Lo que dicen los columnistas

Retrovisor

La reformita que exhibió a la partidocracia

Ivonne Melgar

Excelsior

Cuando Malú Micher advirtió el miércoles 13 de abril, en la tribuna del Senado de la República, que “allá en la Cámara de Diputados quieren mandarnos una reformita que aquí no la vamos a aprobar”, el rechazo a la pretensión de amarrarle las manos al Tribunal Electoral se había vuelto irremontable.

Fue una declaración que abiertamente contradijo el cabildeo que entre las bancadas de Morena, PT, PVEM y PES hizo a favor de la reforma, ese mismo día, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien habló de la importancia que para el gobierno tenía acotar los alcances interpretativos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Y esas dos escenas confirmaron que la negociación de la reforma se había convertido en terreno de jaloneo de la partidocracia mexicana: de un lado, las llamadas corcholatas buscando mejores condiciones para promoverse y, de otro, la oposición de Va por México, más preocupada por la alternancia de género que por competirle en serio a la autoproclamada Cuarta Transformación.

“¡Allá hay patriarcado y aquí hay feminismo! ¡No pasará!”, sentenció la senadora de Morena e integrante del equipo de campaña del canciller Marcelo Ebrard.

La advertencia de Malú Micher anticipaba el entierro de una iniciativa que los coordinadores de las bancadas de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y PRD habían construido antes de Semana Santa en San Lázaro, con el fin, dijeron, de delimitar los alcances del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en asuntos que, alegaban, eran competencia del Congreso.

La idea de atajar a los magistrados electorales se había concebido desde 2021, ante las resoluciones que obligaron a los partidos a la paridad en las candidaturas a los gobiernos estatales; y a postular diputados que representaran a pueblos indígenas y afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad y comunidad de la diversidad sexual.

Con el aval de sus respectivas dirigencias partidistas, los coordinadores en la Cámara retomaron esa idea después de que el TEPJF les instruyó que las finalistas de la quinteta para relevar la presidencia del INE debían ser sólo mujeres y la resolución se sustentó en la necesidad de que ahí se concretara la alternancia de género.

Una vez que la iniciativa se filtró en los medios y en la conversación en redes sociales, en la última semana de marzo, el día 27, la Red de Mujeres en Plural lanzó la alerta de que modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución afectaba la protección y garantía de los derechos políticos de las mujeres y atentaba contra la democracia.

Y aunque por las vacaciones de los primeros días de abril bajó el volumen a los reclamos, éstos fueron creciendo exponencialmente mientras más se conocían las implicaciones de una propuesta que, por fin, rompía la polarización entre las dirigencias partidistas, unidas en el interés de garantizar manga ancha para el reparto de las candidaturas hacia 2024, alegando un intervencionismo excesivo del TEPJF en la vida interna de sus partidos y en el Congreso.

La incongruencia de la oposición del PAN, PRI y PRD alcanzó niveles inéditos cuando, en lo oscurito, aceptaron las peticiones de Morena de aprovechar la reforma para despenalizar los actos anticipados de campaña, una pretensión contenida en el mismísimo plan B que tanto cuestionaron, el cual también ponía en riesgo la garantía de la paridad de género y debilitaba al Tribunal Electoral.

Al activismo de Mujeres en Plural, que buscó a los diputados de todas las fracciones para argumentar por qué su iniciativa significaba la destrucción de la democracia constitucional, dando paso a la impunidad en la vida de los partidos, se sumaron las organizaciones de la marea rosa del 13 de noviembre y el 26 de febrero, viralizando la exigencia de que El Tribunal Electoral tampoco se toca.

Ese mismo miércoles 13 de abril, las presiones externas obligaron a la dirigencia de Marko Cortés, en Acción Nacional, a bajarse de la impugnada reforma que, además, carecía del arropamiento sincero entre los diputados. Esa decisión arrastró irremediablemente a sus aliados del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, a quienes les tocó cumplir lo que discursivamente han ofrecido: hacerse acompañar de los ciudadanos y de sus activistas.

En la encerrona que la bancada panista tuvo en San Lázaro el martes 12, y que concluyó en la madrugada, Margarita Zavala, Juan Carlos Romero Hicks, Humberto Aguilar Coronado, Jorge Triana y el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, manifestaron su rechazo y sus dudas sobre un proyecto impopular, y con el calendario electoral encima. En los grupos parlamentarios del PRI y del PRD igualmente había voces en contra. Pero en los tres casos cerraron filas con las negociaciones que sus coordinadores seguían realizando.

