Lo que dicen los columnistas

Levantar la mirada

Alejandra Ancheita *

Proceso

A las estudiantes de la UAM en paro.

Hace unas semanas tuve la fortuna de ver el documental de Diego Osorno sobre el viaje trasatlántico de las y les zapatistas hacia Europa en 2021. Esta obra es La Montaña y retrata la travesía del Escuadrón 421, compuesto por cuatro mujeres (Lupita, Jime, Caro y Yuli), dos hombres (Felipe y Bernal) y una persona no binaria (Majo). Todas y todes zapatistas, con la encomienda de recorrer los cinco continentes para dar a conocer la propuesta zapatista y para mirar y mirarse desde otro lugar.

Diego Osorno, periodista, documentalista y escritor, junto con la talentosísima cineasta María Seco, se embarcaron física y emocionalmente –junto con la tripulación del barco– hacia una reflexión sobre la historia de la explotación humana, el despojo de la tierra y las luchas en México –particularmente en Chiapas– por la igualdad, la dignidad y un mundo diferente para ellas y elles.

El viaje se realiza en un contexto complejo: decidieron hacerlo en una embarcación con mucha historia de navegación y, por lo tanto, con algunos inconvenientes que se lograron subsanar con la experiencia acumulada.

Para las y les zapatistas de la delegación era su primera vez navegando. Como dato curioso, el documentalista invitado para el evento no sabía nadar. Si todo esto no fuera ya un manojo de posibles complicaciones, también decidieron viajar en plena pandemia.

Debido al covid, la mayoría de los países habían tomado una serie de acciones que limitaban la entrada y salida por sus fronteras, dando a los gobiernos el pretexto perfecto para cercar a las poblaciones en sus propias casas, con una exigencia desproporcionada a seguir produciendo y con pocas alternativas para atender la emergencia sanitaria. Es en ese contexto donde las y les zapatistas rompen de nuevo con la lógica capitalista y, ante el encierro impuesto, deciden hacerse a la mar.

Si bien la historia zapatista es justo eso, una ruptura constante de las imposiciones, hay algunos eventos que bien pueden considerarse hitos históricos de la vida moderna, pues son claves para entender no sólo el movimiento en sí y su desarrollo, sino lo mucho que también dicen del país, su cultura política, las respuestas –omisiones– gubernamentales, la evolución global de los temas de justicia y derechos de los pueblos indígenas.

La Primera Declaración de la Selva Lacandona, de diciembre de 1993, es la aparición pública del EZLN, donde haciendo referencia al artículo 39 de la Constitución, plantea el derrocamiento del entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, bajo la acusación de que en las elecciones de 1988 “había usurpado el puesto de primer mandatario tras un fraude electoral de enormes proporciones”.

Acompañando a esta Primera Declaración, aparece también en diciembre de 1993 la Ley Revolucionaria de las Mujeres, donde el movimiento “incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política”. La ley es un decálogo que reivindica la igualdad sustantiva de los derechos en las mujeres en todos los aspectos del movimiento pero, sobre todo, de su vida en general.

Por ello, el 1 de enero de 1994 es emblemático, pues mientras el presidente Salinas promovía un discurso de la entrada de México “en el desarrollo global”, los zapatistas se levantan en armas y develan el verdadero México, el de la exclusión, la marginación y pobreza económica.

En 1996, tras meses de negociaciones tirantes entre el EZLN y el gobierno, se elaboran los “Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena”, donde se acuerda modificar la Constitución para otorgar derechos, incluyendo autonomía a los pueblos indígenas y atender las demandas en materia de justicia e igualdad para los pobres del país.

En 2001 se llevó a cabo la Marcha del color de la tierra, conocida también como Marcha de la dignidad indígena o Caravana zapatista, un recorrido de una delegación del EZLN por 17 entidades federativas, realizada del 24 de febrero al 2 de abril de ese año, siendo la del 11 de marzo una fecha muy significante, pues el Zócalo de la capital recibió a la delegación zapatista, reivindicando la llegada de “la hora de los pueblos indígenas”.

