Lo que dicen los columnistas

Crisis de refugiados en México y la Comar

Tonatiuh Guillén López * | Proceso

El año 2022 cerró con el flujo irregular de personas extranjeras, a través del territorio mexicano, más numeroso de la historia. En su mayoría, personas solicitantes de refugio, familias enteras con frecuencia, en dirección hacia Estados Unidos. Las cifras de la Patrulla Fronteriza de ese país reportaron alrededor de 1.74 millones de “encuentros” en su frontera sur con personas no mexicanas solicitantes de refugio o intentando un cruce irregular. A esta cifra deben agregarse 860 mil mexicanos, que incluyen una fracción significativa de peticionarios de refugio, compatriotas desplazados desde estados inundados por la violencia y el crimen.

La grave crisis humanitaria actualmente en curso, padecida por miles y miles de personas, extranjeras y mexicanas, está compuesta esencialmente por solicitantes de refugio que huyen de sus lugares de origen protegiendo la vida y aspirando al cobijo internacional. Son titulares de derechos específicos y ampliamente reconocidos por convenciones internacionales y por la legislación mexicana. Que quede claro: los tiempos actuales se caracterizan por una crisis de refugiados, que tienen un perfil social y orígenes muy distintos en comparación con años anteriores, cuando predominaba una dinámica de fondo laboral y económico.

Si la crisis actual tiene un perfil de refugio, el arribo y estancia en México de esta movilidad debe comprenderse y procurarse institucionalmente desde esa perspectiva. Nuestra Constitución, las convenciones internacionales y la ley en la materia contienen las disposiciones necesarias para su atención, respetuosa de derechos y con las consideraciones humanitarias elementales. Siendo así, no es el Instituto Nacional de Migración, ni la Guardia Nacional, ni la Ley de Migración las instancias adecuadas para intervenir en la aguda problemática social.

La institución que debiera tener el liderazgo de las políticas de refugio, de las estrategias necesarias y de la coordinación interinstitucional y social es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). La Ley sobre Refugiados es la que debe prevalecer como eje en la relación del Estado con las poblaciones en movimiento. Es decir, mientras el INM y la Guardia Nacional sean los aparatos dominantes, en la práctica se promueve un contexto generalizado de violación de derechos en materia de refugio, afectando crudamente la vida de miles y miles de personas.

El crimen en Ciudad Juárez contra migrantes y solicitantes de refugio, del pasado 27 de marzo, describe con crueldad extrema el deterioro de la política migratoria, la pérdida del horizonte humanitario y, desde la perspectiva institucional, el predominio del INM en un campo jurídico e institucional que corresponde esencialmente a la Comar.

La actual crisis de refugio y los graves eventos en Ciudad Juárez son el nudo de una coyuntura que demanda rectificaciones. Una ruta necesaria es reivindicar el rol de la Comar y sus funciones de atención a refugiados, no solamente para quienes intentan su registro en México, sino también para quienes están en tránsito. Hoy más que nunca la Comar requiere estar en el centro estratégico para coordinar alternativas, incluso con el apoyo del INM y de otras instituciones federales, estatales y municipales. Es fundamental fortalecer su papel directivo, coordinador.

No obstante, el gobierno del presidente López Obrador ha mantenido a la Comar entre capacidades mínimas y con un presupuesto menos que marginal. Por consecuencia, a pesar de sus esfuerzos se trata de una institución desbordada, como puede apreciarse cotidianamente en sus instalaciones en la Ciudad de México o en Tapachula, donde concentra sus tareas. Si no fuera por el apoyo financiero de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que duplica al presupuesto federal asignado, la Comar estaría prácticamente borrada del mapa.

