Lo que dicen los columnistas

Una nueva consejera de la judicatura federal elegida sin participación ciudadana

Laurence Pantin, Ramiro Suarez y Alejandra Quezada *

Proceso

Cuando uno analiza las convocatorias de los procesos de designación de consejeros de la judicatura de 2002 hasta la fecha, se nota que éstas no han evolucionado mucho. En particular, en los aspectos relativos a la transparencia y a la participación ciudadana casi no se han movido.

El próximo 20 de junio comparecerán ante el Pleno de la Suprema Corte las tres candidatas finalistas al puesto de consejera de la judicatura federal, y minutos después los ministros y las ministras elegirán a quien ocupará el cargo por cinco años.

Ya que el papel de las y los integrantes del Consejo de la Judicatura es crucial para la organización y buen funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y, en consecuencia, para la calidad de la justicia que se imparte, el perfil de la persona que llegue a esta posición es un asunto de gran importancia para la ciudadanía entera. Por ello, organizaciones de la sociedad civil, como México Evalúa, damos seguimiento a este tipo de procesos de designación.

En vista de lo relevante que es esta designación, es llamativo que ni la Constitución federal, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regulen el proceso en sí. Esto significa que cada vez que se abre una vacante, queda en manos del Pleno de la Suprema Corte definir las etapas y modalidades del proceso, los criterios de selección y el grado de transparencia y participación ciudadana que se le dará, y lo hace mediante un acuerdo del Pleno. Al ser legislación interna la que regula el proceso, es factible que se abran espacios de opacidad, como los que se han observado en estos procesos desde hace años, y que caracterizan al que está en curso.

Un modelo anquilosado de convocatoria

Cuando uno analiza las convocatorias de los procesos de designación de consejeros de la judicatura de 2002 hasta la fecha, se nota que éstas no han evolucionado mucho. En particular, en los aspectos relativos a la transparencia y a la participación ciudadana casi no se han movido.

En cuanto a la transparencia, desde 2002 se preveía que la sesión en la que los ministros votarían para designar al consejero o consejera de una terna sería pública, aunque las comparecencias de los seis candidatos finalistas, a raíz de las cuales los ministros determinarían esa terna, se desarrollarían en una sesión plenaria a puerta cerrada. Fue en 2006 cuando este punto cambió: se estableció que las comparecencias de los candidatos finalistas se realizarían en sesión pública. Desde entonces y hasta el día de hoy, sigue siendo el caso, aunque las modalidades de estas sesiones no necesariamente permitan conocer a los aspirantes, como veremos más adelante.

Por otra parte, desde 2002 a la fecha, la documentación que la Corte pide a los aspirantes es muy similar, pero ninguna convocatoria (ni las más recientes) ha planteado la posibilidad de publicar esta información en el portal de la Corte, a diferencia del Senado, que difunde en su sitio web las versiones públicas de la documentación presentada por los candidatos cuando le toca designar a un consejero de la judicatura.

De hecho, en el proceso en curso, el acuerdo general número 1/2022 indicaba que las magistradas debían presentar documentación relacionada con su desempeño y trayectoria profesionales, junto con los resultados de las visitas de inspección, las quejas administrativas en su contra y su visión y propósitos como consejeras. Éstos y el resto de los documentos requeridos en la convocatoria formaron un expediente que permitió a las y los ministros valorar los perfiles de las magistradas postulantes, y elaborar una lista de aquéllas que cumplen con los requisitos exigidos en la normatividad.

Toda esta documentación no es pública, así que decidimos presentar una solicitud de información para acceder a los documentos presentados por las magistradas que se postularon a este proceso.

La Corte decidió reservar la información, porque es un proceso, arguye, que no ha concluido y cuya su difusión podría afectar la oportuna conducción del procedimiento. Precisa que “la divulgación de cualquier información adicional (nombre de las personas que no cumplieron los requisitos y la documentación que presentó cada una de las personas interesadas en participar) constituiría un perjuicio, pues implicaría un riesgo de afectación a la imparcialidad de la decisión, al darse a conocer el nombre de las personas que, aunque manifestaron su interés en el procedimiento de selección, no cumplieron los requisitos formales y, por ende, en su caso, no se incluyeron en la lista publicada, lo que podría implicar un elemento ajeno a la decisión”.

