Lo que dicen los columnistas

Juegos de poder

Insiste AMLO en que ellos son diferentes, pero…

Leo Zuckermann | Excelsior

Uno de los aspectos centrales del discurso de la llamada Cuarta Transformación es la insistencia que este gobierno no es igual a los anteriores. López Obrador prácticamente lo repite a diario. Para él es muy importante que la población lo perciba como alguien que rompió con el pasado y está tratando de hacer las cosas de manera distinta con el fin de “purificar la vida pública nacional”.

Aunque la realidad ha mostrado con frecuencia que la diferencia es muchas veces narrativa, indudablemente le ha funcionado: de acuerdo a las encuestas, una mayoría de mexicanos se ha creído el cuento de un gobierno diferente.

¿Cuántas veces no hemos escuchado al Presidente decir que ahora ya no hay influyentismo, lujos en el gobierno, masacres, corrupción, represión y espionaje, prácticas que efectivamente eran comunes y corrientes en los gobiernos de antes?

Pero la realidad es canija. No es fácil cambiar usos y costumbres tan habituales, por más que quiera y/o presuma AMLO. A menudo, los ciudadanos nos enteramos de que las viejas prácticas persisten. Aparecen casos que contradicen la narrativa de un gobierno diferente.

La semana pasada, gracias a documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los llamados #guacamayaleaks, se publicaron dos historias en distintos medios que dan cuenta de cómo el gobierno de AMLO actúa igualito que los pasados.

Comencemos con el revelado por Latinus en una investigación de Ana Lucía Hernández. Resulta que en 2021, en plena ola de contagios por covid-19, José Ramón López Beltrán, el hijo de AMLO, se contagió del virus y, como suele suceder con los familiares presidenciales, lo atendieron en el muy eficaz y prestigioso Hospital Central Militar.

Es parte de los privilegios que tiene el Presidente y su parentela. Pero esto es peccata minuta con la revelación de la Sedena. El Ejército realizó una operación para conseguirle al hijo del Presidente un medicamento que estaba prohibido por el gobierno mexicano. En Estados Unidos ya se había autorizado el uso de Remdesivir para el tratamiento del SARS-CoV-2. No así en México, donde era imposible conseguirlo. No sólo estaba prohibido, sino que costaba una fortuna.

Pues bien, soldados acudieron a la Aduana del aeropuerto capitalino y el Almacén Central de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a recoger el medicamento que presuntamente se aplicó a López Beltrán.

Un asunto que demuestra que los privilegios no se acabaron en este gobierno. Influyentismo puro y duro. Mientras a los ciudadanos se les negaba un medicamento, incluso a los que estaban al borde la muerte, las Fuerzas Armadas le conseguían esta cura a uno de los hijos de su comandante supremo.

Ahí están los documentos oficiales de la Sedena que dan cuenta de la operación para privilegiar al primogénito de López Obrador.

Segundo caso que cuestiona la narrativa de un gobierno diferente.

Un informe secreto de la Sedena, también hackeado por el colectivo Guacamaya, demuestra cómo los militares siguen espiando en México con el ya famoso spyware Pegasus.

En un esfuerzo periodístico de R3D, Artículo 19, SocialTIC, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso nos enteramos cómo el Ejército hackeó el teléfono de Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, pieza clave en la investigación de una ejecución extrajudicial de tres civiles por parte de soldados en aquella ciudad fronteriza. Lo espiaron con el fin de interferir ilegalmente en las pesquisas que Ramos estaba llevando a cabo sobre el asesinato perpetuado por los militares.

El Citizen Lab de la Universidad de Toronto ya había comprobado la intervención ilegal del celular de Ramos en las mismas fechas en que la Sedena daba cuenta a la “superioridad” del espionaje. También hay evidencia, por cierto, de la adquisición de licencias de Pegasus durante este sexenio por parte del Ejército.

No es la primera vez que salen pruebas de espionaje durante este sexenio. Ya se había comprobado la violación de la privacidad de dos periodistas (Ricardo Raphael y otro de Animal Político), así como del diputado Agustín Basave. Como en tiempos de Calderón y Peña, el gobierno de AMLO espía, no necesariamente a personas que ponen en peligro la seguridad nacional.