En contraste, una decena de diputados de Morena rompieron la simulación del consenso ventilando sus desacuerdos con una reforma contraria a las acciones afirmativas: Irma Juan Carlos, Salma Luévano, Hamlet García Almaguer, Emmanuel Reyes, Sergio Peñaloza, Susana Prieto, Mónica Herrera Villavicencio y Aleida Alavez.

Si bien ahora el coordinador de la mayoría legislativa, Ignacio Mier Velazco, le echa la culpa a su homólogo del PAN, Jorge Romero Herrera, por haberse rajado en el pacto que habían hecho, la realidad es que ambos fueron derrotados al interior de sus propios partidos.

Zurda

Un error tocar al Tribunal Electoral

Ruth Zavaleta Salgado

Excelsior

Después de las grandes manifestaciones rosas por la democracia y moradas por la igualdad de género, resulta absurda e inexplicable la decisión de tocar al Tribunal de Justicia Electoral. Se equivocaron todos los partidos políticos, pero más los de la alianza opositora del PAN, PRD y PRI. Sus respectivos líderes de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados no debieron firmar la iniciativa que proponía la modificación de los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución en materia de derechos y justicia político electoral. Es un grave error querer limitar la facultad de interpretación del Poder Judicial, porque de ello depende la esencia de su función más importante: Proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero mayor error es el mensaje enviado: “No nos importa lo que los ciudadanos quieren, aquí mandamos nosotros”.

No está por demás recordar que el Tribunal de Justicia Electoral en el nivel federal y local ha sido un actor fundamental para garantizar los derechos político- electorales de las mujeres y de los militantes de los partidos en general. Si el Tribunal no hubiera emitido la sentencia del 11 de noviembre de 2011, no se hubiera logrado la reforma constitucional de paridad política en 2014 (artículo 41), por lo tanto, no hubiera representación paritaria en el Congreso de la Unión. Sin el Tribunal, las mujeres no hubieran podido competir en los municipios, aun cuando no se había armonizado la paridad política en el ámbito local (constituciones y leyes electorales en los Estados). Sin el Tribunal, no se hubiera logrado que hoy gobiernen las mujeres en nueve de las 32 entidades federativas. Sin el Tribunal, las mujeres seguirían siendo relegadas a competir sólo en los distritos y municipios donde sus partidos no la tienen fácil; seguirían sin recursos para hacer campañas cuando son candidatas; seguirían siendo excluidas de los cargos de dirección partidaria; seguirían siendo víctimas de violencia política sin poder defenderse. Sin el Tribunal, en este momento, no hubiera presidenta del INE.

Que el Tribunal se ha excedido, dicen quienes presentaron la iniciativa en la Cámara de Diputados. Los líderes de los partidos que se han sentido afectados por las determinaciones del Tribunal, dirán que sí. Pero quienes han recurrido al Tribunal en búsqueda de justicia electoral, dirán lo contrario, y tienen la razón. Desde la reforma al artículo 1° constitucional en junio de 2011, quedó claro que, para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, quienes toman las decisiones, tienen que considerar no sólo el contenido de la  Constitución, sino también el de los tratados internacionales.

Al parecer, algunos líderes partidarios han declarado que ya no van a ir con la nueva iniciativa que están reconstruyendo los legisladores promoventes de la fracasada primera iniciativa, pero el daño está hecho. La iniciativa fue retirada, pero los ciudadanos han visto, con mucha sorpresa, que los partidos políticos utilizan su poder para vengarse del Tribunal, unos porque quieren ampliar ilegalmente el periodo de su mandato al frente de las direcciones partidarias y otros porque, quizás, les brota su convicción discriminadora en contra de los derechos político-electorales de las mujeres y los grupos minoritarios, porque si bien es cierto, que hoy esos sectores tienen representación en el Poder Legislativo, no fue porque (en algunos casos) así lo establezca la Constitución, sino porque tanto el INE como el Tribunal, obligaron a los partidos a garantizar las cuotas de candidaturas de estas minorías.

Es decir, los partidos son todo lo contrario a lo que dice Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (Cómo mueren las democracias: 2018): los  guardianes de la democracia.

Hoy, ante la intentona de la partidocracia, nuevamente, se alzó la voz de las y los demócratas, tanto los que militan o no en los partidos políticos, pero de seguir así, lo que sigue, tal vez, es impulsar una candidatura independiente para la contienda presidencial de 2024. Ya veremos qué dicen los personajes que van a participar el 17 y 18 en el Foro de unidad y gobiernos de coalición para lograr una nueva alternancia democrática.

