Lo que dicen los columnistas

Retrovisor

Coahuila fractura a la 4T y salva al PRI

Ivonne Melgar

Excelsior

La elección de Coahuila, todavía en curso, ya dejó lecciones a todos los partidos políticos, pero particularmente a la coalición gobernante y a los aspirantes a relevar con el sello de la 4T al presidente López Obrador.

Aun cuando esa entidad se caracteriza por un alto desarrollo económico y por ser desde ahora acaso la única donde el PRI podrá celebrar su centenario de vida en marzo de 2029, lo ocurrido este año prende las señales de alerta para Morena y sus aliados.

Es posible que en los estados del sur y centro del país el partido del Presidente de la República pueda por sí solo arrasar en 2024.

Pero Coahuila demuestra que el tsunami obradorista de 2018 difícilmente podría repetirse en ciudades y entidades de similar condición socioeconómica para un abanderado morenista sin el respaldo del PT y PVEM, que en las elecciones de 2021 sumaron más de cuatro millones de votantes, quedándose con 9% del total del pastel electoral. De manera que después del 5 de junio, de confirmarse el triunfo de Manolo Jiménez, candidato de la alianza del PRI, PAN y PRD, la dirigencia del partido del Presidente, a cargo de Mario Delgado, tendrá que cuidar trato, acuerdos y ofrecimientos con Alberto Anaya, su homólogo petista, y con Karen Castrejón, al frente del PVEM.

Porque es un hecho que, si nos atenemos a las encuestas serias publicadas, la coalición de la 4T ahora mismo le estaría disputando al PRI su hegemonía de casi un siglo, si en esta elección no se hubiera fragmentado en tres candidatos: Armando Guadiana, por Morena; Ricardo Mejía Berdeja, por el PT y Lenin Pérez Rivera, por PVEM en alianza con su fuerza política local, Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

A reserva del saldo que arrojen las urnas el domingo 4 de junio, las intenciones de voto conocidas sugieren que la suma de los abanderados de las fuerzas que se autoproclaman protagonistas de la 4T sería equivalente a la cantidad que podría obtener el probable sucesor del gobernador priista Miguel Riquelme.

Los llamados que en los últimos días han realizado públicamente Mario Delgado; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el propio presidente López Obrador para que los candidatos de sus aliados declinen en favor del morenista Guadiana han sido infructuosos.

Esa negativa que al momento parece rotunda de Mejía Berdeja y de Pérez Rivera y de las respectivas dirigencias partidistas que los arropan, sería una señal suficiente para desmentir la versión, particularmente difundida por Movimiento Ciudadano (MC), de que la eventual permanencia del PRI en el gobierno coahuilense es producto de una negociación entre la dirigencia de Alejandro Moreno y el gobierno federal, a cambio de que Morena tenga un día de campo electoral en el Estado de México.

Sin desestimar los enjuagues que podrían haberse dado a nivel local entre el descendiente del Grupo Atlacomulco, el gobernador Alfredo del Mazo (también priista) y el jefe político de Morena (asunto que analizaremos el próximo sábado), en el caso de Coahuila todo indica que se combinaron varios factores de los que debería tomar nota la oposición de Va por México de cara a 2024.

Es evidente que Miguel Riquelme operó su sucesión con éxito, tanto por el nivel aprobatorio de su gobierno, como por el apuntalamiento que hizo de Manolo Jiménez, quien fue su secretario de Inclusión y Desarrollo Social, logrando unidad en torno a su postulación en el PRI, pero también con Acción Nacional, partido adversario histórico de los priistas.

La otra lección, que resulta fundamental, es que el candidato debe contar con historia y capacidad políticas propias. En el caso del priista puntero, exalcalde de Saltillo, consiguió proyectar una oferta de continuidad a su estilo y supo hacer campaña, aprendiendo pronto a defenderse del experimentado tribuno Mejía Berdeja.

Aunque el factor más relevante en la práctica fue el azar, es decir, la suerte de que el exsubsecretario federal de Seguridad Pública se inconformara con los resultados de la encuesta interna de Morena que benefició al senador Guadiana, ahora con licencia. Y que, adicionalmente, la dirigencia del PT aceptara postularlo, pese a la disciplina y lealtad que legislativamente le han guardado al presidente López Obrador.

Y esa es otra lección para los aliados de la 4T: candidatos con agallas y talento político para jugársela, como Mejía Berdeja y Lenin Pérez, hijo del fundador del STUNAM, Evaristo Pérez Arreola (†) –a quien le importa retener el registro de su partido local–, no resultan suficientes cuando se trata de ganar frente a los aparatos electorales del partido en el poder y de la oposición. Esta moraleja también habrá de calar en los precandidatos de Morena que quieran irse por la libre, como Gerardo Fernández Noroña.

