Lo que dicen los columnistas

El Fraude electoral como recurso en el Edomex

Bernardo Barranco V. | Proceso

El PRI quiere pero no puede. La intensa campaña de la candidata Alejandra del Moral no ha sido suficiente para alcanzar, en preferencias, a la maestra Delfina Gómez, de Morena. La cruzada política de Alejandra –que combina actos y eventos en tierra, así como presencia activa en medios de comunicación– ha sido precaria para acortar distancias.

Los integrantes de la coalición Va por el Estado de México fincaron muchas expectativas en el debate. Pero resultó adverso, según diversos ejercicios demoscópicos. El debate ofreció la oportunidad de un nocaut mediático que finalmente no se dio.

Después del debate, diversas casas encuestadoras otorgan amplia ventaja a la candidata morenista. Alejandro Moreno, de El Financiero, da una diferencia de 16 puntos en favor de Delfina; Lorena Becerra, de Reforma, reporta una diferencia de 14 puntos; Enkoll, para el diario El Universal, posiciona a Delfina Gómez con 20 puntos de ventaja.

La pobreza, inseguridad, violencia y corrupción contra las mujeres son las principales demandas agraviadas de la población hacia los gobiernos priistas que no han cumplido.   

Por ello, el dato más relevante que ofrecen todas las encuestas es que en promedio siete de cada diez mexiquenses quieren un cambio. No necesariamente votarían por Morena, pero se presume que no lo harán por el PRI. Hay un profundo hartazgo y un grave desgaste de un sistema que ha perdurado 93 años en el poder de manera ininterrumpida. Bajo estas circunstancias, el Edomex tiene una relevancia particular para el PRI. Si pierde su último gran bastión, se dibuja un doloroso ocaso.

Las tendencias que colocan a Delfina a la cabeza se remontan a octubre de 2022. Francamente, se antoja muy difícil revertir las preferencias en tan sólo tres semanas. Un grave error de la maestra texcocana o un evento adverso de alta magnitud podrían modificar la intención del voto de los mexiquenses.

Por lo anterior, se antoja un cambio radical de estrategia por parte del PRI y de sus aliados. Podríamos sospechar que también se recurriría a las trapacerías y fraudes electorales. Retumban los tambores de guerra electoral que lanzó Alejandra del Moral al inducir a sus operadores políticos: “Valientes, tomen su lugar en la batalla y hagan lo que saben hacer, para bien o para mal, queremos constancia de mayoría, no de buena conducta, salgan y ganen la elección”. ¿Un llamado a la ilegalidad? ¿A burlar las leyes electorales? El tema es delicado porque el PRI mexiquense ha sido históricamente el partido que ha cometido el mayor número de rapacidades y conspiraciones electorales. No es casualidad su permanencia en el poder de casi un siglo. ¿Morena recurrirá también a actos electorales prohibidos?

El fraude electoral es una acción ilícita, un acto moralmente inaceptable cuyo propósito es influir o modificar la voluntad real del resultado electoral. Los fraudes electorales azotan los sistemas políticos en muy diversas latitudes. Es un recurso ilícito para alterar la voluntad de los ciudadanos en una contienda electoral. Los gobiernos autoritarios como los que han prevalecido en el Edomex no aprecian el valor del voto. Son sistemas que no respetan el derecho al sufragio porque están acostumbrados a manipular el voto.

El fraude éticamente es inaceptable pero legalmente posible. Aquí han entrado a jugar el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM). Dichos órganos poseen una proclividad a la concepción legalista del fraude. Por tanto, se requiere confrontar lo que ciudadanos y los partidos consideran como moralmente reprobable y lo que es legalmente posible a fin de entender el porqué, en determinados momentos, hay legalidad en el actuar de las autoridades, pero no legitimidad.

