Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
Espionaje militar: López Obrador sabe que sí sabe
Al presidente parece no interesarle el alcance de esa infección, pero el amplísimo circuito de individuos afectados por este procedimiento bien haría en estar muy alarmado. La información extraída por Pegasus puede haberse traducido en amenazas presentes o futuras.
Ricardo Raphael
Proceso
Andrés Manuel López Obrador no sabe si Alejandro Encinas fue espiado. Miente. Niega también que la Secretaría de la Defensa Nacional esté detrás del espionaje. Miente otra vez. Afirma que es irrelevante la evidencia que confirmaría la infección del programa Pegasus sobre el dispositivo del subsecretario de Derechos Humanos. Una vez más falta a la verdad.
El análisis del Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó esta información en marzo de este año. No existe en el mundo una instancia con mejor reputación y rigor a la hora de diagnosticar una infección con esa tecnología desarrollada en Israel.
En cuanto obtuvo la evidencia, Encinas le presentó al presidente López Obrador las pruebas que respaldan la ocurrencia del espionaje. Así que López Obrador sabe y sabía que su subalterno fue espiado.
Además del dictamen del Citizen Lab el presidente está al tanto que, en México, la única dependencia que ha comprado licencias del programa Pegasus es el Estado Mayor de la Defensa Nacional. De acuerdo con la compañía que desarrolló esta herramienta, NSO Group, en México no hay otra dependencia pública ni instancia privada que tenga acceso a Pegasus.
Afirmó el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, durante la conferencia mañanera del martes pasado, que algún Ejército extranjero podía estar detrás del espionaje a Encinas. Para que esta afirmación tenga pies haría bien Ramírez en aportar alguna prueba similar a las que, en la vida real, obra en manos del presidente.
El dispositivo de Encinas fue infectado por un programa utilizado por el Ejército Mexicano. No es una hipótesis sino un argumento fundado. Si el mandatario dudara de este hecho habría ordenado una investigación, pero dijo que no veía objeto, supuestamente porque el tema no tiene ninguna importancia.
El único argumento razonable para no invertir recursos en una investigación es que ya se cuente con una respuesta. Si fuese cierto que el presidente no sabe, ordenaría un reporte. En sentido inverso, el motivo por el que no investiga es porque sí sabe.
Con todo, hay reflexiones que debería hacerse el mandatario para reconsiderar su decisión de no investigar. Una infección de Pegasus en un dispositivo concreto es en la realidad una infección sobre la red de vínculos de ese aparato. En el caso de Encinas deben incluirse a todas las personas, dentro y fuera del gobierno, con quienes ha sostenido, al menos una vez, comunicación sobre temas sensibles desde 2019 a la fecha.
Entre esas personas estarían, por ejemplo, el propio presidente y su jefe, el secretario de Gobernación, o Tomás Zerón, sujeto acusado por obstrucción de justicia en el caso Ayotzinapa, o la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana.
Pero más allá del círculo gubernamental, vía el dispositivo infectado de Encinas, el espionaje seguramente alcanzó a otras víctimas, por ejemplo, sujetos presuntamente protegidos por el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos o a quienes pertenecen a los colectivos dedicados a la búsqueda de personas.
Al presidente parece no interesarle el alcance de esa infección, pero el amplísimo circuito de individuos afectados por este procedimiento bien haría en estar muy alarmado. La información extraída por Pegasus puede haberse traducido en amenazas presentes o futuras, o de plano, sin exagerar, en sentencias de muerte.
A partir de ahora, cada vez que algún defensor, un periodista o un funcionario se vean obligados a entrar en contacto con el subsecretario habrá que hacer un cálculo del riesgo que eso significa. Y esto será así, no sólo por la infección, sino sobre todo porque el gobierno desestimó el espionaje.
Si el presidente no le da importancia al hecho de que uno de sus funcionarios sea espiado por el Centro de Inteligencia Militar, ¿por qué peregrina razón iba a interesarse en los ciudadanos llanos que también hemos sido víctimas de este programa?
