Lo que dicen los columnistas

El uso de la justicia con fines partidistas

Elisur Arteaga Nava

Proceso

Los panistas, por ahora, están a salvo. No se confíen, para el próximo informe, anual, mensual o semanal, o para una futura crisis de credibilidad, el peso de la justicia, que es ciega, pudiera recaer sobre uno de ellos.

Estando próximo el informe presidencial, era previsible que se diera la aprehensión de “un pez gordo”. Hacerlo tuvo efectos múltiples: demostrar que se está trabajando, que ya no hay privilegios y que ahora sí se está haciendo justicia, sin importar el rango. De paso se amedrentó a uno que otro priista con vista a las reformas legales a discutir y a las elecciones a realizar próximamente.

Los panistas, por ahora, están a salvo. No se confíen, para el próximo informe, anual, mensual o semanal, o para una futura crisis de credibilidad, el peso de la justicia, que es ciega, pudiera recaer sobre uno de ellos.

Algunos vieron la detención como algo propio de AMLO: un distractor ante la crisis de inseguridad, la inoperancia de la actual administración pública federal y lo elevado de la inflación. Había que hacer la aprehensión con escándalo y estar referida a un miembro connotado de la administración de Peña Nieto.

La noticia inicial aludió al hecho de que la detención de Jesús Murillo Karam se debía a delitos en los que difícilmente pudo haber intervenido. Finalmente, al hacerse la consignación, la lista se redujo a tres: contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada.

El ilícito de actuar contra la administración de justicia es genérico; todo y nada cabe dentro de él. El de tortura es muy difícil, si no imposible, que lo haya cometido u ordenado un procurador general. Habrá que probarlo. En cuanto al de desaparición forzada, es un delito que pudiera ser atribuido a otros, no a él. Era más factible acusarlo de encubrimiento.

Todo apunta en el sentido de que el detenido pasará algunos años en prisión. ¿Por qué no?, privar de la libertad a los disidentes fue un recurso de los priistas para tener controlados a los opositores. Recordando ese antecedente y el miedo que provoca en ellos la persona de Alejandro Gertz Manero, hicieron mutis. Se resignaron. No sacaron ningún desplegado en su defensa. Si lo hicieron, no lo vi.

Cuando AMLO habla de que espera que Murillo Karam se atenga al beneficio de oportunidad, no busca elementos para procesar a Peña Nieto; contra él tiene para dar y prestar. Actuará cuando las cosas se pongan muy delicadas, necesite ganar votos, sobre todo en el Estado de México, o para impedirle que intervenga en ese proceso. Sus tiros apuntan más abajo, pero no tanto: procura la colaboración del detenido para proceder contra Miguel Osorio Chong y otros priistas; quiere doblarlos con el fin de que colaboren en la aprobación de las reformas legales que presentará y “se dejen caer” en las próximas elecciones.

El mensaje también lo captaron las antenas de Alfredo del Mazo. Si pensaba imponer a un sucesor, a partir de la aprehensión, lo va a pensar dos veces. Si tenía la intención de echarle “todos los kilos” para ganar la elección, lo debe pensar más de tres veces. Le conviene entregar la plaza rapidito y de buen modo o, como dice el dicho: “flojito y cooperando”.

La acusación de que es objeto el exprocurador, por falta de elementos, vía apelación o amparo, es factible que se venga abajo y que alcance su libertad una vez pasado el informe presidencial, pero el golpe mediático ya está dado; surtió sus efectos plenamente: algunos priistas corrieron a esconderse, otros, los que menos cola tienen que les pisen, están dispuestos a aceptar una embajada o, en el peor de los casos, un consulado.

El ejercicio de la acción penal en contra de diferentes actores políticos ha evidenciado que, a pesar de lo que dispone el texto constitucional, el fiscal general de la República ha sacrificado la autonomía de la institución y se ha puesto a disposición del presidente de la República. Lo ha hecho, principalmente, para consolidar y dar permanencia a su proyecto político.

Por ser la prisión un instrumento de sometimiento, es de dudarse que sea aprobado por la Suprema Corte el proyecto del ministro Luis María Aguilar en el sentido de que la prisión es atentatoria del principio, internacionalmente reconocido, de que en los procesos penales debe prevaler el principio de presunción de inocencia, por lo que, por regla general, los reos deben enfrentar sus procesos en libertad.