En primer lugar, no nos queda claro cómo publicar los expedientes de las magistradas que manifestaron su interés en el proceso podría poner en riesgo “la imparcialidad de la decisión”. Pero incluso si éste fuera el caso, al menos la Corte pudo permitir el acceso a la información de las magistradas que cumplieron con los requisitos.

Independientemente de la cuestionable respuesta, esto limita considerablemente el escrutinio público sobre las candidatas, y va en contra de las recomendaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto en materia de designaciones judiciales, la cual considera que estos procedimientos deben ser completamente transparentes para revelar las credenciales de los candidatos y evitar el favoritismo político.

Frente a esta situación, utilizamos un último recurso para conocer los perfiles de las magistradas: enviamos correos electrónicos a las direcciones institucionales de las 14 candidatas para solicitarles la documentación que presentaron a la Corte. Solamente una nos proveyó esa información, la magistrada Elba Sánchez Pozos, quien permitió que la ciudadanía tuviera acceso a los reportes sobre su desempeño y trayectoria profesionales, así como a su plan de trabajo y visión del papel de los consejeros de la judicatura. Otra candidata compartió solamente su currículum, y las demás mostraron su desinterés en poner a disposición de los ciudadanos la documentación que sostenía sus candidaturas.

Pese a ello, desde México Evalúa buscamos y concentramos en un micrositio la información pública disponible sobre las aspirantes, para permitir a la ciudadanía, la sociedad civil y la academia interesada en conocer a las candidatas y comparar sus perfiles. Allí hay sin duda información útil, pero no pudimos a acceder a ciertos documentos indispensables para evaluar su desempeño y la viabilidad de sus propuestas, como sus informes de visitas o quejas recibidas en su contra y su programa de trabajo y visión del papel de los consejeros de la judicatura.

Participación ciudadana limitada

Otro aspecto interesante que surge del análisis de las convocatorias pasadas es que, desde 2002, todas prevén el mismo mecanismo de participación ciudadana, que consiste en la formulación por escrito de observaciones u objeciones sobre los aspirantes.

Ese mecanismo fue previsto en el Acuerdo general 1/2022. Sin embargo, no necesariamente fue diseñado para asegurar su eficiencia. En primer lugar, se dieron sólo cinco días hábiles para presentar las observaciones.

Por otra parte, pese a que la convocatoria precisaba que las observaciones podían entregarse vía electrónica a través del módulo de promociones del sistema electrónico de la Suprema Corte, no nos fue posible enviar consideraciones sobre las candidatas de esa forma, ya que no se habilitó ninguna opción específica para hacer llegar el documento en cuestión en el mencionado módulo, donde la presentación de cualquier escrito requiere ingresar algún número de expediente, que no existía en ese caso. Esto nos obligó a desplazarnos hasta las instalaciones de la Corte para presentar el documento en el buzón físico. En efecto, cualquiera que viva fuera de la Ciudad de México ve sus posibilidades de participar considerablemente reducidas.

Adicionalmente, el Acuerdo no brinda claridad al respecto de cómo se iban a tratar y qué alcance podrían tener las observaciones presentadas, de tal manera que no se puede saber qué tanta participación ciudadana hubo y qué tan efectiva fue.

El siguiente paso del proceso se desarrollará el próximo 20 de junio, cuando se realicen las comparecencias ante el Pleno de las tres candidatas finalistas, y los ministros finalmente designen a la consejera. El problema es que estas comparecencias suelen ser “acartonadas” y no dejan mucho espacio para conocer a los aspirantes. Y es que el acuerdo prevé que cada una de ellas tendrá un espacio de cinco minutos para presentar su plan de trabajo y hasta cinco minutos para responder a cada pregunta formulada por las y los ministros.

Desafortunadamente, en esta etapa no se habilitó un espacio de participación ciudadana, al contrario del Senado, donde, por lo menos en el papel, se alienta a los ciudadanos a proponer preguntas para las y los aspirantes al cargo de consejero.

Dado que la Corte no publica los expedientes de las candidatas, la única manera que tendremos de conocerlas es mediante estas comparecencias. Por ello, sería deseable que los ministros contemplaran algunas de las siguientes preguntas a la hora de entrevistar a las aspirantes: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Consejo de la Judicatura Federal institucionalmente?, ¿qué soluciones proponen para superarlos?, ¿cómo se puede lograr la paridad de género al interior de la institución?, ¿cómo considera que se puede mejorar la eficiencia en la impartición de justicia?, ¿de qué manera mejorar los mecanismos de vigilancia y disciplina en el Poder Judicial Federal?, ¿cuáles son sus propuestas para consolidar al Consejo como instancia de gobierno judicial?, ¿qué cambios consideran necesarios para fortalecer la carrera judicial y para combatir la corrupción en el Poder Judicial de la Federación?

En suma, es sorprendente que las condiciones de transparencia y participación ciudadana previstos en los procesos de designación de consejeros de la judicatura federal no hayan evolucionado sustancialmente en los últimos 20 años. Restringir la participación ciudadana y la transparencia puede deslegitimar estos procesos de designación y permitir su captura política

En este sentido, es necesario fortalecer la regulación de los procesos de designación judicial e incorporar en la normatividad elementos mínimos y principios que deben observarse para reducir los márgenes de discrecionalidad y opacidad de los órganos internos de la Suprema Corte, y apegarse más a una política de designaciones abierta.

Al inicio de su presidencia, el ministro Arturo Zaldívar prometió consolidar al Poder Judicial de la Federación como “un poder que escucha a la sociedad a la que sirve, a través de una cultura de transparencia en la que no solo se dé acceso a la información, sino que exista una retroalimentación sobre nuestro funcionamiento”. Tres años y medio después, este proceso de designación demuestra que las oportunidades para dar retroalimentación sobre el Poder Judicial son escasas, y el acceso a la información sigue siendo muy reservado. Ojalá y las comparecencias de las aspirantes el próximo lunes permitan conocerlas mejor y asegurar que sea escogido el mejor perfil.

* Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, del cual Alejandra Quezada (@quezada_as) y Ramiro Suárez (@SuarezGalan) son investigadores. Los autores agradecen la revisión de Pablo García.

Retrovisor

La pala de Alito y el gatillo de Peña Nieto

Ivonne Melgar

Excelsior

La pospuesta y obligada autocrítica de los partidos de oposi­ción de Va por México pasa por dimensionar –y padecer– la lápida que les colocó el expresidente Enrique Peña Nieto.

Fue él –que ahora disfruta de su autoexilio en Madrid– quien entregó al PRI en unas elecciones que lo redujeron a 7 millones 677 mil 160 votos en 2018, 13.56% del pastel elec­toral en 2018.

Porque al margen del cada vez más documentado pacto de impunidad con el actual gobierno, Peña Nieto fue el autor de una campaña que utilizó al candidato José Antonio Meade para golpear al abanderado de la fallida alianza del PAN con PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, abollando la marca de Acción Nacional y ampliando el margen de triunfo de López Obrador.

Ese pacto fue replicado por gobernadores priistas que re­nunciaron a su militancia a cambio de embajadas, posibles cargos y tranquilidad de que sus cuentas no serán revisadas.

Ése es el telón de fondo con el que deben evaluarse los priistas, marcados por el expresidente que condensa el mal que arrastran, impidiéndoles afrontar la narrativa de trans­formación del Presidente: la proclividad a los acuerdos en lo oscurito a cambio de que se archiven expedientes de presunta o probable corrupción.

En ese contexto, por supuesto que la crisis opositora se ahonda con las acusaciones que la 4T le imputa al dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, por sus manejos como gobernador de Campeche, y a quien sus antecesores le sugirieron este martes hacerse a un lado.

El llamado de los expresidentes priistas es secundado por el jefe de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong y su principal interlocutora de bancada, Claudia Ruiz Massieu. Pero también es una petición no declarada del promotor de Va por México, Claudio X. González, y de Acción Nacional, conscientes de que el escándalo de los audios de Alito y la persecución judicial les dificultara todavía más la competen­cia electoral.

Moreno Cárdenas respondió que se queda a concluir su periodo en agosto de 2023. Sin embargo, en la encerrona de ese 14 de junio prometió que habrá convocatoria anticipada para la renovación de la dirigencia, abrir espacios en el Con­sejo Político Nacional y el CEN y dejar la presidencia de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados para darle paso a otras voces.

