Lo que dicen los columnistas

Arsenal

Desconfianza entre integrantes de la alianza Va por México por candidatura en Edomex

Francisco Garfias

Excelsior

La desconfianza gana terreno entre los partidos de la alianza Va por México —PAN, PRI y PRD— de cara a las elecciones en el Estado de México en el 2023. Mala señal. A nivel votantes, la entidad es la joya de la corona (12 millones en el padrón). El resultado de esa elección es de vital importancia para la coalición en las presidenciales de 2024.

El fantasma de lo ocurrido este año en Hidalgo, con Omar Fayad, y en Oaxaca, con Alejandro Murat, planea en el bloque opositor.

Súmele lo registrado en 2021 con Quirino Ordaz, en Sinaloa; Claudia Pavlovich, en Sonora, y Carlos Aysa, en Campeche, hoy todos embajadores o cónsules.

* El temor expresado por panistas y perredistas es que el gobernador Alfredo del Mazo, quien tiene buena relación con López Obrador, entregue la plaza. Destacados integrantes de esos dos partidos nos han confirmado esas dudas y sospechas.

Del Mazo no es Murat ni Fayad. Ya está al corriente de la desconfianza. Sabemos que personalmente —y en todos los tonos— ha reiterado a los dirigentes de los otros dos partidos de Va por México que no tiene la menor intención de entregar el estado a Morena.

Sus motivos no sólo son políticos, sino personales. Su padre y su abuelo gobernaron la entidad. Hay una historia y un prestigio que defender.

Su relación cordial con López Obrador tiene una explicación lógica: beneficia a los mexiquenses, pero entregar la plaza es otra historia.

Nos decía hace poco el gobernador de alguna entidad gobernada por la oposición que el presidente López Obrador es duro para la lana, pero si te llevas bien con él, fluye rápido el recurso federal. Pero si lo exiges por las malas, no hay manera.

Para despejar dudas, azules y amarillos piden que se legisle ya en el Congreso mexiquense una ley sobre gobiernos de coalición en el estado.

* Otro escollo que enfrenta la alianza es el método para elegir al candidato a gobernador. PAN y PRD quieren que se replique el llamado método Durango, que llevó al priista Esteban Villegas a mandar en esa entidad, otrora gobernada por un panista.

Éste consiste en designar candidato al aspirante, del partido que sea, que tenga por lo menos cinco puntos de diferencia en las mediciones sobre los otros dos.

Sabemos de una encuesta realizada hace dos semanas por la alianza. Esa medición habla de un “empate técnico” entre la morenista Delfina  Gómez y las priistas Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera.

El panista Enrique Vargas, la única carta de ese partido en la entidad, “claramente abajo”. El PRI, además, obtuvo el doble de votos en la entidad en las elecciones de 2021.

Una fuente de la alianza nos dijo que Del Mazo se resiste a comprometerse con el método Durango. Sabemos que el gobernador mexiquense trae su propia estrategia, pero no estaría de más que diera esa señal.

Si la alianza no va unida y se impone la desconfianza, el triunfo lo tiene asegurado Morena.

Acción Nacional tampoco contribuye a restablecer la confianza. Ya organizó un acto masivo para presentar a Vargas como su carta única para las elecciones. El tono del evento permite dudar si los azules permanecerán en la alianza, si Vargas no es el elegido.

El candidato de Va por México irá contra la maestra Delfina Gómez, designada anticipadamente como abanderada de Morena, a pesar de cargar con el cobro del “diezmo” a los trabajadores, cuando fue alcaldesa de Texcoco.

Delfina no fue exonerada por ese irregular cobro que resultó en una ridícula multa (4.5 millones de pesos) del Tribunal Electoral a Morena. Eso la coloca en situación vulnerable.

* No tengo duda que el exprocurador Jesús Murillo Karam está preso por razones políticas y no por las imputaciones que se le hacen: tortura, desaparición forzada, obstrucción de la justicia.

Los señalamientos no se sostienen.

La versión oficial del caso Ayotzinapa admite que los 43 fueron arteramente ultimados por grupos criminales (se cae la tesis de desaparición forzada).

¿Tortura por ser superior jerárquico de quienes supuestamente la cometieron? Entonces deben ir sobre militares y marinos señalados por la FGR, según el abogado del exprocurador, Javier López.