Arturo Montiel es un fiel ejemplo de la compra de voluntades, especialmente las de militantes y dirigentes de la oposición. Dinero y más dinero como valor supremo y el referente determinante de la conducta electoral. Peña Nieto rebasó de lejos los topes de campaña y utilizó dinero furtivo de empresas que después fueron privilegiadas. También subterráneos contratos millonarios con empresas televisoras como Televisa y TV Azteca para enaltecer su imagen.

En 2017 Alfredo del Mazo utilizó la violencia electoral para intimidar a sus oponentes. Con la operación de la entonces presidenta del PRI, Alejandra del Moral, se atrevió utilizar métodos del crimen organizado para amedrentar oponentes, como las famosas cabezas de cerdo arrojadas a las casas de campaña y casillas claves. Llamadas telefónicas amenazantes, y carteles falsos. Contó con la complicidad del IEEM y de su presidente Pedro Zamudio para cucharear tanto el conteo rápido como el PREP; y así, alterar paquetes electorales (todo este operativo está descrito en el libro:  El Infierno Electoral. 2018, Grijalbo)

¿Quiénes son los actores del fraude en el Edomex? Son los operadores del PRI. Grandes sectores del gobierno local que se transforman en una poderosa maquinaria electoral. Los órganos electorales, tanto el IEEM como TEEM está colonizados desde hace lustros por el partido en el poder. Medios de comunicación tradicionales manipulados, cuyo comportamiento es enaltecer al candidato oficialista y denostar al de la oposición. También líderes de la oposición son comprados para callar y atemperar los impulsos de sus militancias.

Hay que tener cuidado en la compra y coacción del voto en las zonas más deprimidas de la entidad. La pobreza es el caldo de cultivo más rentable para la compra de votos. Hay mucho dinero detrás de las campañas. Por tanto, hay que estar a atentos a una correcta y aguda fiscalización. Durante la jornada electoral, estar atentos a la sustitución de funcionarios de casillas. El promedio sospechoso en el Edomex es de tres a cuatro sustituciones por casilla, mientras que a nivel nacional apenas llega a una. Estar vigilantes a la actuación de las juntas distritales, ya que la mayoría de los vocales tienen proclividad priista, así lo determinó el IEEM desde el año pasado. También hay que estar vigilantes del PREP, una herramienta clave en todo proceso electoral y que en los últimos tres procesos mexiquenses han dejado mucho que desear.

Es paradójico que el Partido Revolucionario Institucional busque llegar al Poder Ejecutivo mexiquense de la mano de sus antes rivales antagónicos, los partidos Acción Nacional y Revolución Democrática, quienes en elecciones anteriores acusaron al tricolor de fraude, violaciones electorales y agandalles legaloides; hasta hace poco, impugnaron sus victorias ante las autoridades electorales, denunciaron guerras sucias y compra de votos.

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Arsenal

Chuparon faros con su mayoriteo

Francisco Garfias | Excelsior

El palo de la Corte a la primera parte del plan B electoral de AMLO deja un claro mensaje a los legisladores oficialistas que utilizan métodos desaseados para aprobar leyes por instrucciones del Presidente: ser mayoría no los exime de respetar la Constitución. Por nueve votos contra dos, los ministros invalidaron la Ley de Comunicación Social y de Responsabilidad Administrativa por violaciones graves al proceso legislativo.

Esta reforma redefinía el concepto de propaganda gubernamental y establecía una excepción a la prohibición de su difusión durante procesos electorales, de acuerdo a Integralia Consultores. Lo que ha venido ocurriendo con los morenistas y sus rémoras en el Congreso podemos explicarlo en palabras que se atribuyen al excanciller del Reich alemán, Otto von Bismarck: “Aprueban leyes como si fueran salchichas: es mejor no ver cómo se hacen”.

La reforma forma parte de un conjunto de ordenamientos que incluye el controvertido plan B que el presidente López Obrador elaboró para lograr el control los órganos electorales.

A favor de desechar la primera parte del plan B votaron Norma Piña, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo, Javier Laynez y —sorpresa para muchos— Arturo Zaldívar.

En contra sólo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf.

El voto de Zaldívar tiene su mérito. Esta vez su cercanía con el Presidente no alcanzó para avalar las violaciones graves al proceso legislativo que se cometieron en la aprobación del plan B. Mi reconocimiento. El proyecto que desecha la primera parte del plan B es del ministro Pérez Dayán. La ponencia confirma la transgresión a las normas que justifican un proceso de democracia deliberativa e informada. El plan, dijo, no respetó lo dispuesto en la Constitución.

La iniciativa no pasó por un procedimiento ordinario: se recurrió al trámite de urgente y obvia resolución (dispensa de trámites.) En 24 horas aprobaron la reforma. Los legisladores no conocían lo que votaban.

* La reacción del oficialismo volvió a ser errática. No tolera la división de poderes. A nombre del pueblo —el pueblo es sólo ellos—, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, escribió en Twitter que la Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares.

“Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas”, aseguró.

Ya veremos cómo les sale su plan C en las urnas en el 2023 y el 2024.

No es difícil imaginar las descalificaciones, los insultos, el trato que se dará a los ministros en la mañanera de hoy.

Y ya viene la parte complementaria del plan B y las impugnaciones de otras doce de las veinte leyes que aprobaron la “noche negra” en la sede alterna de Xicoténcatl.

* La que de plano hizo el ridículo fue la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González. La víspera de la histórica sesión en la Corte hizo público un comunicado en el que aseguró que, al invalidar la primera parte del plan B, los ministros se adjudican atribuciones que son del Poder Legislativo.

¿Tendrá idea de para qué sirven las acciones de inconstitucionalidad? El exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdova no tuvo piedad con ella. “A veces leer la Constitución (completa y no sólo lo que dogmáticamente nos interesa) puede ayudar a resolver temas trascendentales como el que hoy vive la Consejería Jurídica. Privilegiar la lealtad por encima de la capacidad suele traer costos”, escribió en Twitter.

Es notoria la ausencia de Julio Scherer Ibarra.

* En el PAN surgió un “caballo negro” para la elección presidencial: Francisco García Cabeza de Vaca.

En un video que envió el viernes a la reunión plenaria de diputados locales azules, en Aguascalientes, el exgobernador de Tamaulipas se autodestapó como aspirante para el 2024.

“No quiero ser candidato a la Presidencia. Yo lo que quiero y puedo es ser presidente”, dijo.

Y de inmediato los gritos de ¡presidente!, ¡presidente!

No la tiene fácil. El tamaulipeco es el “villano favorito” de la 4T. Lo desaforaron y le giraron orden de aprehensión por supuestos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero que no le probaron. El 1 de marzo de 2023 esa orden fue cancelada por violaciones al debido proceso.

Ayer hablamos por celular con él. Un amigo en común, Eddie Varón Levy, nos puso en contacto.

En la charla confirmó su destape y dijo: “Esto va más allá del partido o de la alianza. Tiene que ser de la mano de la ciudadanía”.

Ya habló con Santiago Creel, que también quiere. Acordaron que se van a medir. “Con Lilly Téllez me falta una plática, pero sí te digo que no voy a ser obstáculo. Voy a ser factor de unidad (…) no me doblo, no me vendo, a diferencia de los exgobernadores que hoy son embajadores”, remató.

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Último llamado a la oposición

Max Cortázar | Excelsior

En los últimos 30 días hemos presenciado dos encuentros donde se han reunido los aspirantes de la oposición a la Presidencia de la República. El primero fue organizado por Unid@s, al cual asistieron los 13 precandidatos que hasta hoy han expresado públicamente su interés. El segundo, realizado en la Ciudad de Aguascalientes, en el marco de la reunión plenaria de los legisladores locales del PAN, participaron las tres figuras más posicionadas de ese instituto político: Lilly Téllez, Santiago Creel y Francisco García Cabeza de Vaca.