Aparte de las razones que los voceros oficialistas y especialistas han invocado en el sentido de que la Corte carece de competencia para declarar anticonvencional el artículo 19 constitucional, los ministros opuestos al proyecto de Aguilar tendrán una buena razón para rechazarlo y para que subsista la prisión preventiva: la reforma al artículo primero constitucional, por virtud de la cual se dio el mismo rango que la Constitución al derecho convencional en lo relativo a derechos humanos, se publicó en el Diario Oficial el 10 de junio de 2011; en cambio, la que prevé la prisión preventiva por un crecido número de delitos se publicó el 12 de abril de 2019; es decir, es posterior, lo que indica un cambio de criterio en la materia.

Por esta reforma, el Estado Mexicano estaría obligado a formular una reserva o a retirarse de la Convención. La actual administración federal por nada puede permitir que se le prive de ese elemento de sometimiento que usa a discreción.

La aprehensión de Murillo Karam evidenció la coordinación que existe entre las autoridades federales y la Fiscalía General. Estando próximo el aniversario del sacrificio de los 43 estudiantes normalistas y el informe presidencial, “por una feliz coincidencia”, el subsecretario Alejandro Encinas rindió un informe señalando posibles responsables y la Fiscalía tenía listo el expediente abierto al exprocurador para judicializarlo.

En el informe aparecen como posibles indiciados militares: altos, medios y tropa; no se ha hablado de llamarlos a declarar ni de que se haya solicitado a la autoridad judicial libre órdenes de aprehensión. Se hará cuando sea mediáticamente aconsejable. Su detención tal vez se esté pensando con cuidado por aquello del fuero militar y de la pertenencia a un cuerpo colegiado que es uno de los empresarios más importantes del país. Estas son circunstancias que no pueden ignorarse al momento de tomar una determinación. El general Salvador Cienfuegos puede estar tranquilo.

Son de esperarse nuevas noticias que ocupen las primeras planas. A los priistas y panistas más les vale que pongan sus barbas a remojar; que hagan actos dignos de arrepentimiento; recuerden el proverbio árabe: “La mano que no puedas escupir, bésala”. Haciendo de tripas corazón, de rodillas, besen la mano de AMLO, pidan perdón y prometan hacer lo que él les ordene.

Juegos de poder

AMLO: solo y con menos poder

Leo Zuckermann

Excelsior

Si hay un consenso en torno a la figura de López Obrador es que se trata del Presidente mexicano más poderoso que hemos tenido en décadas. Lo dicen tirios y troyanos. Y es cierto. Este mandatario llegó a Palacio Nacional tras conseguir 53% de los votos en una elección democrática y se dedicó a acumular poder en el Ejecutivo federal.

Pero la política es implacable y, como dije en este espacio después de la elección intermedia de 2021, AMLO estaba entrando en la parte menguante del sexenio donde todos los presidentes, por más fuertes que sean, van perdiendo poder por la misma lógica del tiempo. Así es el ciclo sexenal.

El debilitamiento comenzó el seis de junio de 2021 con las elecciones intermedias. A su partido, Morena, le fue bien tomando en cuenta los pobres resultados del gobierno. Pero perdieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para reformar la Constitución. Esto explica por qué la oposición derrotó al Presidente en el intento de enmendar la Carta Magna en materia eléctrica. Ahora, como no tiene los votos, AMLO pretende integrar a la Guardia Nacional a la Sedena modificando leyes secundarias, aunque éstas contradigan a la Constitución.

Pero, además, en la segunda mitad del sexenio está el siempre espinoso problema de la sucesión presidencial.

Extrañamente, fue el propio AMLO quien dio el banderazo anticipado para comenzar este proceso después de las elecciones intermedias. Esto ha contaminado toda la política, al grado tal que la elección del presidente del Senado, la semana pasada, estuvo marcada por los pleitos internos de Morena entre los distintos grupos que apoyan a los posibles candidatos presidenciales de este partido. Así, el senador al que López Obrador le había prometido que presidiría este órgano legislativo, Higinio Martínez, fue vencido por Alejandro Armenta, un cuadro más cercano al líder morenista en la Cámara alta, Ricardo Monreal.

No es un dato menor: los senadores de Morena no siguieron la instrucción de AMLO. Además, salió avante el que quería Monreal, personaje que detesta el Presidente. Quiero suponer que no han de estar contentos en Palacio Nacional con dicho desenlace. La imagen habla por sí sola: la de un Presidente que va perdiendo poder: ya no puede disciplinar ni siquiera a los de su propio partido. AMLO sigue teniendo una tasa de popularidad alta: 61% de los mexicanos aprueba la manera como está gobernando el país. Esto, sin duda, lo favorece. Nadie quiere pelearse públicamente con él. Además, todo indica que la Suprema Corte mantendrá la figura de la prisión preventiva oficiosa, una palanca muy poderosa de AMLO para amenazar a los que no quieran hacer algo que para él es importante. Ni qué decir de la continuidad de su genio comunicativo con la gran capacidad de controlar la agenda pública.

No es, en este sentido, un presidente como Peña, quien se caracterizó por una extrema debilidad durante la segunda mitad de su sexenio. AMLO mantiene palancas importantes de poder. Pero, por la misma lógica de los tiempos sexenales, se está debilitando.

Y es en estos momentos en que un Presidente requiere de eficaces operadores políticos. Gente de mucha confianza que le saque los fierros de la lumbre. Personas con la tarea de disciplinar a los altos funcionarios del Ejecutivo, gestionar a las Fuerzas Armadas y evitar pleitos dentro de su partido. Que le consigan los votos en el Congreso y en la Suprema Corte, atiendan a los gobernadores, hablen con los presidentes de los órganos autónomos del Estado, canalicen las demandas de los diversos grupos de interés (empresarios, sindicatos, organizaciones campesinas, etcétera), den certidumbre a los operadores de los mercados y solucionen conflictos internacionales, sobre todo con el vecino del norte.

No todo se trata, como piensa AMLO, de la sucesión presidencial. Hay que darle gobernabilidad a un país tan complejo como México. No todo lo puede hacer el Presidente. Necesita brazos que le operen.

En este sentido, veo muy solo al Presidente. Su secretario de Gobernación ha fracasado en llevar a cabo esta intrincada labor al haber sido destapado como una posible corcholata en la carrera presidencial. Adán Augusto López —como Sheinbaum, Ebrard y Monreal— está en campaña. Es imposible ser juez y parte cuando está jugando en la sucesión.

El todopoderoso tiene cada vez menos poder. Resulta preocupante la falta de operadores políticos que lo ayuden a transitar por esta fase donde, inexorablemente, irá perdiendo más. La soledad no es sana para un Presidente. Sólo hay que echarle una miradita al pasado para darse cuenta de lo mal que podría terminar.

Arsenal

Perfila SCJN revés a presunción de inocencia

Francisco Garfias

Excelsior

En la Suprema Corte de Justicia se perfila un revés a la presunción de inocencia y la libertad de las personas. Una vez más, funcionan las presiones del presidente López Obrador para evitar los abusos que derivan de la aplicación en “automático” de la controvertida prisión preventiva oficiosa (PPO).

Esa medida, la más severa que puede sufrir un imputado, mantiene en la cárcel —sin sentencia— a 92 mil 500 mexicanos, según el Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria Nacional del mes de junio de 2022.

Tres de los cuatro ministros que alcanzaron a posicionarse en la interrumpida sesión que sostuvo ayer el máximo tribunal —Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Alberto Pérez Dayán— se pronunciaron en contra del proyecto de Luis María Aguilar, que propone eliminar la PPO en “automático” a los imputados.

Palabras más, palabras menos, los tres dicen que la SCJN no tiene facultades para reformar la Constitución, y que un voto a favor del proyecto significaría la “inaplicación” de la Carta Magna. Pérez Dayán alegó que no es quién para “arrancarle hojas” a la Ley de Leyes. La ministra Esquivel llegó a afirmar que suprimir la severa medida cautelar dejaría a las víctimas a merced de la todopoderosa delincuencia organizada.

El cuarto ministro que pudo delinear su voto, Juan Luis González Alcántara, propone el mismo resultado del Proyecto de Aguilar, a través de la interpretación del artículo 19 de la Constitución, que incluye el catálogo de 16 delitos que ameritan la PPO. Para hacer que esta medida cautelar sea la excepción y no la regla, se necesitan ocho votos. Quedan siete ministros por intervenir. Con uno más en contra, adiós proyecto. La SCJN subordinada a la exigencia de un hombre que no para de denigrarla: AMLO.