¿Y cuál fue la reacción del Presidente cuando le preguntaron en la mañanera sobre el espionaje a Ramos?

Negarlo. Decir que no era espionaje, sino “inteligencia”, desacreditar a los periodistas y, por supuesto, repetir que ellos no son iguales a los del pasado.

Ahí ustedes dirán si le creen o no.

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Capital político

Tensan Los Chuchos la alianza en CDMX

Adrián Rueda | Excelsior

El destape de Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro como aspirante a jefe de Gobierno por el PRD tensó al máximo el hilo con la dirigencia amarilla de la Ciudad de México y con las dirigencias de los partidos que integran la alianza opositora.

Para su informe como diputado federal, Espinosa Cházaro convocó a un buen número de personajes de la oposición, aunque llamó la atención que ningún dirigente del PRI, PAN o PRD local asistieran, aun cuando el pretendido destape era por la capital.

En el informe del tapatío estuvieron Humberto Moreira, Santiago Creel y Jorge Romero, entre otros, pero lo hicieron en calidad de coordinadores de los partidos de oposición y presidente del Congreso, respectivamente, no como apoyo a la candidatura.

A diferencia de otros informes, el de Espinosa Cházaro fue concurrido, pues incluso Miguel Ángel Mancera y Víctor Hugo Lobo estuvieron presentes en su calidad de coordinadores de las bancadas perredistas en el Senado y en Donceles, respectivamente.

Y del lado de los alcaldes de la UNA, además de su presencia enviaron acarreados y aplaudidores al evento, toda vez que la corriente Nueva Izquierda —mejor conocida como Los Chuchos— no tiene militantes suficientes en la capital.

Se sabía que Luis Xariel aprovecharía para destaparse a la Jefatura de Gobierno, por eso fue significativa la ausencia de las dirigencias locales del PRI, PAN y PRD, que son las que validarán la estrategia aliancista en la CDMX.

El intento de destape fue tímido, pues todo el mundo tiene claro que la candidatura le corresponderá al PAN, que apoya a Santiago Taboada, presente en el evento.

Quienes saben del tema dicen que, en realidad, Los Chuchos quieren impresionar al priista Alejandro Alito Moreno para sacar provecho cuando llegue el momento de concretar la alianza.

Los amarillos están cada vez más desteñidos en el país y, contrario a lo que hacían antes, hoy buscan refugiarse en la capital, donde su partido conserva algo de fuerza, aunque bastante menguada.

Para la apertura del evento fue invitada la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien dijo que le habían indicado que sólo diera la bienvenida, pero que ella jamás obedece y se soltó una buena arenga contra los dirigentes partidistas.

Al grito de “si ya saben cómo soy, para qué me invitan”, acusó a los aliancistas de actuar con tibieza y les dijo que “a los tibios no los quiere ni el diablo”. Que dominen sus miedos y ya decidan las candidaturas para ver a quién hay que apoyar; tiene toda la razón.

El caso es que el destape del sábado tensó la cuerda en la alianza.

CENTAVITOS

Entre los semifinalistas a ocupar cuatro lugares en el Consejo del INE el próximo mes, se encuentran dos exbejaranistas: la exconsejera local Diana Talavera y el extitular de Servicios Parlamentarios de la ALDF, Angelo Cerda, hermano de Luigi, quien en 2012 falsificó documentos para ser consejero del IEDF y después fue destituido por tramposo. Quizá hoy el caso más delicado sea el de Diana, quien hasta hace poco trabajaba con Netzaí Sandoval Ballesteros en el Instituto Federal de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, hasta que la nueva presidenta de la Corte, Norma Piña, lo cepilló. Netzaí es cuñado de John Ackerman, esposo de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Además, es hermano de Amílcar Sandoval Ballesteros, diputado en San Lázaro por Morena, con lo que hay un claro conflicto de interés, tal como ocurrió en 2019.

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Astillero

Ebrard, derecha y clase media // Representar a la oposición // Espionaje: fondo y forma // Militares deben esclarecer

Julio Hernández López | La Jornada

En la medida en que crezca la oposición a Andrés Manuel López Obrador en la clase media y en segmentos de derecha aumentarán las posibilidades de que la decisión final del obradorismo rumbo a 2024 quede en Marcelo Ebrard Casaubón, el secretario de Relaciones Exteriores cuya eficacia pragmática y condición de auténtico hombre del sistema resulta atractiva para quienes no encuentran alternativa en la oposición pripanista llamada Va por México y tampoco se sienten motivados por la expresa continuidad del andresismo que significarían Claudia Scheinbaum o Adán Augusto López Hernández.

Ebrard ofrece a los desencantados y a los furibundos la opción del oficio tecnocrático, a la usanza del priísmo modernizador, para remontar lo que no les gusta o francamente les irrita del obradorismo. Es la carta preferida por el conservadurismo que no encuentra alternativa.

Justamente a partir de ese núcleo electoral amenazante del obradorismo y el morenismo es que Ebrard va construyendo su camino, tapizado de retórica guinda, pero esperanzado de que el eventual crecimiento de los opositores lleve a Palacio Nacional a optar por una candidatura de reconciliación, de reunificación, que recupere segmentos sociales distanciados. Que no se vaya como candidato de la oposición, que lo sea desde dentro, desde la 4T, sería el razonamiento buscado.

Por esa necesidad de diferenciarse sin romper es que Ebrard asume posturas como las de ayer en Acapulco, donde dijo, sin precisar los nombres de las otras dos corcholatas a las que evidentemente se refería: por nosotros hablan los hechos, yo no me la paso pintando bardas ni espectaculares; no es que no me gusten las bardas, no andamos gastando dinero porque no tenemos (…) que hablen tus hechos, no la propaganda.

Al final del camino de la postulación presidencial morenista, los riesgos de competencia fuerte de la oposición, hasta hoy aparentemente incapacitada para triunfar, determinarán si la balanza se inclina hacia la opción directa de continuidad con mayor toque de izquierda, con Sheinbaum, o la de una concesión a esos sectores inconformes con el obradorismo mediante la candidatura de Ebrard.

Es decir, de un político que mucho ha crecido durante el sexenio (aunque siempre con el expediente de la Línea 12 del Metro como guillotina o freno utilizable desde las alturas del poder), que significaría la coronación indirecta del ciclo político iniciado por Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís, y que equivaldría a la repetición del muy trascendente episodio sucesorio en que el general Lázaro Cárdenas optó, ante la presión clerical y estadunidense, por el derechista Manuel Ávila Camacho y no por el general Francisco J. Múgica, representante del ala radical revolucionaria.

Fondo y forma. El fondo del asunto radica en el testimonio, extraído de los archivos que el grupo de hacktivistas denominado Guacamaya puso a disposición pública y que en general la Secretaría de la Defensa Nacional no ha señalado como falsos, de un espionaje directo desde instancias castrenses (se ha hablado de un Centro Militar de Inteligencia, del que se desconoce su fundamento legal) contra civiles y sin orden judicial que permitiera tales acciones.

No es un asunto menor ni permite desviar la mirada. Tales señalamientos deben esclarecerse y, en caso de significar un abuso de poder, del militar en este caso, castigarlos y garantizar que no se repitan. Lo hasta ahora denunciado es espionaje, tal vez como primer escalón de un proceso de inteligencia, pero debe informarse a fondo del asunto.

La forma en que el Presidente de la República enfrentó este tema en una conferencia mañanera de prensa no es la propia de un gobierno que ha implantado un ejercicio diario de información y que tiene un compromiso con la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Más allá de consideraciones sobre el papel de la prensa, lo importante es el expediente, las evidencias, los peligros del expansivo poder militar.

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México SA

Poder Judicial: sórdido balance // Creciente corrupción e impunidad // Griterío sin soluciones, la norma

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Allá por abril de 2002, en el gobierno de Vicente Fox, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Jueces y Abogados de la Comisión de Derechos Humanos de esa institución, Dato Param Cumaraswamy, hizo público su informe temático sobre México. La contundencia de su contenido desató el griterío de la clase judicial y política, que se rasgó las vestiduras a sabiendas de que lo denunciado era puntual y demoledor. Prefirió evadir su responsabilidad ante el desastroso estado de la justicia en nuestro país.

¿Qué decía el citado informe? La corrupción afecta a entre 50 y 70 por ciento de los jueces del nivel federal y acaso a un porcentaje mayor de los locales, y ese fenómeno se extiende en el seno de los órganos judiciales debido a la influencia de los traficantes de droga. La impunidad en el país para todo tipo de delitos es de 95 por ciento y parte de ese problema radica en la ineficacia de las investigaciones penales, pues tan sólo 10 por ciento de los juicios abiertos desembocan en condena. La población ha perdido la confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia (si alguna vez la tuvo). Sean cuales fueren los cambios introducidos, éstos no se aprecian en realidad; siguen vigentes el recelo, la falta de fe y la desconfianza en esas instituciones.

El documento de Dato Param Cumaraswamy (publicado por La Jornada), en el que se subrayaba “la falta de una reforma integrada del sistema de justicia, porque no puede funcionar bien cuando los procuradores, jueces, magistrados, defensores y abogados trabajan cada uno por su lado. La impunidad y la corrupción parecen no haber perdido fuerza en México. Sean cuales fueren los cambios y las reformas introducidas (se refería a la reforma de Zedillo), no se aprecian en la realidad”.

Demoledor, pero la clase política y judicial sólo descalificó el citado informe. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF, en ese entonces con Genaro Góngora Pimentel en la presidencia) aseguró que Dato Param Cumaraswamy no tuvo conocimiento cabal de nuestro sistema jurídico, basó su informe oficial en rumores, no recurrió a la legislación en vigor y no verificó con hechos probados lo que le fue dicho, por lo que su análisis tiene muy poca credibilidad y políticamente es agresivo y peligroso.

Así, exigió, la ONU debe rectificar todos los errores, inexactitudes y contradicciones en las que incurrió en su informe sobre la independencia de los jueces y abogados, y haga públicas dichas correcciones, toda vez que incurrió en varias inexactitudes e incluso errores, tanto en sus conclusiones como en sus recomendaciones y observaciones. Se basó en comentarios sin prueba y fundamento alguno y sin tomar el tiempo de verificar su autenticidad. Afirmar que entre 50 y 70 por ciento de los jueces son corruptos y que ese mal se extiende carece de seriedad y validez por no tener precisiones ni fundamento. ¿De dónde se obtuvieron esos datos?, ¿en qué consiste la corrupción?, ¿cuáles son las pruebas que tuvo a la vista para poner eso en su informe? Y sin más, siguió con su rutina.

Eso fue 21 años atrás, pero, por lo visto y documentado cotidianamente, lejos de corregirse la tenebrosa situación imperante en el Poder Judicial, el marcador en contra de los mexicanos (en 2002, entre 50 y 70 por ciento, con un índice de impunidad de 95 por ciento) sigue en ascenso; en el mejor de los casos, y solo en él, la contabilidad no ha variado con el correr de los años.

Lo cierto es que crecen los casos que ejemplifican la corrupción e impunidad en el ámbito judicial. Por ejemplo, es algo cotidiano constatar cómo los integrantes de ese poder protegen a la clase política (cómo olvidar el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que 49 niños murieron y más de 70 quedaron con lesiones de por vida), a delincuentes de cuello blanco (a quienes descongelan cuentas bancarias ligadas al narcotráfico y al lavado de dinero), a depredadores y estafadores (ahí está Rosario Robles y su pandilla, sin dejar a un lado a los ex presidentes), amén de que desecha pruebas clave para condenar a ex funcionarios corruptos (Emilio Lozoya), sólo por mencionar algunos.

Y a lo largo de los años, el del relator especial de la ONU no ha sido el único informe que denuncia el impúdico comportamiento del Poder Judicial. Pero nadie lo toca.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿ese es el compromiso de los guardianes de la Constitución?