Lo que dicen los columnistas

Juegos de poder

¿De verdad ha servido el Inai?

Leo Zuckermann

Excelsior

Si su objetivo era combatir la corrupción, la respuesta es “no”.

En eso tiene razón Andrés Manuel López Obrador. Desde su creación en 2003, México sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo, de acuerdo a Transparencia Internacional. En la última medición de 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, nuestro país aparece en el lugar 124 de 180, empatado con Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea. Ahí hemos permanecido más o menos desde el sexenio de Vicente Fox en que se estableció el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Entonces, ¿ha fracasado el Inai y habría que desaparecerlo?

El Instituto se formó después de la transición a la democracia cuando un grupo de académicos y periodistas demandaron el “derecho a saber”, es decir, el acceso a la información de un gobierno que financiamos los contribuyentes. El llamado “Grupo Oaxaca” logró el apoyo de la clase política y se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2002. Un año después se crearía el IFAI.

Recuerdo los debates de ese entonces. A mí me parecía un despropósito crear todo un instituto para obligar al gobierno federal a entregar su información. Era la típica solución estatista mexicana: establecer una burocracia que cada vez costaría más. Había mejores prácticas que imitar.

En Estados Unidos, por ejemplo, una unidad del Departamento de Justicia resuelve las solicitudes de información. En última instancia, si los gobiernos federal, estatales y municipales se niegan a entregar ciertos datos, los solicitantes pueden demandar a un juez que revise la decisión a fin de anularla. De esta forma, la última palabra la tiene el Poder Judicial.

Aquí en México, se argumentaba, no se podía dejar dicha labor ni al Ejecutivo ni al Judicial, por los intereses que tenían. Debía formarse un organismo desconcentrado que tomara resoluciones inapelables. Ganó esta postura. Luego le otorgarían autonomía constitucional.

Creo que la Ley de Transparencia y el Ifai (luego Inai) tuvieron una primera ola de buenos resultados en materia de acceso a la información y promoción de una cultura de transparencia en la gestión pública. (Después habría que analizar la facultad de proteger datos personales, una actividad de suyo importantísima en estas épocas digitales).

Sin embargo, también considero que, como suele ser el caso en México, los gobiernos encontraron la manera de darle la vuelta a la ley, en este caso la de transparencia. Se volvieron muy mañosos y el Ifai, luego Inai, ya no pudo hacer mucho, que digamos.

Doy un ejemplo personal. Después de la reforma electoral de 2007, el Instituto Federal Electoral censuró un spot de un partido. A través del órgano de transparencia del IFE solicité los criterios que utilizó la Comisión de Quejas para quitarlo del aire. Esperaba una respuesta concreta y específica. A mi oficina llegó un oficio donde se informaba que adjuntos venían los criterios solicitados. En una caja –no exagero– encontré un acervo de libros y engargolados: desde la Constitución hasta resoluciones del Tribunal Electoral. O sea, me llenaron de información inservible para analizar por qué los consejeros habían censurado un spot.

Sí, con el tiempo, los gobiernos se volvieron más ladinos para esconder sus travesuras.

En el sexenio de Enrique Peña, por ejemplo, abundaron los pagos en efectivo para no dejar huella. En el gobierno actual, el cash sigue circulando a raudales pero, lo peor, es que encontraron una manera más eficaz de esconder la información para no rendir cuentas: declarar las obras más importantes del sexenio como de “seguridad nacional” y encargárselas a las Fuerzas Armadas. De esta forma, lograron la opacidad deseada. Y el Inai no ha podido hacer nada.

Seamos realistas, a diferencia del INE, que sí ha ofrecido buenos resultados en el tiempo, el Inai se convirtió en un elefante burocrático que ya aporta poco a la transparencia y rendición de cuentas.

Esto no quiere decir que justifique la marullería del gobierno de López Obrador de desaparecerlo dejándolo sin comisionados que puedan tomar decisiones.

Lo que urge es un nuevo debate de la mejor manera para que los gobiernos transparenten su información y rindan cuentas.

