Lo que dicen los columnistas

Arsenal

¿Y qué creen? Me equivoqué…”

Francisco Garfias

Excelsior

No me vengan con el cuento de la división de Poderes. Ése es, en síntesis, el mensaje que esta semana ha mandado el presidente López Obrador a los poderes Legislativo y Judicial.

Ayer se voló la barda. Afirmó en la mañanera que no interviene en asuntos de otros Poderes, pero puso tremenda presión en los cuatro ministros que llegaron a la SCJN en tiempos de la 4T. Con su venia, además, se ventilaron los nombres de jueces que han liberado presuntos delincuentes. Si eso no es meterse en asuntos de otros poderes, yo soy Napoleón.

López Obrador está aferrado a mantener la prisión preventiva oficiosa que faculta a los jueces a enviar imputados a prisión, por un tiempo que no debe rebasar los dos años. Hay casos muy mediáticos que nos muestran que ese tope no se respeta: Rosario Robles pasó tres años encerrada en Santa Martha Acatitla. Peor aún, Israel Vallarta lleva más de 16 años sin sentencia. Imagínese la cantidad de abusos con imputados que purgan una pena anticipada bajo esa autoritaria medida.

* Los ministros aludidos en la mañanera son Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Margarita Ríos-Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Dijo López Obrador: “Propuse ministros no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué. Hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo, cambiaron de parecer. Ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”.

Queda claro que el Presidente cree que, porque propuso a los ministros son sus empleados y deben apoyar su “transformación”. Nunca más vigente aquella declaración que López Obrador, entonces jefe de Gobierno del DF, hizo en octubre del 2003, citada por Enrique Krauze en el memorable artículo que publicó en Letras Libres bajo el título de El Mesías tropical, en junio del 2006:

“La Corte no puede estar por encima de la soberanía del pueblo… No es una junta de notables y un poder casi divino”.

El Presidente de los abrazos, no balazos se aferra a la idea de que la solución a la inseguridad está en el encierro del mayor número de sospechosos, a través de la prisión preventiva oficiosa.Diversas organizaciones, sin embargo, han documentado los excesos cometidos bajo esta medida cautelar, que debería ser excepcional. México Evalúa dice que, en México, cuatro de cada diez personas están en prisión preventiva bajo esta medida. Hay estados que la aplican en ocho de cada diez casos.  ¿Presunción de inocencia? Ajá.

* Observadores de la vida en la Suprema Corte nos dicen que si con sus palabras el Presidente quiere decir que los cuatro ministros mencionados son independientes del Poder Ejecutivo, se equivoca.

“No todos lo son. Margarita Ríos-Farjat sí. González Alcántara Carrancá a veces sí y a veces no. Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz de plano no”, aseguran. Y puntualizan: “La lectura es que López Obrador está molesto y quiere presionar para que voten por mantener la famosa prisión preventiva oficiosa”.

La presión del Ejecutivo coloca en situación comprometida a los cuatro ministros. Si votan contra el proyecto, van a pasar como empleados del Ejecutivo. Si van a desaparecer la prisión preventiva, se echarán encima al Presidente.

No sobra decir que hay por lo menos cinco ministros anteriores a la 4T que van por la eliminación de la excepcional medida cautelar. Alberto Pérez Dayán es uno de ellos. Para borrarla se necesitan ocho votos.

* El gobierno argumenta que la prisión preventiva oficiosa busca proteger a la víctima y a su familia del agresor. El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría Protección Ciudadana y Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, agrega que la medida cautelar evita que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia, se den a la fuga; amenacen o atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal.

En el 2008 se estableció esta medida cautelar excepcional con el nuevo Sistema de Justicia Penal. En los años siguientes se amplió el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. Éstos son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al autotransporte de carga, huachicol, portación y utilización de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. La desaparición de la prisión preventiva implica la posible liberación de 91 mil personas (el dato es de la mañanera).

Zurda

Informe: acto republicano

Ruth Zavaleta Salgado

Excelsior

Después del discurso del Presidente del pasado 1° de septiembre, queda claro que es urgente que el Congreso de la Unión vuelva a cambiar el formato del informe de gobierno. Mucho más después de ver las imágenes del recibimiento que le dieron los legisladores al secretario de Gobernación, en el preámbulo de la entrega del informe escrito. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador el que tiene que presentarse a la instalación de la primera asamblea plenaria del Congreso de la Unión para entregar el informe y rendir cuentas sobre el estado que guarda su administración. De lo contrario, el acto republicano que implica la entrega del informe por parte del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo se convierte en un evento frívolo y en un vulgar pretexto de propaganda oficial, como lo fue en los años de la hegemonía partidaria.