Hoy nos encontramos a poco más de un año para que se lleve a cabo la elección presidencial. Con la cuenta regresiva encima, medios de comunicación y líderes de opinión se preguntan de manera constante, ¿dónde está la oposición? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no se le ve en las calles? Esto a consecuencia del contraste de actividades y propaganda que llevan más de un año realizando las tres corcholatas de Morena.

También, los medios de comunicación y especialistas del derecho han documentado cómo el partido en el poder, de manera ilegal y evidente, aprovecha no sólo los programas sociales, sino, además, ha violentado todas las leyes electorales; publicitándose de manera indebida en numerosas bardas, espectaculares, redes sociales, entre otros canales de difusión masiva; así como con recorridos de las corcholatas por todo el país, a partir de los cuales surgen serias dudas sobre el origen del financiamiento para la realización de estos desplazamientos y concentraciones por demás frecuentes.

Del otro lado del mostrador, la oposición se encuentra desarticulada. Sin una propuesta clara que aglutine a los millones de mexicanos que no están de acuerdo con la situación vivida en el país, los tiempos se agotan. Peor aún, la ciudadanía no tiene claridad siquiera si la coalición opositora se mantendrá o dependerá del resultado de las próximas elecciones en el Estado de México.

Lo único que observamos son esfuerzos individuales de aspiraciones legítimas que se pierden en la coyuntura; o eventos poco atractivos dirigidos a grupos selectos que no generan convencimiento entre los ciudadanos y, por lo mismo, son completamente irrelevantes para los medios de comunicación. En la oposición sigue sin haber contraste de propuestas, condiciones para la mística electoral y cercanía con el pulso de amplios segmentos de votantes.

Por ello, es urgente que los partidos políticos fijen las reglas claras de cómo se definirá el abanderado presidencial para la elección del 2024. No se pueden dar el lujo de caer en el mismo error que se cometió en las elecciones de 2018, donde se dio la espalda a los militantes y se abandonó a los ciudadanos mediante una selección de serie de candidatos (al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión) definida en forma poco transparente, lo cual provocó divisiones y rompimiento en las estructuras partidistas.

Los partidos de oposición tienen que entender que, si no logran la unidad al interior de los mismos, mucho menos lograrán la unidad con los ciudadanos. Bien dice el dicho: “Quién no puede lo menos, no puede lo más”.

Es primordial que la alianza opositora se mantenga para poder ser competitivos, pero, sobre todo, necesita, cuanto antes, hacer a un lado las diferencias. Hoy, este grupo de partidos debe quitarse el miedo y abrir todos sus procesos al voto ciudadano.

Resulta paradójico que las dirigencias, un día sí y el otro también, se burlen de un dedazo disfrazado de encuesta en el partido oficial, así como acusen la búsqueda de reinstalar prácticas antidemocráticas, pero desde sus propias posiciones de poder pareciera ser que pretenden hacer lo mismo al interior de los partidos que comandan.

Estamos a tiempo y la lección es clara: si no se llevan a cabo procesos abiertos a los ciudadanos, el destino de la coalición está sellado al fracaso y el rompimiento. Hoy, Marko Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno tienen la gran responsabilidad de regresarle el poder de los partidos a los ciudadanos, de hacer a un lado sus agendas y compromisos personales. Ya basta, es momento de pensar en México y no de buscar a toda cosa la sobrevivencia de pequeños cotos de poder.

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Astillero

Acelerar (y usar) choque con la Corte // Opositores se adjudican triunfo // En la 4T proclaman el plan C 2024// Necesario, revisar procedimientos

Julio Hernández López | La Jornada

No es suficiente la caracterización conservadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tratar de justificar el seco golpe que con contundencia numérica (nueve votos a dos) le asestó ese máximo tribunal a la forma procesal que para conducir sus asuntos ha aplicado la mayoría morenista, con sus aliados, en asuntos legislativos controvertidos.

La resolución adversa a la primera parte del llamado plan B electoral tuvo de su lado al propio Arturo Zaldívar, tan apreciado en Palacio Nacional que se había intentado mantenerlo en la presidencia de la Corte dos años más, sin mayor valimiento que un artículo transitorio presentado a última hora en el congreso. Ni siquiera se entró al fondo del asunto del plan B, pues a nueve de los ministros, contra la opinión de Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, les pareció que el desaseo procesal cometido en el Poder Legislativo era suficiente para invalidar las reformas en cuestión.

La decisión de la Corte generó inmediato júbilo en los opositores al obradorismo, que consideraron el desenlace de este lunes como un adelanto de lo que sucederá cuando se juzguen tanto el siguiente y último tramo del citado plan B como las reformas legales aprobadas un reciente viernes vertiginoso en el patio de la sede original, ahora alterna, del Senado. Los activistas contra la llamada 4T no se detienen a considerar que al ligar con sus intereses partidistas las posturas de los ministros de la Corte afectan la imagen de independencia cuasi heroica que pretenden atribuir a esos jurisconsultos.

En el flanco morenista, ondea una interpretación jurídicamente incorrecta, pero política y electoralmente redituable, al pretender contrapuntear lo decidido por los legisladores, elegidos de manera directa por el voto popular, con el control constitucional de actos del Ejecutivo y del Legislativo ejercido por ministros electos de manera indirecta, no por voto popular, porque así lo establece la propia Constitución y así lo han jurado respetar los integrantes de los otros poderes.

Cierto es que la Corte ha sido sistemáticamente una plataforma de gestión y convalidación de intereses conservadores, que sus asientos han sido ocupados con frecuencia por personajes propicios a la corrupción y el abuso, y que al llegar la ministra Piña a la presidencia de ese órgano se han producido resolutivos sumamente polémicos por beneficiar intereses políticos oscuros, pero también sería equilibrante el revisar la forma en que la mayoría de Morena y sus aliados han decidido llevar algunos procesos legislativos delicados, que luego terminan bajo la lupa judicial, como el caso del plan B.

También es adecuado tener en cuenta que el choque entre los poderes Ejecutivo y Judicial pretende ser conducido por representantes del primero hacia el escenario electoral de 2024, a nombre de un plan C que busca incentivar a los electores a que den a Morena y sus asociados una mayoría legislativa tan amplia que puedan aprobarse por mayoría calificada las reformas constitucionales que plantee el previsible segundo periodo presidencial morenista.

El voto parejo, como es denominado, desea que los ciudadanos sufraguen a favor de las planillas de la 4T sin objeciones, a rajatabla, sin revisar historiales, congruencia ni perspectivas de los aspirantes a San Lázaro y el Senado. Esa postura acrítica ha llevado a diversos sitiales de poder en todo el país a personajes sumamente reprobables, deshonestos y oportunistas, que se cobijan bajo el manto de la 4T a la hora de las candidaturas, en procesos internos desaseados e incluso señalados en varios casos como producto de la venta de postulaciones.

Es necesario luchar por reformar y sanear la Corte, denunciar sus distorsiones y trampas, pero también es necesario revisar el modo desaseado y presuroso en que el morenismo está despachando tanto asuntos claves en las cámaras como en la definición de abanderados a cargos públicos en general.

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México SA

Biden y su idílica banca sólida // ¿Sacudida financiera en puerta? // ¿Poder Judicial+Legislativo?

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Con más entusiasmo que realismo, apenas un par de meses atrás, tras las quiebras de tres gran-des bancos de su país y con cara de yo no fui, el presidente Joe Biden se animó a decir que el sistema financiero esta-dunidense es sólido y el dinero de los depositantes está asegurado; las garantías no serán extensivas a los inversionistas, pues a sabiendas tomaron un riesgo, y cuando éste no valió la pena perdieron su dinero. Así funciona el capitalismo. Es de suponer que la mayoría no creyó una palabra de su discurso, porque en los hechos ese sólido sistema a punto está de meter otro gran susto –por denominarlo así– a la estabilidad económica internacional, como ha sucedido en no pocas ocasiones a lo largo del tiempo.

Sólo como cápsula de memoria, algo similar dijo el entonces presidente Miguel de la Madrid, en octubre de 1987, cuando de forma por demás amañada por el grupúsculo que controlaba el mercado, reventó la Bolsa Mexicana de Valores, desplome que entre las patas se llevó a más de 350 mil pequeños y medianos inversionistas. Ante la caída, el inquilino de Los Pinos simplemente responsabilizó a los perdedores y los acusó de bisoños, mientras los oligarcas, todos ellos con la marca Forbes en la frente, contaban sus voluminosas ganancias bursátiles, mientras, cínicos como siempre, declaraban formalmente concluida la novela rosa de las ganancias rápidas.

Qué decir del desastre (para el país, desde luego) neoliberal por el circuito reprivatización-rescate-extranjerización de la banca mexicana. Salinas de Gortari entregó las instituciones bancarias existentes en esos años (18 en total) a especuladores bursátiles, quienes más tardaron en apropiárselas que en exprimirlas y quebrarlas; ilegalmente, Zedillo las rescató con un costo billonario para los mexicanos, al tiempo que inició el proceso de extranjerización; los prianistas legalizaron el robo y parieron el Ipab; Fox aceleró –libre de impuestos– la venta al capital privado foráneo y adelantó el pago de los pagarés Fobaproa; Calderón siguió esa línea y, como los anteriores, Peña Nieto consintió absolutamente todo.

Pero más allá del fatuo discurso de Biden, ¿cuál es el panorama? La Jornada (Clara Zepeda, Braulio Carbajal y Dora Villanueva) lo reseña así: “la incertidumbre se ha vuelto canon en la turbulencia por la que pasa el sistema bancario de Estados Unidos. Luego de que en menos de dos meses se hundieran el First Republic Bank, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, haciendo oficiales las segunda y tercera quiebras más grandes de ese país, se intensifican los cuestionamientos sobre cuántos prestamistas más caerán y qué tan expuesto está el sistema bancario en general.

“Hay al menos 7 billones de dólares en depósitos bancarios no asegurados en el sistema bancario estadunidense … Ese monto es de tal magnitud que equivale a tres veces la capitalización de Apple, la empresa más importante por valor accionario en los mercados internacionales o a 30 por ciento del PIB de Estados Unidos, la economía más grande del mundo y en la que se originó la crisis financiera internacional de 2007-2008”, que causó el desplome económico mundial.

Lo anterior ni lejanamente sustenta el alegre discurso del presidente estadunidense sobre la solidez del sistema bancario estadunidense y mucho menos aquello de que el dinero de los depositantes está asegurado, porque ese seguro sólo incluye depósitos inferiores a 250 mil dólares. De ahí para arriba, que cada cual se rasque como pueda, si puede. Lo documenta La Jornada: por ejemplo, en el Banco de New York Mellon los niveles de depósitos no asegurados son 92 por ciento del total; State Street Bank destaca, 91.2; Northem Trust, 81.6; Citibank NA, 73.7; Cibc Estados Unidos, 73.1; HSBC Estados Unidos, 70.6. Entonces, gran parte del sistema bancario estadunidense es potencialmente insolvente. Pero, así funciona el capitalismo, presumiría Biden.

Las rebanadas del pastel

Pues nada, que la Suprema Corte entró en acción, por lo que las cámaras de Diputados y Senadores deberán dedicarse a otra cosa: de un plumazo, los ministros decidieron remplazarlas y su acto inaugural fue anular la primera parte del plan B de la reforma electoral. Al paso que llevan, no tardan en desaparecer al otro poder del Estado… El veneno pinochetista pudrió a la sociedad chilena y medio siglo después todavía tiene pánico de abrir las grandes avenidas por las que pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor (Salvador Allende).