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La compleja laicidad del Estado

Bernardo Barranco V.

Proceso

Dadas las características actuales de conflictividad y violencia imperante en el país, lo religioso no se ha enganchado ni ha sido motivo de polarización ni exacerbación de los conflictos existentes en la sociedad, en comparación con otros países, especialmente musulmanes.

Hoy vivimos en un sistema legal, un régimen de derecho que se ha ido poniendo en marcha poco a poco y cuyo objetivo ha sido aglutinar civil y pacíficamente todo aquello que nos separa en función de las creencias.

La laicidad mexicana ha propiciado que, después de la Guerra Cristera en 1929, el país viva un largo periodo de estabilidad religiosa. En ello radica su éxito.

Dadas las características actuales de conflictividad y violencia imperante en el país, lo religioso no se ha enganchado ni ha sido motivo de polarización ni exacerbación de los conflictos existentes en la sociedad, en comparación con otros países, especialmente musulmanes, donde lo religioso se fusiona con los conflictos y se suma a la brutalidad de una guerra. Y, peor aún, se convierte en un factor de agudización y antagonismo. En México la alteración de la paz civil no pasa por las religiones gracias a un sistema de convivencias que ha otorgado la laicidad del Estado.

La laicidad es diversa y heterogénea. No existe una sola definición absoluta porque responde a momentos de la historia, a situaciones coyunturales y culturales de cada país y región. Tampoco existen modelos absolutos. Así como son cuestionables las adjetivaciones que actores o sectores sociales hacen para interés o provecho propio. Por ejemplo, el evento conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Nunciatura Apostólica que se llevó a cabo el martes 26 de abril bajo el tema “Laicidad positiva y la libertad religiosa”. El acto fue encabezado por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y asistieron diversos miembros de la cúpula jerárquica mexicana. Ahí se cuestionó la laicidad actual, de corte liberal, y se pidió ensanchar sus horizontes en aras de una mayor constelación de libertades religiosas.

Como si la laicidad fuera una variable dependiente de las libertades. Algunos oradores la calificaron como “trasnochada”. Los actores religiosos demandaron una “laicidad abierta, una laicidad positiva, una laicidad sana”, como si existieran una laicidad cerrada, negativa e insana o enferma. En realidad, hay nostalgia por la antigua cristiandad que se teñía bajo las texturas teocráticas. Esos católicos en el evento siguen la pauta abierta por el papa Benedicto XVI el 9 de diciembre de 2006, ante la Unión de Juristas Católicos Italianos. Ahí el papa Ratzinger analizó el fenómeno de la secularización agresiva frente a valores cristianos. Cuestionó el uso de una versión hostil del laicismo y propuso redefinir como una “sana laicidad” aquella que reconoce las realidades terrenas que poseen una autonomía efectiva de la esfera eclesiástica, “pero no del orden moral”. El papa y la Iglesia reciben la laicidad y la resignifican. Es decir, la Iglesia concibe una laicidad que legitime y legalice que ésta pueda intervenir en la arena pública en temas de normas morales en la sociedad. Pretende el acceso al espacio público, como si no lo tuviera, para sostener sus convicciones tutelares de una moralidad secular que percibe extraviada. Ambiciona imponer sus certezas sobre temas como el matrimonio, el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, las parejas igualitarias y el rol de la mujer en la sociedad. Para ello necesitan mayor libertad religiosa: una libertad sana, abierta y positiva.

Desde el siglo XVIII, en nombre de la Ilustración se evoca la libertad de conciencia en la vida pública; de hecho, en nuestra trama se introduce un tercer actor. Ya no son sólo la relación ni los conflictos entre Iglesias y Estado, es el advenimiento de una libertad de conciencia pública para todos los ciudadanos. Lo que quiere decir que ese tercer actor hoy debe tener 126 millones de sujetos con conciencias libres, según el Censo de 2020. El tema, por tanto, es de tres. Es un engranaje de tres que paradójicamente significa que cuando las conciencias de los derechos ciudadanos se encuentran en conflicto con el Estado, puede vérseles apoyándose en las Iglesia para enfrentarlo. Recordemos muchas experiencias de la Teología de la Liberación en las que sectores populares se unieron a la Iglesia para luchar contra injusticias sociales. En materia de derechos humanos esto ocurrió bajo las dictaduras militares de Brasil y la construcción de la Vicaría de la Solidaridad de Chile.

