Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas

Enfermedad y poder, una vez más
Ernesto Villanueva
Proceso
Las revelaciones de los padecimientos que afectan al presidente López Obrador, que él mismo ha aceptado que son ciertas, crean el ambiente propicio para abundar, de nueva cuenta, sobre esta cuestión.
Desde hace varios años he insistido sobre la pertinencia de regular el tema de la relación entre el poder y la enfermedad porque se trata de un asunto de interés público acuciante. Las revelaciones de los padecimientos que afectan al presidente López Obrador, que él mismo ha aceptado que son ciertas, crean el ambiente propicio para abundar, de nueva cuenta, sobre esta cuestión.
Primero. De entrada, conviene dejar claro que, como regla general, la enfermedad o enfermedades de una persona se inscriben en el ámbito del núcleo duro de su derecho a la vida privada, que está protegido por los Artículos 6º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Protección de Datos Personales en poder de Sujetos Obligados (Artículos 3º, fracción X y 7), así como en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (Artículos 3º, fracción IV y 9). En la legislación vigente, empero, hay que apuntar que la información sobre el estado de salud del presidente de la República que se hizo pública en los medios no constituye una conducta ilícita, porque está protegida por las propias leyes de protección de datos personales vigentes, las cuales disponen que la prohibición de difundir datos personales sensibles encuentra una de sus excepciones cuando “los datos figuren en fuentes de acceso público” (artículo 10, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares). Esto, por supuesto, no prejuzga cómo esa información se convirtió en pública ni exonera, en modo alguno, el medio a través del cual particulares obtuvieron y pusieron a disposición de la comunidad la información de referencia. Los hackers del autodenominado grupo Guacamaya podrían incurrir en las conductas de los tipos penales previstos en los artículos 127 párrafo segundo, 140 primer párrafo y los que corresponden al capítulo sobre acceso ilícito a sistemas y equipos de informática del Código Penal Federal. Sobra decir que esos delitos se persiguen de oficio y no por querella a petición de la parte agraviada, especialmente los previstos en el artículo 127 y 140 del referido código, de modo que no queda a la buena voluntad presidencial que se persigan o no.
Segundo. De manera gradual y creciente ha ido reproduciéndose la convicción compartida en los Estados democráticos de que la salud de los gobernantes (donde debe incluirse no sólo al presidente de la República, sino a los servidores públicos electos y en altos cargos públicos nombrados por el Congreso de la Unión o alguna de sus cámaras), es un asunto de relevancia pública en la medida en que tienen la delegación de los electores para que en su nombre y representación gobiernen y, en consecuencia, tomen decisiones que tienen impacto en la sociedad toda. Así, por ejemplo, ya ha quedado claro, tanto en la ley como en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doble baremo de protección al derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen, según se trate de un servidor público o de un particular sin proyección pública o ajeno a hechos de interés público. Por supuesto, el deber que tienen los gobernantes de soportar mayor injerencia en sus derechos de la personalidad por los gobernados tampoco es una excepción sin límites. Hay que hacer un ejercicio de ponderación caso por caso, pero bajo algunos parámetros que garanticen el derecho a saber desde que son candidat@s a cargos de elección popular, por las razones siguientes, por citar sólo algunas: a) l@s elector@s tienen derecho a conocer el estado de salud de l@s candidat@s, de suerte que estén en posibilidades no sólo de terminar su encargo, sino de ejercerlo idóneamente; b) los procesos electorales y los partidos son pagados por el erario, razón por la cual la sociedad tiene el derecho de profundizar qué está pagando y a quiénes se postula para representar a la comunidad con cargo a los impuestos de la colectividad; y c) la transparencia en este ámbito reduciría de manera significativa el rumor que prolifera en el secreto, como ha sido práctica recurrente en el país. Y estos argumentos se amplían y prosiguen en el caso de quienes ocupen el cargo por elección o por designación.
Tercero. No se trata, lo aclaro, de que el expediente clínico en su totalidad de est@s servidor@s públic@s sea de conocimiento público, sino sólo aquellas partes que a la luz de consideraciones médicas se infiera que una enfermedad física o mental impida el ejercicio pleno del cargo. Una normativa seria y de gran calado sobre la salud de los gobernantes debe traer consigo reformas a varias leyes, haciendo un estudio de impacto regulatorio que establezca, al menos: a) la obligación de la autoridad electoral para exigir como requisito para que quien se postule a un cargo de elección popular se practique un examen médico y de laboratorio, en un organismo especializado independiente; b) el deber de la autoridad electoral de hacer pública aquella información relevante del estado de salud de la que se deduzca técnicamente que quien pretende contender por un cargo electivo goza de las posibilidades reales para su debido ejercicio; c) establecer como obligación que se apliquen exámenes médicos y de laboratorio anuales a los servidores públicos electos o designados por el Congreso de la Unión o los Congresos locales, según corresponda, cuya omisión sea causal de retiro y que se establezca la transparencia de manera oficiosa de la parte de interés social de su estado de salud. En Estados Unidos el presidente Biden ha hecho público un memorándum exhaustivo sobre su estado de salud (https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/11/President-Biden-Current-Health-Summary-November-2021.pdf), cuyo formato sería excelente reproducir en México; pero vamos por lo pronto por aquellas cuestiones básicas. De no crear una socialización ciudadana sobre la importancia de la enfermedad y el poder, las resistencias de la clase política a debatir sobre este asunto con una visión de largo aliento ganarán, como ya se ha hecho, la partida en perjuicio de la sociedad. Y es que al final del día la salud de los gobernantes la sufren ellos y la padecemos todos.
De naturaleza política
Primor seguirá “operante”, confían…
Enrique Aranda
Excelsior
Con o sin respuesta militar-oficial, el hackeo ocurrió…
De aprobarse en las próximas horas, como es previsible, la minuta que para ampliar le presencia de las Fuerzas Armadas en la realización de tareas de seguridad pública reservadas (en la Constitución) a civiles, recibió apenas del Senado la “reactivada” alianza entre el partido del gobierno y el priismo más abyecto de A(m)lito Moreno y Rubén Moreira estaría en capacidad de intentar el último y devastador golpe legislativo a nuestra democracia, al aprobar la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador.
Tal es la convicción de que el Primor se mantendrá “operante” hasta al menos el cierre de la fallida administración sexenal en curso que, igual al interior de Palacio que de la sede de Morena, se da por hecho que el cambio legislativo que pretende desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) de Lorenzo Córdova para suplirlo por un organismo “popular” capaz de aportar a la consolidación de la dictadura emergente (de la 4T) deberá quedar consumado este mismo año.
Y esto, aseguran quienes dicen operar en el entorno del Ejecutivo, porque tras consumarse la traición (“voluntaria o no…”) de la mayoría de los diputados y senadores del tricolor de los acuerdos asumidos previamente con panistas y perredistas en el seno de la coalición Va por México, no parece existir nada a la vista que impida un nuevo “arranque” dictatorial del tabasqueño y los suyos, en aras de garantizar su permanencia en el poder luego de los comicios del cada vez más próximo 2024.
Ésa, que el Primor se mantenga “operante” hasta el cierre del actual sexenio y no otra, es la apuesta de operadores del gobierno que incluso, ante las reiteradas afirmaciones públicas del impresentable dirigente del Revolucionario Institucional y el ofrecimiento de garantías a sus contrapartes de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), de que no apoyará ninguna iniciativa electoral procedente de Palacio no dudan en asegurar, entre risas, refiriéndose al campechano y aliados ciertamente que: “si los doblamos ya en una ocasión, ¿qué impediría que lo volvamos a hacer?”…
Asteriscos
* Conscientes de que sólo en unidad se podrá derrotar a Morena y aliados en 2024, arranca UNID@s, nuevo esfuerzo que suma al Frente Cívico Nacional, de Emilio Álvarez Icaza; Poder Ciudadano, de Gabriela Sterling; Sí por México, de Gustavo de Hoyos; Sociedad Civil México, de Lucía Medina; UNE, de Erika Ureña, y Unidos por México, de Carlos Medina Plascencia.
* En la recta final de la puja por la sucesión en el Edomex, la actual titular de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, compareció ante el Congreso para ofrecer detalles sobre los programas sociales en beneficio de más de siete millones de mexiquenses, sobre el llamado Salario Rosa en particular. Bien…
* Si bien la administración entrante enfrenta un pasivo circulante de 5,000 millones, herencia de las gestiones de Félix González Canto, Roberto Borge y Carlos Joaquín, el nuevo gobierno de Mara Lezama buscará seguir impulsando el desarrollo de Quintana Roo sin contratar deuda adicional…
Dos proyectos
Bernardo Bátiz V.
La Jornada
En México somos testigos y protagonistas de un cambio político de fondo, denominado por su principal impulsor como la Cuarta Transformación (4T) y alrededor de ella ha resultado un gran debate nacional entre quienes se oponen a ella y quienes la alientan e impulsan.
Es una realidad histórica que esta discusión o polémica, o como le queramos llamar, ha dividido a la nación mexicana en dos grandes corrientes de opinión, los que somos partidarios de la transformación, por un lado, y quienes se oponen y ponen trabas a sus obras y procesos, que quieren descarrilarla y quisieran ver que fracase ahora, se derrumbe ya de una vez o al menos no gane las elecciones federales que tendrán lugar en 2024.
Tirios y troyanos; patricios y plebeyos; montescos y capuletos, partidarios de Pedro o de Pablo; girondinos y jacobinos, demócratas o republicanos, realistas e insurgentes, liberales y conservadores, bolcheviques o mencheviques. Así ha sido por siglos, quizás por siempre.
Habrá dos, a veces más, pero casi siempre dos, formas de ver el mundo, de interpretarlo, de desearlo o soñarlo para el futuro. La polarización no debiera inquietarnos más de la cuenta.
Hoy en México existen varios partidos políticos, pero en el fondo, sólo dos proyectos de nación; uno es la: Cuarta Transformación y el otro los que se le oponen. La 4T, en el poder, al que llegó limpiamente, contra todo pronóstico y por una mayoría que nadie puso en tela de juicio.
¿Cómo llegamos a esto? Podemos hacer un relato a grandes trancos. El PRI se fundó en 1928, a la muerte de Obregón; de manera automática, se descontó de su salario, sin preguntarles, una cuota a todos los servidores públicos e ipso facto, pasaron a ser el pie de cría del partido, la base inicial, que pronto se consolidó y sería durante una década el partido único, aunque (paradojas de la historia) surgían otros que tenían dos opciones: o se incorporaban al partido del gobierno o desaparecían del espectro político.
No fue duradera esta situación; 10 años después, el partido único se convirtió en partido oficial; a partir de 1939, cuando se fundó el PAN y surgió paralelamente la candidatura de Almazán; el partidazo tuvo que competir en elecciones, ya no eran simbólicas, eran reales, había una oposición débil, pero que tomaba en serio los procesos electorales, convocaba a la ciudadanía a participar y hasta podían vigilar un porcentaje importante de las mesas de votación. El ingenioso Nikito Nipongo bautizó al partido como la aplanadora que ganaba siempre, pero cada vez le costaba un poco más de trabajo.
Mucho después aparecieron los fuertes liderazgos, primero de Pablo Emilio Madero, del PAN, y seis años después, tres candidatos que dieron una pelea más a fondo en contra del oficial: Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra y Manuel Clouthier. Ya no era tan fácil; a la legalona, como alguna vez dijo uno de aquellos legendarios operadores del partido oficial, ya no era posible arreglar los números en los resultados electorales; empezaba la verdadera polarización.
En 2000, el partido oficial perdió las elecciones en la Ciudad de México con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, quien fue jefe de Gobierno capitalino por el PRD; perdió también con Vicente Fox por el Partido Acción Nacional y con un apoyo expreso y eficaz de un grupo que se denominó Amigos de Fox, quienes fueron los arquitectos y financieros de su triunfo. Con Fox en el poder y otros factores de los que me he ocupado en otras colaboraciones, surgió el llamado PRIAN.
A partir de entonces se aclaró mucho más que en México se enfrentaban dos proyectos de nación; uno promovido por López Obrador, otro con muchos y diversos participantes, que se oponen a la propuesta de lo que se empezó a llamar desde entonces, 2006, una transformación de fondo, la cuarta, con el objetivo de acabar con la corrupción que ya se veía como segunda naturaleza de la nación mexicana y, por otra, impulsar principios de equidad en la distribución de bienes y oportunidades.
Para profundizar más en esta historia del enfrentamiento de proyectos, recomiendo dos libros de nombres parecidos pero muy distintos; el primero es México, la disputa por la Nación, publicado en 1981, sus autores fueron dos jóvenes economistas de aquella época, ambos brillantes, uno del PSUM, Rolando Cordera, y otro del sistema, Carlos Tello Macías; en este libro se adelantan diagnósticos de la polarización que entonces apenas era un aviso y que varios años después, ahora, abarca ya todos los ámbitos de la sociedad mexicana.
El otro libro es de 2022, editorial Harper-Collins México. Sus autores son también dos, éstos, periodistas y ambos analistas políticos inquietos, agudos y bien enterados, reconocidos por la seriedad de sus trabajos. Son Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela. El título de este segundo libro es La disputa por México. Dos proyectos frente a frente para 2024.