Hoy son tiempos de fortalecer las capacidades de atención para solicitantes de refugio, en México y en otros países, incluyendo Estados Unidos. Lamentablemente, lejos de ese objetivo, el presidente López Obrador acaba de iniciar el camino legislativo para reducir a la Comar a una unidad administrativa dentro de la Secretaría de Gobernación. Incluso si mantuviera su actual presupuesto, pierde sustancialmente su rol institucional y coordinador en la materia. Con esta medida –esbozada mediante un argumento administrativo nada claro y presentada en la coyuntura menos pertinente– queda además en duda la continuidad del valioso apoyo que la Comar recibe de la ACNUR y las formas de su gestión, en caso de que continuara.

La actual crisis de refugiados, como es evidente, deriva de situaciones diversas y graves que en los países de origen motivan la literal huida de personas y comunidades. Ya no es solamente una problemática centroamericana, como parecía hasta hace poco tiempo. Ahora incluye países como Venezuela, Cuba y Nicaragua –las dictaduras latinoamericanas– que como nunca expulsan población. Otras naciones como Colombia, Perú y Ecuador también muestran cifras al alza, con movilidades que terminan en México en su intento de arribo a Estados Unidos. La crisis social de Haití persiste, junto con otras nacionalidades que se extienden hasta los continentes asiático y africano. Por nuestra parte, estados como Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato y otros se suman a la crisis y aportamos una lamentable cuota de solicitantes de refugio que arriban a la frontera de Estados Unidos.

Frente a este durísimo contexto social, ¿cuál es el propósito de debilitar institucionalmente a la Comar?, ¿no deberíamos hacer exactamente lo contrario, mejorando sus capacidades institucionales y operativas?

Paralelamente, ante nuestros refugiados, lo pertinente sería implementar eficaces políticas y estrategias que evitaran los desplazamientos forzados y controlaran al crimen organizado y su predominio impune.

Desde la perspectiva de los refugiados y sus necesidades de protección, lo que ya era grave (los factores de expulsión) pueden convertirse en situaciones aún más críticas, si lo que encuentran en México u otros países es la contención, la devolución y, mucho peor, riesgos a la vida. Estamos a tiempo para corregir y evitar que esta historia siga llenándose de páginas trágicas.

* Profesor PUED/UNAM. Excomisionado del INM.

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Razones

La salud del Presidente

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

Lo sucedido este fin de semana con la enfermedad del presidente López Obrador, que, por tercera ocasión, según la información oficial, fue detectado con covid-19, demuestra la forma en que se maneja la comunicación gubernamental: sin transparencia, con claroscuros, y sin proporcionar realmente información, tratando de ocultarla o adecuarla a sus necesidades de coyuntura.

El presidente López Obrador estaba el domingo en Yucatán cuando se sintió mal. Según el Diario de Yucatán, se desvaneció. Cierto o no, tuvo que suspender la gira que realizaba por el estado y ser trasladado de urgencia a la Ciudad de México, luego de que se le detectó covid. Según dijo hoy en la mañanera el secretario de gobernación, Adán Augusto López, el Presidente se encuentra en Palacio Nacional, recuperándose.

Pero muy poco antes de que se informara de que el Presidente tenía covid, y cuando se había publicado que había tenido un desvanecimiento, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, lo negó y dijo que incluso el mandatario continuaba la gira de supervisión del Tren Maya, lo que era falso, porque minutos más tarde, mediante un tuit se informó que el Presidente estaba enfermo, que se suspendía la gira e, incluso, que ya estaba en la Ciudad de México para tratarse.

Desde la mañana cuando el Diario de Yucatán informó del malestar presidencial, sólo tuvimos el desmentido, que resultó falso, de Jesús Ramírez, a las tres de la tarde, cuando ya estaba en la Ciudad de México desde hacía bastante tiempo, se publicó el tuit presidencial, sin mayor información, salvo que tenía covid, y hasta la mañanera de ayer no hubo ninguna otra información oficial. Un vacío de horas que se cubrió, como siempre ocurre, con todo tipo de rumores.