¿Obstrucción de la justicia? El informe de Encinas no ha podido tirar lo esencial de la anatemizada verdad histórica:

A los normalistas los secuestraron, policías municipales los entregaron a los delincuentes de Guerreros Unidos, los ejecutaron y las cenizas revelan que, por lo menos, tres de ellos fueron incinerados y arrojados al río. Del paradero de los otros 18, nada de nada.

Juegos de poder

Lo que nos enseñó Rosario

Leo Zuckermann

Excelsior

Celebro que la Fiscalía General de la República (FGR) haya desistido en su petición de encarcelar a Rosario Robles mientras transcurría su juicio. La exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno pasado no se lo merecía. La habían acusado de un delito menor que no ameritaba prisión preventiva. Sin embargo, con alevosía y ventaja, permaneció encarcelada por la existencia de una licencia de conducir falsa que, según el fiscal y el juez, hacían factible que Robles se fugara para no enfrentar la justicia.

Si algo nos enseña el caso de Rosario, es que la justicia mexicana es una basura. No hay que confiar ni en los fiscales ni en los jueces. Ella, oronda, se presentó al juzgado a dizque probar su inocencia. Acto seguido, la encarcelaron y se quedó tres años tras las rejas.

Después de este periodo, la FGR alegó que ya no existía un riesgo de fuga. Ahora tendrá que enfrentar su juicio en libertad presentándose cada 15 días a firmar al juzgado. Es lo correcto.

Mientras esto pasaba, en otro juzgado se vinculaba a proceso judicial al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam. No obstante que, como adulto mayor de 70 años, la ley le otorgaba el derecho de enfrentar su juicio en libertad, el fiscal convenció al juez de control que había un riesgo de fuga. Entonces, deberá permanecer en la cárcel.

Se corrige un error (el de Rosario) y se comete otro (el de Murillo). Así nuestra justicia basura.

Y, ¡ojo!, que yo no estoy defendiendo ni a uno ni a otro. Para eso tienen abogados muy buenos.

De hecho, la última vez que vi en persona a Rosario Robles fue durante un debate que tuvimos en el noticiero José Cárdenas Informa, de Radio Fórmula. Resultó un encuentro duro, pero cordial, en torno al escándalo de corrupción conocido como la Estafa Maestra.

Rosario, en todo momento, argumentó ser inocente. Los contratos de asignación directa firmados con las universidades públicas a fin de realizar diversos servicios eran legales, lo cual es estrictamente cierto. Las dos secretarías de las que había sido titular (Sedesol y Sedatu) habían recibido, a cambio, los servicios contratados. Según ella, ya no le incumbía lo que habían hecho con el dinero público las universidades contratadas y si éstas habían subcontratado, a su vez, a empresas fantasma.

No quiso especular si parte de esos recursos había terminado, como se sospechaba, en campañas electorales. Rosario, sobre todo, insistía en que ella no se había beneficiado con un solo peso de estos esquemas. Vivía en la misma casa y tenía prácticamente el mismo patrimonio que cuando comenzó el sexenio de Peña.

Al terminar el debate, nos despedimos civilizadamente como corresponde a dos analistas que, durante años, fuimos compañeros en el espacio de Pepe Cárdenas.

Unos meses después, Rosario, muy valiente, y a diferencia de Emilio Lozoya, que se fugó, se presentó frente al juez que ya estaba procesando el caso de la Estafa Maestra por un delito menor que no merecía cárcel preventiva: ejercicio indebido del servicio público.

No contaba con que el juez era sobrino de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano. Jesús Delgadillo Padierna debió haberse escusado del caso por conflicto de interés debido a la pública animadversión de su familia con Robles. No lo hizo y, con una chicana, le dictó prisión preventiva.

Ahí se pasó Rosario varios meses. Se quedó sola. Nadie de sus antiguos colegas del gobierno de Peña la defendió.

La puntilla llegó cuando su exoficial mayor, Emilio Zebadúa, decidió allanarse al criterio de oportunidad. A cambio de una menor pena o la absolución, testificaría y presentaría pruebas contra Robles. Con base en el testimonio de Zebadúa, la Fiscalía acusó a Rosario de dos delitos graves: operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada.

