Lo que dicen los columnistas

Daniel Chávez Morán, supervisor de la destrucción neoliberal del patrimonio maya

Ricardo Raphael

Proceso

Cuando López Obrador nombró a Daniel Chávez como su supervisor personal en la obra del Tren Maya, lo instruyó para que vigilara “que los empresarios constructores no retrasen (las obras) ni inflen los presupuestos asignados”, pero no le encargó que buscara la armonía del megaproyecto con el entorno.

Quieren hacernos creer que, igual que el colesterol, hay neoliberalismo malo y también del bueno. Mientras el primero lo representan quienes no colaboran con la autonombrada Cuarta Transformación, el neoliberalismo bueno es cómplice y entusiasta aliado del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador.

En un formidable libro publicado hace unos años, El Pueblo sin atributos: la secreta revolución del neoliberalismo, la filósofa Wendy Brown define al neoliberalismo con criterios menos arbitrarios. Refiere a una ideología interesada solamente por los atributos económicos de la persona, que desprecia cualquier otra seña de su identidad: cultura, historia, espiritualidad, arte, valores, ideas, entre otras características que, no obstante, también forman parte de la complejidad del ser humano.

En otras palabras, el neoliberalismo destila la naturaleza humana hasta convertir a las personas en meras consumidoras o productoras, trabajadoras o empleadoras, oferentes o demandantes de bienes y servicios. De ahí que esta ideología sea miope respecto de toda consideración distinta a la producción de riqueza, su acumulación y la lealtad a las premisas que la sostienen.

Siguiendo la definición de Brown, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaría construido sobre alianzas neoliberales que son presentadas como benévolas y sin embargo hacen tanto daño como cualquier otra expresión de ese credo.

Entre esas alianzas destaca la relación que la Cuarta Transformación sostiene con empresarios indiferentes a todo aquello de lo humano que no pueda traducirse al lenguaje de la economía.

Un ejemplo destacado de estas alianzas es el ingeniero civil Daniel Chávez Morán, fundador del grupo empresarial Vidanta. Este hombre es integrante del selecto grupo de personas que conforman el Consejo Asesor Empresarial del presidente de México. Fue uno de los poquísimos individuos elegidos para acompañar a López Obrador a la Casa Blanca para cenar con Donald Trump en julio de 2020.

Días después, este magnate hotelero recibió el título “honorífico” de supervisor personal del mandatario mexicano para la obra de Tren Maya. Coincidentemente, KEI Partners, una empresa propiedad de sus hijos Érika e Iván Chávez, que presta servicios a Vidanta, cuenta entre sus empleados a José Ramón López Beltrán, primogénito del mandatario mexicano.

Tales credenciales han salvado a Chávez y sus empresas de ser acusados como neoliberales y, sin embargo, utilizando criterios menos caprichosos, como los propuestos por la filósofa Brown, son practicantes rigurosos de esa ideología.

Cuando López Obrador nombró a Daniel Chávez como su supervisor personal en la obra del Tren Maya, lo instruyó para que vigilara “que los empresarios constructores no retrasen (las obras) ni inflen los presupuestos asignados”.

En contraste, no le encargó que buscara la armonía de este megaproyecto con el entorno, tampoco que velara por el patrimonio natural o cultural de la península de Yucatán o que promoviera el diálogo con las personas que habitan la zona.

Lo único relevante, tanto para el mandatario como para su representante, fue el atributo económico –desarrollista– del tren. Esa visión de las cosas es ideológica, es neoliberal y no es buena.

Descontentas con la revolución neoliberal, otras voces han venido ganando tono y potencia para señalar la miopía que prevalece en el proyecto. Coinciden en su preo­cupación quienes conjuran la afectación al patrimonio histórico y también aquellas personas que han exhibido el daño que podría causar contra la naturaleza.

El llamado tramo 5 de esa obra, que iría de Cancún hasta Tulum, ha despertado las preocupaciones más graves, porque está a punto de arrasar con vestigios muy importantes de las poblaciones mayas que hace siglos quedaron sepultados bajo la selva. Cada día se suman más arqueólogos y antropólogos poseedores de un criterio ético independiente para denunciar esta realidad.

La revista Proceso (2372) publicó los argumentos del antropólogo social Juan Manuel Sandoval, quien advierte que esta obra está arrasando con decenas de miles de monumentos que van desde grandes estructuras hasta piezas de talla pequeña. También reclamó la negligencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a la hora de proteger el patrimonio potencialmente afectado.

Se suma en este mismo sentido la espeleóloga Ainat Gaia, quien advierte sobre la destrucción de la cueva conocida como El Escondrijo, donde se encuentran vestigios ceremoniales muy antiguos. En la misma hebra adelanta el riesgo al que está siendo sometida una vasta región donde hay restos de pirámides, templos y viviendas edificadas hace varios siglos (Reforma 27.04.22).