* El ministro Aguilar dejó en claro que no se trata de eliminación de esa severa medida cautelar, como se ha interpretado por ahí, sino de que su aplicación no sea la regla general.

La PPO ha sido cuestionada, dentro y fuera del país, por los efectos perniciosos que ha tenido en la libertad, uno de los bienes más preciados del ser humano, y en el derecho de las personas. “No puede ser manejada como una regla general, dándole prácticamente el carácter de una medida punitiva, sino que se debe garantizar que en todo momento sea, efectivamente, una medida de carácter extraordinario”, expuso Aguilar. Su proyecto propone que la medida se aplique únicamente cuando esté debidamente justificada. Es decir, motivada por causas y razones legítimas.

¿Cuáles son esas razones? Que el imputado, por ejemplo, sea presentado ante la justicia y no se evada de la acción penal; o pueda representar un riesgo para las víctimas, los testigos o para la sociedad en general. Alegó: “Cuando la medida cautelar se impone en forma automática u oficiosa, la jurisprudencia interamericana ha sostenido, reiteradamente, que debe considerarse contraria a los derechos humanos, especialmente al de presunción de inocencia o su libertad personal”.

La PPO, advirtió, debe sujetarse a un plazo razonable y no tener una duración indefinida, pues en vez de ser una medida cautelar podría ser considerada como una “pena anticipada”.

El impecable razonamiento de Aguilar de nada sirvió. Las condiciones de inseguridad que se viven en el país y las presiones de Palacio —hay versiones de que “tocaron la puerta” de varios ministros— hicieron el resto. Fue una derrota honrosa para el ministro ponente.

* El Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciara Nacional de la SPCSP —de junio de 2022— habla de una población total de aproximadamente 220 mil 900 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, según el proyecto.

De ese universo, al menos 92 mil 590 personas (40%) se encuentran en prisión preventiva, es decir, cuatro de cada diez personas en la cárcel no cuentan con una condena que les hubiera permitido defenderse en un proceso penal con todas las garantías del imputado.

* La inconclusa sesión de la SCJN trajo múltiples reacciones. Entre ellas la de la Barra Mexicana de Abogados. “Es inaceptable —dice— el uso de las conferencias mañaneras para ejercer presión sobre los ministros de la SCJN, con miras a que resuelvan las controversias ante estos planteadas con base en una ideología y/o en apoyo a un proyecto político. La regla debe ser el respeto a la libertad de las personas y a la presunción de inocencia”. El senador del PAN Damián Zepeda puso un tuit titulado “¡Se acabó!”, en el que advierte: “Bajo la lógica de los ministros que deciden no eliminar esta dañina herramienta, si el Congreso aprueba cualquier locura violatoria de derechos humanos no habría forma de eliminarla. Triste”.

Astillero

Hidalgo, ¿se ha ido el PRI? // Menchaca y ex gobernadores // Aplausos a Claudia y Marcelo // AMLO y corcholatas CDMX

Julio Hernández López

La Jornada

Durante más de 30 años, Julio Ramón Menchaca Salazar fue un político que militó con decoro en el Partido Revolucionario Institucional, según señaló en su carta de renuncia a esta organización el 3 de noviembre de 2015.

En ese lapso fue diputado local, magistrado presidente del Poder Judicial estatal y aspirante a varios cargos: a presidente de la Comisión local de Derechos Humanos, a candidato priísta a gobernador e, independiente de partidos, a la presidencia de Pachuca. A fines de 2017 se agregó a Morena y la magia electoral de 2018 lo hizo senador por Hidalgo.

Ayer tomó posesión como gobernador del estado, el primero en 93 años en no pertenecer formalmente al PRI. En el acto protocolario estuvieron presentes Miguel Ángel Núñez Soto y Francisco Olvera Ruiz, quienes fueron gobernadores priístas, antes y después de Miguel Ángel Osorio Chong, respectivamente.

Menchaca, como aspirante a gobernador en 2005, fue acosado políticamente por quien se quedó con la gubernatura en ese año y a partir de 2012 sería secretario de Gobernación con Peña Nieto. La presencia de los ex gobernadores Núñez y Olvera, aunque fueron abucheados ayer, constituye una referencia de la perseverancia de grupos priístas aunque la ocasión esté vestida de guinda.