No sé cómo vaya el juicio de Robles. Lo que sé es que la FGR debe investigar y probar su culpabilidad en el desvío de miles de millones de pesos vía universidades públicas y empresas fantasma. Una de dos. O se lo robaron los funcionarios que operaron este esquema o los recursos se canalizaron para financiar campañas electorales. Puede ser que hayan sido las dos cosas.

En estricto sentido jurídico, Rosario Robles es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Celebro que vaya a poder defenderse en libertad. Y le agradezco que nos haya enseñado que eso de presentarse a un juzgado en México es una muy mala idea. Valiente, pero de una ingenuidad supina.

Astillero

Vigilar el proceso a Murillo Karam // Evitar pifias y retrocesos // ¿Premiar a Carlos Joaquín? // Pagos por favores electorales

Julio Hernández López

La Jornada

A pesar de las inconsistencias y fragilidades de la Fiscalía General de la República, ha sido sujeto a proceso penal el siniestro ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam.

Es una buena noticia, pero sólo un primer logro, tambaleante, en un camino de litigio penal que debe cuidarse, institucional y socialmente, para evitar que en este caso, el más delicado que enfrenta el proyecto llamado Cuarta Transformación, haya pifias, confusiones, retrocesos e insuficiencias como en los relacionados con Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y Rosario Robles Berlanga, ocupante de dos secretarías de Estado con Enrique Peña Nieto.

Murillo Karam no ha arriado banderas: defiende su fabricación llamada verdad histórica y, en consonancia con lo que alegan plumas y micrófonos aliados del peñismo y sucedáneos, afirma, con el cinismo que le es consustancial, que nadie ha podido tirar su fabulación.

En este contexto, la demanda de verdad y justicia auténticas, no dosificadas ni acomodadas a conveniencia política actual, convierte el caso de los estudiantes de Ayotzinapa en oportunidad y reto de cambio real en la relación de la sociedad, y el poder emanado democráticamente de ella, con el entramado corrupto e impune de políticos, medios, policías, jueces y militares.

Alejandro Gertz Manero ha dado constantes muestras de incumplimiento de sus obligaciones y de un uso enérgico de sus facultades solamente para asuntos que le interesan. Sería sumamente lesivo para la sociedad que en el caso de Murillo Karam permita o siembre ingredientes que permitan al hidalguense confirmar la impunidad extrema en México.

En otro tema: es obvio que el Presidente de la República puede invitar a quien desee a integrarse a la administración pública federal. Ha de suponerse que, al convidar a alguien a compartir la grave responsabilidad de gobernar, el invitador debería procurar afinidades y compromisos con las políticas que le llevaron al poder, sobre todo si lo que se busca es la regeneración nacional.

Resulta muy difícil conciliar los propósitos de la llamada Cuarta Transformación con la más reciente adquisición anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador: ni más ni menos que Carlos Joaquín González, miembro de la familia que largamente ha concentrado el poder político y económico en Quintana Roo, entidad que ha sido gobernada por Pedro Joaquín Coldwell (medio hermano de Carlos, hijos ambos del poderoso empresario de ascendencia libanesa Nassim Joaquín Ibarra, ya fallecido) y donde otra hermana, Addy Joaquín Coldwell, fue diputada y senadora, con carrera primero en el Revolucionario Institucional y luego en Acción Nacional.

Carlos Joaquín González es de alguna manera una hechura o herencia de Enrique Peña Nieto, durante cuya administración fue subsecretario federal de Turismo. En 2016, con Roberto Borge como gobernador por salir, éste y el ex gobernador Félix González Canto maniobraron para cerrarle el paso a Joaquín González, ante lo cual Los Pinos usó las siglas de alquiler del Partido de la Revolución Democrática para urdir, en alianza con Acción Nacional, una candidatura del cambio, contra el PRI.

No hay razones sensatas para que Carlos Joaquín pueda ser agregado ahora a la plantilla obradorista: sus cuentas como gobernador son malas, tirando a pésimas, cada vez peor aquella entidad. El único mérito para darle pase a la impunidad es que, como en otros estados del país con procesos electorales, favoreció el triunfo de Morena, con María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, conocida como Mara Lezama, como candidata triunfadora, ya en vías de tomar posesión.

El pago de favores electorales a gobernadores salientes constituye un virtual salvoconducto político y judicial: los morenistas entrantes no pueden sostener investigaciones ni procesos por corrupción u otros hechos delictivos contra los antecesores, porque al dejar éstos el cargo quedaron protegidos por la voluntad presidencial, contra la cual tales morenistas prefieren no ir. Mala cosa.

México SA

Fuera manos: el litio es para México // Su precio creció mil 753 por ciento // Alito, inmundo; Córdova, también

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

El presidente López Obrador cumplió su doble compromiso: nacionalizar el litio y crear una empresa del Estado para su exclusiva explotación y comercialización, en el entendido de que ese metal blando (el nuevo petróleo del siglo XXI) es el que ambicionan las corporaciones y gobiernos de otros países (patrocinadores de golpes de Estado), pero no lo van a tener ni nos van a poner contra la pared; es de México.

La reforma a la ley minera, que declara de utilidad pública el litio y reserva al Estado mexicano su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral, fue aprobada por el Legislativo en abril de este año, y cuatro meses después, concretamente el pasado martes, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto por medio del cual se crea el organismo público descentralizado Litio para México (LitioMx), agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Energía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión. Entrará en funciones en un plazo no mayor a 180 día naturales, de tal suerte que a más tardar el 19 de febrero de 2023 iniciará operaciones.

El referido decreto detalla que el nuevo organismo público contará con un consejo de administración (los titulares de las secretarías de Energía, Hacienda, Economía, Gobernación y Medio Ambiente y Recursos Naturales), pero lo llamativo de todo esto es que deja en claro que tales integrantes ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo que no recibirán retribución, emolumento ni compensación por su participación. Se acabaron, pues, los tiempos en los que por cada sesión los consejeros recibían, cuando menos, un centenario y otro tipo de estímulos.

Al día siguiente de la aprobación del Legislativo, el presidente López Obrador reiteró que se van a revisar todos los contratos autorizados para litio en México, y subrayó la desinformación –vía una feroz campaña mediática– promovida por los opositores a la nacionalización de dicho metal. “Ellos saben muy bien lo que significa el litio, un mineral estratégico. Hay sectores muy desinformados que además se creen que son muy cultos, porque incluso algunos tienen hasta doctorados, son sabiondos, pero tienen una mentalidad reaccionaria, conservadora, retrógrada, de lo peor. Y están molestísimos los aspirantes a fifís, pero molestísimos”.

En efecto, como buitres, las grandes corporaciones privadas y sus gobiernos a modo ya se frotaban las manos para clavar los colmillos en el litio mexicano (como en los yacimientos bolivianos, argentinos y chilenos), porque se trata de un enorme cuan estratégico negocio. No es casual, como se comentó semanas atrás en este espacio, que a la cabeza visible del Comando Sur estadunidense, la general Laura J. Richardson, le dio por subrayar la importancia que tiene Latinoamérica en lo que a minerales raros se refiere, concretamente el litio, cuya propiedad y explotación exclusiva por parte del Estado sólo ha sido reivindicada, hasta ahora, por México y Bolivia.

Por estos días, bien lo puntualizó Evo Morales: el precio del litio subió de 4 mil 450 dólares la tonelada en 2012 a 17 mil en 2021 y a 78 mil 32 en 2022, es decir, mil 753 por ciento de aumento en el periodo, aunque concretamente en el último bienio el incremento fue cercano a 500 por ciento. El ex mandatario boliviano subraya que pese al impacto de la pandemia del covid-19, la fabricación de autos eléctricos se incrementó 50 por ciento en 2020 y en 2021 se vendieron casi 7 millones de esos vehículos, todos con baterías de litio, el metal del futuro, y además de garantizar energía limpia, fortalece la economía. Con la nacionalización (en su país, 14 años atrás) demostramos que la administración con soberanía del Estado sobre recursos naturales genera ingresos que al ser distribuidos al pueblo producen crecimiento económico.

Las rebanadas del pastel

Resulta que el repugnante Alito no sólo es brother de las prostitutas mediáticas, similares y conexos, sino que también de la supuesta autoridad electoral, Lorenzo Córdova, a quien de plano ya no le cabe tanta mugre en su historial. Excelente labor de denuncia de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Y lo que falta… Todo apunta a que Jesús Murillo Karam no regresa a su casa: el juez Marco Antonio Fuerte Tapia lo vinculó a proceso por delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada.