Lo que dicen los columnistas

Política monetaria

David Páramo

Excelsior

Luego de que la Junta de Gobierno del Banco de México decidió un aumento de medio punto en la tasa de referencia para quedar en 7% a tasa anual, bien vale la pena realizar algunas consideraciones en torno a los alcances de la po­lítica monetaria.

La decisión fue tomada con una votación de 4 votos a favor del aumento y uno en contra, Irene Espinosa, quien sí estaba por el aumento, pero que éste fuera de 75 puntos base. Esto deja perfectamente claro que hay una visión co­mún sobre la situación que se enfrenta en materia de aten­ción, tanto por sus causas como lo que realmente puede realizar el instituto emisor.

Se reconoce, de acuerdo con el comunicado, que las presiones inflacionarias siguen aumentando y que su pre­valencia se mantendrá durante los siguientes meses. En este sentido, el Padre del Análisis Superior considera que, de mantenerse estas condiciones, las tasas irán aumentando durante el año hasta acumular un incremento de 150 puntos base, es decir, que la tasa de referencia cerrará el año en niveles de 8.50 por ciento.

Sin embargo, la pregunta que subyace es cuál es el al­cance de esta política. El Banco de México debe mandar no sólo una señal de que está ocupado en una de sus respon­sabilidades principales, sino que debe evitar inestabilidad en el tipo de cambio y no frenar innecesariamente la recu­peración económica.

Hace algunos años, Agustín Carstens le dijo al Padre del Análisis Superior que la política monetaria es como tratar de regular la temperatura de la regadera en una tubería muy larga, por lo que deben hacerse movimientos cuidadosos, ya que los efectos tienden a notarse mucho más en el largo plazo.

Así que debe esperarse que la “regulación” que está ha­ciendo el Banxico no únicamente tome un tiempo, sino que, además, no debe verse como una solución de corto plazo, sino como parte de un trabajo que va ajustándose en el mediano plazo.

Por el otro lado, la política monetaria no es la panacea y debe completarse con otras acciones, como el pacto que firmó el gobierno con la iniciativa privada para mantener bajos algunos precios de la canasta básica que, mucho más allá de su efecto real, es la señal que envía al mercado en torno a la ocupación en el manejo de la inflación.

La política monetaria del Banco de México podría resultar neutral para algunos, sin embargo, ir mucho más rápidamente en el incremento de las tasas no contribuiría automáticamente a la disminución del ritmo de crecimiento de los precios y po­dría generar mayores problemas en otros ámbitos.

REMATE EXPLICACIÓN

Al Padre del Análisis Superior siempre le ha preocupado, por lo menos un poco, el exceso de interpretaciones que se hacen sin conocer a fondo los temas. Por ejemplo, la decisión que tomó la Primera Sala de la SCJN sobre el secreto bancario.

No han faltado los que han dicho que Margarita Ríos Farjat tomó una determinación que elimina el secreto ban­cario en temas fiscales y le da al gobierno un poder abso­luto para violar la privacidad de las personas, lo que puede redundar en un Estado represivo y bla, bla, bla.

La realidad, pura y llana, es que esta sala de la corte falló en torno a la constitucionalidad o no de que las autoridades fiscales tengan acceso a cuentas de contribuyentes como parte de la revisión fiscal que se realiza a los contribuyentes.

Falló sobre un caso en el que una persona dijo tener ingresos por medio millón de pesos, cuando en realidad se habían registrado más de seis millones de pesos, según se pudo constatar en una revisión de sus cuentas.

El quejoso solicitó el amparo y protección de la justicia argumentando que la autoridad fiscal actuó en contra de la Constitución. Esto fue lo que se resolvió: que es consti­tucional el actuar del Servicio de Administración Tributaria.

Aquí vale la pena hacer algunas consideraciones, como que la Corte tomó un falló parecido en febrero y que la posibilidad de que las autoridades fiscales actúen de esa manera está contemplada en las leyes desde 1990.

Sí, hay mucho que criticar al gobierno y a los organismos autónomos, como es la SCJN, pero debe hacerse por hechos reales y no por malas interpretaciones a hechos que son indiscutibles. Si quiere enojarse con el gobierno, el PAS le recomienda que lo haga por la protección a los grupos del crimen organizado.

México SA

¿Y el acuerdo contra la carestía? // Empresarios: precios sin cambios // Sólo si cumplen habrá beneficios

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Mucho boato, mucho discurso, mucho apoyo y disposición, pero lejos está el sector empresarial –especialmente los grandes corporativos– de cumplir cabalmente con lo que se comprometió a la hora de suscribir el acuerdo contra la inflación y la carestía que el presidente López Obrador dio a conocer el pasado 4 de mayo en Palacio Nacional.