México SA

Saqueo en Coahuila (no sólo ahí) // ¿Sólo 5 mil millones robaron? // PRI se niega a perder el negocio

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

A nadie caen mal 5 mil millones de pesos de recursos públicos, sobre todo si ellos tienen como destino el beneficio de la población. Ahora, si esos dineros resultan de un atraco al erario –federal o estatal– y se destinan ilegalmente a fines privados, entonces no sólo se trata de un hurto, sino un delito de lesa progenitora, una robadera tremenda y por eso no alcanzaba el presupuesto, y crecieron tanto las deudas (AMLO dixit), tanto estatales como municipales y, desde luego, la federal. Todo, a costillas de los mexicanos, quienes han pagado, pagan y pagarán por los excesos y robos cometidos por sus representantes.

Ese monto es el que, oficialmente, se embolsó Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero de Coahuila durante el gobierno del priísta Humberto Moreira, quien, dicho sea de paso, difícilmente fue ajeno a esa robadera tremenda, mientras caía en vertical el bienestar de los habitantes y el progreso se mantenía prófugo. Sin embargo, el problema es aún mayor cuando se constata que esa práctica –vigente– se dio en prácticamente todos los estados de la República, en cada uno de sus municipios y a nivel federal.

No es gratuito, pues, que la deuda de esas entidades, denominada subnacional, haya crecido de forma escalofriante: entre 2006 y 2020 pasó de 160 mil a 670 mil millones de pesos (420 por ciento, en números cerrados), de acuerdo con la estadística del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Lo anterior ya es grave, pero adquiere tonalidades de terror cuando se conoce, por la misma fuente informativa, que de 1992 a septiembre de 2011 el saldo de la deuda pública de las 31 entidades de la República más el –entonces– Distrito Federal creció la friolera de 2 mil por ciento, lo que da cuenta de la corrupción y el atraco imperantes en todos los niveles de gobierno, toda vez que nadie en la administración federal ni en los partidos políticos se tomó la molestia de poner un freno a esa escalada en endeudamiento, el cual fue inversamente proporcional al comportamiento económico de esas mismas entidades y a la caída libre del bienestar social de sus habitantes.

Si los 5 mil millones de pesos robados al erario por Héctor Javier Villarreal Hernández, el tesorero de Humberto Moreira, fueran la norma, el patrón para robar, entonces lo succionado por los gobernadores fácilmente podría ascender (sólo en materia de endeudamiento) a 160 mil millones de pesos, es decir, una robadera tremenda, porque no sólo el ex profesor danzarín (unos de los hijos de Elba Esther Gordillo) –a quien relevó en el mando su hermano Rubén– incrementó sustancialmente el débito de su estado, sino que otros honorables lo hicieron. Por ejemplo, César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo), Guillermo Padrés (Sonora), Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), Rodrigo Medina (Nuevo León), Miguel Alonso (Zacatecas), Silvano Aureoles (Michoacán), Ulises Ruiz y Gabino Cué (Oaxaca), Graco Ramírez (Morelos), la secuencia de mandatarios panistas en Baja California y más, todos prófugos de la justicia, amparados, sin asomar la cabeza o de plano enchiquerados.

Pero en la zarzuela de la política, nadie dijo ni pío, salvo cuando se aproximaban las elecciones en Coahuila (Rubén sucedería a su hermano Humberto): los gritones panistas denunciaron al segundo por endeudar al estado (37 mil millones de pesos por esas fechas, aunque, claro, callaron por el brutal endeudamiento federal con Calderón en Los Pinos) y así tumbar la pretensión de que la dinastía Moreira se mantuviera en el Palacio de Gobierno de Saltillo (en esos mismos tiempos, cuando menos siete entidades más registraban un cochinero similar, pero los blanquiazules no hicieron mayor caso porque en ellas no habría elecciones; sólo en la saqueada tierra de los hermanos coraje).

Por aquellos ayeres (ya con Humberto Moreira en la presidencia del PRI, antes de su detención en Madrid por cohecho, organización criminal, blanqueo y malversación) se acusó al profesor danzarín de falsificar documentos para obtener mayor crédito de la banca privada, algo que, por lo demás, rima muy bien con el desfalco de su tesorero Villarreal Hernández.