Desde el lado de la defensa al patrimonio natural se reclama como alarmante la afectación al manto acuífero, los ríos subterráneos, las cuevas y los cenotes que están ubicados bajo el mismo recorrido planificado para el tren. Esa afectación tendría implicaciones irreversibles para la flora y la fauna.

Originalmente el tramo 5 del Tren Maya iba a construirse a un lado de la carretera Cancún-Tulum, bajo la línea de alta tensión propiedad de la Compañía Federal de Electricidad. Pero la obra fue modificada cuando empresarios muy influyentes del sector turístico se quejaron ante López Obrador, argumentando que esos trabajos iban a afear el acceso a sus hoteles.

El principal vocero de estos intereses fue el supervisor presidencial, Daniel Chávez Morán, cuyo grupo empresarial opera más de 30 resorts de lujo en territorio mexicano, entre los que sobresalen aquellos que se verían afectados por la construcción de la obra del tramo 5.

En la fábula política contemporánea Chávez Morán sería un neoliberal bueno, mientras que buzos, activistas, artistas, ambientalistas, arqueólogos y un largo etcétera de personas preocupadas por la negligencia de esta megaobra para con el patrimonio del país han sido acusados de haberse formado en las filas del neoliberalismo malo.

Una narración al revés, que por obra del poder es capaz de tergiversar los términos, pero no las realidades. Por lo pronto, Daniel Chávez Morán, en tanto que supervisor máximo de la obra y amigo personal del mandatario, debería rendir cuentas por tráfico de influencias y conflicto de interés.

Nadando entre tiburones

La “Doctrina de Shock” del Presidente

Víctor Beltri

Excelsior

La estrategia parece ser clara. Cada semana un golpe distinto, o dos, o tres, o cuantos sean posibles. Anuncios inesperados, declaraciones estruendosas, propuestas —incluso— absurdas, pero que ocasionen un estado de “shock” generalizado, del que la población no habrá terminado de salir cuando ya habrá recibido el siguiente, mientras que el gobierno sigue avanzando en su propia agenda de “transformación”. Los ejemplos, abundan: así llevamos ya más de tres años.

“Populismo del Desastre”, lo denominamos en estas mismas páginas hace un par de años (https://bit.ly/3s4gR8T), parafraseando la forma en que Naomi Klein describe el oportunismo de quienes se aprovechan de las situaciones de crisis —las hayan provocado ellos o no— para proseguir su propia agenda y obtener los beneficios que están esperando. La gente, mientras tanto, entre más preocupada esté por su propia supervivencia, más dispuesta estará, también, a depositar su confianza en una figura de autoridad que le transmita certidumbre y le diga lo que quiere escuchar: para eso son las mañaneras.

“Doctrina de Shock” es —en términos de la propia Klein— la táctica brutal de utilizar la desorientación pública, tras un “shock” colectivo, para impulsar medidas radicales. Las tácticas de choque siguen un patrón muy claro: esperar a que suceda una crisis, declarar la necesidad de “políticas extraordinarias”, suspender algunas o todas las normas democráticas, y posteriormente acometer la lista de objetivos lo más rápido posible.

La investigación de Klein ha demostrado que cualquier situación podría servir para crear estos “shocks” generalizados, si los líderes políticos que los aprovecharán son capaces de manejar las emociones colectivas de forma correcta: de esta forma, podrán continuar con su agenda sin que sus planes, ni las deficiencias en su gestión, sean advertidos por una ciudadanía que sigue tratando de procesar los “shocks” de los últimos años, y esperando los que ahora ya sabe que, sin duda, seguirán llegando.

Al Presidente la pandemia le vino, como él mismo lo entendió desde un principio, como anillo al dedo: el “shock” puso a la ciudadanía, de inmediato, en un estado de supervivencia. Los “shocks” seguirían llegando, y la oposición entera ha seguido mordiendo el anzuelo: hoy estamos en “shock”, discutiendo los pormenores de reformas absurdas, o el contenido de los libros de texto gratuitos; antes, el “shock” fue por la postura a favor de Rusia, la inauguración del aeropuerto, los ataques a periodistas o cualquiera de los temas con los que, de manera cotidiana, trata de crear ese nuevo “shock” que nos distraiga de los resultados de una administración que, en términos reales, ha fracasado en cada uno de los temas importantes.

Los fracasos se resienten, y la ciudadanía cada vez está más molesta: el “shock” constante, sin embargo, la sigue entregando en los brazos de la figura de autoridad que conoce sus emociones y les dice, todos los días, lo que quieren escuchar. La oposición partidista, decíamos la semana pasada, no ha sido capaz de acercarse a la sociedad civil, y capitalizar el desencanto; la sociedad civil, por su parte, no ha sido capaz de unirse entre sí y exigir a los partidos que no retrocedan un ápice en la lucha contra el “Populismo del Desastre” del gobierno en funciones.