La Jornada (Elba Mónica Bravo) lo resume así: “a una semana del acuerdo entre el gobierno federal y la iniciativa privada para evitar que siga el aumento de precios en 24 productos de la canasta básica, los supermercados redujeron moderadamente, de tres a seis pesos, en promedio, algunos de los alimentos presentados en la lista como arroz, frijol y azúcar; los precios de la carne no han variado, al igual que el del aceite vegetal; los precios de la lista siguen igual o más altos que la semana pasada…” Hay que sumar la añeja práctica empresarial: mantienen el precio, pero reducen el contenido, es decir, el consumidor paga lo mismo por menos producto.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados resume que el llamado paquete contra la inflación y la carestía es una coordinación entre las empresas tanto públicas como privadas y el gobierno, durante un periodo de seis meses, que se basa en la canasta de consumo que considera la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la cual corresponde a un listado de productos básicos de alto consumo para la alimentación de la población. Con ello, se incide en 27.26 por ciento de los productos y servicios genéricos que conforman la canasta del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El objetivo es proteger a la población de menores recursos.

El CEFP detalla que de los 40 productos básicos establecidos en la canasta básica determinada por la Profeco, el citado acuerdo incluye 24, los cuales presentaron recientemente la siguiente evolución: en la primera quincena de abril de 2022, sólo arroz y zanahoria registraron descensos en su inflación quincenal (2.4 y 8.03 por ciento, respectivamente); el resto, estuvo por encima de la variación quincenal del INPC).

En su comparación anual (abril de 2021-abril de 2022) sólo el jitomate experimentó una inflación por arriba de la observada en el INPC (16.65 contra 7.72 por ciento), mientras se observaron disminuciones anuales en limón, cebolla, papa, arroz, atún y sardina. En cifras acumuladas de enero a la primera quincena de abril del presente año, limón (25.57 por ciento), pollo, huevo, pasta para sopa y jabón de tocador reportaron los mayores incrementos en sus precios.

La inflación es un fenómeno económico que tiene mayor impacto en los hogares de menor ingreso, y las presiones alcistas se relacionan tanto con factores externos como internos. Entre los primeros se ubican los cuellos de botella ocasionados por la suspensión de actividades económicas derivadas de la pandemia, los elevados precios internacionales de alimentos y energéticos, la recomposición del gasto, entre otros, a lo cual se suman los efectos del conflicto geopolítico y bélico entre Rusia y Ucrania.

En su análisis, el CEFP incluye a la canasta alimentaria elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la cual se diferencia entre la rural, que se compone de 39 productos, y la urbana, que contempla 42. De los 40 productos que componen la Canasta de Profeco, 18 los incluye la canasta alimentaria rural y 19 la urbana (el atún enlatado es la diferencia). De esta forma, con datos a marzo de 2022, dichos alimentos representan 49.13 por ciento del valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos en el medio rural (mil 517.96 pesos) y 38.62 por ciento de la correspondiente en el urbano (mil 974.57). Así, sostiene el CEFP, es de esperar que el acuerdo impacte favorablemente en casi la mitad del costo de la canasta alimentaria en el medio rural y en cerca de dos quintas partes en el medio urbano (siempre y cuando los comprometidos empresarios cumplan en los hechos, y no sólo para la foto).

Las rebanadas del pastel

Mientras Biden y sus monaguillos de la OTAN echan más gasolina a la guerra en Ucrania (ahora usa a Finlandia y Suecia), el ex presidente de Bolivia Evo Morales es puntual: “Estados Unidos, autor del Plan Cóndor e intervenciones armadas con masacres (más un interminable inventario de atrocidades), dice que no invitará a la Cumbre de las Américas a países que ‘falten el respeto a la democracia’”. Qué cara más dura.

Increíble: más Teletón en la 4T

Gustavo Leal F. *

La Jornada

El convenio Ebrard-Teletón (12/5/20) para atender la epidemia covid-19 no tuvo los mejores resultados (Gustavo Leal F.: Ebrard y el sector privado de la salud, La Jornada, 19/9/20). Y a pesar de los oscuros orígenes –supuestamente vinculados a los Legionarios de Cristo y Marcial Maciel– además del maratón caritativo al captar los (poco transparentes) fondos impulsado por Televisa durante el neoliberalismo, el presidente López Obrador firmó otro convenio (12/8/21) con la misma Fundación Teletón. Recién lo recordó en la conferencia matutina del 9/5/22.

Incluso, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades de la ONU recomendó al gobierno mexicano establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad ( Proceso, 10/5/14).

Frente a las limitaciones de las instituciones públicas, AMLO comunicó en agosto de 2021 que es la primera vez que vamos a hacer un convenio con una organización civil, porque habíamos decidido entregar todo de manera directa. Se trata de usar la infraestructura de 24 Centros Teletón con el Programa de Apoyo para la Rehabilitación e Inclusión para el Bienestar de 20 mil niñas, niños y jóvenes con discapacidad de entre cero y 17 años. Así, los padres se inscribirán en la Secretaría de Bienestar y, después de un diagnóstico que establecerá el plan de rehabilitación, con credencial y vales, se acudirá a citas en las instalaciones-Teletón.

Fernando Landeros, presidente de la Fundación, lo calificó de histórico y se comprometió a ofrecer servicios de alta calidad. Con los antecedentes del convenio-Ebrard 2020 cabe preguntar si efectivamente lo serán.

Es un hecho que se carece de suficientes centros de rehabilitación para atender 6 millones de personas con discapacidad (Inegi, 2021). Aunque sobre el convenio presentado por Landeros en la conferencia matutina del 12 de agosto de 2021, conviene establecer que el paquete de beneficios ofrecido está constituido por servicios de primer y segundo nivel. No de alta especialidad.

Los servicios de diagnóstico: medicina física y rehabilitación, clínica integral, sicoanálisis e integración social ofrecidos son básicamente consulta externa de primer nivel. Además de que los términos de clínica integral e integración social son ambiguos. Y, a reserva de conocer los costos de estos rubros en el convenio-Landeros, resulta útil la referencia de los costos unitarios por nivel de atención médica en el IMSS vigentes al 2021 ( DOF, 28/12/20) dónde estas intervenciones están entre mil 324 pesos y mil 162 pesos por consulta.

Por lo que hace a los servicios de tratamiento: terapia física, ocupacional, de lenguaje, pulmonar, electroestimulación orofaringea, terapia robótica, toxina botulínica, capacitación de enfermería y asistencia tecnológica, hay que destacar que se trata de intervenciones rutinarias y básicas de segundo nivel. Hoy día existen terapias de tratamiento mucho más vanguardistas y efectivas. Debe aclararse también que tanto la capacitación de enfermería como la asistencia tecnológica no constituyen como tales un servicio. Son acciones integrales del proceso médico. Los tabuladores IMSS reportan mil 676 pesos por sesión de terapia física; 115 pesos por ocupacional y 206 pesos por pulmonar y de lenguaje.

En lo que toca al seguimiento terapéutico se ofrecen básicamente consultas de diferentes especialidades de primero y segundo nivel: comunicación humana, nutrición, clínica de inclusión, que en los tabuladores (IMSS) suman mil 463 pesos.

Los servicios auxiliares de diagnóstico: electroneurodiagnóstico, uroproctodinamia, pruebas de función respiratoria, análisis de la marcha, son estudios básicos, no caros. En tabuladores IMSS, el electroneurodiagnóstico: 581 pesos y las pruebas de función respiratoria 206.

A reserva de establecer los precios unitarios de cada intervención, en el convenio-Landeros no se contemplan los grandes estudios de resonancia magnética, tomografía, PET y radiointervencioniso –entre otros–, todos ellos esenciales para un adecuado y completo análisis de diagnóstico ante la discapacidad.

No es una mala cartera de servicios, sobre todo porque es para quienes ca-recen de todo. Pero se ubica entre los niveles básico e intermedio de atención.

Así que vistos los resultados del convenio-Ebrard (mayo 2020), tal vez el Presidente pudo mejor haber seguido entregando los recursos de manera directa antes de subsidiar por primera vez en la 4T a esta suerte de cuasi Segurito Popular en la delicada tarea de la rehabilitación: te pago lo más básico pero te lo vendo como lo más indispensable, aunque, estrictamente, sea sólo esencial y esté estupendamente colocado a buenos precios de mercado, aunque sea esencial. ¡Justo como el –afortunadamente ya extinto– Seguro Popular!

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Educación contra la soledad y la violencia

Hugo Aboites *

La Jornada

La propuesta que hace poco hizo la Secretaría de Educación Pública de enraizar la educación nacional en la realidad de las comunidades y regiones no puede dejar de incorporar como parte importante de la agenda escolar la ola de violencia que afecta sobre todo a niñas y niños, a los y las jóvenes y a sus comunidades. Sus muertes y desapariciones hieren profundamente y, peor aún, se repiten una y otra vez siguiendo ya un patrón, incluso normalizado. Son una tragedia que no se va y que deja sin sentido los lazos profundos construidos a lo largo de años. Deja huecos también en la escuela o universidad donde las víctimas tejían cotidianamente sus vidas.

La educación no puede seguir actuando con un enfoque que es indiferente a la realidad en general y a una de las épocas más violentas en la historia del país. Es hora ya de abandonar la idea y la práctica de seguir educándonos –maestros y estudiantes– como si viviéramos en el mundo de fantasía que crea el enfoque neoliberal, una realidad mítica donde la prioridad es alcanzar una aristocrática excelencia, llegar a ser de los mejores y, además, triunfadores altamente competitivos. Esta concepción es absurda frente a la pobreza y la desventaja social que tienen la mayoría de las y los niños y jóvenes, que da lugar a una atmósfera escolar individualista que despersonaliza (vales sólo en tanto eficiente), enfatiza la competencia, plantea como objetivo prioritario el aprendizaje (no la formación de personas y colectivos) y con eso hace a un lado el valor y el ejercicio de las prácticas comunitarias. Para muchos, la única tabla de resistencia.

Como alternativa, desde el seno de escuelas e instituciones, estudiantes y maestros aquí y allá siguen insistiendo en el derecho a participar en la definición de los planes y programas de estudio, en la necesidad de reflexionar sobre el contexto en que se estudia y se ejercen oficios y profesiones en México y sobre qué cambios, en consecuencia, deben hacerse al enfoque de los estudios y de las profesiones. Sobre todo, lo más importante, cómo desmontar mitos tan absurdos como que nuestro país debe tener como prioridad la excelencia, y cómo aprender desde la escuela y la universidad a participar, a construir escenarios alternativos y definir rumbos para la localidad y la región donde se vive. Reconocer el concreto en que vivimos tal vez no cambie el estudio de disciplinas como la física, pero sí podría transformar radicalmente la formación de las y los físicos como ciudadanos activos en la institución y luego en la sociedad. Tener en cuenta la realidad permite también que la comunidad de la escuela o institución superior reflexione sobre un problema concreto como los orígenes de la violencia, su desarrollo histórico, los factores que la han alentado. Del conocimiento profundo de una realidad se pueden derivar cambios en la percepción que dan lugar a planteamientos más eficaces, utilizados en otras épocas o lugares. Además, son colectivos que pueden influir decisivamente en el rumbo de la educación y el gobierno a nivel regional y nacional. Todo esto permite –en este y otros temas– salirse del ritual oficial para el tratamiento de los hechos violentos: promesas de justicia, sentidas condolencias y pésimo (y sospechoso) manejo de las investigaciones. Cuando en el 68 la violencia del Estado tocó directa y arteramente a la universidad y a los estudiantes universitarios, fueron miles quienes, con el rector Barros Sierra a la cabeza, se defendieron y sentaron un importante precedente. Igual hicieron los y las politécnicas y lo mismo innumerables maestros y estudiantes, respondiendo a la agresión desde el Estado a lo largo de estos últimos 100 años. Pero nunca como ahora –salvo por las movilizaciones feministas y las protestas de la CNTE_ las escuelas y universidades han estado tan silenciosas y al mismo tiempo tan vulnerables.

La falta de participación en la defensa de la vida no se debe sólo al enfoque educativo actual. Tiene que ver, además, con el hecho de que al Estado históricamente le ha incomodado la autonomía o la mínima independencia de las escuelas o instituciones superiores. En el caso de las autónomas, por ejemplo, la participación real y significativa de los estudiantes en la conducción de su escuela o universidad ha sido acotada y reducida al silencio, a pesar de que también históricamente han mostrado una enorme fuerza interna y una determinación capaz de salvar vidas. Cuando una comunidad estudiantil reacciona fuerte y de inmediato, el Estado atiende. Sin embargo, en las escasas instituciones donde existen, los consejos universitarios sólo destinan un tercio de los escaños a los estudiantes (el resto a funcionarios y académicos). Y con eso se calla una voz poderosa, se apaga una esperanza y más seguirán muriendo solas.

* UAM-X.

Rosario Ibarra de Piedra, una sola mujer, optó por organizarse y luchar. Y su contribución fue enorme.