No se entiende que la salud de un mandatario es un asunto de Estado, con López Obrador o con cualquier otro. La sociedad tiene derecho a saber qué salud guarda el hombre o la mujer que tiene en sus manos el control de un gobierno. La enorme mayoría de las dolencias por supuesto que no incapacitan a un mandatario para seguir con esa responsabilidad, pero se debe saber qué le sucede, porque la salud, tanto la capacidad física como la intelectual, es un condicionante tan importante como los conflictos de interés que puede tener un mandatario. Simplemente tenemos que saber si el Presidente ha estado o no consciente, con o sin covid, si está o no en condiciones de tomar decisiones, en caso de que esté incapacitado, aunque sea por unas horas, para ser tratado; por ejemplo, si está intubado, quién es el responsable mientras tanto, y si esa persona está a cargo o no. Son datos básicos que se deben tener en una democracia contemporánea cuando un mandatario está enfermo.

Decir que el Presidente tiene covid en realidad no dice nada. Sabemos que el presidente López Obrador sufre de problemas cardiacos, además de otras dolencias en la espalda. Y ésta es la tercera vez que da positivo a covid-19, algo delicado cuando se tiene alguna enfermedad del corazón, y hace poco más de un año tuvo una intervención cardiaca de la que se informó también poco y en forma tardía: se ocultó hasta que ya había ocurrido que el Presidente se haría un estudio clínico, que en realidad resultó en la implantación de uno o varios stents en el corazón.

​No es el único caso de ocultamiento de enfermedades incluso muy graves. Si hay un capítulo que oscureció la gestión de François Mitterrand fue que durante años ocultó, mientras era presidente, que sufría de un cáncer, que finalmente lo llevó a la tumba (también ocultó que tenía una segunda pareja con la que tenía, además, una hija, pero ése es otro tema). Ronald Reagan informó con precisión de sus intervenciones quirúrgicas, pero nunca se informó que el mandatario, durante por lo menos sus dos últimos años de gobierno, ya sufría de Alzheimer y muchas decisiones ya no pasaban por sus manos. Y no hablemos de dictadores como Fidel Castro o Hugo Chávez, cuya salud era tan protegida como un secreto de Estado, que llegaron incluso a adecuar, según informes confiables, la fecha de su muerte a las necesidades de la coyuntura. El presidente López Mateos sufría unas cefaleas que lo dejaban incapacitado por horas, en realidad sufría aneurismas cerebrales que terminaron poco después con su vida, pero durante su mandato jamás se informó de ello.

​Cuando estaba a punto de iniciar el proceso de destitución de Richard Nixon, el presidente estaba deprimido, bebía y estaba buena parte del tiempo alcoholizado, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el secretario de Estado y el de la Defensa, decidieron que no acatarían ninguna orden militar de alto riesgo, si no era aprobada previamente por ellos. Lo mismo sucedió en las últimas semanas de Donald Trump, ante el temor de que un presidente notoriamente desequilibrado por su derrota electoral, podría desencadenar un ataque militar o incluso nuclear para cancelar la transición de poderes.

​Nadie gana con la desinformación, ni el Presidente ni su administración, tampoco la sociedad y las buenas prácticas gubernamentales. Afortunadamente, insistimos, no hubo nada que lamentar respecto a la salud presidencial ni se presentó ningún problema súbito que hubiera requerido la atención presidencial mientras estuvo, se presume, impedido. Pero imaginemos por un momento que se hubiera producido un terremoto, un episodio de seguridad similar al culiacanazo o cualquiera de las tragedias cotidianas que azotan al país. Hay procedimientos, mecanismos de información que cualquier democracia debe respetar y una vez más, en nuestro caso, eso no ha ocurrido.