El problema es que esta iniciativa no va a venir de ningún gobierno porque todos prefieren conducirse en la opacidad. El actual, de López Obrador, más que otros. Como fue el caso con la fundación del IFAI en 2003, esto tendría que venir de una demanda ciudadana. Y, la verdad, no veo este tema en el radar de la sociedad organizada.

De naturaleza política

Segalmex: “tapar el pozo”

Enrique Aranda

Excelsior

Remodelan casa con cargo al erario (pero) ¡no somos…!

Cuna del mayor y más escandaloso caso de corrupción oficial de las últimas décadas: la aún inexplicada malversación y abuso de recursos por algo así como 15 mil millones de pesos, la nueva administración de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) parece trabajar ahora en “…tratar de tapar el pozo” generado en la gestión del otrora promotor y “patrón” de Andrés Manuel López Obrador, el expriista como él Ignacio Ovalle Fernández, para evitar críticas adicionales al gobierno de la 4T, su eventual inoperancia administrativa o su quiebra financiera incluso.

En las últimas semanas, en efecto, desde mediados de marzo para ser exactos, la Gerencia de Recursos Humanos de la Unidad de Administración y Finanzas de la entidad sucesora de la también controvertida Conasupo, a cargo de María Elba Lombera, advirtió a todos los mandos altos y medios que, a partir de la fecha, “todas las nuevas contrataciones de personal operativo de confianza que se realicen en oficinas centrales y centros de trabajo de Liconsa” se harán teniendo en cuenta que los contratados “NO podrán recibir ninguna prestación y/o percepción extraordinaria” como pudieran ser: apoyo por nacimiento de hijo o matrimonio, fomento deportivo, fondo de ahorro, seguro de gastos médicos mayores, vacaciones, prima vacacional, “pavochek” y más, muchas más que sí reciben los sindicalizados.

Adicionalmente, al inicio del feriado de Semana Santa que recién concluyó, el 31 de marzo, la Gerencia Metropolitana Norte, que incluye igual a la Ciudad de México que al vecino Estado de México y que, en conjunto, representan algo más de 40% del padrón de beneficiarios del Programa de Abasto Social, fue informado de que, a partir del día siguiente, el litro de leche pasaría de 5.50 que costaba a 6.50 pesos –17% arriba– por lo que “la bolsa de dos litros será de 13 pesos” como resultado “del incremento constante de la materia prima que se utiliza para la elaboración de este producto” y se compromete a “mantener al 100% la calidad de la leche fortificada”.

Parecería entonces, insistamos, que los números tras el “destape” del  multimillonario fraude y malversación de fondos al interior de Segalmex no están evolucionando como se quisiera y que, en razón de ello, las autoridades de la unidad gubernamental han comenzado a adoptar medidas para evitar un colapso que, hoy por hoy, no haría más que agravar las cosas. Al tiempo…

Asteriscos

* Quien podría ser llamado a “rendir cuentas” ante el partido que le llevó al gobierno no es otro que el impresentable Diego Sinhue quien, a la vista lo que sucede ahora en la otrora entidad emblema de Acción Nacional, parece estar más empeñado en perder la elección de 2024 que en ganarla y retener la gubernatura para la causa blanquiazul. Se advirtió que así sería, que conste…

* Con la participación de una decena de potenciales aspirantes a una eventual candidatura presidencial común opositora –partidos y ciudadanía– de cara al 2024, hoy y mañana en la Expo Reforma capitalina se llevará a cabo el foro Unidad y Gobiernos de Coalición que promueven UNID@S, Marea Rosa y Seguimos en Marcha, entre otras. Bien…

Astillero

Alternancia: volver los mismos // Confesión explícita // Trece del pasado rancio // Coahuila, facilitar al PRI

Julio Hernández López

La Jornada

La marquesina y el elenco no les favorecen: anuncian sesiones durante dos días para proponer hacia 2024 no un cambio profundo o una corrección vigorosa, sino una nueva alternancia democrática; es decir, regresar los que ya estaban, entrar al baile los que este sexenio estuvieron sentados.

En esencia son los mismos; es decir, lo mismo, con añadidos poco edificantes como el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, turbiamente favorecido por el Poder Judicial. Sesionarán lunes y martes, de 10 a 18 horas, en un foro denominado Unidad y gobiernos de coalición: para lograr una nueva alternancia democrática. Convocan Marea Rosa, Seguimos en Marcha y el membrete concentrador de las estrategias de Claudio X. González, Unid@s. Los ponentes y moderadores serán Federico Reyes Heroles, José Antonio Crespo, José Ramón Cossío, Diego Valadez y Macario Schettino.

Véase la baraja con que la coalición Va por México busca convencer a los futuros electores de que impulsa un cambio. Cinco representantes del priísmo más rancio: Beatriz Paredes (casi medio siglo de carrera, desde tiempos de Luis Echeverría), Claudia Ruiz Massieu (hija del ex gobernador de Guerrero, asesinado durante la crisis salinista de 1994, fue miembro del gabinete peñista), Enrique de la Madrid (hijo del agrisado ex presidente que abrió paso al neoliberalismo económico), Ildefonso Guajardo (secretario de Economía durante el sexenio peñista) y, aunque no sea militante partidista, José Ángel Gurría (canciller y secretario de Hacienda con Ernesto Zedillo; Ángel de la Dependencia del extranjero, le motejan).

Las cartas de Acción Nacional constituyen también un guiño a la desmemoria y el oportunismo: Santiago Creel, quien fue secretario de Gobernación con Vicente Fox, derrotado en la interna presidencial por Felipe Calderón; Juan Carlos Romero Hicks, quien fue gobernador de Guanajuato con Fox en Los Pinos y luego director del Conacyt con Calderón; Lilly Téllez, quien fue conductora a modo en programas de televisión, prófuga del morenismo y apasionada declamadora de guiones políticos, y el citado García Cabeza de Vaca, quien fungió de gerente regional en Tamaulipas y a quien extraños arreglos políticos le han difuminado cargos judiciales.

A nombre del PRD van dos cartas altamente icónicas, pues simbolizan la decadencia del que fue el partido más importante de la izquierda electoral: Miguel Ángel Mancera, que coordina la fracción senatorial minúscula del sol azteca y que como jefe de Gobierno capitalino dejó pésima huella, y Silvano Aureoles, a quien Enrique Peña Nieto apoyó para ser gobernador de Michoacán y a quien igualmente le caracterizan los muy negativos resultados en ese cargo.

Otro segmento de los líderes de la coalición juega con supuesta credencial independiente: Gustavo de Hoyos Walther, abogado empresarial que presidió la confederación patronal a nivel nacional y se promueve como aspirante a Bukele mexicano, y Demetrio Sodi, quien ha tenido cargos a nombre de PRI, PAN y PRD.

Malas noticias para esos opositores, ya sea en sus versiones partidistas o ciudadanas: con esos personajes no fomentarán ninguna expectativa real de cambios o mejoría, sino de continuidad de un pasado que ya fue rechazado: alternancia proponen, pero lo que buscan es el regreso de los mismos, de lo mismo.

En Coahuila, el debate entre candidatos a la gubernatura devino en lo previsible: al PRI se le ha pavimentado el camino a la victoria mediante la división que menguó la de por sí no tan fuerte opción de Armando Guadiana a nombre de Morena. Acusaciones, adjetivos y palabrería que no afectan al priísta Manolo Jiménez, impulsado por el gobernador saliente, Miguel Ángel Riquelme, y el ex mandatario Rubén Moreira. ¿Negociación? Pues…

Y, mientras Samuel y Mariana le dan recepción fosfo fosfo a la nuevamente viajera Claudia Sheinbaum, ¡hasta mañana, con 22 gobernadores de Morena en defensa de la continuidad de Mario Delgado y Citlalli Hernández, que la Corte analizará en cuanto a su posible ilegalidad!

México SA

#losbaronesminerosnosetocan // Chantaje de los corporativos // Amenazan con no invertir

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Como la creatividad no es lo suyo, los barones de la minería recurren al mismo cuento de siempre: el chantaje. Ante la iniciativa de reforma a la ley sectorial, de inmediato salen a gritar que si tal proyecto se aprueba México perderá inversiones, porque nadie querrá arriesgar sus capitales. Sólo falta que promuevan #loscorporativosminerosnosetocan, es decir, ni se les ocurra alterarles el jugoso negocio (perpetuo saqueo a la nación) que les armó Carlos Salinas de Gortari y continuaron –todo gratis– Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

En México los corporativos mineros nacionales y foráneos han obtenido multimillonarias utilidades, con impuestos mínimos o inexistentes, pero eso sí, con escandalosas cuan voluminosas devoluciones fiscales; se convirtieron en los neolatifundistas de la modernidad (120 millones de hectáreas del territorio nacional) y en amos y señores en las zonas que explotan; impunemente han derramado tóxicos por toda la República y devastado áreas naturales protegidas supuestamente; por falta de inversión en seguridad provocan la muerte de los trabajadores y no hacen el mínimo esfuerzo para rescatar los cuerpos enterrados; destrozan poblaciones enteras y corren a sus habitantes (ahí está el caso de Salaverna, en Mazapil, Zacatecas). Eso y mucho más, pero chantajean con dejar el país ante la carencia de certeza jurídica.

Así es: para esos corporativos la certeza jurídica es todo lo anterior y más, sin importar las consecuencias sociales ni medioambientales. Eso sí, chantajean con dejar de invertir 4 mil millones de dólares… no: 9 mil millones… y el monto crecerá según la proximidad de la aprobación de la iniciativa presidencial. Lo anterior, porque el presidente de la Cámara Minera de México, José Jaime Gutiérrez Núñez (Grupo Minero Bacis) un día dijo la primera cifra y al siguiente la segunda; es decir, la infla con base en las necesidades de la estrategia de chantaje.

Pero no sólo eso, porque advierten que si la citada iniciativa se aprueba fast track (decisión soberana del Legislativo), la inversión hará la maleta y se irá del país, amén de que provocará disputas internacionales en el marco del T-MEC. El caos, pues. Por eso, ni se les ocurra alterar el negocio a los corporativos mineros, que pretenden retrasar y retrasar la decisión del Legislativo (como los barones de la electricidad con la reforma sectorial) y, en el peor de los casos (para ellos) que se analice la situación en un parlamento abierto, siempre con el objetivo de que no se apruebe ni una coma de la nueva iniciativa presidencial.

¿Es necesaria la actividad minera? Desde luego que sí, pero no con corporativos rapiñeros. Cómo olvidar a la depredadora minera San Xavier que destrozó el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, a pesar de la protesta ciudadana que se extendió 14 años. En 1999 la Semarnat (entonces a cargo Julia Carabias) dio el visto bueno al proyecto. Y como este ejemplo, muchísimos más.

Un año atrás, el Servicio de Administración Tributaria (entonces con Raquel Buenrostro a la cabeza) denunció que a pesar de sus voluminosas cuan crecientes utilidades, los corporativos mineros pagaban una tasa efectiva de impuesto sobre la renta verdaderamente ridícula: 5.51 por ciento, en el caso del oro; 6.78 por ciento en el de la plata y 7.98 por ciento en el del cobre (léase canadienses, la familia Bailleres, Germán Larrea y Carlos Slim, respectivamente), cuando por ley les corresponde 30 por ciento. Por si fuera poco, pagan entre 8 y 188 pesos por hectárea concesionada, y algunos de ellos utilizan los terrenos para fines ajenos a la explotación minera.

Pero los corporativos se retorcieron cuando, en 2013, se aprobó la legislación que los obliga a pagar 7.5 por ciento sobre la riqueza extraída en un periodo dado. De inmediato se ampararon y una vez más recurrieron al chantaje. El primero fue Germán Larrea, quien, una vez más, amenazó con “cerrar Cananea y retirar las inversiones del Grupo México (por cierto, de ese año a la fecha la fortuna del barón se duplicó).

Pero no sólo él: en octubre de 2013 Rosa-lind Wilson, presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, amagó con trasladar nuestros capitales a otros países (en el suyo pagan más tasas fiscales). A cambio, el gobierno les dio muchísimas más concesiones.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿se van? Pues que se vayan, porque la riqueza se mantiene en el subsuelo. México no merece empresarios de esa calaña.