Por el contrario, en la mencionada Guerra Cristera, la Iglesia católica desplegó el apoyo social de un gran número de creyentes frente a un cierto totalitarismo del Estado.

También se operan otro tipo de figuras y alianzas. Recordemos que hasta hace 20 años las tensiones mayores eran entre la Iglesia católica y el Estado. Ahora encontramos que las Iglesias enfrentan a sectores de la sociedad civil justamente en la disputa de temas morales y de normatividad pública, como matrimonios igualitarios, aborto y papel de la mujer. Este tercer actor es resultado del florecimiento de las libertades y es también un problema político de primer orden para la gobernabilidad. Cuando no hay libertad es más fácil gobernar. Cuando se reconoce la libertad de todos y cada uno, corresponde al Estado gobernar las conciencias en libertad, que muchas veces son incompatibles y contradictorias entre los actores.

¿Cómo entender sencillamente la laicidad? Es simplemente lo que se opone al monopolio de cualquier religión; la antípoda al régimen absoluto de las religiones y de las Iglesias. Por ejemplo, el catolicismo posee un conjunto de disposiciones de exclusión; la laicidad del Estado, por el contrario, se define como un régimen de inclusión donde hay cabida para todos, sean musulmanes, chamanes, simpatizantes de la Santa Muerte, santeros, creyentes o no creyentes. La laicidad es inversa a la cristiandad de la que venimos en México. Mientras que toda religión e Iglesia de una u otra manera excluyen a unos, la laicidad los incluye a todos. Respeta y protege la libertad de creer y de no creer o de cambiar de religión si lo desea el individuo. La laicidad protege la libertad de las minorías creyentes y no creyentes. ¿Y cómo lo hace? A través de una abierta, sana y positiva separación entre el Estado y las Iglesias.

Arsenal

Cretinos

Francisco Garfias

Excelsior

Me formo en la fila de los que López Obrador llama “creti­nos” por preguntar qué hace el gobierno para enfrentar al crimen organizado. ¿Por qué no lo resuelve?

El Presidente dice que se atienden las causas para que no haya “semilleros” de jóvenes enganchados por la delin­cuencia y que su estrategia de “abrazos no balazos” no va a cambiar, porque ha dado resultados.

¿Ha dado resultados? Van más de 120 mil asesinatos en los tres años y medio que lleva en la Presidencia de la Re­pública. Ya superó los sexenios de Peña y de Calderón. Este mayo se perfila como el más sangriento. Cifras de miedo: matan a un mexicano cada 15 minutos.

Sí, señor Presidente, soy un “cretino” que quiere saber por qué se aferra a su estrategia de proteger a los crimina­les “porque también son seres humanos”, cuando éstos no se tocan el corazón para asesinar niños, jóvenes, mujeres, familias enteras.

* No cabe el autoengaño. Al condicionar su presencia en la Cumbre de las Américas a la invitación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que AMLO busca es el aval de Estados Unidos a regímenes dictatoriales.

¿O alguien se atreve a negar que en esos tres países se han suprimido las libertades, encarcelado opositores, can­celado la libertad de expresión, se ha recurrido a la fuerza letal para reprimir manifestantes; prevalece la ruina eco­nómica y el exilio?

López Obrador calculó mal su juego. El nicaragüense Daniel Ortega y el cubano Miguel Díaz-Canel se autoex­cluyeron antes de que el mexicano tuviera respuesta del presidente Biden a sus condiciones para asistir.

El tercero en discordia, Nicolás Maduro, de plano se burló. Dijo en un programa de radio, que ya está pidiendo su visa, pero no para ir a la Cumbre de las Américas, sino al festival de salsa boricua en Nueva York, el próximo 11 de junio.

Sobra decir que el hombre no puede entrar a EU. Está acusado de narcotráfico desde 2020. Su cabeza tiene precio: 15 millones de dólares.

El autócrata venezolano, que participa en la Cumbre de la Alianza Bolivariana que se celebra en La Habana, agra­deció al Presidente mexicano haber levantado “la voz de la verdad, de la moral, de la dignidad de todo un continen­te”. Es miel pura para los oídos de López Obrador, pero ¿y México qué gana?