En diciembre de 2012 los zapatistas se hacen de nuevo presentes en la vida pública con la Marcha Silenciosa, donde miles de ellas salieron, en completo silencio, desde varios puntos del estado de Chiapas, llamando –en esa ocasión– a escucharles.

El 1 de enero de 2024 se cumplirán 30 años del Movimiento Zapatista y no puedo pensar en un mejor formato para renovar sus votos, respecto de la construcción de mundos diferentes, que con un viaje como el que se muestra en el documental de Diego.

Las, los y les protagonistas de esta historia son también representantes de diferentes generaciones de la lucha zapatista. Hay quienes nacieron antes del levantamiento, quienes nacen en medio de la declaración de las autonomías y quienes nacieron como ellas mismas se reconocen: “mujeres libres”.

Entre muchas otras escenas que te sumergen en el viaje, una es impactante: escuchar a una joven mujer zapatista hablar de la historia de sus abuelos y de sus padres y entender que, con la lucha de ellas y ellos, las nietas y los nietos que son la generación que ella representa, pudieron nacer en un territorio liberado.

Qué significado tan profundo saberse y sentirse una mujer libre en un país como México, donde la mayor evidencia de la desigualdad que vivimos las mujeres son los 11 feminicidios diarios, así como la absoluta ineptitud de las autoridades para responder a esta pandemia.

La Montaña y sus tripulantes nos recuerdan que la lucha es por la vida, por recuperar la mirada “de lo inmediato a lo local, a lo regional, a lo nacional, a lo mundial; elegir qué mirar y cómo mirar, cambiar el punto de partida, elegir el destino de nuestra mirada”.

Es decir, nos llaman de nuevo a romper el cerco de la desilusión y pensar que otra vida y ¡otro mundo es posible!

* Directora ejecutiva de Prodesc.

Arsenal

Premian a Poniatowska entre gritos y arrebatos

Francisco Garfias

Excelsior

Los gritos de “¡fuera!, ¡fuera!, ¡fuera!” emanados de las bancadas de oposición descompusieron el ambiente de respeto que, hasta entonces, había prevalecido en la ceremonia de entrega de la Medalla “Belisario Domínguez” a la apreciada periodista y escritora Elena Poniatowska.

La petición de que se bajara de la tribuna iba dirigida a la senadora de Encuentro Social, Sasil de León, encargada de hablar de la trayectoria y los méritos de la galardonada.

A la legisladora chiapaneca no le importó que el ministro Alberto Pérez Dayán estuviera en la tribuna en representación del Poder Judicial ni apartarse por completo del rol que le fue asignado. De buenas a primeras aprovechó esa alta tribuna para “condenar enérgicamente” la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional que la Guardia Nacional esté bajo control militar. “Quedaron a la deriva sólo 130 mil elementos. Inverosímil. Confiamos en las autoridades”, alcanzó a decir Sasil, antes de que los gritos opacaran su voz.

* Sus palabras provocaron que los senadores del PRI presentes, encabezados por su coordinador Manuel Añorve, abandonaran el antiguo salón de sesiones del Senado en protesta por las “arengas partidistas” de la senadora De León y la “falta de respeto” a la Corte. Lo mismo hicieron los senadores del Grupo Plural. Dentro del salón se armó la rebatinga. La panista Lilly Téllez, una de las más guerreras del PAN, se le fue encima al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, invitado especial a la ceremonia. No buscaba quién la hizo, sino quién la pague.

Celular en mano se le plantó enfrente y le preguntó: “¿Qué opina sobre la falta de respeto de Sasil a la Suprema Corte y a la división de Poderes?

— Estamos en una ceremonia de la maestra…, respondió el vocero, visiblemente sorprendido.

— Usted es el representante de Victoriano Huerta, acusó Lilly.

— No sé, pero estamos en una ceremonia, insistió Jesús, al tiempo que inclinó la cabeza hacia donde estaba la panista y estiró el brazo.

— ¡No me toque!, ordenó la senadora.