Recordemos que el 1º de septiembre, antes de la administración del presidente Vicente Fox, era conocido como el Día del Presidente. A pesar de que debería ser conocido como el día de la “República democrática”, porque es cuando inicia el periodo de sesiones ordinarias del Congreso y deberían estar presentes los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial. Pero la distorsión sobre lo que debería ser ese día, se produjo a partir de la omnipotencia con la que se desempeñaba el presidente de la República cuando el PRI era hegemónico.

Antes de 1997 se percibió que ese día, 1° de septiembre, las dos Cámaras legislativas sesionaban juntas para recibir el informe del titular del Poder Ejecutivo y escuchar su discurso político en la máxima tribuna de la casa del pueblo. Derivado de la elección de 2006 y la confrontación entre el actual presidente de la República y Vicente Fox, ya no se permitió que éste último expresara su discurso cuando se presentó a la Cámara de Diputados y sólo se recibió el informe escrito del sexto año de su gobierno. Como consecuencia, se reformó la Constitución (2008) para que el informe sólo fuera entregado por escrito por el secretario de Gobernación.

No obstante, con el pretexto de rendir cuentas a los ciudadanos, los presidentes de la República, desde el sexenio de Felipe Calderón hasta la fecha, han seguido emitiendo su discurso desde el Palacio Nacional. Pero en los hechos no es un informe. En un sistema presidencial sui generis como el nuestro, durante el periodo de hegemonía priista, fue un buen pretexto para mantener la costumbre del “besamanos” y, posteriormente, después de 1988, se convirtió en un buen momento para que los opositores se radicalizaran frente el presidente.

Así recordamos ese 1° de septiembre de 1988, cuando el presidente Miguel de la Madrid fue interrumpido más de una docena de veces por los gritos de los legisladores que le responsabilizaban del fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas. Posteriormente, en 1997, cuando el PRI perdió su hegemonía, las reglas de interlocución en el Poder Legislativo cambiaron y la oposición tuvo oportunidad de responder el discurso del informe. Fue Porfirio Muñoz Ledo, el primer opositor que cuestionó algunas acciones de la administración (no el discurso) del presidente Ernesto Zedillo. Y es que el objetivo del informe es, precisamente, el de la rendición de cuentas.

Hoy, el objetivo del informe ha quedado en el completo olvido. El discurso se ha convertido en un soliloquio en donde el Presidente invita a diferentes actores a que lo escuchen, sonrían y aplaudan, pero no lo cuestionen ni lo interrumpan.

Por cierto, a propósito del discurso de este jueves 1° de septiembre, qué bueno que nos enteramos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se sentía más sereno y muy feliz. El contundente “no somos iguales” de los spots para promocionar su informe fue cambiado por esa confesión. Lo malo es que, al parecer, ese estado de ánimo le duró sólo hasta la conferencia matutina del siguiente día, cuándo arremetió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial por el asunto de la prisión preventiva.

Ayotzinapa: el negacionismo y las comparaciones

Maciek Wisniewski

La Jornada

Tras la publicación del Informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) (bit.ly/3PTBygN) no había fin a las preguntas. El motivo del ataque o la razón que llevó al gobierno federal a inventar la verdad histórica aún quedaron sin la explicación completa (bit.ly/3CEwtpw). El informe, no obstante, dejó en claro que esta última −que ya se iba desmoronando desde el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (2015)− ha sido una fabricación desde el poder a fin de encubrir la verdadera dinámica de los hechos, ocultar las responsabilidades y participaciones (como la del Ejército).

Tampoco había fin a las negaciones. Los epígonos del anciene régime trataban de argumentar que el informe “era lo mismo que la verdad histórica” o que no contenía nada nuevo, mientras claramente reconstruye los hechos de manera muy diferente y arroja elementos nuevos. Seguían −reproduciendo la vieja retórica difamadora oficial− insinuando que “los muchachos seguro ‘estaban metidos en algo’”, alguien los mandó a secuestrar los camiones, etcétera. En un acto de algo que sólo podría llamarse una desesperación argumentativa, atacaban a los que se atrevían (sic) a negar la verdad histórica usando unas über-comparaciones para afirmar que… igual se niega el Holocausto (sic).

Así, supuestamente, “negar que los desaparecidos de Ayotzinapa fueron levantados por policías municipales, asesinados por Guerreros Unidos (lo medular del caso) y que muy (pero muy) probablemente quemaron sus cuerpos, los trituraron y echaron al río San Juan, equivale a negar los campos de concentración, trabajos forzados y exterminio de la Alemania nazi” (bit.ly/3Av2s9b).

Uno piensa que ya lo ha visto todo, hasta que realmente lo ha visto to-do. Comparar los esfuerzos de esclarecer el crimen de Iguala y cuestionar la verdad histórica −un montaje creado con confesiones bajo tortura, alteración de la, supuesta, escena del crimen (Cocula), ocultamiento de una parte del móvil (el quinto autobús), ocultación de la infiltración y participación del Ejército y falseamiento de la trayecto-ria del secuestro, desaparición y asesinato de los normalistas (nunca permanecieron juntos, etcétera)−, con el negacionismo del Holocausto es un argumento falso que, antes que nada, pretende ocultar el hecho que la propia verdad histórica ha sido y continúa siendo una suerte del negacionismo (bit.ly/3Kp6YKR, bit.ly/3Au2WML).

El negacionismo del Holocausto es un esfuerzo de rescribir la historia y negar los hechos conocidos de tal manera que se omita la existencia o el alcance del propio Holocausto (bit.ly/3TwHY8F). Lo que pretenden los negacionistas es remplazar la verdad histórica (sin cursivas) con una verdad a modo creada con base en sus creencias ideológicas e intereses políticos. Para ello ignoran, reinterpretan o tratan de alterar las evidencias disponibles.

Si esto suena a lo que −justamente− en plano material hicieron los arquitectos de la verdad histórica y a lo que en plano retórico siguen haciendo sus sostenedores −que ignoran incluso las pruebas de la alteración de las pruebas (el video de la Marina)−, no es ninguna casualidad. Ellos son los verdaderos negacionistas, no los que cuestionan la verdad histórica y es la labor de ellos que es comparable −si alguien ya invocó la gran palabra que inicia con la H− con el negacionismo del Holocausto.

La llamada verdad histórica no se habría impuesto si no fuera por toda una clase de intelectuales, periodistas y opinadores que optaron por promoverla (y sin toda la campaña de desprestigio hacia quienes la cuestionaban). Así, el caso Ayotzinapa se ha vuelto un punto neurálgico que marcó −y sigue marcando− no sólo las divisiones políticas, sino también las del campo intelectual y periodístico (honestidad, ética, el uso/abuso de la historia).

En este sentido −si ya estábamos en lo de las comparaciones− hay una cierta analogía con el affaire Dreyfus (bit.ly/3CDOmEP), una farsa judicial basada en una versión de verdad construida desde el poder −a qué nos suena esto…− que resultó ser una piedra de toque de la honestidad intelectual con unos opinadores ( antidreyfusards) alineándose con las instituciones políticas y militares −a qué nos suena esto…− y otros ( dreyfusards) empeñados a defender la verdad y la justicia, el caso que forjó el sentido moderno del término intelectual (véase: Shlomo Sand, The End of the French Intellectual. From Zola to Houellebecq, 2016, p. 39-48).

Igual que los intelectuales que hoy siguen defendiendo a toda costa −incluso con comparaciones absurdas− la verdad inventada por la administración que ya no está, los antidreyfusards no han muerto con el fin del régimen que acusó a Dreyfus, ni cuando toda la falsedad fue revelada. Persistieron, convirtiéndose en uno de los gérmenes del fascismo francés que desembocó en el régimen colaboracionista de Vichy y coparticipó en el Holocausto.

Richard J. Golsan, al analizar aquella mancha en la política francesa (véase: Vichy’s Afterlife, 2000), cita a Jean Baudrillard que comparó una vez el negacionismo del Holocausto con una parte del exterminio mismo (p. 130). El negacionismo contenido en la verdad histórica equivale justamente a esto: a una parte del asesinato que ya fue cometido, pero que en cierto modo continúa y no cesará −abriendo la puerta a más atrocidades− hasta que quede verdaderamente esclarecido y juzgado.

México SA

Iberdrola, una vez más // Tercia de jueces a modo // Legisladores la protegen

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

De España llega la noticia, una vez más: el precio de la luz se dispara y convierte a agosto en el mes con la electricidad más cara de la historia (periódico El País). ¿Y cuál es la empresa que en ese país ofrece, mayoritariamente, ese servicio básico? La trasnacional Iberdrola, dueña y señora de ese mercado y cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán (con denuncias aquí, allá y acullá) califica de tontos a los consumidores, mientras el gobierno socialista de Pedro Sánchez no tiene los tamaños para meter en cintura a ese corporativo.

La espiral alcista que atenaza desde hace meses el precio de la electricidad ha logrado una nueva infausta marca, récord que se produce pese al tope al gas que entró en vigor a mediados de junio, y que ahora España quiere extender a escala europea para intentar mitigar una crisis energética que amenaza con convertirse en una recesión económica. Este mecanismo ha permitido a España y Portugal reducir sensiblemente el precio de la electricidad en el mercado mayorista, pero de todas formas se mantiene en cotas inéditas, detalla el citado rotativo.

¿Y a qué viene la referencia? Bueno, porque en México sí hay un gobierno con esos tamaños, pero una parte de los legisladores y no pocos jueces resultan ser meros achichincles de Iberdrola y otros grandes corporativos. El primero propone modificaciones a la ley eléctrica y no renueva contratos, los segundos (justamente calificados de vendepatrias) las rechazan para cuidar a trasnacionales como la citada y los terceros (al servicio del patrón, no de la nación) otorgan amparos a ese tipo de empresas, como si fueran caramelos, para que, sin más, continúen en operación, es decir, atracando al país y a los consumidores.

Sobran ejemplos de tal proceder, pero entre lo más resiente destaca lo siguiente: “el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) desconectó la planta de ciclo combinado Enertek, propiedad de la trasnacional Iberdrola (campeona de los fraudes, como el presidente López Obrador la ha calificado), pues su permiso de generación (que venció el pasado 31 de agosto) no fue renovado por la Comisión Reguladora de Energía. La central ubicada en Altamira, Tamaulipas, que operaba con el permiso de cogeneración E/36/COG/96, mantenía un contrato legado con la Comisión Federal de Electricidad, es decir, un convenio para la compraventa de energía, el cual se pactó a raíz de la reforma energética que impulsó en 2013 Enrique Peña Nieto y es anterior a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica” ( La Jornada, Alejandro Alegría).

¿Cuánto tardarán los jueces especializados en competencia económica y otros menesteres (léase Juan Pablo Gómez Fierro, Rodrigo de la Peza y Ramón Lozano Bernal) en amparar a Iberdrola, porque no le renovaron el contrato? Un abrir y cerrar de ojos como lo han hecho, una y otra vez, desde que el presidente López Obrador dio la instrucción de ordenar el mercado eléctrico nacional, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y proponer modificaciones legales para revertir la reforma peñanietista que sólo favoreció y fortaleció el expolio de las trasnacionales eléctricas que operan en el país.

Como lo anota la citada información de La Jornada, la central de Tamaulipas es la segunda de Iberdrola que es desconectada, pues en enero pasado la planta Dulces Nombres, ubicada en Pesquería, Nuevo León, también concluyó su permiso para suministrar energía … pero un juez a modo la amparó para que la reconectaran. Lo mismo sucedió cuando, en mayo pasado, la Comisión Reguladora de Energía impuso una sanción económica por 9 mil 145 millones de pesos a Iberdrola Energía Monterrey, filial de la trasnacional que incurrió en la venta ilegal de electricidad bajo la figura de autoabasto … pero un juez le otorgó una suspensión definitiva para que no la pague.

Por si fuera poco, los jueces, otra vez, ampararon a otro par de empresas propiedad de la misma trasnacional (ubicadas en Querétaro y El Bajío) que también venden electricidad a terceros de forma fraudulenta. Y como estos ejemplos, muchos más.

Eso sí, se retuercen cuando el presidente López Obrador denuncia que el Poder Judicial es aún campo de corrupción. Y peor, después de la exhibida en la mañanera de ayer.

Las rebanadas del pastel

Los cavernarios odiadores seriales de la pútrida derecha argentina han llevado las cosas al extremo de espolear un intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta de esa nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué sigue? ¿Otro golpe de Estado?