Lo que dicen los columnistas

Tres desafíos para Lula

Gaspard Estrada +

Proceso

El país que recibe Lula es muy diferente del Brasil que comenzó a gobernar hace 20 años, cuando fue electo presidente por primera vez.

Después de una campaña presidencial con tintes épicos, en la cual el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva tuvo que usar toda su capacidad política construida durante casi cinco décadas de vida pública para construir un frente amplio en defensa de la democracia brasileña y así derrotar a Jair Bolsonaro, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) volvió a entrar en la historia de Brasil.

Sin embargo, el país que recibe Lula este 1 de enero es muy diferente del Brasil que comenzó a gobernar hace 20 años, cuando fue electo presidente por primera vez. Si bien su país enfrentaba en aquel entonces una crisis económica aguda –un pasivo de 30 mil millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) y una situación fiscal endeble–, su antecesor, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, hizo todo lo posible para respaldar a la administración entrante ante la comunidad internacional, y compartir la mayor cantidad posible de información sobre el estado de la administración pública con los que serían los ministros del primer gobierno de Lula.

Ahora con Bolsonaro las cosas han sido totalmente diferentes. Esta vez fue la comunidad internacional la que respaldó la legitimidad del resultado electoral. Buena parte de los líderes de las grandes potencias, así como la mayoría de los presidentes latinoamericanos, reconocieron de manera coordinada y expedita el triunfo del candidato del PT para evitar que el excapitán movilice a “su ejército”, para parafrasearlo, e intente una ruptura del orden constitucional. Ante el fracaso de su intentona golpista, este último se ha confinado en el Palacio de la Alvorada, donde alterna las fases depresivas con reuniones con políticos y militares cercanos, que continúan estimulando actos antidemocráticos frente a los cuarteles militares en diversos puntos del país. Sin embargo, hay algo a lo que su gobierno se ha dedicado con mucho ahínco: entorpecer lo más posible las acciones del gobierno de transición encabezado por Lula y su vicepresidente, el exgobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin.

En la mayoría de los ministerios el intercambio de datos fue casi inexistente, y cuando se llevaron a cabo la realidad reflejada en los números es escalofriante: las universidades federales no tienen dinero para pagar la nómina de sus profesores, el ministerio de Salud no sabe si las dosis de las vacunas contra el covid todavía pueden ser utilizadas, el ministerio de Educación no tiene información sobre la disponibilidad de libros didácticos… La única certeza es que Bolsonaro no transmitirá la banda presidencial a su sucesor.

En este sentido, el escenario político e institucional que vivirá Lula al principio de su gobierno será muy complejo. Su primer (y mayor) desafío será reencausar la institucionalidad del país hacia la normalidad democrática. Es indispensable que la relación entre los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se normalice, después de casi una década de desequilibrios. La operación Lava Jato, cuya repercusión política, mediática y jurídica fue brutal no solamente en Brasil, sino en casi toda la región latinoamericana, es responsable en buena medida de este desorden.

La decisión de los jueces de la Corte Suprema de liberar a Lula y de anular sus condenas para devolverle sus derechos políticos, y así disputar la elección presidencial de 2022, fue fundamental. Ahora, la prioridad para Lula será reencausar y restablecer la preminencia del Ejecutivo sobre el Legislativo en el control del presupuesto público. Durante el gobierno de Bolsonaro, este último delegó el control sobre buena parte del presupuesto al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, a cambio de evitar ser destituido por los congresistas. Este reparto espurio debe terminar. Hace unos días, la Corte Suprema decidió que este mecanismo era inconstitucional: falta saber cómo reaccionarán los diputados y senadores, y de qué manera Lula construirá una mayoría política en un Congreso tan fragmentado (más de 20 fracciones parlamentarias).

