Lo que dicen los columnistas

Una política fiscal para la justicia antirracista y feminista

Alejandra Ancheita *

Proceso

En el contexto de la celebración del día internacional de las mujeres (8 de marzo) la reflexión central del reciente Informe de Oxfam, titulado La ley del más rico. Gravar la riqueza extrema para acabar con la desigualdad, plantea con datos la necesidad de construir la igualdad a partir de gravar la riqueza de los más privilegiados.

Con base en datos, Oxfam da cuenta del incremento acelerado en la desigualdad global y la necesidad de políticas fiscales que redistribuyan la riqueza. El principal dato, contundente, es que, en un mundo que se recupera de la pandemia, el 1% más rico en el mundo ha acaparado casi dos tercios de la riqueza generada en los últimos dos años: casi el doble que 99 % restante de la humanidad.

Este informe, además, señala que la deficiente (o en casos inexistente) fiscalización sobre los ingresos más altos y la riqueza perpetúa las prácticas históricas de sexismo y racismo. Por eso me parece importante hacer la reflexión sobre los efectos de esta situación.

En principio no gravar la riqueza y, en su lugar, aplicar impuestos que recaen desproporcionadamente sobre las personas con menores ingresos afectan a las mujeres y grupos racializados porque son precisamente ellas quienes integran los sectores con menores ingresos.

Además son las mujeres quienes realizan el mayor volumen de trabajo de cuidados no remunerado y dedican mayor porcentaje de sus ingresos a los bienes de consumo básico y de cuidados.

Por otro lado, como los ricos contribuyen en menor medida a “desfiscalizar” la riqueza, se reduce la recaudación fiscal y los gobiernos se ven obligados a recortar la inversión pública, generando un déficit en los recursos necesarios para financiar servicios sociales. Lo anterior perjudica de manera más desproporcionada a las personas en mayor situación de vulnerabilidad: mujeres y grupos racializados.

También es importante tener en cuenta que ellas son generalmente excluidas de los procesos de toma de decisiones sobre las políticas fiscales, así como de las instituciones que supervisan los sistemas fiscales. Su perspectiva y los impactos sobre sus vidas son casi siempre soslayados, y los pocos esfuerzos que se realizan no logran generar estrategias efectivas para la mitigación de los efectos negativos en sus derechos.

Por esta razón movimientos sociales en favor de la justicia fiscal y la sociedad civil de diferentes rincones del mundo exigimos que los sistemas fiscales no sólo deberían combatir la desigualdad económica, sino que, además, aborden la justicia racial y de género como ejes medulares de una nueva visión de la política fiscal.

El FMI reconoció en un informe reciente que “la perspectiva de género ofrece un argumento más para subir los impuestos sobre las rentas de capital”, ya que “una tributación baja de las rentas de capital beneficia desproporcionadamente a los hombres”.

De igual manera, en lo que respecta a la justicia racial, se ha identificado que gravar la riqueza puede ser una buena herramienta para abordar el legado del apartheid en Sudáfrica; 10 mil millonarios poseen más riqueza que 200 millones de mujeres africanas en conjunto.

Por ejemplo, uno de los hombres más ricos de la historia, Elon Musk, tributa a un “tipo impositivo real” de 3.2%, mientras que Jeff Bezos, otro de los milmillonarios más ricos, lo hace a menos de 1%; en cambio, Aber Christine, una de las mujeres con las que Oxfam colabora en Uganda y que se gana la vida comerciando en el mercado, paga en impuestos 40% de lo que logra vender.

Se calcula que en 2021 entre 702 y 828 millones de personas se vieron afectados por el hambre, lo cual supone casi una décima parte de la población mundial. La prevalencia de la inseguridad alimentaria es mayor entre las mujeres que entre los hombres en todas las regiones del mundo. Según las proyecciones de Oxfam, casi 60% de las personas que pasaban hambre en 2020 eran mujeres y niñas, y la brecha de género no ha dejado de aumentar desde entonces.

Oxfam ha calculado que tres cuartas partes de los gobiernos tienen previsto recortar el gasto público en los próximos cinco años por un importe total que podría ascender a los 7.8 billones de dólares. Las mujeres tienen más probabilidades de verse más afectadas por las medidas de austeridad: los recortes de los sueldos de los empleos públicos, en su mayoría ocupados por mujeres, y los recortes del gasto en salud y protección social, del que ellas y sus familias dependen para sobrevivir.

Durante la pandemia, para compensar la pérdida de ingresos fiscales por las rebajas de impuestos a los más ricos, los gobiernos han optado por elevar la presión fiscal sobre impuestos más regresivos, como el IVA e impuestos al consumo, bienes y servicios.

Pese a estos indicadores la violencia de género tan solo ha recibido 0.0002% de los fondos de respuesta al coronavirus. Un estudio realizado en cinco países reveló que, aunque las instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, aumentaron 11 mil 740 millones de dólares, la financiación de la respuesta ante el coronavirus, tan sólo un minúsculo porcentaje de esos fondos, se destinó a luchar contra la violencia de género.

Siguiendo a Oxfam, cada año son asesinadas 67 mil mujeres: 30 mil de ellas a manos de sus parejas o exparejas y 37 mil a consecuencia de la mutilación genital femenina. Estas cifras son sólo la punta del iceberg del número total de muertes causadas por la violencia de género. Se calcula que en el mundo hay 143 millones de mujeres menos de las que deberían existir por la combinación del exceso de mortalidad femenina y el aborto en función del sexo del feto (por la preferencia de hijos varones).

Las mujeres en el mundo y en México seguiremos pugnando por la igualdad y ahora la ruta también es por una justicia fiscal antirracista y feminista.

* Directora ejecutiva de ProDESC.

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Razones

La revolución de las mujeres

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

Esta administración federal no tiene una política para atender la situación de las mujeres. No la tiene en el ámbito de la seguridad, pero tampoco de la salud ni en derechos laborales ni mucho menos en el terreno de la justicia, muy alejada de cualquier perspectiva de género. No entiende los movimientos feministas ni los de generaciones anteriores ni los actuales. Siguen pensando que lo progresista en la tercera década del siglo XXI es entonar algún tema de Silvio Rodríguez y deshacerse en halagos a la revolución cubana, mientras acusan de racistas a las mujeres que quieren que la antigua glorieta de Colón se convierta en un espacio de recuerdo para las mujeres víctimas de la violencia.

Ayer, en la mañanera, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, paradójicamente una mujer que se ha construido con base en su esfuerzo, exhibió una gráfica para tratar de demostrar que los feminicidios se habían reducido, nada más y nada menos que un 35.7 por ciento. En realidad, como muchas de las gráficas que se exhiben en la mañanera, estaba dolosamente interpretada: los feminicidios han crecido en algunos meses en forma dramática comparados con diciembre de 2018. La reducción de la que habló Rosa Icela es comparada con el pico más alto de feminicidios que se produjo apenas a fines del año pasado y en medio hemos tenido otros picos muy altos.

El año pasado fue el que tuvo el índice de feminicidios más alto de la historia, fueron poco más de mil, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con un agravante, los asesinatos de mujeres siguen aumentando, son entre nueve y once diariamente, según datos oficiales, pero cada vez más las fiscalías los califican como homicidios o incluso como suicidios, para que no aparezcan como feminicidios. Entonces tenemos la paradoja de que, según las autoridades, los feminicidios se están reduciendo, mientras que los asesinatos de mujeres y niñas, lo mismo que las desapariciones, aumentan.

Algunos datos publicados apenas esta semana confirman que no sólo la violencia no ha disminuido, sino que ha aumentado y que no existe estrategia alguna para atenderla. La violencia intrafamiliar, según el Sistema Nacional, ha aumentado dramáticamente en 2021 con más de 20 mil denuncias cada mes; sólo en 2019, el primer año de la pandemia, se registraron más de 260 mil llamadas de auxilio por violencia familiar, pero, al año siguiente, la cifra aumentó a casi 300 mil casos; en 2021 hubo 21 mil 200 denuncias por violación, el mayor número de la historia, y las denuncias siguen creciendo. Se estima que desaparecen nueve mujeres y niñas cada día en el país.

Ésa es una pálida muestra de la realidad que vivimos y no podemos olvidar la discriminación terrible que sufren las mujeres y niñas con los usos y costumbres indígenas, que tanto se defienden desde el gobierno federal, o la falta de oportunidades que se generan en la educación o la salud, con la anulación, por ejemplo, de programas y políticas de planificación familiar o incluso de guarderías de tiempo completo para que las mujeres puedan trabajar.

Ese personaje impresentable que es Marx Arriaga decía en estos días que, para acabar con la violencia, las mujeres tenían que ir a las bibliotecas y leer. No entiende este funcionario de la SEP (que quiere acabar, entre otras cosas, con la intervención de la iniciativa privada en la educación) que sería muy bueno que las mujeres pudieran ir a las bibliotecas y leer más, pero que para eso se necesita que puedan salir a la calle sin ser agredidas, violadas, desaparecidas; se necesita que puedan hacerlo en hogares donde no se ejerce impunemente la violencia contra ellas, y hasta se necesita que haya más refugios y guarderías, además de dónde colocar esas bibliotecas que existen sólo en la imaginación, prolífica, por lo que se ve, de Arriaga.

Pero sus comentarios son tan insensatos como calificar de racistas a quienes prefieren una glorieta que recuerda la lucha contra la violencia hacia las mujeres antes que una escultura de una mujer sin identidad definida. Tan agraviante como descalificar a las mujeres por su preferencia partidaria o sostener que las que protestan contra las políticas del gobierno son conservadoras.

El conservadurismo, profundo, habita en Palacio Nacional, en muchos temas, pero, sobre todo, en relación con las mujeres. No se entienden, insistimos, ni sus reclamos ni sus nuevas realidades, incluso si se comparten o no algunas de esas demandas.

No comprenden en última instancia que, probablemente, muy pocas revoluciones en la historia de la humanidad han sido tan importantes como la que estamos viviendo con los cambios en los roles de género que están asumiendo las mujeres. Algunos dirán que en ese camino hay excesos. Por supuesto, como ha ocurrido en muchos de los cambios dramáticos que ha sufrido la humanidad, incluso con algunas de las causas más justas que han enarbolado las sociedades en los últimos siglos.

Pero para criticar los excesos se tiene que comprender y asumir el fenómeno. Y hoy se cree que todo se trata, simplemente, de otorgar más o menos cuotas, curules o puestos de elección popular. La multitudinaria marcha de ayer, incluyendo sus excesos, les tendría que abrir los ojos a esa realidad que hoy no ven.

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Capital político

Abre fuego el PRD por el Senado para 2024

Adrián Rueda

Excelsior

Dime de qué presumes y te diré de qué careces, reza un viejo refrán que bien podría aplicar a Luis Espinosa Cházaro, coordinador perredista en San Lázaro, por los espectaculares que últimamente han aparecido por toda la ciudad, promocionando su informe legislativo.

Este tipo de actos no es nuevo; de hecho, es muy común. Lo curioso es que en su publicidad, el diputado destaca con letras grandes “Cházaro… chilango”, como queriendo reafirmar que tiene raíces sólidas en la CDMX.

Y a lo mejor sí, pues, aunque es oriundo de Querétaro, lleva mucho tiempo viviendo en la capital, sólo que entre los capitalinos no cae bien que se les quieran meter con calzador.

Al mismo tiempo han aparecido otros espectaculares con la imagen del coordinador de los diputados del PRD en Donceles, Víctor Hugo Lobo Román, promoviendo sus acciones legislativas en la ciudad.

A finales del año pasado, una fracción del sol azteca se pronunció por él para la Jefatura de Gobierno, pero es hasta ahora que promueve su figura entre la población, donde no es del todo desconocido.

Queda claro que la salida de los dos diputados es para buscar, en realidad, la posición uno al Senado por la Ciudad de México. Y es que, como irán en alianza con PAN y PRI, la candidatura por la Jefatura de Gobierno será del blanquiazul.

Todo indica que el candidato aliancista será el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y que en caso de que sea mujer, en la fila están la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y la senadora Xóchitl Gálvez.

Aunque está claro que tanto Espinosa Cházaro como Lobo Román apuntan al Senado, han iniciado una carrera para ver quién logra posicionarse mejor para quedarse con el lugar, que en teoría sería la primera posición de la alianza.

Esto porque el PRI se quedó con las candidaturas de este año en Tamaulipas y el Estado de México, respectivamente. Al PAN le corresponderán las candidaturas a la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno, y el PRD tendrá un lugar preferencial para el Senado.

Entre los panistas hay resistencia a que pudiera ser Cházaro; preferirían a Lobo porque dicen que se trata de que en campaña le sumen votos a la alianza, y que el exdelegado en GAM es quien garantiza holgadamente los apoyos.

Al queretano más chilango pocos lo ubican en la capital, y en realidad su palanca es Jesús Zambrano, uno de los líderes de Los Chuchos y presidente nacional del partido, pero nada más.

En cambio, el coordinador en Donceles cuenta con una estructura territorial importante que lo respalda en la ciudad, y eso es lo que sus colegas de la oposición quieren para ampliar sus posibilidades de triunfo.

Si Cházaro no logra el puesto, le quedaría anotarse en la Lista B para la Cámara alta, pero tendrían que cederle su lugar Silvano Aureoles o Héctor Bautista, líderes de Foro Nuevo Sol y ADN, dos de las tres corrientes que dominan el partido… o el propio Zambrano, cosa que no sucederá.

CENTAVITOS

El tuit que el martes pasado subió a sus redes Santiago Taboada, denunciando que tiene información en el sentido de que la Fiscalía de la CDMX prepara un golpe contra él, por haber manifestado su intención de contender por la Jefatura de Gobierno en 2024, llamó poderosamente la atención. Y es que hace apenas unas cuantas semanas tanto Claudia Sheinbaum como Ernestina Godoy afirmaron que no existe ninguna carpeta en contra del alcalde de Benito Juárez. O las fuentes de Taboada no son buenas, o de plano Claudia y Ernestina mintieron.

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México SA

De cochinito a cochinero // Poder Judicial: codicioso // Otálora patina y se exhibe

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

El cochinito devino en cochinero: el Poder Judicial de la Federación atesora en fideicomisos un guardadito de 20 mil 516.84 millones de pesos, que se utilizan para cubrir todo tipo de prerrogativas y necesidades de los guardianes de la Constitución (Norma Piña dixit), entre ellas pensiones complementarias, plan de prestaciones médicas (obviamente privadas), mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, apoyo médico complementario y de apoyo económico extraordinario y un largo etcétera, que además se alimenta, entre otros, de gruesos remanentes presupuestales que no rembolsa a la Secretaría de Hacienda, como lo exige la ley.

De ese cochinito-cochinero gozan la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral, con un monto que supera, por mucho, al presupuesto de la Presidencia de la República y de varias de sus dependencias. Para dar una idea, el referido guardadito resulta 5.4 veces mayor al presupuesto 2023 de la Secretaría de Economía; 13.3 al de la Secretaría de la Función Pública, 2.15 al de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1.3 al de la Secretaría de Cultura y 1.4 al de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al tiempo que equivale a 10 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Salud, 40 por ciento de la Secretaría de Energía y a 65 por ciento del destinado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Además, equivale a 40 por ciento del presupuesto 2023 de la Universidad Nacional Autónoma de México, la mayor institución de educación superior del país, la cual no tiene con qué hacer frente a la demanda de ingreso de cientos de miles de estudiantes por carecer de recursos. El guardadito también resulta superior a los 20 mil 282.45 millones que la Cámara de Diputados, por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año, asignó al Instituto Politécnico Nacional, otra de las grandes instituciones educativas del país.

En la mañanera de ayer, el propio Andrés Manuel López Obrador explicó: para ubicarnos, cuando nosotros llegamos al gobierno, en 2018, la Presidencia de la República manejaba un presupuesto de 3 mil 600 millones; el año pasado ejercimos 550 millones de pesos (cuando la Cámara de Diputados autorizó 833 millones), por lo que estamos hablando de una diferencia de 40 veces respecto al guardadito del Poder Judicial de la Federación.

En el desglose, de los 20 mil 516.84 millones de pesos del cochinito que devino en cochinero, alrededor de 6 mil 100 millones corresponden a la SCJN y los 14 mil y pico millones restantes son, principalmente, para el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el mismo al que se le cuecen las habas por echar para atrás el plan B, justo ahí, dice López Obrador, donde van a ordenar que se restituya a don Porfirito (Edmundo Jacobo Molina, ex secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral). Damos a conocer el fideicomiso, porque el Poder Judicial de la Federación es público, nada más que mucha gente no lo sabía.

La Jornada (Alonso Urrutia y Emir Olivares) lo reseñó así: el presidente López Obrador desglosó los fondos con los que cuenta el Poder Judicial subrayando que sólo en estas partidas tienen 40 veces más recursos que el presupuesto para la Presidencia de la República. Mencionó que de 6 mil 99 millones de pesos de la SCJN, poco más de 3 mil 500 millones de pesos se destinan a pensiones complementarias; mil 311 millones de pesos se acumulan como remanentes presupuestales, es decir, dijo el Presidente, lo que no se gastan no lo devuelven a la hacienda pública, sino que se lo quedan.

En cuanto al Consejo de la Judicatura, de 14 mil 402 millones de pesos, 4 mil 504 millones se canalizan a pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados; 4 mil 197 millones de pesos para el desarrollo de la infraestructura que implementan las reformas constitucionales; 5 mil 564 millones de pesos para fondo de apoyo a la administración de justicia y así por el estilo. Entonces, ¿así o más guardianes de la Constitución?

Las rebanadas del pastel

Era tal su urgencia de quedar bien, de servir al patrón, que Janine Otálora patinó feo, se exhibió y actuó de manera parcial e ilegal al filtrar su proyecto de resolución sobre el caso de Edmundo Jacobo Molina, por lo que la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal solicitó que el expediente se reasigne a otra magistrado. Eso pasa con los acelerados.