El error de considerar irrelevante el hecho deja lisiada la tarea que cotidianamente desempeña Encinas, sobre todo en aquellos temas sensibles donde la confianza en las personas y también los canales de comunicación son cruciales.
La cuestión se vuelve aún más grave cuando el propio subsecretario Encinas, con su silencio disciplinado, se hizo cómplice de la relativización. Si ni a él le importa haber sido espiado por el Ejército, ¿por qué este funcionario se preocuparía por el resto de los individuos que están o podrían estar en idéntica situación?
A todo esto, hay algo en lo que quizá López Obrador no mintió. Cuando dijo que su administración no espiaba sugirió una verdad tremenda: que tanto el Estado Mayor de la Defensa Nacional como el Centro Militar de Inteligencia no sean en la realidad parte de su administración, sino peligrosas entidades feudales con plena autonomía y fuero militar sobre los cuales el primer mandatario de la República no tiene nada que decir.
Ora que la hipótesis contraria también sería factible. Es decir, que ambas instancias sí forman parte de la administración y por tanto sí responden ordenes presidenciales y entonces la lista de personas espiadas responde a una decisión presidencial. O peor aún, que la información obtenida mediante este mecanismo delincuente de espionaje vaya a dar al escritorio del primer mandatario.
El presidente tiene talento para distraer la atención que merecerían los temas delicados. Para defender el espionaje militar se puso a recordar la época en que él mismo fue víctima, luego citó por enésima vez a Claudio X. González y terminó reclamando a los medios de comunicación.
Son todas cortinas de humo que pretenden ocultar que el presidente sabe que sí sabe. Sí sabe que el Ejército espía a periodistas, a defensores de derechos y, ahora nos enteramos, también a los funcionarios de su administración.
Cuando Encinas habló con el presidente sobre este tema ambos acordaron que no harían público el asunto sino hasta después de las elecciones de Coahuila y Estado de México. No contaban con que el New York Times se iba a adelantar con una investigación bastante sólida. Sorprende mucho que el subsecretario haya aceptado el aplazamiento y luego la falsa negación sabiendo que la ausencia de reacción frente a una violación tan grave a su privacidad sólo puede ser leída como indefensión definitiva para las víctimas que, por responsabilidad pública, él estaba mandatado a proteger.
Juegos de poder
La oposición: cada quien cuidando su ranchito
Leo Zuckermann
Excelsior
Si la oposición quiere ganar en 2024, tiene que haber un gran proceso de cooperación entre todos los partidos opositores y elegir al candidato con mejores posibilidades de levantarse con el triunfo en la elección presidencial. Esto, que se dice rapidito, es dificilísimo.
Estamos frente a un problema de acción colectiva. En este momento, partidos e individuos están actuando estratégicamente en su propio interés. Sus incentivos los están llevando a tomar acciones que acabarán en resultados innecesariamente negativos para toda la oposición. Están cuidando su ranchito.
Comencemos con el PAN, el partido opositor con mayor presencia en el país. La semana pasada, el líder de este partido, Marko Cortés, anunció que están pensando en establecer una serie de requisitos para los aspirantes que quieran competir por la candidatura presidencial de la alianza Va por México (PAN-PRI-PRD):
Presentar firmas de apoyo del 1% del padrón electoral (alrededor de un millón de votantes) en 17 entidades de la República.
40% en la variable de “reconocimiento de nombre” en encuestas nacionales.
15% en la “intención de voto”, también en encuestas.
Se trata de una barrera de entrada altísima para los interesados.
Al parecer, estos requisitos están diseñados a la medida para que el candidato presidencial sea Santiago Creel. Potencialmente dejaría afuera de la contienda a otros posibles participantes como Lilly Téllez, a quien no le va nada mal en las encuestas, pero carece de la estructura para conseguir un millón de firmas en 17 estados.
La directiva panista estaría sesgando la competencia a favor de sus intereses (los requisitos todavía deben ser aprobados en definitiva). El PAN estaría comportándose como un club privado. Queremos un candidato de los nuestros, de sangre azul. Nada que se pueda colar, alguien sin abolengo, como ocurrió con Fox en 2000. Primero muertos antes que entregarle el ranchito a un forastero.
Me parece demencial la posible candidatura de Creel. Si algo ha demostrado Santiago a lo largo de su carrera política es que es un pésimo candidato. Cuando Fox arrasó en las elecciones presidenciales de 2000, Creel perdió la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, abriéndole paso nada menos que a López Obrador. Ante la sospecha de irregularidades y fraude, en lugar de pelear la elección en tribunales, Santiago tiró la toalla rápidamente, porque sabía que Fox lo haría secretario de Gobernación. Creel era el aspirante favorito del presidente para ser candidato panista en 2006. Tenía todos los recursos para hacerlo. Y otra vez perdió. En esa ocasión contra Calderón, que se quedó con la candidatura panista.
Santiago ha sido senador y diputado, siempre en la seguridad de las listas plurinominales. Es un buen tipo, pero debería reconocer que no es un buen candidato y su momento ya pasó. En lugar de retirarse de la contienda panista, también anda defendiendo su ranchito: la posibilidad de un regreso milagroso en la política que sólo existe en su mente. Si el PAN efectivamente lo lanza como candidato, el tercer strike y el out están cantados. Por eso, AMLO lo quiere como el representante opositor en 2024.
Luego está el PRI. Más bien habría que decir el PRI de Alito Moreno. Un personaje a todas luces impresentable, involucrado en presuntos casos de corrupción que el gobierno de AMLO saca y esconde según le convenga.
El líder tricolor ya anunció que también va por la candidatura presidencial de Va por México. Si de por sí el PRI tiene una pésima imagen en el electorado, imaginemos que el candidato presidencial sea Alito. Es la combinación perfecta para perder, y gacho. Algo así como Roberto Madrazo en la elección de 2006.
Los políticos, sin embargo, suelen vivir en un delirio que les fomentan los personajes a su alrededor. Los demás sabemos que la idea de Moreno compitiendo por la Presidencia en 2024 es risible. Mientras tanto, el PRI y Alito sólo están cuidando su ranchito, aunque éste se empequeñezca en el tiempo.
Ni qué decir de Movimiento Ciudadano. En el intento de diferenciarse de los partidos del pasado (PAN, PRI, PRD) y los del presente (Morena, PT y Verde), quieren ir solos en 2024. A menos que lo hagan con Luis Donaldo Colosio Riojas como su candidato presidencial (él no quiere), tienen asegurada una derrota. Dicen que no les importa porque su objetivo es el 2030. Ya veremos si les funciona. En lo que llega el futuro, también anda cuidando su ranchito.
AMLO está feliz. Mientras la oposición siga demostrando su estrechez de miras, velando sólo por sus intereses particulares, Morena tiene asegurada la victoria en 2024.
Razones
Edomex, Coahuila y 2024
Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
A una semana de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, no parecen existir demasiados cambios desde que comenzó este proceso. En el Estado de México difícilmente podrá alcanzar Alejandra del Moral a Delfina Gómez. Las encuestas que asegurarían que Alejandra alcanzó ya a la candidata de Morena no se han visto por ningún lado y parecen ser más una expresión de deseos, tanto como el traslado de votos hacia el PRI en zonas del oriente y norte del estado.
La prescindencia del gobernador Alfredo del Mazo, la distancia del panismo y la decisión de no participar (y, esta semana, de boicotear la alianza) de Movimiento Ciudadano son todos factores que, más allá de que Alejandra es una buena candidata, difícilmente le permitirán alcanzar a la maestra Delfina. Pero también por una razón que no es menor: el diseño de la campaña no fue bueno, la consigna de valiente no dice nada, y por sobre todas las cosas, en muchos sectores del PRI y del PAN parecía existir una cierta resignación política respecto al resultado, que evidentemente no le dio aliento extra a la campaña.
En Coahuila pasa lo mismo, pero de signo contrario. Manolo Jiménez, el candidato de PRI-PAN-PRD tiene ganada la elección desde el día uno de la campaña, con una gran distancia respecto de sus rivales, que, además, le hicieron el enorme favor de dividirse entre el morenista Armando Guadiana y el ahora PT, Ricardo Mejía, que no aceptó el resultado de las encuestas de Morena y que, según el presidente López Obrador, dejó la protagónica Subsecretaría de Seguridad sin siquiera despedirse.
Ha habido muy fuertes presiones desde Palacio Nacional y Bucareli para que el PT y el Verde (que va con Lenin Pérez como candidato y tiene entre 3 y 5 por ciento de los votos) resignen sus candidaturas y apoyen a Guadiana. En el PT y de Mejía ha habido un rechazo absoluto a hacerlo, provocando incluso un visible enojo presidencial en la mañanera.
En el Verde, el sábado, en un acto con varios dirigentes nacionales, la presidenta del mismo, Karen Castrejón, anunció que su partido se retira para apoyar a Guadiana, pero tres horas después apareció Lenin Pérez diciendo que no aceptaba esa decisión del centro, que seguían en la contienda y que no apoyaban al candidato de Morena. Manolo no tendrá problema alguno para ganar con mucha amplitud el próximo domingo.
El caso del Verde en Coahuila ha exhibido un fenómeno que también habrá que tomar en cuenta. Cómo irá ese partido en 2024, a nivel federal y local. Manuel Velasco se ha destapado como un hipotético candidato que podría funcionar, sobre todo si lo tomamos electoralmente como una dupla con su esposa, la “rebelde” Anahí (además, RBD estará en medio de una muy exitosa gira hacia fin de año, en época de definiciones, lo que les podría dar un margen publicitario muy alto), un fenómeno que ya vimos en Nuevo León con Samuel García y Mariana Rodríguez.
Pero, más allá de lo que decida Manuel, lo cierto es que yendo, como es muy posible, en alianza con Morena, el partido está dividido entre el respaldo a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Si bien la dirigencia parece estar con Claudia, un nutrido grupo de legisladores y dirigentes locales, organizados en Plataforma Verde y encabezados por el diputado Javier López Casarín, están con Marcelo.
A nivel local, hay algunos estados en los que también se tendrán que tomar decisiones, como Chiapas, donde el Verde tiene su mayor reserva electoral, que obligarán a varios movimientos para acomodar candidaturas entre Morena y el Verde, y entre los tres principales aspirantes: el director del IMSS, Zoé Robledo, y el senador Eduardo Hernández por Morena, y el diputado Luis Armando Melgar por el Verde. De cómo se termine de acomodar Chiapas, de donde fue gobernador y tiene peso, a pesar del gobernador Rutilio Escandón, también Manuel Velasco, dependerá mucho de lo que haga el Verde en el futuro. Por cierto, que el Verde vaya solo, no es tan inverosímil: le quita votos a la oposición, mantiene algo más que su registro y queda en condiciones de establecer una alianza, pero legislativa, con Morena o con quien sea. No es una jugada descabellada.
En la oposición ya decíamos que el rezago es notable. A un año de las elecciones no hay definición alguna, ni siquiera queda claro si realmente irán en alianza. Imagino que después de las elecciones en el Estado de México y Coahuila se comenzarán a tomar definiciones, pero el punto parece ser si esa alianza PAN-PRI-PRD se mantiene o si MC termina reeditando la alianza de 2018 con el PAN, pero sin el PRI, lo que terminaría arrojando a los tricolores en términos legislativos en brazos de Morena (o vaciando a ese partido con un movimiento de dirigentes a Morena, que es lo que también busca Dante Delgado).
Pero de la misma forma seguimos sin tener nombres viables en los partidos. En el PAN parece despuntar un debate entre el candidato de la dirigencia, Santiago Creel, y esa figura alternativa que es Lilly Téllez. Pero todo indica que las dirigencias de los cuatro partidos opositores no están muy decididas a dar realmente la pelea (como no lo están haciendo en el Estado de México), sino a tratar de administrar los números y las candidaturas pensando en los equilibrios posteriores al 1 de octubre de 2024… y vigilando a ver qué sucede en Morena… a ver si se puede pescar algo.
Astillero
Violencia física anunciada // Contra plantón en la Corte // Sillazos en Toluca // Coahuila y corcholata verde
Julio Hernández López
La Jornada
A diferencia de las manifestaciones multitudinarias del obradorismo en sus diversas etapas, caracterizadas por la ausencia de actos violentos, ni siquiera una rotura de vidrios, ayer hubo acciones físicas de defensores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su formato actual, contra un grupo de manifestantes contrarios a ese poder judicial, a ministros de la Corte a los que tachan de conservadores y, en especial y de manera insultante, a la presidenta Norma Piña.
Cual si fuese un vaticinio sembrado, voces periodísticas y políticas que son adversas al obradorismo insistieron en días pasados en la inminencia del paso de la violencia verbal a la violencia física, tanto en el tema inmediato de la Corte como, en general, en la áspera batalla política e ideológica que desembocará en las elecciones de 2024.
Motivos para el desbordamiento social desde la izquierda electoral ha habido en varias ocasiones, particularmente en momentos de fuerte protesta por razones electorales, como el 1988 salinista y el 2006 calderonista. Pero tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Andrés Manuel López Obrador, en su respectiva fecha, eludieron la tentación de la violencia y prefirieron encauzar los ímpetus a través de vías partidistas.
Ahora, desesperados por su inviabilidad electoral, los opositores a la continuidad de la llamada 4T han decidido acelerar el proceso de confrontación en medios, redes sociales e incluso mediante la acción física directa, como sucedió ayer con un grupo que se desprendió de la marcha original y arremetió contra quienes llevan semanas en un plantón de protesta.
Violencia interescuadras es la que hubo ayer antes del cierre de campaña de Alejandra del Moral en Toluca. Asistentes identificados con los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática terminaron a sillazos por disputas de origen no esclarecido. La candidata priísta arengó a derrotar a Morena como el principio del fin de este partido y a demostrar de qué cuero salen más correas. Delfina Gómez, por su parte, convocó a avanzar en la batalla maestra para terminar con el casi centenario predominio del estilo priísta (con diferentes denominaciones) de mal gobernar.
No puede haber gloria alguna en la rendición en Coahuila del negocio de las cuatro mentiras (Partido Verde Ecologista de México: PVEM). El retiro de la candidatura a gobernador de Lenin Pérez Rivera, quien no aceptó la imposición del comité nacional y aseguró que no declinará, es una artimaña que en esencia no dará más votos a Armando Guadiana, el abanderado oficial de Morena, y que enreda y divide aún más un escenario que termina volviéndose muy favorable al priísmo de Moreira, Riquelme y Manolo Jiménez, pero de origen y en su responsabilidad real por los manejos irregulares de Mario Delgado como operador directo.
Menos gloria puede haber si de esa maniobra, que en realidad tuvo como destinatario al Partido del Trabajo (PT), se derivan las exaltaciones tanto de ese grupo políticamente mercenario, al declararlo socio electoral amarrado para 2024 (y, por ende, beneficiario del eventual segundo sexenio marca 4T), como de uno de sus líderes, Manuel Velasco Coello, a quien el especialista en cocteles aberrantes, Mario Delgado, ya considera virtuoso personaje merecedor de ser incorporado al juego del futurismo, a título de corcholata verde, aunque dicho ex gobernador de Chiapas, de pésimo historial, sólo conseguiría ganar algún premio de consolación por participar como validador de la decisión final.
Astillas
Jesús Zambrano da un alitazo en lo que queda del PRD. El dirigente nacional plantea prolongar su mandato un año más, con miras a tomar control de las candidaturas del próximo proceso electoral. Pero ¿quién podría pelearle el liderato en un partido casi extinto?… Y, mientras el presidente López Obrador alienta con ironía a la oposición para que no sea marginada Lilly Téllez de la contienda por la candidatura presidencial: Lilly, aguanta/ el pueblo se levanta.
México SA
Fertilizantes: mayor producción // Salinas: sector no estratégico // Paraestatales, cuento desgastado
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
De la autosuficiencia en fertilizantes, México pasó a la dependencia total del mercado externo, pues, sin más, en 1991 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari decretó que este sector no es estratégico para el país y privatizó Fertimex (para venderla la dividió en 13 unidades y las entregó a precio de regalo: 317 millones de dólares por todas), con lo que nuestro país se convirtió en importador neto de estos productos de vital importancia para el campo y, desde luego, la nación. Peor aún, los empresarios beneficiados por esa alegre decisión quebraron las unidades de la ex paraestatal que quedaron bajo su control, poco después cerraron y chatarrizaron las plantas, y algunos de ellos las regresaron al Estado mediante operaciones fraudulentas, como Alonso Ancira Elizondo (Agronitrogenados) en contubernio con Emilio Lozoya.
Valga lo anterior para contextualizar la información publicada ayer por La Jornada (Alejandro Alegría): “más de dos terceras partes de los fertilizantes que reciben los pequeños productores son elaborados por Petróleos Mexicanos, luego del rescate de dos plantas productoras, de acuerdo con datos de la empresa estatal. La oferta de abono en el país aumentó en 2022, después de que la petrolera comenzó la rehabilitación de ProAgroindustria –antes Agronitrogenados– y Grupo Fertinal. El año pasado Pemex produjo 839 mil toneladas de fertilizantes, de este monto 764 mil toneladas, que representa 91.06 por ciento del total, fue elaborado en las plantas que por 21 años estuvieron paradas. Hoy, 70 por ciento del programa de fertilizantes para los pequeños productores de todo el país lo produce Pemex y el próximo año será 100 por ciento. La distribución se realiza sin costo a través del programa de apoyo a productores que cuentan con menos de cinco hectáreas”.
Ahora, México sólo importa 30 por ciento de los fertilizantes y en su mayoría estos provienen de Rusia (36 por ciento del total), pero el gobierno estima que para 2024 nuestro país retome la autosuficiencia, luego de tres décadas de privatización salvaje.
Decía Salinas de Gortari que los bienes públicos (son) para remediar los males sociales y aseguraba que privatizamos por necesidad, no por obedecer a una posición ideológica (el chiste es malísimo) y las empresas del Estado se fueron como hilo de media. Como parte de esa política, México se quedó sin fertilizantes nacionales, se abandonó al campo y, en consecuencia, la dependencia alimentaria del exterior se incrementó a paso veloz, a grado tal que hoy alrededor de la mitad de los alimentos que los mexicanos ponen en sus mesas proviene del exterior.
Y el rotundo fracaso (para el país, no para la oligarquía) de la privatización no se limitó a los fertilizantes (Fertimex producía más de 3 millones de toneladas al año). Se registró en todos los sectores privatizados, cuyos beneficiarios en no pocas ocasiones fueron generosamente rescatados por el erario (no sólo fue el bancario), lo que tira al suelo la idílica versión de que la iniciativa privada es mejor administradora que el Estado (y los neoliberales repitieron, repiten, el estribillo hasta la ignominia).
De ello da cuenta el desglose que hizo el príncipe de las privatizaciones, Jacques Rogozinski (con Carlos Salinas de Gortari, director de la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales de la Secretaría de Hacienda, bajo la batuta de Pedro Aspe) sobre el desmedido crecimiento en el número de paraestatales: “el Estado absorbió, a partir de los años 60, y con mayor énfasis en los 70, del siglo pasado, alrededor de 350 empresas –privadas– en condiciones financieras desfavorables”, es decir, el aumento se debió principalmente por la absorción de compañías del sector privado con problemas financieros y de eficiencia ( La privatización de empresas estatales, Fondo de Cultura Económica, 1993).
A lo largo de los 36 años, los gobiernos neoliberales vendieron el cuento que el Estado acumuló (hasta diciembre de 1982) mil 155 entidades paraestatales, pero de ese total (el dato lo aporta el propio Salinas de Gortari) 822 eran empresas productivas, 231 fideicomisos (muchos de ellos desaparecidos) y 102 organismos descentralizados.
Entonces, del inventario de empresas paraestatales, 43 por ciento correspondía a rescates públicos de consorcios privados; el gobierno pagó a sus propietarios, solo para sanearlos, asumir sus deudas y regresarlos limpios a un precio de ganga.
Las rebanadas del pastel
Eso sí, “la iniciativa privada es mejor administradora…”