Por otro lado, su segundo desafío será volver a poner a funcionar la administración pública federal, que ha sido parcialmente desmantelada y politizada a niveles nunca antes vistos. Si bien este proceso no fue uniforme y algunas dependencias fueron preservadas, como la Cancillería, en otros casos, como la Defensa, el Medio Ambiente, la Justicia, la Educación o la Cultura (esta última dejó de existir durante el gobierno de Bolsonaro), el desafío es enorme. Sin resultados en este sector, será muy difícil que su gobierno logre resultados en la economía, cuya importancia es primordial para garantizar el mantenimiento de la base política y social de Lula frente a un congreso todavía más conservador que antes. Sin olvidar que el contexto internacional ha cambiado enormemente desde su salida de la Presidencia, en 2010.

Ese será el tercer desafío de Lula: volver a posicionar a Brasil en el escenario internacional. Después del desastre de Bolsonaro, que transformó a su país en un paria internacional, el nuevo presidente brasileño deberá volver a posicionar a Brasil en los grandes debates internacionales, comenzando por la cuestión climática, el relanzamiento de la integración regional en América Latina y de la cooperación con África, y la defensa del multilateralismo. En este sentido, el regreso de Lula al poder es una muy buena noticia. Pero los desafíos están a la altura del lugar que Lula quiere tener en la historia de Brasil, de América Latina, y del mundo. No será una tarea fácil. 

* Gaspard Estrada es politólogo y director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) de Sciences Po, en París.

Las batallas de la Corte

Federico Ponce Rojas

Excelsior

La representación que se me encomienda tiene una doble dimensión, una doble responsabilidad, los representa ustedes, ministros y ministras, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal represento también a las mujeres.

Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN.

El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Circuito.

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la SCJN, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente lo es también ex officio del consejo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional de México, tiene la función más alta que pueda conferirse en el orden interior de la República: la de mantener el equilibrio de las fuerzas activas del gobierno; a ella está encomendada la labor de restablecer ese equilibrio cada vez que se rompe, sirviéndose para ello de su autoridad única de intérprete de la Constitución, de custodio de la Carta Magna, además de resolver en definitiva asuntos jurisdiccionales de su competencia.

La gobernabilidad democrática precisa de límites y contrapesos, el poder público está limitado por los derechos y principios que la Constitución consagra, su violación implica que tal sea reclamada por el ofendido o interesado ante el Poder Judicial, para que valorado o estimado el agravio en los hechos se aplique la Constitución en su justa interpretación, el daño sea reparado y se restablezca el derecho.

El fallo de la Suprema Corte no puede ser más que cumplido a cabalidad y no puede ser impedido por ninguna autoridad, de ahí que asegurar la libertad e independencia del funcionario judicial es condición indeclinable de la buena administración de Justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tribunal constitucional de México tiene encomendada la importante tarea de erigirse como el máximo intérprete de la Constitución, de forma que la Carta Magna se convierte en el instrumento primordial en el cual se fundamenta su diario quehacer para la impartición de justicia.

La Constitución, entendida como la columna vertebral y eje central de la vida jurídica de la país, se ha visto continuamente reformada, así como las leyes secundarias; muchas de estas reformas incongruentes con el bien de la nación y que vulneran el espíritu del constituyente, alteraciones que motivan la intervención del Poder Judicial para retomar el camino de la constitucionalidad; reformas no necesariamente positivas y tampoco como respuesta a las necesidades que surgen en torno a la sociedad y a nuestra propia realidad, responden más bien a un proyecto político de un sector partidista que encabeza el Ejecutivo y que ha motivado ataques injustificados y fuera del respeto que merecen los Poderes de la unión, acciones que exigen la intervención decidida de la SCJN en defensa de nuestra ley suprema y como consecuencia los derechos humanos y garantías consagradas en ella y en los tratados internacionales.

No han sido pocas las “batallas de la Corte”, los ataques continúan, a unos días el Ejecutivo arremetió contra la SCJN y algunos de sus integrantes con rudeza innecesaria y sin datos de prueba. El constitucionalista Emilio Rabasa (1928) afirmaba que el juez necesita, para ser un buen juez, tres condiciones: la aptitud, la honorabilidad y la independencia.

Características que le son propias a la hoy ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, que seguramente serán estos atributos los mejores instrumentos para salvaguardar el Poder Judicial de la Federación.