Otra corriente priísta desplazada es la de Carolina Viggiano Austria, esposa del ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira, diputados federales ambos, éste incluso coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro. Viggiano fue candidata a gobernadora este año y perdió casi por el doble de votos que Menchaca.

A la ceremonia no asistieron los ex gobernadores Osorio Chong, actual senador, ni Jesús Murillo Karam, encarcelado a causa de la verdad histórica. Por su parte, el saliente Omar Fayad espera alguna recompensa, diplomática o administrativa, por haber facilitado la victoria morenista. Así que, ¿priísmo realmente desplazado luego de 93 años o priísmo reciclado en Morena?

Por cierto, a la ceremonia hidalguense asistieron las corcholatas oficiales, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum (citados en orden ascendente de aplausos: pocos para el titular de Gobernación, regulares para el canciller y abundantes para la jefa del Gobierno capitalino). Rechiflas, además de la suministrada a los ex gobernadores priístas Núñez y Olvera, a Ricardo Monreal, quien se mantiene en el edificio morenista con el zapapico en alto para ir soltando golpes cuarteadores a la estructura guinda, según el preciso cartón publicado ayer por el maestro Helio Flores.

En otro escenario de futurismo, el Presidente de la República sobrellevó el tema de las presuntas candidaturas morenistas al Gobierno de la Ciudad de México, eludió definir si una lista que le presentaban en la mañanera contaba con su aval e insistió en que todo interesado tiene derecho a competir en Morena por la candidatura correspondiente, sin tapados ni dedazos.

Le habían mencionado a Martí Batres, quien ejerce una especie de interinato adelantado de Sheinbaum y aspiraría a la candidatura casi por escalafón; Clara Brugada, alcaldesa de la electoralmente muy productiva Iztapalapa, y Rosa Icela, quien ha ocupado varios cargos en la estructura capitalina, incluyendo la Secretaría General en el primer tramo de la administración de Sheinbaum.

Pero, de manera cuando menos peculiar, se incluyó en esa lista reporteril a Gerardo Fernández Noroña, diputado federal petista que es aspirante a la Presidencia de la República, no al gobierno capitalino. El presidente López Obrador no citó por nombre a nadie, dijo que podrían ser esos cuatro y otros, y adelantó que por ahora no podría decir más nombres, pero en unos días más, que yo lo piense, hay muchísimos.

Y, mientras hoy reanuda la Corte el análisis y votación sobre la prisión preventiva oficiosa, ya con un indicativo número de votos de ministros en contra de suspender tal medida cautelar, lo cual concuerda con la postura del Presidente de la República.

La Nueva Escuela Mexicana y sus voceros

Luis Hernández Navarro

La Jornada

En un enorme vestíbulo, blanco y frío, con brillosos pisos que parecen mármol, y unas elegantes escaleras y grandes ventanales de fondo, Sabina Berman entrevistó al doctor Marx Arriaga en su programa de televisión Largo aliento . Lo tituló, con ironía y buen tino, Marx y la Nueva Escuela Mexicana.

Marx Arriaga es director de Contenidos de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su paso por la actual administración y su vocación de peleador callejero han estado acompañados de todo tipo de tormentas. Desde que el 26 de abril apareció en una mañanera anunciando un nuevo modelo educativo, los escándalos se han intensificado significativamente. Su gusto por defender causas pedagógicas con enjundia y verborrea dignas de un predicador laico, y su torpeza para aterrizar sus peroratas pedagógicas con ejemplos sencillos de la práctica docente, le han valido todo tipo de críticas de académicos, maestros y periodistas de los más diversos signos políticos.

La entrevista con Sabina (al igual que los debates con Manuel Gil y el periodista Erick Juárez) es muestra de la banalidad, rigidez, demagogia y fanatismo del funcionario. Sin mucho éxito, una y otra vez, la dramaturga trata de que el doctor en filología ponga los pies en el piso. Te voy a pedir que seas muy pedagógico y que aterricemos en lo concreto, solicita infructuosamente la autora de Entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Queremos desviarnos de la retórica ideológica y entrar al contenido de la educación, le insiste, más adelante. ¿Cómo baja del lenguaje a la praxis?, le demanda sin fortuna.

Una y otra vez, a lo largo de la emisión, Arriaga se poncha abanicando.

–Uno de los ejes de la Nueva Escuela Mexicana es gastar más en educación. ¿Gastar dinero dónde? –pregunta Berman.

–En lo más importante, que son los maestros. Hay que gastar dinero en infraestructura… Pero no hay mejor gasto que para los maestros –responde el ex titular de la Dirección General de Bibliotecas.

–¿Cuánto se gastará en mejor infraestructura para la educación? –revira la escritora.

–No tengo la cifra exacta –contesta él, mientras se levanta de la lona tirando golpes al vacío.

Sus pifias y huecos informativos tienen el tamaño de un gigantesco lago. En Largo aliento presume el gran gasto educativo de la SEP, cuando, en realidad, éste se recortó: pasó de 183 mil 900 millones de pesos en la primera mitad de 2022, a tan sólo 158 mil 973 millones, es decir, 24 mil 926 millones de pesos menos a los aprobados.

En plena huida hacia adelante, el directivo informa: Y ahora con el magisterio han ido los aumentos salariales, pero se espera todavía más. Especialmente en la formación continua de ellos (apenas 249 millones de pesos este año) y en que se mejore la situación laboral.

–¿Tienes alguna cifra? ¿Cuánto ganará un maestro? –indaga Berman, mientras él titubea y ella insiste: A partir de 2018 ¿cuánto llevan ganando más? Al final del sexenio ¿cuánto habrán ganado más?

Marx toma aire y se lanza al abismo: En este año, que fue anunciado en el Día del Maestro por la secretaria, un aumento considerable de más de 17 por ciento.

Infortunadamente sus declaraciones son falsas. El aumento salarial fue de apenas 418.88 pesos, 6.15 por ciento. Un incremento por detrás de la inflación, que superó 7.5 por ciento, y muy por debajo de lo afirmado por el doctor Arriaga. El sueldo base (concepto 07) de una plaza inicial en el magisterio era, hasta el pasado 15 de mayo de 4 mil 522.95 pesos; más 2 mil 282.33 pesos de prestaciones. En total: 6 mil 805.28 pesos. Desde la primera quincena de julio, cuando se ve realmente el incremento, el salario base quedó en 4 mil 810.35 pesos. Las prestaciones pasaron a 2 mil 413.81. Juntos suman 7 mil 224.16 pesos. Adicionalmente, se pagaron algunos montos diferenciados de Pago Permanente en Apoyo a la Educación y Compensación Nacional Única. Sin embargo, no se especificó la periodicidad de éstos.

En la entrevista, Marx le baja tres rayitas a la cifra de maestros que supuestamente avalan y/o participaron en la reforma curricular. Del millón de trabajadores de la educación de los que habló originalmente (es un momento fundacional, dijo), pasó a 300 mil. Es la primera vez que no tenemos un modelo educativo tropicalizado, puntualizó sin pudor.

La cifra sigue inflada. Supondría haber organizado en todo el país asambleas ma­sivas de casi 10 mil profesores por entidad. En los videos de los actos se ve entre los asistentes un ejército de autoridades educativas estatales (y sus empleados), inspectores y directores de escuela, al lado de los dirigentes charros del SNTE.

El blof del funcionario arranca carcajadas entre los profesores democráticos. El maestro Pedro Hernández, director de la Escuela Primaria Centauro del Norte, en Iztapala, dice: “Los supuestos 300 mil maestros consultados son una mentira. Son números inflados. Las asambleas fueron reuniones a modo. A nosotros, las autoridades nos invitaron el mero día, cuando ya se estaba realizando, y sólo porque les reclamé la presencia de los charros”.

Según el doctor Lev Velázquez, dirigente del magisterio michoacano, Marx quedó de participar en un debate organizado en el marco 19 Taller Estatal de la Educadora y el Educador Popular. Pero nunca llegó. En lugar de eso se reunió con pequeños grupos sindicales de simpatizantes de Morena.

La nueva reforma curricular es un amasijo de buenas intenciones y pocas pistas de aterrizaje. Algunos funcionarios que la defienden se indigestaron con la teoría decolonial. Están engolosinados con una palabrería hueca, que sirve sólo para alimentar el fantasma del comunismo. Su verborrea, aparentemente en favor de buenas causas, termina por ahuyentar cualquier posibilidad de simpatizar con lo que dice defender.