— No me ponga su teléfono. Es tan agresivo como eso, reviró Jesús.

— No es agresivo. Usted no me toque… Dígale al Presidente de mi parte que es un cobarde por no venir y dígale que es el representante de Victoriano Huerta. Son ustedes unos hipócritas y no vuelva tocarme.

Jesús no cayó en la provocación. Dio por terminada la conversación con un “tiene todo mi respeto, tiene todo mi respeto…”.

Kenia López Rabadán, otra guerrera del PAN, se levantó de su escaño como impulsada por un resorte y con el índice en dirección de Sasil no dejaba de gritar: “¡Es una falta de respeto!”. Hasta senadores de Morena también criticaron el gesto de Sasil que descarriló la ceremonia.  

A la entrega de la medalla no asistió el Presidente con el argumento de que podrían faltarle al respeto a su investidura. Tampoco Norma Piña, la primera mujer que preside la SCJN, estuvo presente. No supimos las razones.

Adán Augusto representó al Ejecutivo. No fue el más aplaudido cuando hicieron las presentaciones  —el de Pérez Dayán se escuchó más fuerte y el de Poniatowska estruendoso—, pero sí jaló los reflectores al final del acto. Para donde se movía, iban las cámaras.

En la tribuna también estuvieron los presidentes de las mesas directivas del Senado, Alejandro Armenta, y  de Diputados, Santiago Creel. Antes de llegar a la casona de Xicoténcatl, donde se entregó la medalla, el titular de Segob puso un tuit en el que calificó de “constitucionalistas de ocasión” a los ocho ministros que votaron en contra de que la Sedena controle la Guardia Nacional.

* Elena Poniatowska, vestida con un hermoso vestido rojo chiapaneco con bordados amarillos,  miraba desde la tribuna todo ese argüende con esa mirada curiosa que la llevó a brillar en el periodismo. No se perdía detalle. De cuando en cuando comentaba lo que veía con su vecino en tribuna: Adán Augusto.   

A lo largo de su intervención respetó la pluralidad. Sólo al inicio confesó que le daba “tristeza” que no la acompañara el Presidente “porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí, lo adoramos”.  

Al final casi ofreció una disculpa por lo light de su discurso. Recordó pasajes de su vida, habló con mexicanos distinguidos, hizo notar que sólo nueve mujeres han recibido la medalla desde que se comenzó a entregar en tiempos de Ruiz Cortines. “Supongo —finalizó— que muchos esperaban un discurso o un texto político y lamento decepcionarlos, pero estoy tan llena de agradecimiento que solamente puedo decir gracias, gracias y otra vez gracias”.

* Empiezan las movilizaciones de las organizaciones nacionales campesinas contra la iniciativa  del Ejecutivo de desaparecer la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, Forestal y Pesquero.

Están inconformes con la desaparición del instrumento más importante con el que cuentan los productores del campo y se van a la lucha. 

Juegos de poder

La militarización en las elecciones de 2024

Leo Zuckermann

Excelsior

Al Presidente no le gusta perder. Cuando lo hace, suele doblar las apuestas. Es lo que ha hecho, de nuevo, ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ayer, en la mañanera, López Obrador anunció que enviará el primero de septiembre de 2024, un mes antes de dejar el poder, una iniciativa para reformar la Constitución, de tal suerte que la Guardia Nacional dependa de la Sedena.

Lo primero que hay que decir sobre esta idea es que, ahora sí, el Presidente está optando por el camino adecuado para reformar la Constitución. No se valía, como pretendía, hacerlo por la puerta de atrás, es decir, cambiando una ley secundaria violatoria del texto constitucional apostándole a que una minoría de cuatro ministros de la Suprema Corte le diera la razón. Por fortuna, en esta ocasión sólo consiguió tres votos del órgano judicial por lo que la Corte declaró inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena.

Como dije ayer, si el Presidente quería dicho cambio, tenía que haberlo hecho como se debía, es decir, reformando la Constitución. Él tiene la facultad de presentar una iniciativa de reforma ante el Congreso. Ya anunció que lo hará en 2024.

López Obrador está apostando que en la próxima Legislatura, que precisamente comienza el primero de septiembre del año que viene, Morena y sus aliados tendrán la mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de Senadores, además de la mayoría en la mitad de los congresos locales, para que su iniciativa se apruebe.

Es un escenario muy optimista. Vamos a ver si se cumple. Pero lo importante es que, al anunciar esta medida, López Obrador ya volvió la militarización de la seguridad pública en un tema electoral de 2024.

Lo celebro. Qué bueno.

Este país requiere un debate serio e intenso sobre el papel que deben jugar los militares, no sólo en la seguridad pública, sino además en las otras labores que el gobierno le ha encargado a las instituciones castrenses. Yo quiero ver cómo defiende la candidata o candidato presidencial de Morena la creciente militarización del país, sobre todo tomando en cuenta los malos resultados que se han tenido en esta materia.

A lo que le está apostando López Obrador es a la buena imagen que todavía tienen las Fuerzas Armadas en la opinión pública nacional. Es lo que van a tratar de utilizar para convencer al electorado. Del otro lado, los que estamos en contra de la militarización, tendremos que presentar buenos argumentos, sustentados en evidencia empírica, para convencer de la necesidad de tener policías civiles en México.

Todo esto sería fair play en una democracia. Pero tampoco seamos ingenuos. La pregunta es si los militares, que tienen mucho que perder o ganar en este debate, van a quedarse calladitos viendo cómo se da el debate político-electoral sobre el papel que jugarán en el futuro. Su posible intervención activa en las elecciones sería un elemento de enorme preocupación. Estamos hablando de un grupo de interés con gran poder, el de las armas, que podría inclinar la cancha a favor de un partido político en las elecciones, lo cual no se ha visto en México en muchas décadas.

Sí, que se debata la militarización, pero sin la intervención activa de las Fuerzas Armadas en las campañas. Ni para un lado ni para el otro. Porque, de hacerlo, estaríamos frente a la politización de las instituciones castrenses que son —y deben seguir siendo— del Estado, no de un partido en particular. Mucho cuidado con eso.

Dice el Presidente que le solicitará al Congreso darle prioridad a esta iniciativa de reforma constitucional para que la aprueben antes que se vaya. La Constitución le otorga dos iniciativas preferentes cada que comienza un periodo ordinario de sesiones del Congreso. Pero esta facultad no aplica para reformas constitucionales. Así que, aunque la envíe, el Legislativo no tiene por qué hacerlo como pretende López Obrador.

En todo caso, será muy interesante ver a un Presidente lame duck, que ya se va en unos cuantos días, empujando una iniciativa de reforma constitucional de la más alta importancia para el próximo mandatario. Es lo que hizo José López Portillo con la estatización de la banca en 1982. Él tomó la decisión, el Congreso la aprobó y Miguel de la Madrid, que estaba en contra, la tuvo que implementar.

¿Se vale?

Legalmente, sí. Pero políticamente resulta muy cuestionable este tipo de cambios de gran calado de un Presidente en retiro. Pero así es López Obrador. Hasta el último día de su mandato dará lata. Quizá hasta después…

La Guardia Nacional y el contrapeso de la Suprema Corte

Mario Patrón

La Jornada

Esta semana la Suprema Corte nuevamente ha asumido el protagonismo en la agenda mediática nacional. Desde el pasado lunes, las resoluciones resultantes de la deliberación en el máximo tribunal en torno a diversos amparos y acciones de inconstitucionalidad han reivindicado el importante rol de contrapeso que este poder constitucional ejerce en un entorno de alta polarización y crispación social como el que vive el país.

Con el inicio de la semana, la Corte comenzó también la discusión sobre el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara sobre el traspaso administrativo y operativo de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena. Dicha discusión estuvo precedida por la sentencia que declaró inconstitucional la intervención de comunicaciones privadas por militares sin la autorización de un juez del fuero civil.