La Constitución está a salvo.

Transicionar la justicia

Miguel Concha

La Jornada

La justicia ha sido un pilar fundamental para el bienestar y la paz social, pues a través de ella se busca la igualdad de condiciones y oportunidades para las personas mediante la distribución equitativa de los bienes comunes. También pretende transformar los contextos de grupos que históricamente han sido colocados en situación de vulnerabilidad con la finalidad de resguardar sus luchas por medio del reconocimiento y goce de sus derechos humanos. Ello se garantiza también mediante instituciones autónomas, plurales y representativas de la diversidad social dentro de los estados a través del reconocimiento de la multiplicidad de actores y voces colectivas, lo cual implica la ampliación de espacios que históricamente han sido de grupos sociales específicos y delegación de poder a quienes no han sido escuchados ni visibilizados.

En ese sentido, uno de los objetivos claves para la justicia social ha sido la paridad de género dentro de las instituciones en don-de se ha limitado el acceso a espacios de poder y la toma de decisiones a millones de mujeres en el mundo. Si bien, los techos de cristal y pisos pegajosos todavía son desafíos para transicionar de la igualdad figurativa a la sustantiva, la incorporación de mujeres en los ámbitos laboral y educativo ha logrado disminuir la brecha de género y avanzar en la equidad.

En México, estas transformaciones han trastocado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con Norma Lucía Piña Hernández, la primera presidenta en su historia. Es importante mencionar que en los últimos años se ha garantizado el estado de derecho a través del respeto, protección y promoción de los derechos humanos con base en la perspectiva de género y enfoque interseccional. Por ende, la transición en la dirección de la SCJN conlleva una gran responsabilidad y compromiso con el sistema de justicia mexicano, así como una gran expectativa sobre las prioridades sociales y operación del Poder Judicial en los próximos años.

Asimismo, aunque se ha establecido un antecedente para las mujeres, al romperse el techo de cristal en una de las instituciones judiciales más importantes en el país, aún hay áreas de oportunidad para garantizar la igualdad sustantiva dentro del Poder Judicial. Aunado a ello, los retos que enfrenta la ministra Piña para mantener la autonomía y equilibrio entre los poderes de la Federación no son menores; por ello, su compromiso con los principios de la justicia será clave para la labor que ahora le encomiendan.

En relación con eso, la independencia de la SCJN en sus actuaciones y procedimientos se hace vital para la preservación del Estado democrático con base en el respeto y protección de los derechos humanos, y fortalecer la equidad de género y justicia social para transformar el contexto de impunidad, violencia y corrupción que enfrentan las víctimas de este país.

Transferir la presidencia de la SCJN no es sólo un cambio constitucional y administrativo, es una oportunidad para transicionar la justicia. Transicionar de las todavía deficiencias institucionales y procesos jurídicos deficientes, hacia dependencias garantes de procesos transparentes y apegados a la ley y a los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Especialmente, para transicionar a condiciones dignas y justas para las personas y grupos históricamente discriminados y aún invisibilizados en nuestro país.

Aunque la ministra Norma Piña ha sentado un antecedente para la nación en materia de paridad de género, se espera que también siembre precedentes en la justicia mexicana y logre consolidar la justicia, tan necesaria para el florecimiento de la verdad, la memoria, la equidad y la paz social. Que en este transitar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se conserve la defensa por la dignidad humana y de toda forma de vida, con base en la Constitución Política Mexicana y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Que el trabajo efectivo entre los poderes de la Federación se mantenga a través del respeto y autonomía que ha caracterizado a la máxima dependencia jurídica en sus determinaciones y, ante todo, que sigan prevaleciendo y ampliándose las voces de pueblos, comunidades, víctimas y familiares en la búsqueda de su reconocimiento y protección de una vida digna, justa y libre de violencia.

Que este logro histórico sea una oportunidad de cambio y transformación social para una justicia donde quepan muchas justicias, y para la construcción de un país más digno, justo y en paz.