Pretender que las candidaturas del PT y del PVEM fueron producto de una negociación de Riquelme o del exgobernador Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas con el secretario de Gobernación, es subestimar la fuerza electoral del jefe del Ejecutivo, quien esta semana lanzó descalificaciones en contra de su exsubsecretario de Seguridad, por restarle posibilidades de triunfo a Morena entre los coahuilenses.

Y ésa es acaso la más ruda advertencia desde Coahuila para el futuro perdedor de la encuesta entre las corcholatas: López Obrador no tendrá reparos en defenestrarlos. Así sea Marcelo Ebrard abanderado por MC.

Arsenal

Los villanos favoritos de López Obrador

Francisco Garfias

Excelsior

El oído de los mexicanos está acostumbrado a escuchar —todas las mañanas—, diatribas, insultos, descalificaciones del presidente López Obrador a críticos, adversarios políticos y miembros de otros Poderes que no se someten a su voluntad.

El blanco de sus repetidos ataques es amplio: la ministra Norma Piña, el empresario Claudio X. González, los periodistas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga; el expresidente Felipe Calderón; los intelectuales Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín…

La lista de villanos favoritos del Presidente es tan amplia que ni todo el espacio de esta columna alcanzaría para incluirlos. López Obrador ha anatemizado también a las clases medias, los curas, los aspiracionistas, a los fifís, las minorías rapaces, la colonia Del Valle, la SCJN, la UNAM, los jueces, el periódico Reforma, Iberdrola, los científicos…

Son tantos y tan variados los villanos favoritos que las críticas ya no las pelan ni sus destinatarios.

* La Doctrina Estrada, alma de nuestra diplomacia, dice que México no debe juzgar, ni para bien ni para mal, a gobiernos o cambios de gobierno de otras naciones, porque implicaría una intromisión en su soberanía.

Para López Obrador, sin embargo, la no injerencia en asuntos de otros países sólo existe cuando se meten con su gobierno. Él sí puede llamar a no votar por los republicanos en Estados Unidos o calificar de “usurpadora” a la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Ha sido tan injerencista en asuntos internos de Perú, que se niega a entregarle a su presidenta Dina Boluarte, la presidencia de la Alianza del Pacífico —a la que pertenecen Chile, Colombia, México y Perú— como si fuera de su propiedad.

Dice que se la va a entregar en diciembre al presidente de Chile, Gabriel Boric, “pero no a la señora que está usurpando la presidencia de Perú”. El Congreso de ese país ya declaró persona non grata al Presidente mexicano. López Obrador, fiel a sí mismo, hizo un irónico comentario de la medida: “Lo único que lamento es que no voy a poder a ir a Machu Picchu. Y, desde luego, ver a ese pueblo tan bueno, un pueblo extraordinario. Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno”.

Las relaciones diplomáticas con Lima están en pausa. No hay embajadores. Ayer, rompió las relaciones económicas y comerciales con el país sudamericano. “Mientras no haya normalidad, democracia en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, subrayó el tabasqueño.

La presidenta Dina Boluarte no se quedó callada ante el intervencionismo de López Obrador. Así le reviró: “Un poco haciendo retórica a lo que dice, mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano”. (El Comercio, 26 de mayo).

El editor político del citado periódico, Héctor Villalobos, escribió ayer un artículo sobre la crisis en las relaciones mexicoperuanas bajo el título de López Odiador.

Dice el texto: “Los berrinches López Obrador han puesto en riesgo nuestras siempre amistosas relaciones con México. Ya no sólo en el nivel diplomático, luego del retiro de los embajadores de ambos países en febrero pasado, sino ahora también en el plano económico”.

* El tono que utilizó López Obrador para referirse a la senadora Lilly Téllez fue por demás burlón. “No deben dejar fuera a Lilly Téllez. La están queriendo dejar a un lado. Está en primer lugar en las encuestas. Además, es muy atractivo lo que propone. Dice que si ella gana me va a meter la cárcel…Es como para decir: ¡Lilly, aguanta, el pueblo se levanta! Ja, ja, ja”.

La respuesta de la senadora llegó vía Twitter: “Andrés, controla tu estrés, la gente se cansa de tanta tranza, y ni así alcanzas fianza…”.

* Circula un documento del cuarto de guerra del aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, con un análisis de la encuesta que sacó ayer Reforma, en la que aparece a sólo cinco puntos porcentuales de la favorita para ganar la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. El documento destaca que el canciller está en un virtual empate técnico con la jefa de Gobierno, pese al derroche de recursos públicos usados por ella. “El piso parejo se esfumó desde el momento en que la funcionaria arrancó su intención con visitas poco claras a diferentes estados gobernados por el partido oficial, donde ha generado inercias al amparo de los gobernadores”.

Ebrard confía que Mario Delgado, su otrora ahijado político, genere condiciones de competencia, se respeten los tiempos y la contienda rumbo a la candidatura presidencial. El 5 de junio, después de las elecciones en Coahuila y el Edomex, el canciller va a presentar una propuesta para fortalecer la unidad de Morena rumbo al 2024 y que continúe la 4T.

México SA

Banamex: ¿para cuándo la venta? // Ahora o después, con impuestos // Fobaproa: a limpiar el muladar

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Tras la estrepitosa caída y la consecuente encuerada pública del tóxico barón Germán Larrea por su fallida compra de Banamex (y de pilón por su intentona de cobrar 9 mil 500 millones de pesos al erario por una inexistente expropiación de vías férreas), quien se haga de la propiedad de esa institución financiera (ahora o en 2025, según calendario de Citigroup) no podrá frotarse las manos como en 2001 lo hiciera Roberto Hernández y su pandilla, porque la operación no estará exenta de impuestos, así sea que la venta se realice en paquete o segmentada mediante el mercado de valores.

En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador lo dejó en claro: aunque la operación se haga ahora (o después), de todas maneras van a pagar impuestos. Ya no es el tiempo de antes, en que las operaciones en bolsa estaban exentas, lo que hicieron cuando vendieron Banamex a Citigroup: simularon y no pagaron, porque había complicidad con el gobierno de Fox.

Algo más: cuando Fox se lanza de candidato recibe apoyo de los potentados, y quien lo apoya, entre otros, es Roberto Hernández, que además habían estado juntos en la escuela. Y con Roberto Hernández trabajaba Francisco Gil Díaz; era su empleado. Ya Gil Díaz había sido subsecretario de Hacienda con Salinas. Es muy importante recordarlo, porque mucha gente fue engañada, que iba a haber un cambio, y hay quienes dicen que ni siquiera fue más de lo mismo, sino que fue peor. Al ganar Fox, Roberto Hernández le recomienda a Gil Díaz para que sea el secretario de Hacienda. Para que tengan un dato: cuando Fox gana y es presidente electo se va de vacaciones a una mansión que tiene Roberto Hernández en Quintana Roo, Punta de Pájaros, en una reserva natural. Ahí hay un aeropuerto y ahí se pasa un tiempo. O sea, había muy buena relación.

Pero, ya eso no se puede hacer; se corrigió la ley; ya no se puede hacer una operación de esas en bolsa sin pagar impuestos. Entonces ya, aunque la operación no se realizara durante mi gobierno, cuando se haga tienen que pagar impuestos. Así de sencillo.

El presidente López Obrador recordó que sólo en 2022 Banamex se embolsó más de 20 mil millones de pesos en utilidades netas, pero si se hace el recuento de lo que, por ese mismo concepto, esa institución ha obtenido desde 2001 (cuando Roberto Hernández y su pandilla la vendieron a Citigroup), entonces el acumulado rebasa los 300 mil millones (hasta el primer trimestre de 2023, sin considerar los pagarés del Fobaproa ni la condonación de impuestos: por ejemplo, sólo con Calderón y Peña Nieto, alrededor de 16 mil millones) y todavía sumaría cerca de 140 mil millones adicionales por la venta directa o en el mercado de valores.

Y como recordar es vivir, va un recuento de lo que en la tribuna de San Lázaro (7 de junio de 2000) denunció el entonces diputado Pablo Gómez, hoy al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera: un listado con 747 nombres de empresas, particulares y políticos beneficiarios del Fobaproa (muchos de forma ilegal), y divulgó la relación exactamente como la mandó el IPAB.

¿Quiénes aparecen? Entre otros, General Motors, Videovisa (propiedad de Televisa), Salinas y Rocha, Elektra (ambas de Salinas Pliego), TAESA, Hoteles Aristos, Dina (ex paraestatal privatizada a favor de Raymundo Gómez Flores), Gutsa (de Antonio Gutiérrez Cortina), Cementos Cruz Azul, Desarrollo de Club de Golf Lomas, IUSA (de Carlos Peralta), Mexlub (Salvador Martínez), Protexa (familia Lobo), Estrella Blanca (asociada a Martita Sahagún y a sus hijitos), Home Mart, Pelletier, así como varias autopistas carreteras (también “rescatadas por Zedillo) y hasta el parque recreativo Reino Aventura.

Entre los particulares aparecen Javier Aguirre Vizzuet (hijo de Ramón Aguirre Velázquez, ex regente del distrito Federal), Agustín y Eduardo Legorreta (ex de Banamex y del Consejo Coordinador Empresarial; el segundo, encarcelado por fraude bursátil), Jorge Lankenau (ex de Banca Confía, en la que participó Alejandro Junco de la Vega, del periódico Reforma), Carlos Cabal (defraudó a Banco Unión y hoy tan campante), Carlos Hank Rhon, Justo Fernández (yerno de Maximino Ávila Camacho), Loret de Mola (no precisa el nombre), Emilio Maurer Espinosa (ligado a los negocios del futbol profesional y a otras gracias), Rogelio Sada Zambrano (panista y empresario), Alberto Santos de Hoyos (entonces senador priísta), Francisco Labastida y Vicente Fox. Solo finísimas personas.

Las rebanadas del pastel

En síntesis, el muladar bancario que, 28 años después, se niegan a limpiar.

Libertad de expresión y democracia

Mariana Bermúdez

La Jornada

La libertad de expresión es un derecho humano considerado fundamental para el fortaleci-miento de la democra-cia en México y el mundo, por lo que los Estados deben garantizar condiciones que permitan el desarrollo de las ideas, pensa-mientos y expresiones diversas en las esferas físicas y digitales. Esto implica procesos de construcción de datos y cifras a través de la recopilación de información, expresadas en opiniones orales, escritas o corporales; representaciones gráficas, visuales o auditivas, y/o ideas que brinden posibilidades de diálogos críticos, responsables y colectivos con otras, otres y otros.

La libertad de expresión no sólo genera condiciones de participación y expresión democrática, sino que también posibilita la continuidad de la labor de periodistas, medios decomunicación e informativos, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones que acompañan luchas sociales y políticas a través de la denuncia social, investigación y seguimiento del desempeño de los gobiernos locales, nacionales y comunidad internacional.

Por ello, es necesaria la existencia de instituciones que garanticen la participación política, social y democrática, así como los derechos al acceso a la información, manifestación, asociación, entre otros relacionados con la libre expresión. Si bien, en los gobiernos democráticos el ideal de la libertad de expresión es hacer uso del espacio público en el sentido más amplio, no significa que este derecho sea respetado. De acuerdo con el Informe sobre libertad en el mundo 2022, de Freedom House, en los años recientes se ha disminuido la libertad de expresión y protesta social en países denominados como democráticos, provocando deficiencias en las instituciones garantes de derechos humanos, justicia y acceso a la información, ruptura y confrontación discursiva entre diversos actores sociales y políticos, cuyas principales motivaciones fueron la discriminación, la violencia y el odio hacia grupos que históricamente han sido mantenidos en situación de vulnerabilidad, llamados también discursos de odio (https://bit.ly/3WBvXAG).

La importancia de la libertad de expresión es que la libertad de las ideas son semillas de revolución que germinan en la organización y movilización social y se cosechan con las transformaciones sociales. Por tanto, es importante identificar qué discursos estamos promoviendo, desde qué lugar socio-político los enunciamos y por qué estamos visibilizando esa libertad de expresión. Ello, con la finalidad de promover una cultura de paz y no discriminación basada en el ejercicio y respeto a los derechos humanos con perspectiva de género, intergeneracionalidad e interseccionalidad.

Es necesario tener en cuenta que la libertad de pensamiento y expresión se manifiesta de formas distintas, pues diversas son las personas y sociedades. Por lo que es fundamental ser conscientes de los discursos e ideas que construimos, replicamos y difundimos, para prevenir la continuación de los discursos de odio, pues cuando estas narrativas se hacen praxis, se convierten en actos violentos que en muchas ocasiones arrebatan vidas. La construcción de contranarrativas audiovisuales, gráficas y escritas, en donde se visibilizan los impactos de los diversos sistemas de opresión, siendo alternativas usadas para combatir narrativas hegemónicas basadas en la discriminación. Por consiguiente, es necesario reflexionar en torno a cómo podemos hacer posible diálogos basados en el respeto y la escucha transformativa entre opiniones contrapuestas en una sociedad polarizada a través de la opinión pública dirigida por el Estado dentro de la cultura de la cancelación. También habrá que considerar cuál es el papel del Estado como ente garante de la libertad de expresión y cómo es que se entiende el uso del espacio y la opinión pública tanto para las personas, sociedad civil, periódicos y organizaciones, así como para el gobierno y sus dependen-cias adscritas.

Aunque los ataques hacia las diversas manifestaciones de este derecho son más visibles en gobiernos autoritarios y dictatoriales, en democracias fallidas la monopolización de los medios de comunicación masiva y el control de las instituciones relacionadas con los derechos a la transparencia, el acceso a la información y datos personales son amenazas contra la libre expresión. Habrá que recordarnos que todas las personas tenemos una voz propia y necesitamos usarla, principalmente quienes han sido históricamente mantenidos en situación de vulnerabilidad, para hacer uso del espacio público y tomar esos lugares que socialmente han dicho que no pueden ocuparse.

Esto, no sólo es un ejercicio del derecho a la libertad de expresión, sino una práctica política y social necesaria para transformar nuestras realidades desde los principios del respeto y la no discriminación. Y, sobre todo, para construir democracias que sean sostenibles y representativas para quienes las conformamos.