En síntesis, el proyecto de sentencia discutido recuperaba la acción de inconstitucionalidad 137/2022, promovida por senadores, en la que se apelaba a cinco conceptos de invalidez del decreto que dispuso el traspaso en cuestión. Primero, que el traspaso es violatorio del carácter civil de la GN establecido en el artículo 21 constitucional; segundo, que se excedieron las facultades constitucionales del Congreso; tercero, que se violó la transitoriedad del carácter militar de la GN establecido en el artículo 129 constitucional; cuarto, que se quebrantó el federalismo al intervenir la seguridad local, y quinto, que el traspaso implicó una suspensión de garantías.

Tras dos días de discusión en el pleno, el martes fue declarada procedente la acción de inconstitucionalidad. Con dicha sentencia la Corte invalida así el traslado de la GN a la Sedena por contravenir su carácter civil establecido en el artículo 21 constitucional; deja sin efecto también la facultad del secretario de la Defensa Nacional para nombrar al titular de la comandancia de la GN; e invalida el régimen diferenciado del personal de la GN proveniente de la Policía Militar, pues el decreto expandía la jurisdicción militar a servidores civiles. Adicionalmente, la sentencia supone la validación del régimen de reasignación del personal de la GN proveniente de la Policía Naval, el régimen de la estructura orgánica, servicio de carrera y profesionalización del personal de la GN y el subsistema de colaboración entre la GN y las fuerzas armadas para el desempeño en seguridad pública.

Tras el histórico fallo del martes, quedan pendientes en la agenda de la Corte las discusiones sobre los efectos de esta resolución, así como la revisión de la acción de inconstitucionalidad 62/2019 promovida por la CNDH sobre la presencia de la GN en las estaciones migratorias, y el amparo 282/2020 promovido por la asociación Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia contra la Ley de la Guardia Nacional por considerar que transgrede el sistema nacional de seguridad pública, el principio de supremacía constitucional, el carácter civil de la seguridad pública, la seguridad jurídica y la no regresividad y progresividad del derecho a la seguridad ciudadana.

Con el fallo de la Corte, sin embargo, no puede considerarse cancelado el proceso de militarización en curso en el país durante los tres últimos sexenios, frente a lo cual el papel del máximo tribunal del Poder Judicial seguirá siendo clave para atajar los efectos de una política de seguridad pública que ha trasgredido el derecho a la seguridad ciudadana sin que ello haya significado ni por asomo la reversión de la dinámica ascendente de la violencia delincuencial en el México de las últimas décadas. El fin de semana pasado la GN volvió a estar implicada en un caso de ataque y ejecución extrajudicial cometido contra una familia en Nuevo Laredo, que ha cobrado tres vidas. Tales hechos han coincidido en la atención de la opinión pública con la publicación de recientes investigaciones periodísticas que revelan los viajes millonarios del titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval; así como la denuncia de dos nuevos casos de espionaje contra defensores de derechos humanos del Centro Prodh por el Ejército. Pese a ello, el Presidente ha dejado claro que no abandonará su política en pro de la militarización del país; lejos de ello, ha reafirmado, bajo pretexto de supuesto espionaje del Pentágono contra su gobierno, que resguardará la información de las fuerzas armadas para salvaguardar la seguridad nacional.

Las recientes resoluciones de la Corte son plausibles, pues suponen un revés a la inercia poco democrática que ha caracterizado las decisiones gubernamentales, en especial durante la segunda mitad de este sexenio; con ellas, la Corte ha dado un mensaje contundente en defensa de los derechos humanos, pero aún quedan muchas discusiones pendientes que pondrán a prueba la autonomía y el compromiso con la defensa de la Constitución del máximo tribunal.

En dichas discusiones será muy importante que la sociedad civil acompañe las deliberaciones de la Corte poniendo especial atención al combate contra la impunidad del fuero militar y la transparencia y rendición de cuentas de las acciones de las fuerzas armadas; pues son temas centrales para la salvaguarda de la democracia del país. Por lo pronto, esta semana la Suprema Corte ha revalidado plausiblemente su legítimo papel de invaluable contrapeso institucional en nuestro frágil sistema democrático.