Las rebanadas del pastel

Oficialmente, Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, causa baja de la estructura gubernamental. Lástima: unos querían limpiarla de la enorme corrupción con la que Sanjuana Martínez la encontró y otros mantenerla como negocio particular, con licencia para saquearla. Decisión salomónica de Palacio Nacional.

INE: designaciones y autonomía

Mariana Bermúdez *

La Jornada

El Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo autónomo que basa su importancia en ocuparse de tareas específicas del Estado Mexicano sin la intervención de alguno de los poderes. Esta entidad será responsable de las elecciones de 2024, donde se espera la participación de al menos 94 millones de personas, quienes depositarán no sólo su voto sino su confianza para construir un país más justo y equitativo… de ese tamaño es el encargo.

Durante los últimos meses, el INE ha capturado la atención mediática y social, y una de las razones ha sido la renovación de su órgano de gobierno, procedimiento que ha estado lleno de contrastes y turbulencias. Como sabemos, el pasado 31 de marzo en la madrugada se designó a cuatro personas para ocupar un lugar en su Consejo General, incluyendo a una mujer como su primera presidenta. Esta situación, histórica y plausible, es resultado de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que así lo ordenó al indicar que la quinteta para la presidencia fuera integrada exclusivamente por mujeres.

Este proceso inició con la inexplicable desaparición de la convocatoria para la elección de cuatro personas consejeras electorales, aprobada por unanimidad el 13 de diciembre del año pasado, encendiendo las alertas de falta de transparencia. Este documento fue el único que no se publicó en la Gaceta Parlamentaria, medio oficial de la Cámara de Diputados, ni al día siguiente ni en días posteriores. A pesar de ello, inició la recepción de propuestas para integrar el Comité Técnico de Evaluación (CTE), órgano ciudadano determinante en dicha designación. Este comité debía implementar la metodología de evaluación y, a partir de ella, proporcionar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) las quintetas para cada vacante. Para conformarlo, tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debían enviar sus propuestas, pero pocos días antes de finalizar el año, la CNDH se retractó ante los cuestionamientos por la evidente militancia partidista y la falta de experiencia en materia electoral de una de sus primeras propuestas. Este es un ejemplo de las consecuencias de una designación llevada a cabo con poca transparencia y participación ciudadana, y la manera en la que perfiles carentes de autonomía afectan el trabajo de las instituciones, que tendrían que ser, precisamente, autónomas y diligentes. Para subsanar las deficiencias de la convocatoria, el mismo TEPJF revocó el acuerdo y señaló modificaciones que provocaron resistencias en la Cámara de Diputados, reduciendo así el tiempo original para este proceso de tres meses a sólo uno, pues fue hasta el 16 de febrero que el CTE se instaló con siete integrantes, arrastrando ya ciertas sospechas acerca de su integración (con algunos perfiles poco idóneos para el encargo) y la demora de las y los diputados para atender la sentencia.

Para llegar de 664 personas inscritas a 20 finalistas en las quintetas (una para cada responsabilidad en el consejo), el CTE trabajó de manera acelerada en la revisión documental de cientos de aspirantes, en la aplicación de un examen de conocimientos, en casi un centenar de entrevistas y, finalmente, en una nueva revisión de expedientes para filtrar, a partir de criterios objetivos, y así garantizar la experiencia electoral e independencia de las fuerzas políticas de las y los finalistas. Sin embargo, esto no sucedió del todo.

A pesar de diversos aciertos en el proceso de designación, es lamentable que no se retomaran algunas buenas prácticas de ejercicios anteriores, como las entrevistas públicas realizadas por la Jucopo a las y los aspirantes finalistas, o que durante la última etapa pareciera que en la Cámara de Diputados no se buscó un acuerdo político que pudiera ser votado por el pleno y, como recurso previsto, se optó por la insaculación, lo que resulta sospechoso a la luz de las declaraciones de representantes de otros poderes que insistieron, de manera entrometida, en que se optara por el sorteo en lugar de un acuerdo. Confirmamos la necesidad de mejorar tales procesos para avanzar hacia designaciones apegadas a los más altos estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. En consecuencia, es importante reconocer las prácticas que no funcionaron y adoptar medidas para mejorar la calidad de las próximas designaciones. Aún falta mucho por hacer para garantizar procesos más democráticos, donde se elimine la discrecionalidad en estas decisiones y se prioricen la experiencia y las capacidades tanto de las y los aspirantes como de quienes se encarguen de las tareas de evaluación y selección de los perfiles en estas altas responsabilidades públicas.

* Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC.