Lo que dicen los columnistas

Los medios, dos valoraciones ante el Covid

Ernesto Villanueva

Proceso

El papel de los medios en un régimen democrático reside, por definición, en informar de manera veraz y formar opinión pública a la luz de las más distintas visiones políticas e ideológicas que dan vida al pluralismo.

En México, el cambio de régimen no ha traído las mejores noticias para la prensa y el impacto del covid-19 tampoco conmovió al poder público en su relación con los medios, como sí ha sucedido en países de democracias consolidadas o en vías de serlo.

Veamos.

Primero. Desde 2007 se adicionaron los dos últimos párrafos del actual artículo 134 constitucional, que a la letra dicen: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro de ente los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de ­aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar”.

Quince años después de esa adición a la Carta Magna, la promoción personalizada de los gobernantes con recursos públicos es pública y notoria, la ley reglamentaria está pendiente de ser reformada por resolución de la Suprema Corte de Justicia y la equidad e imparcialidad de los recursos públicos asignados a los medios es sólo una mera formalidad, porque no hay reglas que desarrollen ese precepto normativo.

El gobierno federal ve a la prensa en general como un adversario político porque hay una arraigada percepción de que se minimizan los aciertos de la 4T y se maximizan sus errores. Sin duda hay casos de medios que priorizan la consigna política sobre los criterios periodísticos para informar y opinar, los que lastiman los estándares éticos internacionales. Esos casos no deberían servir de baremo, empero, para evaluar el papel de los medios. Sobra decir que el que no cumple lo menos no lleva a cabo lo más. Y de cara al covid-19, en México no fue parte de la agenda pública la creación de medidas para preservar los medios; antes bien se hizo todo lo contrario.

Segundo. En los países democráticos está internalizado entre gobernantes y gobernados la convicción de que los medios son poleas de transmisión entre las fuentes públicas y privadas de datos y hechos para satisfacer el derecho de la sociedad a estar informada. Y, por lo anterior, han actuado en consecuencia. De entrada, cuentan con leyes que, en mayor o menor medida, retoman las mejores prácticas internacionales en la materia.

En días pasados la Comisión Europea dio a conocer el proyecto de Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, la cual busca homologar en la Unión Europea criterios transparentes e imparciales en la asignación de la publicidad institucional u oficial a los medios, así como evitar que los medios públicos sean parciales, entre muchas otras medidas para proteger la independencia de los medios y garantizar que no sean objeto de presiones indebidas (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_5505). Si esta iniciativa es convertida en ley, hará una gran diferencia para el ejercicio periodístico.

A diferencia de lo que sucede aquí, en Europa el valor compartido del rol que juegan los medios en el contagio de prácticas democráticas permitió que, además de la asignación transparente y equitativa de la publicidad oficial, durante el periodo del covid-19 se aplicaran medidas consistentes en ayudas del Estado a los medios. Este tipo de subvenciones no son nuevas en Europa. En diversos países, como Italia, España y Francia, esas ayudas se adoptaron desde el siglo pasado tanto directas como indirectas por ley a los medios.

Tercero. Durante 2020, para paliar la baja de publicidad en los medios durante el covid-19, en Italia, el país más afectado por esta pandemia, el gobierno hizo reducciones de impuestos a los anunciantes en medios de comunicación. Hizo lo propio con los propietarios de quioscos o puestos de periódicos y revistas para evitar su cierre, ampliando las deducciones fiscales. En Dinamarca el apoyo del Estado a los medios por la caída vertiginosa de publicidad y ventas ha sido de los más amplios, pues para evitar el despido de empleados y el cierre de medios se adoptaron no sólo incentivos fiscales, sino ayudas directas para compensar la drástica reducción de ingresos en un ejercicio casuístico de gran calado. En España también se optó por la deducción fiscal y la consideración de la prensa como bien esencial.

Mientras en los países europeos la importancia de los medios se traduce en medidas para su independencia como espacios de escrutinio del quehacer público, en México todavía se discute cómo cumplir el mandato del artículo 134 de la Constitución y si se reforma o se deroga una ley –no como la española o la italiana, lo que sería mucho pedir–, que cuente con reglas razonablemente compatibles con la imparcialidad y la transparencia de los recursos públicos destinados a los medios a través de la publicidad oficial, que hoy simplemente no existen.

Juegos de poder

El pueblo uniformado y los 43 de Ayotzinapa

Leo Zuckermann

Excelsior

El 18 de agosto se dio a conocer el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Las partes claves de la historia ocurrida hace ocho años en Iguala estaban llenas de tachones en negro (“testadas”, como se dice elegantemente). Esto con el objeto de respetar el derecho al debido proceso de los presuntos involucrados cuando se judicializaran los hallazgos de la nueva investigación.

Después de leer este documento, supuse que detrás de esas partes ocultas estaba la nueva versión de los hechos. En mi artículo del 22 de agosto dije que esperaba que algún día se levantara el secreto para saber qué pasó y por qué el gobierno de López Obrador consideraba como un “crimen de Estado” la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

Bueno, pues alguien le filtró el documento sin testar a la periodista Peniley Ramírez, quien este fin de semana, en Reforma, publicó los hallazgos principales que se encontraban ocultos en el Informe.

Lo más revelador, una verdadera bomba, es que los cuerpos de los estudiantes no los quemaron y echaron sus cenizas en el río Cocula, como alegaba la “verdad histórica” del exprocurador Murillo Karam. Peniley Ramírez, con base en el Informe que le filtraron, corre el velo:

“Casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche. Los criminales de Guerreros Unidos pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo […] A partir del 29 de septiembre, comenzó el encubrimiento. En los chats donde antes habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería. Allí no entraría nadie. A mediados de noviembre, seguían desenterrando y moviendo cuerpos”.

Nótese la participación de “funcionarios y militares” en una acción coordinada con criminales para asesinar a los muchachos y, luego, esconder sus cadáveres, que podrían haber terminado nada menos que dentro del cuartel militar de Iguala.

Segundo, se confirma lo que ya había manifestado el subsecretario Alejandro Encinas en una conferencia mañanera y se encontraba oculto en el Informe testado. A saber, que seis de los 43 muchachos seguían vivos al amanecer del 27 de septiembre. “Los llevaron a una bodega cercana. Los asesinaron días después, por órdenes del entonces coronel del Ejército José Rodríguez”, confirma, así, la periodista lo divulgado por Encinas.

En suma, miembros del “pueblo uniformado” habrían conspirado y coadyuvado en el asesinato y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Es un duro golpe para la imagen del Ejército en un momento crítico donde, por un lado, la castrense es la institución favorita del gobierno del Presidente, quien la ensalza cotidianamente. López Obrador se la pasa glorificando a las Fuerzas Armadas como ese fenomenal “pueblo uniformado”.

Por otro lado, el Congreso está discutiendo una reforma constitucional para extender el plazo de los militares en labores de seguridad pública. El lopezobradorismo argumenta que su Ejército, es decir el de ellos en el poder, a diferencia del pasado, es otro “pueblo uniformado”. Ahora son blancas palomitas. Todo era cuestión de cambiar al comandante en jefe, el Presidente, para que se pasaran al bando de los buenos.

Yo no creo en estas visiones maniqueístas. Para mí, no hay humanos intrínsecamente buenos o malos ni se pueden realizar transformaciones milagrosas. Los humanos, militares o civiles, no somos ningunos angelitos (James Madison dixit). Por tanto, requerimos de un gobierno con pesos y contrapesos institucionales a fin de evitar abusos de poder.

De ser cierta esta versión publicada por Ramírez, estaríamos frente a un abuso de poder de militares coludidos con el crimen organizado. Soldados participando en el homicidio de jóvenes inocentes y escondiendo sus cuerpos en sus cuarteles. Además, un gobierno, el de Peña Nieto, inventando una historia falsa para proteger a los militares. No por nada, nunca dejaron entrar a investigadores nacionales e internacionales al 27 Batallón de Infantería de Iguala.

Conclusiones: hay que perseguir judicialmente a todos los soldados involucrados, investigar el papel que jugó el mismísimo presidente Peña en el encubrimiento, abandonar la idea absurda que el Ejército es “pueblo uniformado” bueno y aceptar que los militares son seres humanos que necesitan ser controlados por civiles para que no abusen de su poder de fuego.

La política y el cinismo

Mario Luis Fuentes

Excelsior

La escuela de los cínicos surgió con Diógenes de Sinope, en el siglo IV antes de nuestra era. Su propuesta era desarrollar una vida similar a la de un perro, en su actitud de desfachatez y sencillez ante la vida. Es un estilo de pensamiento que es sin duda crítico, porque se planteaba ir en contra de la norma, afirmando que todas las cosas que existen son producto de la naturaleza, y por ello hay que imitarla y vivir bajo su cobijo.

En nuestros días, el término de “cínico” se utiliza para calificar a personas, que lejos de esa actitud original, muestran desvergüenza en el mentir o al momento de defender posturas que son vituperables. El Diccionario de la Lengua Española también lo define como “impudencia u obscenidad descarada”.

En este sentido es que se puede pensar el actuar de algunos personajes de la vida pública nacional. El caso más reciente es el del expresidente Vicente Fox, quien en un mensaje en la plataforma de Twitter, escribió el día 23 de septiembre: “Saben a veces me arrepiento de haberlo liberado del ‘desafuero’” (sic).

Lo que el expresidente afirma es gravísimo para la vida pública nacional, porque confirma lo que se ha denunciado desde hace años como uno de los peores síntomas de un autoritarismo que no termina de irse: el uso de las instituciones de procuración e impartición de justicia para confrontar o amedrentar a los opositores. Y esto no es privativo sólo del Ejecutivo Federal, sino que se reproduce constantemente en los gobiernos estatales.

Para una democracia resulta inaceptable, porque es corrosiva a sus cimientos, la manipulación de la fuerza más potente del Estado para reprimir, amenazar, amedrentar, incluso para transar con quienes no comparten visión y proyecto, porque la democracia debe sustentarse en la rectitud, la honestidad y sobre todas las cosas, en el respeto estricto del Estado de derecho, es decir, del mandato constitucional y sus leyes.

El contenido del mensaje del expresidente Fox nos revela, además la persistencia del uso patrimonialista del poder. El uso de la primera persona del singular, es decir, el “Yo”, es notorio en todos los que han ocupado espacios de poder: “yo hice”, “yo construí”, “yo atraje tales inversiones”, como si las arcas públicas hubiesen sido en algún momento una extensión de sus cuentas personales, y como si el aparato público del Estado y su orden jurídico no existieran.

De igual manera, se hace patente que la política mexicana se ha degradado a tal grado que, antes que una práctica civilizada con propósitos permanentemente democratizadores de la sociedad, se ha convertido en un proceso de despliegue de inquinas personales, venganzas y “ajustes de cuentas” entre grupos. Por eso preocupan las prácticas que se han mantenido en la presente administración, en la cual no se ha avanzado significativamente en el uso político de la justicia. Así, las denuncias de casos de “culpables fabricados”, “chivos expiatorios”, y de “tráfico de favores políticos” se acumulan, y respecto de las cuales no parece haber una diferencia esencial respecto de lo que ocurría en el pasado.

Que una democracia tenga instrumentos de procuración de justicia sólidos, con autonomía auténtica, y con vocación de fungir efectivamente como representante social, así como un Poder Judicial libre, transparente y garante de la Constitución, es relevante no sólo para la pervivencia del Estado de derecho, sino porque socialmente hablando, constituyen dos de los pilares esenciales de la vocación ética de una sociedad.

En esencia, la procuración de justicia es fundamental en los Estados democráticos, porque debe ser parte de los instrumentos civilizadores de la sociedad: propiciar aprendizajes de convivencia pacífica y la coexistencia de relaciones justas entre las personas, y entre éstas y el Estado.

Un país sin justicia será siempre incapaz de garantizar una vida digna para sus habitantes; por ello vale aquí recordar las palabras y actitud de Horkheimer a fin de evitar que la injusticia que atraviesa la historia no tenga la última palabra.

Astillero

El debido periodismo // Filtraciones y ética // Ocho años: enrarecimiento // Ejército, Gertz: obstrucción

Julio Hernández López

La Jornada

El informe dado a conocer el pasado 18 de agosto por el subsecretario Alejandro Encinas, en su condición de presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, legítimamente colocó bajo reserva pública (testar, se llama a ese proceso) todo aquello cuya difusión pudiese entorpecer la ruta deseada en busca de justicia.

No es que se buscase sustraer del genuino interés público esas partes del expediente (de haber sido tal la intención, hubiera bastado con no incluir una sola palabra de esos temas), sino justamente lo contrario: sólo manteniendo a resguardo tales nombres, detalles y circunstancias se podría aspirar a que, sin alegatos de presuntas violaciones al debido proceso, los subsiguientes órganos del poder público, del Estado, como son la Fiscalía General de la República y el aparato judicial federal, pudiesen procurar y aplicar castigos penales a algunos presuntos responsables relevantes de los crímenes de Iguala.

Alguien, sin embargo, maniobró para dar difusión pública a esas partes necesariamente testadas. Se hizo a través del diario Reforma, en una columna de la periodista Peniley Ramírez quien, además, en un giro aún más lesivo del debido proceso judicial y del interés supremo de buscar justicia en el terrible caso de los 43, difundió en redes sociales, a detalle, selecciones narrativas que revictimizan y, sobre todo, dejan constancia para fines judiciales de esa filtración que puede significar la impunidad de los acusados, entre los que destacan el general brigadier José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo y otros militares, políticos y ex servidores públicos.

El manejo hecho por Peniley Ramírez pone sobre la mesa de discusión las filtraciones, la ética y el periodismo. Lo primero que ha de preguntarse un periodista es si esa filtración favorece valores supremos, como en este caso la búsqueda de castigo a los perpetradores y cómplices de crímenes nefandos o si, por el contrario, se ayuda a romper y acaso dañar de manera definitoria esas expectativas justicieras. Decidir el bien mayor: ¿la información en sí o la búsqueda de justicia histórica? Para no dañar el debido proceso judicial, a criterio de este tecleador, debería practicarse el debido periodismo, recto y sin servicio a intereses u opciones oscuras.

La filtración desarticulante se inscribe en el enrarecimiento del tema Ayotzinapa-militares-poder civil, justo en vísperas del octavo aniversario luctuoso de los 43. De lo develado en el texto de Reforma, que forma parte del expediente oficial, se desprenden dos confirmaciones de alto impacto: el inequívoco papel de operatividad y complicidad criminales de altos mandos militares, utilizando a la vez instalaciones cuartelarias, que no pudieron operar largamente sin conocimiento de sus mandos superiores, entre ellos el general secretario Cienfuegos, y las acciones de encubrimiento y control de las consecuencias por parte de enviados del peñismo, como Tomás Zembrón de Lucio, comisionado de Peña Nieto para las tareas sucias.

La tensión entre alas del espectro institucional 4T están a la vista: el fiscal de las oscuridades, Alejandro Gertz Manero, decidió cancelar cuando menos 21 (16 militares entre éstas) de las 83 órdenes de aprehensión, haciendo a un lado a la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa, creada en la propia FGR para procesar, con la confianza de los familiares de los 43, todo lo relacionado con este tema.

Así se cumplen ocho años de un crimen de lesa humanidad que el actual gobierno federal no atina a resolver en cuanto a verdad plena y justicia verdadera, sobre todo en el plano de las fuerzas armadas, que resisten vigorosamente al escrutinio eficaz y al castigo ejemplar, con una fiscalía federal que se confirma como parte del juego de fuerzas entre el discurso 4T y la realidad alcanzable, Alejandro Gertz como obstructor institucional a modo.

Morena: otra vez luces ámbar

Bernardo Bátiz V.

La Jornada

Soy fundador de Morena, formé parte del primer comité nacional del partido y antes, busqué en el estado de Nuevo León ciudadanos para formar parte del movimiento denominado gobierno legítimo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No era un novato: ingresé al PAN a mediados de los 60, ocupé la secretaría general del partido al lado del presidente nacional José Ángel Conchello. Aprendí a trabajar sin recursos, a recorrer calles, plazas y mercados, repartiendo volantes, folletos y el histórico periódico chispeante y ameno, de tiraje masivo, formato tabloide, con el sugestivo nombre de Batalla.

Aprendí a ser ciudadano; son de ese tiempo las principales bases doctrinarias que daban sentido a nuestra militancia. Entendí el concepto de bien común; no es la suma de los bienes particulares, sino algo mucho más conceptual y profundo. El bien común es el conjunto de circunstancias y características de la sociedad, que permiten a todas las personas desarrollarse plenamente como ciudadanos, en lo político, lo económico, lo social y lo cultural. Entendí entonces que el bien común tiene primacía sobre los intereses personales, de grupo, de facción o de clase.

Milité durante más de 20 años en el PAN y me separé, no sin tristeza, con un grupo de compañeros del llamado Foro Doctrinario y Democrático, en protesta por el asalto de los empresarios al partido, los cuales, después de la expropiación de la banca y roto su pacto con el PRI, buscaban espacios para defender sus intereses; la separación también se debió a que la dirigencia de entonces, pactó con Carlos Salinas y surgió ese ser amorfo que Manú Dornbierer denominó PRIAN.

Como integrante del foro fui candidato externo a diputado del PRD, llegué con ese carácter a la Cámara de Diputados y luego, fui invitado a integrarme como procurador general de Justicia al gobierno capitalino encabezado por López Obrador. Cumplí mi encargo y también asistí a las concentraciones contra el desafuero y participé, en incontables marchas y actos políticos, sin abandonar mis convicciones de democracia, respeto a la dignidad de la persona y, por tanto, a los derechos humanos, ni la certeza de que es indispensable buscar una mejor distribución de la riqueza, la justicia social.

Cuando se fundó Morena, no tuve inconveniente en formar parte de este partido al que llevé experiencia y convicciones. También me acompañó la decepción de haber visto cómo mi antiguo partido, en lugar de influir en la política para cambiar estilo y prácticas, se dejó envolver por el ambiente que el PRI había impuesto durante ocho décadas.

Hace unos días, asistí como invitado especial al tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena y, entre bromas y veras, comenté con algunos compañeros que me encontraba ahí como observador imparcial; uno de ellos, que ocupa un cargo en el gobierno, me aclaró que no había imparciales, somos o no somos. Acepto que tuvo razón, pero he reflexionado que lo dicho, tiene una causa: Morena, en mi opinión, se está pareciendo demasiado al antiguo partido oficial, no en cuanto a principios, sí en algunas prácticas que otros militantes han señalado, entre ellas, acarreo y compra de votos.

Defino mi posición; creo que debemos tener sumo cuidado en no caer en los errores cometidos por otros partidos que se mimetizaron con el sistema sin lograr un cambio profundo en prácticas y estilos; no es la primera vez que lo digo bajo mi firma.

El 4 de septiembre de 2017, La Jornada publicó mi artículo Morena: luces ámbar; me referí entonces a las declaraciones de un diputado priísta de Nuevo León, cuyo nombre no viene al caso, quien dijo al periódico El Norte, más o menos lo siguiente: que fue 30 años priísta, luego estuvo en la bancada del PT y que el proyecto de Morena, está siendo construido por la élite empresarial; afirmó también que empezó pláticas, que lo trataron bien, que con el PRI no es un pleito, no es una bronca, es sólo que toma un camino distinto y agregó que en su antiguo partido nada hicieron por retenerlo y que en Morena podría contender por una diputación, una senaduría o una alcaldía.

En otra ocasión, con motivo de un Informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera, escribí que el acto se parecía mucho –por su parafernalia, sus invitados, los sonoros abrazos que se daban algunos asistentes, por la presencia de artistas para entretener al respetable público– a una celebración del viejo partido oficial.

La política, se ha dicho con toda razón, es un equilibrio entre principios y resultados; a veces es necesario el pragmatismo, de nada sirven los principios, si no se alcanza el poder. Pero, lo más grave que puede suceder es que por alcanzar el poder abandonemos los principios. Nuestra obligación es organizar el partido sin imitar al que tanto combatimos y sin sacrificar nunca nuestras convicciones. Eso, creo, de eso se trata; no habrá transformación si volvemos a lo mismo.