a gusto, incluso creo que incluía la compra -o incluye, no lo descartemos- tres edificios y algo más, no sé, pero sólo la marca tenía un precio o se hizo un avalúo creo que de 800 millones que se iban a repartir, bueno, aparte de lo de la marca, lo de los edificios, con todos, que les iban a tocar como 60, 80 mil pesos, no sé, 100, no sé, pero se iba a repartir iguales. Contentísimos, porque nunca han visto nada; y también nosotros, no tanto por la marca, sino porque se hace justicia contra las barbaridades cometidas por estos corruptos neoliberales, por sus enjuagues. Lo que hicieron con Aeroméxico después, que en pago al fraude electoral Calderón les entregó Aeroméxico a los que le ayudaron en el fraude de 2006.

Todo caminando, pero “salen dos abogados y encampanan a un grupo de 200 o 300 trabajadores; y les dicen ´a ustedes les toca más, nosotros vamos a ganar el pleito’, y presentan amparos que les otorgan los justicieros de aquí de enfrente, los jueces, los magistrados, ministros del Poder Judicial. Y, entonces, les llamamos y les decimos: Retiren las demandas, van a perjudicar. ¿Cuándo van a poder vender la marca?”

Esa es la lectura que hace el presidente López Obrador, aunque no es descartable que los oligarcas de la aviación operan tras bambalinas. Unos cuantos acaparan los principales aeropuertos (35 en total) del país, todos graciosamente concesionados (50 años renovables) por Ernesto Zedillo.

Grupo Aeroportuario del Sureste (controla nueve aeropuertos en la República): la cabeza visible es Fernando Chico Pardo y en su consejo de administración aparece uno de los principales operadores de las privatizaciones salinistas y el Fobaproa zedillista: Guillermo Ortiz Martínez.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (controla doce aeropuertos) lo encabeza Laura Diez Barroso Azcárraga, la sobrina preferida de El Tigre de Televisa, y en su consejo de administración aparece otro de los usuarios de la puerta giratoria: el impresentable Luis Téllez Kuenzler, quien con Zedillo fue jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y secretario de Energía, y con Calderón secretario de comunicaciones y Transportes. También aparecen Juan Gallardo Thurlow, yerno de Jorge Larrea, papá de Germán, y Joaquín Vargas Guajardo, de MVS.

Grupo Aeroportuario Centro Norte (controla trece aeropuertos), encabezado por Diego Quintana Kawage (de la familia propietaria de la constructora ICA), quien también cuenta con su exfuncionario: Martín Werner Wainfeld, subsecretario de Hacienda con (¡sorpresa!) Ernesto Zedillo.

Y Mexicana de Aviación, en el suelo.

Las rebanadas del pastel

Drama nacional: México llora, porque Lilly Téllez renunció al esperpento conocido como Frente Amplio por México. Qué tristeza.

El Frente Amplio por México, un PRIANRD temeroso de decir su nombre

Héctor Alejandro Quintanar*

La Jornada

En los albores de los años 90, Francisco Barrio, gobernador de Chihuahua, se definió como el más salinista de los panistas. La declaración no era un hecho aislado, sino un exabrupto revelador: se trataba de un momento definitorio para su partido, cuyos principales dirigentes (Luis H. Álvarez o Fernández de Cevallos) optaron por ceñirse al salinismo en comunión con un proyecto económico: la disolución del Estado posrevolucionario y el abrazo al credo neoliberal. En esta brega de eternidad, el PAN navegó con el PRI: la disolución de empresas públicas (iniciada con Altos Hornos en mayo de 1989); las sucesivas privatizaciones; la modificación del 27 constitucional. Ya con Zedillo, persistieron la enajenación de bienes nacionales y el Fobaproa.

Esa dirección panista se afianzó en el salinismo pero venía de más atrás, cuando el PAN en 1976 subordinó su corriente democristiana al ascenso de una ultraderecha en su seno y, fuera de él, alinearse a la derecha empresarial que, en conflicto con Echeverría, optó por una vida más activa en la política partidista. Las últimas voces que alertaron esta pérdida de brújula en el PAN, sitas en el Foro Doctrinario de Bernardo Bátiz, Ortiz Gallegos o González Schmall, renunciaron al partido en octubre de 1992, luego de las concertacesiones entre Luis H. Álvarez y Salinas para negociar gubernaturas, y con la alerta de que el blanquiazul se tornó en alfil priísta. Así nació el PRIAN, cuyo proyecto ideológico común persistió tras las alternancias de 2000 y 2012, en los tres ciclos de reformas estructurales apoyadas por ambos partidos y, como corolario, la reforma energética de 2013-14.

A partir de 2018 y con el triunfo contundente de un movimiento encabezado por un rostro de la izquierda nacionalista, el PRIAN dejó de ser un mote burlesco para evidenciarse como una alianza real que por décadas trató de disimularse sin éxito. De ahí que la sumatoria del PRD al PRIAN no sea sorpresiva, porque los une con ellos otro intento fallido de simulación.

El PRD vive una crisis mortuoria. Pero ello tampoco es nuevo: su condición de partido agonizante data de 2008, cuando su dirigente impuesto, Jesús Ortega, hacía zigzagueos que exhibían prioridad oportunista: si bien en septiembre de 2008 insinuaba la necesidad de hacer frente con el PRI para contener al PAN, meses después contrarió la línea estatutaria del congreso perredista de 2007 –que prohibía vincularse al PAN– para impulsar alianzas tácticas con el blanquiazul.

Aprobar esa inconsistencia fue el punto de no retorno en el perredismo: en 2010, la prioridad de Ortega fue desdeñar el enorme capital político de las izquierdas movilizadas en su propio partido –que habían logrado su máxima votación en la historia en 2006– y preferir lanzarse a los brazos del PAN calderonista en elecciones a gobernador en Sinaloa, Puebla, Durango y Oaxaca, por ejemplo. Luego, en 2012, esta inercia oportunista se mantuvo: pese a que el PRD tuvo como candidato a la Presidencia en ese año a López Obrador, aún el resultado de esa elección estaba en suspenso impugnado cuando la dirigencia del PRD ya buscaba transigir con Peña Nieto el Pacto por México, en vez de defender la impugnación encabezada por su candidato.

La dirigencia perredista desde 2008 se reveló así no como una izquierda moderna y dialogante, sino como un grupo de traficantes del fracaso, con la mira puesta no en principios, sino en ver cómo lucrar con el reconocimiento de victorias ajenas o tornarse en lastre en ellas. De ahí que no sorprenda su suma al PRIAN, así sea como cabús testimonial, puesto que desde años atrás han sabido dialogar más con las cúpulas de esos partidos que con sus propios votantes.

Así, la constitución formal de la alianza PRI-PAN-PRD se consolidó en la antesala de 2021, pero su comunión ideológica de facto y sus raíces se entretejieron lustros atrás. Si bien su coartada fue oponerse a la deriva autoritaria de López Obrador, en el fondo más bien blanden un proyecto económico que data desde el salinismo, y un vocabulario que exalta a la transición, porque en ella han sabido darle la espalda a sus electores (así sea con las concertacesiones panistas o con las alianzas tácticas perredistas) y sacar réditos burocráticos de ello.

En este proyecto común lo único que sorprende es la simulación de que su candidatura se definiría por un consejo electoral ciudadano. Más allá de lo fallido del proyecto (cuyos integrantes renunciaron), resalta una obsesión. Hoy se vierten muchas críticas contra los populistas de izquierdas, porque suelen interpelar al pueblo. Se omite que esa fórmula retórica funciona a veces para denunciar, con razón, a una élite político-económica que usufructúa las instituciones públicas. En la contraparte que se dice liberal y reprueba llamados al pueblo, el vocablo ciudadano entraña un autoengaño que quiere dotar de un aura apartidista a las organizaciones que así se denominan.

Quizá los estrategas del PRIAN en eso sí acertaron: intuyen que su unión, ante todo, es una suma de desprestigios y por ello urge un ente ciudadano que los barnice un poco, y un complejo ejercicio de elección interna que dote de cierto aire triunfal a quien resulte su candidato.

El problema de ese armatoste, empero, está no en sus intenciones sino en su historia: si hasta antes de 2018 y cuando ostentaban la plenitud del poder público, la comunión entre PRI y PAN buscó enmascararse para evadir el costo político de aceptarla. Hoy que la han formalizado, lo que revelaron no es un pragmatismo democrático, sino un descaro. Y ante ello, no hay máscara ciudadana que pueda disimular nada.

* Académico de la Universidad de Hradec Králové, República Checa. Autor del libro Las raíces del Movimiento Regeneración Nacional.