Los reclamos del exsecretario de Gobernación resumen el malestar de los cuadros del PRI excluidos de las instancias del partido y de candidaturas en 2021 y que, desde ya buscan ser considerados para las de 2024.

Y si bien Osorio Chong coordina una bancada de 13 votos en el Senado, es clave en el dique de contención opositor que ahí jugará un rol determinante cuando su homólogo de Morena, Ricardo Monreal, defina la ruta electoral que seguirá al margen de su partido.

“Nunca en la historia del PRI un presidente había concen­trado todas las facultades. Ni con Plutarco Elías Calles”, se queja el exgobernador de Hidalgo, cuya voz deberá ser aten­dida si Alito aspira a mejores cuentas en las elecciones mexi­quense y de Coahuila en 2023.

Frente a la crítica de Osorio y de los exdirigentes, al si­guiente día, el miércoles 15 de junio, el Consejo Político Na­cional les dio una respuesta en voz de Rubén Moreira Valdez, coordinador de los 70 diputados: las derrotas son por el Fo­baproa, el alza de impuestos, la reforma energética que ter­minó en un gasolinazo y de la educativa que nos separó de los maestros, porque nos alejamos del pueblo y “se cambió la pedagogía partidista por el marketing”.

Y refiriéndose a la sana distancia que ofreció en su mo­mento Ernesto Zedillo, el exgobernador de Coahuila soltó ahí un atisbo de deslinde con el expresidente que los entregó, el que disfruta de las noches madrileñas de flamenco:

“Debimos haberle tomado la palabra, y en el PRI tener una relación distinta con el poder, tomar distancia con aquellos gobernantes que se alejaron de nuestros documentos básicos. Pero pasaron cosas peores y están documentadas: desde el poder se hicieron alianzas por debajo de la mesa con partidos ajenos al nuestro, e incluso se fomentó el avance de ellos en detrimento de nuestro instituto político”.

Moreira Valdez dijo una verdad de oro que persiste. Un ejemplo: en Sonora, quien comanda a los priistas es gente de la exgobernadora Claudia Pavlovich, cónsul en Barcelona, en abierto golpeteo a la dirigencia de Moreno Cárdenas.

Así que más allá de si Alito se va ahora o en 2023, la trage­dia del PRI es que ni cuando el presidente de la República es de otro partido pueden guardar sana distancia. Y que el único gobernador priista que se ha atrevido a defender su militancia es Miguel Riquelme en Coahuila.

Pero en el estado de México, donde la marca Morena ya aventaja con 15 puntos, campea el escepticismo y la sospecha de que el gobernador Alfredo del Mazo seguirá los pasos de su primo, el expresidente Peña Nieto, esos que ya caminaron los embajadores en España, Quirino Ordaz, y en República Dominicana, Carlos Aysa González; la cónsul de Barcelona, Alejandro Murat y Omar Fayad.

Así que en la caricaturización de la política que tanto gusta, muchos dirán que Alito es el enterrador del PRI. Y si la me­táfora funciona, habrá que decir que la mano en el gatillo la puso el señor de la llamada Casa Blanca.

La situación preelectoral

Julio Faesler

Excelsior

Las declaraciones del Presidente de la República pro­poniendo una Unión Latinoamericana, análoga a la Unión Europea, al lado de su insistencia en acabar con la OEA y sustituirla con un organismo ajeno a la influencia estadunidense, revela su fantasía de llevar más allá de las fronteras mexicanas la Cuarta Transformación que tiene más de tres años de estar trabajando.

Desde luego, que esto es un total despropósito. En nada se asemeja este primer paso hacia una institución semejan­te a la Unión Europea, nacida de circunstancias peculiares diametralmente opuestas a las latinoamericanas actuales.

No es previsible ni factible que nuestras naciones latinoa­mericanas superen las resistencias de nacionalismos eco­nómicos de corta visión que condenaron al fracaso a varios intentos de integración que datan desde los primeros años del siglo XIX hasta los de la Alalc a mediados del XX y cuyos rescoldos sobreviven en los acuerdos de complementación de la Aladi actual.

La integración latinoamericana en que piensa AMLO se­guramente obedecería a criterios de izquierda a los que ha­brían de amoldarse las actividades de las empresas privadas, que lógicamente se resistirían. Estos criterios inspirados en principios muy ajenos al sistema de mercado, no han traído, sino fracasos y privaciones de todo tipo a las poblaciones como lo demuestran las economías de carencias y sacrifi­cios, cuyos líderes les han recetado tanto a cubanos como a nicaragüenses y venezolanos.

Entidades como el Foro de Sao Paulo, creado en 1970, y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, creado en 1975, están encargadas de coordinar y promover las refor­mas estructurales que postula la izquierda más avanzada en las sociedades latinoamericanas, a través de múltiples vías e instituciones parlamentarias.

Es patente el ambiente de impaciencia y el rechazo que cunde en un buen número de países de todo el continen­te sin exclusión. Las condiciones de injusticia e inequidad económica y social se traducen en inestabilidad política, re­sultado del capitalismo liberal que predomina en gran parte del planeta.

Hay urgencia por remediar las privaciones y la pobreza, encontrar otras formas para articular con sentido de justicia social las fases de la producción, distribución y consumo, a través del empleo digno, para que se desarrollen los vastos recursos humanos que esperan con ansias la creación de nuevas fuentes empleo.

En México, el presidente López Obrador afirma que, salvo en un solo caso, ha cumplido los 100 compromisos que asu­mió en su campaña. Los hechos medidos al entrar a la segun­da mitad de su sexenio exhiben lo contrario y son ya materia de las rudas campañas electorales que comienzan prematu­ramente, apenas entrada la segunda mitad del sexenio.

Las elecciones que vienen en 2024 podrán centrarse en los candidatos que van identificándose, pero lo esencial es­tará en los remedios que el próximo gobierno propondrá para arreglar el caótico desastre que AMLO nos habrá dejado en términos de problemas desatendidos en todos los temas, agravados por la desatención y profundas deudas no sólo financieras, sino sociales que habrán de saldarse.

A medida que pasan los días, se observa el deterioro de la seguridad en todos los sectores y el declive en todos los niveles del país. Las mañaneras que podrían haber servido de canal de denuncia eficaz, ya que ellas son convocadas por el propio Presidente, quien es la última instancia para la solución de problemas y conflictos, han dejado de tener uti­lidad, puesto que ya sólo sirven para escuchar interminables oratorias, vagas y deshilvanadas sin consecuencia alguna.

La lucha que ya se inicia y que puede ser de intensidad sin precedentes, y de no encallar en negociaciones traicioneras, deberá abocarse en una administración ordenada y eficaz. No importará el color o el emblema del partido o partidos que la ofrezcan.

Lo que hay que evitar es el escalamiento de la violencia que comienza a cobrar vidas y más vidas de candidatos y ciudadanos inocentes. El caos que puede preverse se dará si el Presidente de la República insiste en fingir demencia y salirse por la tangente por inexplicables razones por no sólo consentir, sino, incluso, convalidar las tropelías y asesinatos que ve y le reportan.

El asunto es grave. Lo único que salva la permanencia en su cargo es el pleno declive de incompetencia. Desafortu­nadamente nuestro sistema presidencial no prevé el recurso del impeachment como sí lo tiene Estados Unidos, tampoco contamos con el voto de pérdida de confianza parlamentario.

No hay tiempo que perder. Las fuerzas inconformes con que el nuevo gobierno sea continuación del actual, tienen que preparar su acción opositora con la selección del candi­dato que oportunamente lance a enfrentarse con el heredero que pretende imponer el actual Presidente.

¿Sobrevivirá el PRI?

José M. Murià

La Jornada

Una muestra evidente de que la dirigencia nacional del PRI había ya malvendido su alma al diablo la tuvimos a principios de mayo de 2018. No quiero decir que no hubiéramos tenido ya elementos para suponerlo, pero en esa ocasión se nos convocó a que votáramos por el candidato presidencial del PAN el siguiente mes de julio, si una encuesta que se haría ex profeso y de mutuo acuerdo le daba ventaja a su candidato sobre el nuestro, lo cual era lo más probable.

De lo que se trataba era evitar a como diera lugar que Don Andrés Manuel López Obrador fuera presidente, sin importar que resultara triunfador en la contienda un soberbio pillastre de la tesitura de Ricardo Anaya.

Sospecho que las dirigencias estatales no deben haber respondido como esperaban porque el pacto no se hizo ni se habló más de él. Sé muy bien que hubo algunos miembros de sus respectivos consejos políticos estatales que se manifestaron abiertamente en contra e incluso hasta hablaron de la posibilidad de crear frentes pejistas en las filas del PRI.

Cierto es que no estaban tan fuera de tono si se piensa en que los postulados morenistas no se contraponen con la plataforma ideológica tricolor ni con los ideales de los más destacados priístas de antaño…

La respuesta de la cúpula, por boca de su presidente y de su siguiente presidenta, avalada después por el mismísimo Peña Nieto, de tan infeliz memoria, fue recomendar que el PRI cambiara de siglas, de colores y de ideología… Es decir, lo que han tratado de hacer después: que ¡dejara de ser lo que era!

Sin embargo, lo que consiguieron resultó más sucio todavía: aliarse abiertamente con quienes habían sido los enemigos naturales de la Revolución de cuanta empresa progresista se llevó a cabo durante su larga hegemonía, misma que tuvo mucho de malo, es cierto, pero también le dio al país una consistencia, una presencia y un desarrollo que no había conocido. En efecto, si la gestión de doña Claudia Ruiz Massieu y Salinas de Gortari y su notable antecesor, Enrique Ochoa Reza, resultaron detestables, peor aún ha sido el quehacer del tal Alito y, claro, mayor todavía su derrota electoral.

¿Por qué? Pues la tradicional base priísta se siente mucho más identificada con el actual Presidente de la República y, como si fuera poco, tiene muchos más motivos para detestar, salvo algunas excepciones, la oposición tan lamentable y ridícula que predomina. Como hubiéramos dicho antaño, “más ordinaria y barata que un telegrama de a peso…”

Era de esperarse, del propio seno del tricolor surgió ya un valioso grupo con ganas de ponerle el cascabel al gato y parece que se va consolidando. Hay quien dice que emerge demasiado tarde y que nada evitará que el PRI pierda los dos estados que le quedan y el PAN les dé una patada donde les platiqué y los mande a donde ya se imaginan…

No cabe duda de que las posibilidades de recuperarse que tiene el PRI están de acuerdo con la celeridad con que puedan deshacerse de los actuales dirigentes nacionales, aunque tiene que reconocerse que el daño hecho entre la corruptela y la traición de Peña Nieto y sus secuaces, le ha complicado sobremanera el futuro, máxime que se ve sumamente difícil que se produjera una alianza con Morena, que resultaría natural si el PRI volviera a su ideario primigenio.

A Jesús Reyes Heroles.

La extinción del PRI

Miguel Ángel Romero Miranda // II y última

La Jornada

Antes de iniciarse el gobierno de Peña Nieto, los partidos mayores pactaron el Acuerdo por México, lo hicieron en total secrecía, el tema principal fue el de las llamadas reformas estructurales que tanto requería país para lograr su despegue como potencia económica mundial. Gracias a la existencia de un libro publicado hace unos años, sabemos muchos detalles de dónde, cuándo y quiénes participaron en tan revolucionario acuerdo. Con este pacto, dice el autor, se terminaba un ciclo de militantes revolucionarios que se habían propuesto transformar este país desde sus cimientos en la lejana época del echeverrismo, periodo en el cual se conocieron.

Lo demás fue lo de menos. Los priístas que hacía pocos meses se habían opuesto a las reformas neoliberales de Calderón, de pronto vieron en el Pacto por México la salvación de la nación y en forma disciplinada, ordenada y acomedida, desde el Senado y la Cámara de Diputados impulsaron las reformas estructurales que ordenaba el equipo neoliberal de Peña Nieto, pero al mismo tiempo el equipo venido del Edomex trajo consigo toda una cultura de saqueo al erario público. Peña Nieto gobernó México, o trató de hacerlo, con los mecanismos salvajes y atrasados que había utilizado cuando fue gobernador.

Los costos de la galopante corrupción ya los conocemos, fueron enormes y devastadores para el PRI, que se fue cayendo a pedazos. Se fue al abismo la popularidad de aquel personaje al que las mujeres le gritaban: Peña Nieto, bombón, te quiero en mi colchón. El PRI perdió en forma irremediable y continua gubernaturas.

La elección de 2018 fue la puntilla. Peña Nieto o Luis Videgaray, es lo mismo, le dio los tres puestos más importantes a tres neoliberales que nada sabían de un proceso electoral. El presidente del PRI no conocía de nombre a la mayoría de los viejos y renombrados militantes. Los maltrataba, ignoraba y contenía. El coordinador de campaña vivió alejado siempre del campo de batalla electoral. Desde el principio se supo que no quería hacer guerra sucia a ningún candidato opositor y que su plan consistía en ganar por las buenas, convenciendo a la gente de las bondades del PRI durante la campaña electoral.

Del candidato ya se ha dicho todo. Era la única persona en el gobierno que no militaba en el PRI y que no tenía fama de corrupto. Era una cara fresca. Había que impulsarlo. No importó su falta de preparación política, su poca habilidad para entusiasmar a la multitud. Su ausencia de propuestas. La falta de carisma y experiencia frente al que la gente, junto a Meade, veía como un gigante: AMLO.

¿Qué quedó después de la derrota de 2018? La humillación hacia el PRI a través de su presidente. La contundencia de la victoria de AMLO le permitió tomar decisiones de gobierno desde julio de 2018, así, el primero de diciembre de ese año fue uno de los días de mayor humillación para los priístas: obligaron a Peña Nieto a quedarse a toda la ceremonia de toma de protesta. En su rostro le dijeron de todo. Nadie protestó, nadie sacó la cara por el PRI, ni por su presidente. Los priístas reunidos en la Cámara de Diputados –entre ellos Enrique Ochoa, quien se había autopalomeado como diputado plurinominal– se quedaron callados ante las enormes acusaciones que hizo el nuevo presidente. Con esta sumisión de los priístas se terminó con el simbolismo entre el PRI y el poder presidencial. Quedaron atrás aquellos tiempos, cuando ante la posibilidad de levantarte una multa, de repente sacabas tu credencial del PRI y los de Tránsito se cuadraban: mi jefe, pórtese bien. Váyase con cuidado.

Lo que ocurrió después ya era previsible. La renuncia del no priísta al CEN. La llegada de un personaje confiable que pudiera ser relevado sin ningún problema, para preparar la llegada de Alito Moreno. Ojo con esta aseveración. Perdió el PRI, pero los priístas hicieron el trabajo que no lograron realizar los panistas en 12 años. Pusieron en la Constitución los cambios que más les interesaban, entre ellos la reforma energética. También en estos 39 años, lo más importante es que el neoliberalismo acabó por convertirse en la ideología dominante de toda la cúpula priísta. Ya no hay nadie en el PRI que luche contra el neoliberalismo. Esto quedó también simbólicamente expuesto en la reciente discusión de la reforma eléctrica, cuando la mayoría de los ex presidentes del PRI se mostraron todos a favor de esa reforma, de su privatización, del saqueo que existe a la nación y en los hechos defendieron los intereses extranjeros sobre esta discusión. Ahí se cerró el largo ciclo del PRI.

La presidencia del PRI de Alito será un dato sin importancia cuando se escriba la historia de este partido que fue un caso de estudio a nivel mundial por su longevidad en el poder, por sus mecanismos de control, por mantener tanto tiempo a esta nación en paz, por la construcción de tantas y tantas instituciones. Pero seguramente los historiadores coincidirán en el punto de inicio de la debacle y el punto de inflexión en su derrumbe. Seguramente también quedará claro que todo comenzó en el momento en que los neoliberales se hicieron del poder presidencial y que su extinción culminó cuando se apoderaron de las riendas del partido tricolor. La extinción del PRI fue el precio que se pagó para dotar al neoliberalismo de los instrumentos legales que le garantizan una larga vida.

Por lo pronto, en el corto plazo seremos testigos de una cruenta batalla por los restos del PRI encabezada por personajes que ven la política únicamente como negocio y no como una profesión que tiene como principal mandato hacer que las cosas sucedan para que la gente progrese. No nos equivoquemos, la derrota y desaparición del PRI no implica que el neoliberalismo se haya debilitado. Al contrario, está más vivo que nunca, y se necesitará de una lucha continua, por varios años más, para derrotarlo.

* Analista político.