Lo que dicen los columnistas

La información como derecho

Ernesto Villanueva | Proceso

Hay que insistir en que el INAI debe generar los acuerdos y las condiciones para que en las escuelas en todos los niveles haya materias o programas que progresivamente vayan dando vida a la apropiación social de este derecho.

Los cuestionamientos presidenciales a la existencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a propósito de los nombramientos faltantes de integrantes de su pleno, ha generado un debate en el que se aprecian datos incorrectos sobre el objetivo de este órgano garante. Veamos.

Primero. El derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6º constitucional tiene dos dimensiones, la primera entendida como derecho a saber sobre el quehacer de la gestión pública para efectos de escrutinio y como coadyuvante para la rendición de cuentas de los gobernantes. Y la segunda, igual o incluso de mayor calado, es que la información es un derecho transversal que habilita a las personas para ejercer todos los otros derechos fundamentales. Sin información es muy complejo ejercer el derecho al trabajo, a la educación, a la salud y todos los demás.

Este último aspecto, que no está ahora en este debate, es el más importante para el ciudadano promedio que lo que pueda significar la narrativa de la democracia, la rendición de cuentas y todas las bondades de la gobernabilidad, que a casi todos tiene sin cuidado. Sí le interesa, en cambio, saber cuántas semanas tiene cotizadas en el IMSS o en el ISSSTE para efectos de su jubilación o pensión, le importa conocer los requisitos para obtener al máximo los beneficios del sector salud, ya sea de población abierta (es decir, que no tiene ni IMSS ni ISSSTE) o la que tiene alguna cobertura según trabaje en el sector público o en el privado. Le es de vital importancia conocer que el personal médico especializado o no que le atiende tenga las credenciales académicas que dice tener; esos datos hacen la diferencia entre la salud y la enfermedad e incluso la muerte. Y la lista de ejemplos podría seguir hasta llenar cientos de páginas. El punto es que todo tiene como común denominador la información. ¿Cómo entonces alguien en su sano juicio podría estar en contra de ese derecho a conocer temas de su muy legítimo y particular interés en su vida diaria?

Segundo. En México todavía no existe un estado de derecho consolidado y perviven varias islas donde la ley es meramente referencial y cumple un cometido formal donde se acata, pero no se cumple. De esta suerte, la creación del IFAI primero y el INAI después resulta, por lo menos por algunas generaciones más, una institución que hace la diferencia entre la vigencia única del derecho de acceso y el ejercicio efectivo de esa potestad. Recuérdese que en el país la cultura de la opacidad goza de cabal salud, especialmente cuando se trata del sector público o del privado que realiza funciones de interés público. Cómo, por ejemplo, no recordar, con dos ejemplos puntuales, que el Registro Público de Profesiones o el Registro Público de la Propiedad habían sido todo menos públicos y esa apertura reduce o encarece socialmente la mentira o la irregularidad en los datos consignados oficialmente. Si no hubiera un órgano garante y ante la ausencia de incentivos en la comunidad, la ley no se cumpliría por acto de magia.

Es verdad que en varios países desarrollados se ejerce de mejor manera el derecho de acceso a la información que en México y no hay un organismo que vigile que se cumpla esa prerrogativa de las personas, pero también lo es que en esos países la educación básica, intermedia y superior incluye asignaturas sobre la importancia de ese derecho y cómo se puede ejercer. Se encuentra internalizado por muchas décadas en gobernantes y gobernados. Y eso no sucede en México, de ahí que, para no esperar 300 años para generar esa cultura, se creó un órgano garante en el ámbito federal y en cada uno de los estados para acortar esos tiempos de espera y hacer que el país avanzara en esa buena práctica internacional a plazos razonablemente cortos.

Por supuesto, hay que insistir en que el INAI debe generar los acuerdos y las condiciones para que en las escuelas en todos los niveles haya materias o programas que progresivamente vayan dando vida a la apropiación social de este derecho y este rubro pasa por hacer reformas a su diseño institucional para optimizarlo.

Tercero. Debe quedar claro que el INAI no es un organismo anticorrupción. Nunca estuvo pensado para ese propósito, sino como una herramienta institucional para mejorar la calidad de vida de la población al permitirle que pueda en el día a día ejercer todos los derechos humanos previstos en la Constitución y en las convenciones internacionales. Esta tarea va mucho más allá del combate a la comisión de delitos o ilícitos en el sector público y en el privado relacionado con aquél, aunque indirectamente sin información oficial no se puede llevar a buen puerto la eficacia de las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y los capítulos relativos de los códigos penales. Es por estas razones que la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República están impedidas de poder suplir las atribuciones del INAI.

Asimismo, es importante precisar que el INAI no genera la información del sector público como se ha dicho erróneamente, sino que vigila y da seguimiento a que aquélla que genera cada una de las dependencias y entidades de la administración pública, de los poderes públicos y de los organismos constitucionales autónomos se ajuste a lo previsto por la Constitución y las leyes, donde la regla es que la información del sector público debe ser de acceso para todos, con las excepciones limitativas establecidas por la propia ley para defender legítimos intereses públicos como el de la seguridad nacional o aquellos datos que forman parte de la vida privada de las personas y que la ley les reconoce su confidencialidad.

Es dable afirmar que el INAI es perfectible por lo que hace a su estructura funcional y al número de sus comisionados, pero lo que no debería estar a discusión es la existencia misma de esta institución, que trasciende con creces el quehacer periodístico en el ámbito de la investigación sobre actos de presunta corrupción y la vigilancia del ejercicio de gobierno. En esta causa nadie debería racionalmente estar en contra de los mejores intereses de la sociedad.

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Juegos de poder

Del equilibrio institucional tan frágil que tenemos

Leo Zuckermann | Excelsior

La semana pasada atestiguamos cómo decisiones importantísimas para la República dependen de un voto. Una persona puede inclinar la báscula hacia un lado o hacia el otro.

Porque la balanza igual se ha ido a favor del gobierno, como en el caso de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, igual en contra, como el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Un voto, de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es lo que hace la diferencia.

Se trata de un equilibrio institucional muy frágil.

Decisiones de gran trascendencia, como el papel que deben jugar los militares en la seguridad pública o la participación del sector privado en el mercado eléctrico, las deben tomar súper mayorías en el Congreso.

Se trata de reformar reglas que están en la Constitución. Pero, como la alianza oficialista (Morena, PT y el Verde) no tiene dos terceras partes ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores, encontraron una manera muy mañosa de pasar cambios.

Sí tienen mayoría absoluta y, por tanto, modifican leyes secundarias aunque los cambios violen la Constitución. El asunto inevitablemente llega a la Suprema Corte, en la que se requiere otra mayoría calificada de ocho de los 11 ministros para declarar inconstitucional las reformas a leyes secundarias.

En otras palabras, una minoría de cuatro ministros puede, en la práctica, sostener los cambios legales por más inconstitucionales que sean. La combinación de una mayoría de 51% en el Congreso más una minoría de 36% en la Suprema Corte es suficiente para enmendar la Constitución por la puerta trasera.

Hoy, el gobierno tiene el apoyo irrestricto de tres ministros de la Corte: Esquivel, Ortiz y Zaldívar.

En el caso eléctrico, un ministro, primero González Alcántara, en un apartado, luego Ortiz Mena en otro, se les unieron al apoyar la constitucionalidad de dicha ley (hay quienes piensan que esta votación no fue de cuatro a siete, sino una treta del entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para darle la victoria al gobierno). Los que apoyan a la Cuarta Transformación celebraron esta decisión y aplaudieron a la Corte.

En el caso de la Guardia Nacional, ningún otro ministro se unió a los incondicionales del gobierno. Ergo, se lograron los ocho votos para declarar inconstitucional el traslado a la Sedena. Ahora, los que están en contra de la Cuarta Transformación celebraron y aplaudieron.

No puede ser que un voto defina decisiones tan relevantes.

Durante el próximo sexenio (2024-2030), habrá cinco cambios de ministros: Zaldívar, Aguilar, Pardo, Ortiz Mena y Pérez Dayán.

Recordemos que el jefe del Ejecutivo federal requiere de tan sólo cuatro votos en la Corte para que no se declare inconstitucional una ley secundaria que modifique, en los hechos, la Constitución. Hoy Morena cuenta con el apoyo de tres ministros, pero uno de ellos, Zaldívar, se va el primero de diciembre del año que entra. Otro más, Aguilar, se va en la misma fecha. Así que habrá dos vacantes.

En el proceso sucesorio de la Corte, el Presidente tiene una ventaja estructural sobre el Congreso. De acuerdo con la Constitución, para nombrar a un ministro del máximo tribunal del país, el Ejecutivo somete una terna de candidatos a consideración del Senado, “el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente”.

Si en 2024 gana Morena la elección presidencial, el próximo mandatario hará hasta lo indecible para meter a dos personas cercanísimas a la Corte y así tener los cuatro votos mágicos. De esta forma, aunque no tenga mayoría calificada en el Congreso, el presidente podrá hacer cambios trascendentales gracias a su minoría en la Corte.

Si gana la oposición, quedarían tan sólo dos ministras incondicionales de Morena y se rompería el frágil equilibrio de un voto que hemos tenido estos meses. (Vaya uno a saber qué pasaría con la agenda legislativa de un presidente opositor, porque dependería del apoyo que tuviera en ambas cámaras de la siguiente Legislatura).

Así que la batalla del 2024 no sólo será para elegir al próximo presidente y Congreso. Muy pronto también se modificará la integración de la Suprema Corte y veremos si se mantiene, o no, el equilibrio tan frágil que hoy tenemos en el que el voto de un ministro determina el futuro del país.

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Astillero

La salud del Presidente // Versiones en Mérida // Adán, a la mañanera // Agruras por venta del avión

Julio Hernández López | La Jornada

El Presidente de México ha sido afectado nuevamente por el Covid-19, en pleno remolino político (ejemplos: las batallas internas en el plano judicial, la violencia criminal desbordada y la conducción del proceso corcholatero; las presiones de Estados Unidos en cuanto al fentanilo y los cárteles mexicanos, en específico el de Sinaloa). Y, como es natural, tales quebrantos de salud generan todo tipo de opiniones y versiones: en el caso de Andrés Manuel López Obrador, preocupaciones genuinas, por un lado, y versiones alarmistas y tendenciosas, por otro.

López Obrador mantiene un ritmo de trabajo sumamente agotador. De lunes a viernes, sin siquiera tomar asiento en el foro (como sus invitados y sus participantes habituales), desarrolla el ejercicio de comunicación social y propaganda política conocido como la mañanera, tan polémico como eficaz. Los fines de semana viaja por el país, con agendas cargadas de reuniones y supervisiones, últimamente con acento en lo relacionado con el Tren Maya y en la estructura de asistencialismo electoral que lleva como nombre genérico Bienestar. En cuanto a la conducción de su gabinete, los reportes internos dan cuenta más de un control presidencial obsesivo, directo o indirecto, que de desatención.

Pero la salud del político tabasqueño no corre a la par de su hiperactividad. Ya es la tercera ocasión en que se contagia del virus mundialmente esparcido (el cual suele dejar secuelas de diversa índole y durabilidad) y, en muy buena parte a causa de las develaciones hechas por los hacktivistas del grupo Guacamaya, se conocen detalles de sus varios problemas de salud y las correspondientes medicaciones obligadas. En diciembre de 2013 sufrió un infarto, justamente en la parte final del proceso peñista de reforma energética.

Siendo marcadamente presidencialista el sistema político mexicano y siendo López Obrador el ocupante de una centralidad excepcional de la vida pública, como no había sucedido con ningún mandatario federal, los temas de salud son manejados con reserva, pues los adversarios del fundador y jefe real de Morena suelen utilizar en su contra descalificaciones basadas en presuntos problemas físicos y mentales y en la vejez como supuesto factor invalidatorio.

Ayer mismo, en medio de expresiones públicas de partidos y personajes políticos que desean pronto restablecimiento a AMLO, se desató una oleada de versiones, sin ser confirmadas o desmentidas a la hora de cerrar esta columna, referidas a un supuesto desvanecimiento en Mérida. Además de especulaciones respecto al sitio hospitalario en que se encontraría e incluso en cuanto al estilo del tuit en que se dio cuenta del contagio virulento.

Cierto es que es necesaria la información oficial precisa sobre el estado de salud de quien ocupa la Presidencia de México, pero también es cierto que en segmentos opositores que no han podido vencer políticamente al tabasqueño, y que no parecen encaminados a vencer a la 4T en 2024, se incuba y desborda una malsana esperanza, expresada incluso en patológicas muestras de alegría, por los malestares del habitante de Palacio Nacional y las eventuales complicaciones que podrían significar.

Por lo pronto, López Obrador se resguardará unos días y deja a cargo de la políticamente redituable mañanera a Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación que a pesar de su desventaja en encuestas de opinión cree posible una sorpresa que le lleve a ser el siguiente candidato presidencial morenista.

Y, mientras la venta del lujoso avión presidencial, comprado por Felipe Calderón para que lo usara Enrique Peña Nieto, provoca agruras en los opositores al obradorismo que antes le reprochaban que no lograra despachar esa compraventa y que ahora hablan de pérdidas en la operación y no del despilfarro acomplejado del panista quedabién que fue el comprador original y del muy costoso abuso del encopetado usuario priísta,

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México SA

Minería: sólo para barones // Senado: semana crucial // Creel: ¿sin sesgo político?

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Semana crucial en el Senado de la República, última del actual periodo de sesiones, durante la cual los legisladores deberán analizar, modificar o aprobar los cambios a la Ley de Minería que tres diputados morenistas (Ignacio Mier, Aleida Alavez y Manuel Rodríguez) elaboraron sobre las rodillas (sólo tras consultar, exclusivamente, a los corporativos del ramo) y el pleno en San Lázaro los aprobó con el fin de hacer a un lado (léase desechar) la iniciativa que, sobre el sector, presentó el Ejecutivo federal casi un mes atrás, la cual, dicho sea de paso, permitiría terminar con el extractivismo voraz de los consorcios nacionales y foráneos, recuperar la rectoría del Estado sobre los minerales y recursos hídricos del subsuelo y poner orden en esta actividad.

No fue así, porque según el trío de diputados que se menciona, su iniciativa se orientó a flexibilizar la del Presidente, pero como bien lo denuncia el senador Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros e integrante de la Comisión de Minería del Senado, el riesgo de ese cambio es que permitiría continuar con la misma concentración de la riqueza minera del país en una cuantas empresas nacionales y extranjeras, que por tener tanto territorio se dedican luego a la especulación inmobiliaria y negocian con tierras que son patrimonio de la nación.

Por ello, subraya, es lamentable que en la Cámara de Diputados se haya cambiado parte central de la iniciativa de la Ley Minera propuesta por el presidente López Obrador, que iba encaminada a modernizar el sector y acabar con excesos de las grandes empresas y sentar las bases para un desarrollo justo de la actividad minera en beneficio del país, la ecología, las comunidades y los trabajadores. Por lo mismo, no es descartable, en la última semana del periodo ordinario de sesiones, la posibilidad de que en esa instancia legislativa se hagan ajustes a lo aprobado en San Lázaro.

Lamentable, pues, en especial por tratarse de un grupo de legisladores que supuestamente están a favor de la transformación y de la cancelación de privilegios, aunque en los hechos parecen muy enfocados a que nada cambie en este país. Con las modificaciones aprobadas en San Lázaro persistiría la explotación irracional de los trabajadores y de los recursos minerales del subsuelo. Eso es lo que se necesitaba controlar y limitar, porque los empresarios mineros estaban en libertad de hacer lo que quieren.

Es más que conocido el modus operandi de los barones, y desde la presentación misma de la iniciativa presidencial, por medio de la Cámara Minera de México presionaron para cambiarla, la cual establecía que las concesiones serían por 15 años para acabar con ese negocio con la especulación de la tierra”, dijo Gómez Urrutia, quien subrayó que el cambio a la ley no tomó en cuenta la opinión de pequeñas y medianas empresas del ramo, ni de los sindicatos y los trabajadores. Por ello, en lo que resta del actual periodo ordinario, debemos hacer un trabajo serio y profundo, y si el tiempo no alcanza, entonces pensar en un periodo extraordinario.

Lo dicho: los tres legisladores cambiaron la ley para no cambiar nada, para mantener intocados a los barones y desprotegidos al medio ambiente, a las comunidades y a los trabajadores. Como bien lo ha señalado la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, los corporativos mineros no son blancas palomitas; tienen problemas en todo el mundo, y después de los hidrocarburos, el contrabando más fuerte es el de minería, más que los textiles, los zapatos y la ropa. Además, el sector de la minería en México prácticamente no paga impuestos en proporción a sus ingresos totales y es una de las industrias con más corrupción relacionada con las regulaciones legales; los grandes contribuyentes pagan 2.4 por ciento de sus ingresos totales; nosotros, que estamos asalariados, pagamos entre 30 y 35 por ciento, y las mineras apenas 0.002 por ciento de sus ingresos totales; no hay sector más beneficiado que el minero, pues los ingresos que consiguen respecto de los impuestos que pagan son muy superiores; además, los empleos en el sector son muy mal pagados y de lo que se trata es de dignificarlos.

Las rebanadas del pastel

Dice Santiago Creel que en el caso del panista Christian von Roehrich y el cártel inmobiliario, que se aplique la ley sin sesgo de carácter político. ¡Claro!, como lo hizo él, junto con la pandilla blanquiazul (Fox incluido) en el desafuero de López Obrador en 2005.