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Nudo gordiano

Tercer contagio

Yuiria Sierra | Excelsior

Ésta ha sido la administración más expuesta en las últimas décadas. Y no me refiero a ejercicios de transparencia, porque eso claramente no es así, más bien lo digo en términos de la imagen presidencial: todos los días, la figura de Andrés Manuel López Obrador ocupa varios titulares, propios de cualquier jefe de Estado, pero también muchos más como eje rector de la conversación. El Presidente lo informa todo, no importa el tema del que se trate, él es quien expresa o detalla información. Y todo se dice desde Palacio Nacional, en ese ejercicio que, si bien ya había ejecutado durante sus años en la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, con el inicio de su mandato federal, señaló que sus conferencias matutinas serían un ejercicio de rendición de cuentas. Desde luego, sabemos que, al tiempo, éstas quedaron reducidas a un vehículo propagandístico. Con estos antecedentes, resulta sumamente extraño que cada que hay un evento en el que la comunicación y la información debe ejercerse con pulcritud, ocurran desafortunados incidentes como el sucedido el domingo por la tarde respecto al tercer contagio de López Obrador de covid-19.

Al mediodía, el Diario de Yucatán informó que López Obrador, quien se encontraba de gira en la entidad, había sufrido un desvanecimiento. Una hora después, el vocero del gobierno de México le aclaró a El Universal que esto era falso, que nada pasaba con la salud del Presidente y que seguiría su agenda como estaba marcada. Aquí pudo terminar este asunto, sin embargo, casi dos horas después, el periódico local detalló su primera información: López Obrador no sólo se habría desvanecido frente a invitados a una de las reuniones de su gira, también habría sido trasladado a la CDMX para su pronta atención. Minutos después, llegó la confirmación del estado de salud del Presidente, lo escribió él mismo en su cuenta de Twitter: “Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras. Nos vemos pronto…”, contradiciendo lo que su propio vocero había “aclarado” un par de horas antes. Jesús Ramírez no tuvo otra más que confirmar lo que en un primer momento negó: López Obrador no se encontraba en óptima salud, se había contagiado por tercera vez de covid-19.

Otra vez, el pésimo manejo de la información que hizo Ramírez Cuevas abrió la puerta a todo tipo de rumores, después de todo, ¿qué pensar de una vocería que no da información precisa? Desde un infarto hasta tuits falsos en los que se habló, incluso, de un fallecimiento. Todo porque la primera reacción de la vocería fue la de negar lo que al paso de unas cuantas horas fue confirmado. Si tras la publicación de la nota del Diario de Yucatán se hubiera informado el diagnóstico de covid-19 del mandatario, se habría cerrado el paso a cualquier especulación. El silencio y luego la contradicción abonaron de forma contraproducente.

Fue ya por la noche, hasta que periodistas como Joaquín López-Dóriga y Pascal Beltrán del Río informaron que López Obrador se encontraba ya en Palacio Nacional, que la velocidad de la rumorología paró. Sin embargo, incluso ayer durante la conferencia matutina encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el gobierno de México fue cauteloso con la información. Será hasta hoy, hasta hoy, que difundan el parte médico.

Esta falta de cuidado es lo que ha opacado a esta administración que ha deseado mostrarse como un gobierno frontal. Tratándose de la salud del Presidente, de éste o de cualquiera, desde luego que su condición de salud debe informarse con total claridad. Estos no son detalles que debamos conocer años después y a través de filtraciones como los Guacamaya Leaks, son datos que deben hacerse públicos al momento. El estado de salud de quien dirige el rumbo del país no es cualquier información, por eso es aún más desafortunado el manejo que de éste hicieron en la vocería del gobierno federal. Ojalá que hoy veamos en video a López Obrador, como en los dos contagios previos, para terminar con estos contrasentidos. Le deseamos pronta recuperación.

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Astillero

¿Quién miente: Diario de Yucatán o Adán? // AA niega infarto // Detonante de mezquindad // Calderón, Peraza, Diario de Campeche

Julio Hernández López | La Jornada

Adán Augusto López Hernández buscó ser concluyente: No hubo ni un traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento, como algunos han pretendido hacer creer (https://bit.ly/43V4bm5).

Luego, durante la conferencia mañanera de prensa que encabezó, Adán Augusto descalificó al Diario de Yucatán. ¿Qué diría respecto a la nota publicada?, se le preguntó a Adán Augusto, quien respondió: “Pues que es una absoluta mentira. No será la primera vez ni la última. Seguramente que miente el Diario de Yucatán; yo ya relaté cómo se dieron los acontecimientos”. La nota habla de un infarto al Presidente, se le insistió: No, no hay nada de eso. Eso quisieran, pero goza de cabal salud, él mismo (AMLO) lo dijo ayer: está al cien por ciento en cuanto a su salud cardiaca.

Buena parte del furor desatado entre los más innobles adversarios del presidente López Obrador se sustentó en esa peculiar nota dominical en Internet del Diario de Yucatán, que no tuvo reparos en apoyarse en verbos en tiempo condicional y en un fraseo sin rigor periodístico: AMLO sufre presunto infarto en Mérida, fue el título (no es necesario remarcar el nada profesional uso del adjetivo presunto). Como subtítulo: El presidente Andrés Manuel López Obrador habría sufrido un infarto este domingo (…). Habría o no habría: periodismo condicional.

La nota, firmada por Joaquín Chan Caamal, comienza de la misma manera tambaleante: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habría sufrido un infarto o una complicación cardiaca (…). O uno u otro, pues, pero no covid-19. En siguientes párrafos: … se sintió mal y se desvaneció, ante el asombro de funcionarios; no se pudo confirmar si durante el desmayo del presidente López Obrador estuvo presente el gobernador Mauricio Vila, “no pudo ser ‘un golpe de calor’ el que ocasionó su desmayo porque no estuvo expuesto al sol ni a las altas temperaturas”, y, para cerrar, trascendió que el Presidente quedó como si estuviera inconsciente, lo que causó gran preocupación de su equipo de seguridad y cercanos colaboradores (https://bit.ly/40CcsIs).

En su edición impresa de este lunes, el Diario de Yucatán utilizó una cabeza elusiva: AMLO causa revuelo (cual si ello fuese una novedad en la historia del líder tabasqueño) y como subtítulo, obviamente con tipografía menor: Se desvanece en Mérida y lo trasladan de urgencia a la Ciudad de México (https://bit.ly/3NbdUi1).

Como es obvio, alguien miente, sea Adán Augusto o sea el Diario de Yucatán. Por lo pronto, esta publicación fue utilizada para apuntalar las versiones mezquinas de quienes auguraban un inminente desenlace mortal o serias e invalidantes consecuencias de salud. Lo importante, a fin de cuentas, es el esclarecimiento, la información plena y veraz.

Para dar contexto: el Diario de Yucatán, fundado en 1925 por Carlos R. Menéndez, ha sido señalado de manera constante como una publicación derechista, específicamente propanista. Carlos Castillo Peraza, ideólogo y dirigente nacional del partido blanquiazul, fue reportero, redactor y responsable de temas editoriales de ese periódico. Enviado a abrir un negocio alterno, el Diario de Campeche, Castillo Peraza fue acompañado durante años por Felipe Calderón Hinojosa, según publicó la columnista Manú Dornbierer en La Jornada Guerrero (comentado en Astillero en 2016: https://bit.ly/3oL5VxO).

En 2020, Dornbierer retomó la historia: “Felipe Calderón, en calidad de su ‘asistente plenipotenciario’, vivió varios años en ese estado con Carlos Castillo Peraza, santo del PAN, en el hotel Baluartes de la familia Arceo Corcuera. Ambos hacían por cuenta del presidente José López Portillo (1976-1982) y del gobernador Eugenio Echeverría Castellot, priístas, un periódico llamado Diario de Campeche, que imprimía El Diario de Yucatán, contra el líder político campechano El Negro Carlos Sansores Pérez” (https://bit.ly/41CgJgj).

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México SA

PAN: coludido hasta las manitas // #todossomosdelcartelinmobiliario // Creel y la persecución política

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Pobre cúpula panista, tan fina ella, porque por su corrupción galopante y documentada, ahora se dice víctima de persecución política, según denuncian, entre otros, Santiago Creel y Marko Cortés, al grito de #todossomosdelcártelinmobiliario. ¿Y de qué la acusan? Prácticamente de nada, una bicoca: de obtener ilegalmente 7 mil 142 millones de pesos, hasta ahora, vía el cártel inmobiliario que opera en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. El reclamo viene por la aprehensión de varios funcionarios panistas de esa demarcación involucrados en el citado cártel, la más reciente del ex alcalde Christian von Roehrich (2015-2018), una de las cabezas, quien hoy duerme no en un departamento de lujo de los tantos que se apañó, sino en una cómoda celda en el Reclusorio Norte. La Jornada (Sandra Hernández García) lo reseña así: toda la cúpula del PAN en Benito Juárez está implicada en el caso City Towers (una enorme torre de departamentos en la colonia Santa Cruz Atoyac), y 14 departamentos de lujo en ese inmueble son de funcionarios blanquiazules. Todos están coludidos hasta las manitas, de acuerdo con Rodrigo Muñoz Dromund, abogado de las víctimas –él entre ellas–.

La reseña jornalera detalla que el abogado Muñoz informó que “se dará a conocer el listado completo de los dueños, entre quienes figuran el actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina; Federico Chávez Semerena, quien sustituyó a Christian von Roehrich como diputado en el Congreso local y se desempeñó como su secretario particular en la jefatura delegacional; los hermanos Luis y Víctor Mendoza –el primero aspira a gobernar la demarcación y el segundo se encuentra prófugo de la justicia–; así como Raúl Torres, actual diputado migrante”. Al preguntarle si el diputado federal Jorge Romero (jefe delegacional de 2012 a 2015, y actual legislador federal) cuenta con un departamento (en City Towers), el abogado dijo estar seguro que sí, pero no lo hemos detectado; sospecho que él utiliza prestanombres, igual que Santiago Taboada. Todos están coludidos hasta las manitas (ídem). Como se constata, la persecución política es feroz en contra de los panistas del cártel inmobiliario.

No es nuevo el expediente de esa banda de ladrones, pero la intensidad de la persecución política de quienes dicen sufrirla va en aumento según crece el número de detenidos por la justicia capitalina, todos relacionados con el cártel inmobiliario.

Por ejemplo, en diciembre pasado, Santiago Creel, acompañado por Marko Cortés y Jorge Romero, advirtió (en referencia a Christian von Roehrich): “si te tocan a ti, nos tocan a todos … Estamos contigo, no estás solo, aquí estamos todos unidos”, mientras el coro lo hacían solidarios militantes panistas que gritaban no estás solo. Y bueno, parece que Creel tenía razón, porque todo indica que la cúpula panista en Benito Juárez está involucrada en los enjuagues inmobiliarios; es decir, si encarcelan a uno deberán acompañarlo los demás, porque, de acuerdo con la justicia capitalina, hay muchísima tela azul y blanca para cortar.

También en diciembre pasado, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno capitalino, Carlos Alberto Ulloa Pérez, denunció que, hasta ese momento, la corrupción inmobiliaria (sólo de los panistas) en la alcaldía Benito Juárez se traducía en 7 mil 142 millones de pesos, y detalló que –también hasta esa fecha– en total se detectaron 130 inmuebles ligados al cártel, con 264 niveles excedentes, la mayoría de ellos con cinco, seis y hasta siete más. La alcaldía Benito Juárez ha sido gobernada ininterrumpidamente por el PAN desde el año 2000, aunque en 1995-1997 en la oficina principal despachó la blanquiazul María Gómez-Mont, hermana de Fernando del mismo apellido, secretario calderonista de Gobernación.

He ahí, pues la persecución política de la que tanto se quejan Creel, Cortés y su banda.

Las rebanadas del pastel

Atento mensaje a la pandilla panista: quienes con la victimización política quieren detener la acción de la justicia en realidad desean politizar la acción del Ministerio Público; quienes piden cesar la investigación de delitos porque los responsables son o fueron servidores públicos o legisladores, demandan el privilegio de la impunidad; pretenden que la política determine algo diferente a lo que la evidencia demuestra; la corrupción es un delito, no un derecho político (Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la CDMX).