Por lo pronto, hay quienes ven en la postura de López Obrador un gesto inamistoso hacia Estados Unidos, su prin­cipal socio comercial.

Es el caso del senador republicano, Marco Rubio. En una audiencia en el subcomité para el hemisferio occidental del Senado de Estados Unidos dijo lo siguiente:

“Si (López) Obrador no quiere asistir a la cumbre, pues que no asista. No nos dejaremos intimidar por un amigo de dictadores”.

Y más adelante: “Una de las mejores cosas de esto: si tenemos una cumbre donde no invitamos a dictadores y las personas que quieren que vengan dictadores deciden boicotearla, entonces sabremos quiénes son nuestros ver­daderos amigos en la región”.

Todavía ayer, AMLO esperaba una respuesta a sus exi­gencias. “Espero que si no es el presidente Biden, el Depar­tamento de Estado ya defina una postura y después nosotros vamos a pronunciarnos”.

Está más que claro que no los van a invitar y que, en con­secuencia, el Presidente no va a ir. “México va a participar, nada más que, si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir”, reiteró el tabasqueño.

* Nallely Gutiérrez es la priista que participó en el bloqueo de la sede del tricolor, en junio del año pasado. Fue expulsa­da del partido, junto con el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por indisciplina grave y actividades de desprestigio en contra de dirigentes priistas. Dice que el Tribunal ha decidi­do revocar la resolución con la que Alito la expulsó del PRI.

Nos buscó luego de que en este espacio publicamos la respuesta el dirigente tricolor a los audios de Layda Sansores. Moreno dice que son ilegales, están editados, manipulados, para enfrentarlo a los periodistas. Jura que los sacaron en respuesta al voto de la bancada del PRI en contra de la reforma eléctrica.

Nallely no sólo no le cree, sino que no quita el dedo del renglón. Pide la renuncia del dirigente.

Dice que los audios de Layda lo pintan de cuerpo entero: “corrupto”, “envidioso”, “extorsionador”, “misógino”.

“Por dignidad y congruencia debe renunciar y dejar de dañar al PRI, de lo contrario le estaría dando el tiro de gra­cia. Que no ocupe al partido, sus legisladores y prerrogativas para defender un tema personal.”

“Al PRI le falta un líder y le sobra un corrupto”, sintetizó.

Buscamos a Alito. Lo vimos brevemente en el CEN del PRI. Le dijimos que habíamos visto a Nallely. No le dio im­portancia. Dice que la 4T la usa para desprestigiarlo y tor­pedear la alianza Va por México.

Lo primero es primero y las ranas de Esopo

Julio Faesler

Excelsior

Cuando lo que necesitaba México era avanzar hacia ni­veles superiores a los que administraciones anteriores habían llegado, el proceso electoral democrático llevó a la Presidencia a un líder local de izquierda con escaso equi­paje académico, pero armado de ideas progresistas que fue asentando a lo largo de su actividad de tenaz opositor. Con pretensión autosuficiente, al subir la escala política, despre­ció asesorarse de quienes podían aportar con conocimientos y experiencias la realización de sus intenciones de mejorar al país con cambios de manera ordenada y efectiva.

La ineptitud para realizar sus ideas en la práctica pronto se reveló en el ejercicio de la Presidencia. Entrado a su cuarto año, se ha ido cargando de promesas incumplidas hasta el grado de ser ya penosas las respuestas evasivas que da a las preguntas que, incluso, en las mañaneras le lanzan su tanda de reporteros leales.

En lugar de realizar con orden y conocimientos los cam­bios que México requiere, AMLO no ha hecho, sino destrozar los aparatos estatales que la democracia le encomendó. Mal orientada su visión, creyendo que los problemas se resolverían con una mezcla de programas de alivio a las capas más necesi­tadas del país y un costoso trío de obra pública. Las realidades lo han alcanzado y se manifiestan hasta en las calles.

Al ir alcanzándose el final de este controvertido sexenio, está claro lo lejos de entregar a la ciudadanía frutos de sus sacrificios o de vencer la corrupción, desigualdad y atraso general.

Una demanda por cambios profundos para remediar des­igualdades e injusticias que el sistema liberal clásico ha engen­drado sigue en pie y es universal. El sistema vigente, al menos los dos últimos siglos produjo el aumento exponencial en la producción, pero al hacerlo favorece la acumulación de rique­za en pocas manos. El sistema de libre mercado ideado en el siglo XVIII nunca fue diseñado para distribuir equitativamente las ganancias entre los que intervienen en la producción. El modelo cumplió su cometido de anclar un inmenso aparato industrial y financiero del extendido por todo el planeta, de­jando como anticuado el clásico socialismo comunista.

Hoy en día, la globalización se ha sacudido por inestabilida­des sociales, por lo que se esperan cambios. AMLO los prome­tió, pero no supo cumplirlos. El cambio que México requiere se cebó y la acción de la Cuarta Transformación respondió a la simple concepción del mundo de un líder rural de izquierda que lo moldeó conforme a un primitivo revanchismo socialista, en lugar de complementar y orientar su ímpetu reformador con conocimientos que pudieran haber hecho realidad sus ideas de cambo.

En su lugar, el régimen deterioró y desangró programas e instituciones que encontró funcionando. Los programas so­ciales no bastan. La presión de los niveles sociales empobre­cidos se ha aliviado con las remesas que en solidaridad de los compatriotas, no con AMLO, entran al rescate de las que­bradas finanzas gubernamentales con remesas crecientes.

Concentrando el poder en la cabeza del gobierno, se especula la posibilidad de perpetuar que el modelo sea di­rectamente en quien AMLO designase.

La violencia enquistada aumenta en toda la República y el Presidente opone la enseñanza evangelista que se interpreta como una invitación a más violencia.

Mientras el pueblo espera soluciones, los políticos se en­redan en acusaciones inútiles. Se repite la necesidad de un cambio aunque sin saber ni quién ni qué partido lo encabe­zaría. Hay grupos cívicos que, como hace 20 años, conquis­tamos elecciones organizadas por instituciones ciudadanas. Se afirma que el siguiente presidente de México ha de solu­cionar los problemas que se han acumulado y que además un nuevo sistema de gobierno hará valer la vigencia de la democracia y respeto al Estado de derecho.

Sesudos análisis sobre la teoría de la democracia mien­tras mafias de narcóticos y demás criminales se apoderan de docenas de municipios y estatales del país.

De continuar el actual estado de cosas, se abocará a un funesto regreso a las formas más primitivas y cavernarias de gobierno. Lo que en un sistema parlamentario detonaría un voto de desconfianza que arrojara a AMLO del poder, aquí, en la blandura de las tolerancias, no hay, sino la miscelánea de inconformes sin poder ponerse de acuerdo. Pero en lugar de actuar, hablamos. Es el caso de las ranas de Esopo.

La discusión puede ser ingenua. La democracia no ase­gura ni progreso ni felicidad. La palabra “democracia” ondea en todos los países socialistas; alegan que está cabalmente atendida de la vida interna de sus partidos únicos.

En la coyuntura actual no hay que perder tiempo en con­sideraciones sobre cómo habrá de comportarse el futuro gobierno democrático. Es urgente que el gobierno, junto con la sociedad civil, se dedique a curar la falta de salubridad, reponerse de su nivel habitual de ocupación o de su nivel propio, proveer un nivel educativo adecuado y garantizar seguridad.

AMLO tiene aún la oportunidad para recortar algunos proyectos y financiar con lo que pueda, las infraestructuras iniciadas y dar apoyo a las pymes. El cambio más importante que lo pondría en la historia, se le escapó.

Todo esto exige la unidad nacional a la que AMLO con­sistentemente se opone preocupado sólo en tratar de con­solidar y prolongar su proyecto.

No hay federalización sin profesionales de la salud

Gustavo Leal F. *

La Jornada

Lejos de diseñar un capitulo laboral reforzado para los profesionales de la salud que atenderán –por instrucción presidencial– a la población sin seguridad social, la convocatoria de nuevas contrataciones del Programa IMSS-B (PIB) en Nayarit (29.3.22) confirma que la 4T sigue sin ubicarlos como el alma estratégica y columna vertebral del proceso de atención.

Ese capítulo laboral reforzado debería formar parte del nuevo modelo de atención semiurbano/urbano que demanda el encargo presidencial y que no puede ser el Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS) del PIB, orientado a poblaciones rurales dispersas (Sánchez, Leal, Escobar y León, Acción Comunitaria en el IMSS-B. Visiones operativas de la otra historia, 2021).

Como en otros 18 estados, Nayarit nunca fue descentralizado y el PIB enfrentó los ajustes del periodo neoliberal. Hacia 1990, un promotor de Acción Comunitaria –como el asesor del área médica– disponía de 24 días de comisión mensual en los que visitaba la unidad médico rural (UMR) y las localidades de acción intensiva (LAIs) para capacitar en prevención y autocuidado de salud. Hoy, en IMSS-Robledo la comisión dura cuatro días al mes para las mismas tareas. Igualmente, en un año, Acción Comunitaria visitaba las LAIs 288 días. Hoy se reducen a 48.

Sin embargo, para la federalización de la salud en curso, con el bautizado Modelo de Atención Integral a la Salud-Bienestar (MAIS-B), Nayarit se amplía de una región –con 87 UMRs y sus correspondientes Brigadas de Salud para un solo hospital rural (HR): San Cayetano– a seis regiones. Y también crece de cuatro a 21 zonas de servicios médicos con 12 hospitales más. Pero varios requieren mejoras (no se sabe si ya realizadas) en: Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Compostela y Antonio González Guevara. Y otros, conservación y mantenimiento: Acaponeta, Jesús María, Ixtlán del Río, Puente de Camotlan, Tondoroque, San Francisco, Las Varas. ¿Están en condiciones para atender el encargo de AMLO brindando atención a la población nayarita con daños severos a su salud?

Es claro que la fuerza del PIB-Nayarit radicó más en sus acciones preventivas y mucho menos en las especialidades médicas. Alfabetizando en salud lograba un impacto con menos demanda médica de segundo y tercer nivel.

Así lo confirma un Diagnóstico estatal de salud (2013) que documenta que se contaba con 348 comités de salud activos, 205 auxiliares de salud, mil 693 promotores voluntarios, 286 parteras empíricas, 40 curanderos, así como una organización de médicos indígenas tradicionales estatales (https://bit.ly/38UN4ci pp-90).

Todos estos recursos corresponden a la infraestructura formada y capacitada por el PIB. Son pocos. Pero no hay que perder de vista que forman parte de sólo una de las seis regiones con que hoy, con el MAISB, Robledo ha divido a Nayarit. Ciertamente, si las otras cinco regiones creadas de un plumazo dispusieran de recursos similares, la Acción Comunitaria preventiva del MAISB estaría apenas suficientemente cubierta. Lamentablemente, no es así. El mismo diagnóstico ya citado establece con precisión la inexistencia de una estrategia para el trabajo en salud con la pobla-ción indígena.

La esencia del PIB-Nayarit es su naturaleza preventiva. La reducción de los días de campo correspondientes a Acción Comunitaria no resiste el más ligero análisis. Capacitar siempre será más oportuno que dejar crecer la atención médica. El diagnóstico muestra que los nayaritas viven más, aunque predominan los padecimientos crónicos degenerativos, la salud mental, además de los accidentes viales y muertes violentas.

Operar sobre los determinantes de la salud del agravado perfil de daños –con atención primaria a la salud (APS)– nunca podrá ofrecer resultados de corto plazo. Esa era, justo, la apuesta del PIB-Nayarit: prevenir en el largo plazo. Y eso es lo que requiere la federalización en curso: un nuevo modelo federal de atención, equilibrado entre acción comunitaria y atención médica (APS), ajustado al actual perfil rural-urbano de salud y dotado de un capítulo laboral reforzado, a la altura de la labor que desempeñan los equipos de salud que atienden el universo del compromiso. Ello inauguraría un régimen sanitario 4T y no sólo un cambio de políticas sexenales.

Pero Robledo quiere resultados inmediatos para lo que denomina política de Estado. Busca crecer de lo rural disperso a lo urbano sin diseñar el nuevo modelo de atención que demanda la federalización.

Atender los impactos del agravado perfil de salud debería premiar la labor de los profesionales de la salud que se ocupan del encargo presidencial, sobre todo después de su destacado desempeño durante la pandemia con un capítulo laboral reforzado. Nunca es tarde para empezar.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

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