Lo que viene no lo sabemos, pero no es difícil predecirlo: la “Doctrina de Shock” continuará, y se incrementará en tanto el Presidente, que ha perdido el control, pero tiene todo el poder, perciba que se le escapa de las manos. Cada semana un golpe distinto, o cuantos sean posibles; anuncios inesperados, declaraciones estruendosas, propuestas que ocasionen un estado de “shock” generalizado, en el que no podemos seguir cayendo. La agenda pública, hay que entenderlo, tiene que ser definida por la ciudadanía y no por quien no es sino su mandatario: la “Doctrina de Shock”, en todo caso, también la resiente quien se sigue tropezando, todos los días, con una Casa Gris.

Razones

De regreso al partido único

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

La propuesta de reforma electoral presentada por el presidente López Obrador es un retroceso a los tiempos del partido único, es una forma de borrar de un plumazo los últimos 40 años de vida institucional, es un intento de quedarse en el poder, con López Obrador o sin él, al frente. El mandatario quiere volver al nacionalismo revolucionario y al estatismo de la mano con ellos, al partido único.

Algún punto de la propuesta es salvable, como, por ejemplo, recurrir al voto electrónico. Pero para que exista confianza en esos mecanismos, se debe mantener un organismo autónomo como el INE. La propuesta lo que busca es destrozarlo, acabar con él y con los consejeros independientes. Desde el momento en que se pide que se elijan a los consejeros y los magistrados del Tribunal Electoral por voto directo, se pierde toda la esencia del andamiaje electoral que hemos construido en las últimas cuatro décadas.

Elegir a los consejeros y magistrados por voto popular es como decidir de esa misma forma quién dirigirá el hospital general o al rector de la UNAM. No tiene sentido. Elegir como se hace actualmente a los consejeros (dos terceras partes de los votos en el Senado, previa selección de un comité de expertos de los aspirantes) parece ser una buena forma de mantener cierta autonomía y, al mismo tiempo, equidad. No tiene sentido cambiarlo.

La reforma busca gobernar con mayorías absolutas ficticias. Nuestro viejo modelo sin diputados plurinominales fue el que permitió la existencia del partido único. Los diputados surgen de su distrito y no importa si ganaron por un voto o por miles: el que gana se queda con todo. E incluso en las últimas elecciones ya hemos visto como cada vez más existen fuerzas de todo tipo que pueden manipular el voto en los distritos.

Se incorporaron los diputados plurinominales desde la reforma de Reyes Heroles en el gobierno de López Portillo para comenzar a romper esa hegemonía absoluta, para darle espacios, voz y voto a las minorías. Recordemos que en aquella elección de 1976, López Portillo en el colmo de la supremacía del partido único fue el único candidato: los demás partidos como el PCM eran ilegales y un PAN dividido prefirió no participar. Por una de esas paradojas de la vida, uno de los diputados del Partido Comunista Mexicano que estuvo en la primera legislatura como diputado plurinominal fue Pablo Gómez. Hoy es el que propone aniquilarlo.

Con los senadores quizás podría haber algún movimiento diferente, porque la lista plurinominal de senadores sí tiene un problema, lo dijimos desde que fue instituida. Mientras se su pone que los diputados representan al pueblo, los senadores representan a los estados. Que haya dos de mayoría y uno de minoría es una buena fórmula, y también lo era la de la lista plurinominal para tener mayor representatividad, pero resulta que con ella, la representación que tienen los estados se desequilibra. Es una falla de diseño, que tiene una buena intención: que la cantidad de senadores sea más o menos proporcional al voto de los ciudadanos.

Sin duda, hay que reducir el financiamiento de los partidos, ha crecido en forma desmesurada, pero hay que establecer mecanismos autónomos de control de las finanzas de los partidos, porque sino, lo que tendremos es otra vez el regreso del pasado: el partido en el poder que use sus recursos para avasallar a sus opositores y como los organismos electorales no serán de hecho autónomos, el desequilibrio, como lo fue durante 70 años, será absoluto.

Se deben reducir los recursos a los partidos, se debe abrir el autofinanciamiento, pero la única forma de hacerlo es con normas que se apliquen en forma estricta y con organismos autónomos que las hagan cumplir. Con esta propuesta, lo que se busca es simplemente ahorcar financieramente a los opositores.

Otra propuesta absurda es la de los tiempos de radio y televisión. Los actuales son una barbaridad que surgió precisamente de una exigencia de López Obrador después de las elecciones de 2006, indignado por aquella campaña de que era un peligro para México. Una campaña, por cierto, que no era diferente en agresividad a la que llevaba adelante entonces su candidatura e, incluso, mucho más suave de la actual campaña de denunciar a sus opositores como traidores a la patria, que se impulsa directamente desde la Presidencia de la República.

Los tiempos de radio y televisión deben ser disminuidos drásticamente para todos, y quienes quieran publicitarse sean partidos o ciudadanos deben poder hacerlo libremente. Porque, además, eso ya ocurre tanto en prensa escrita como en redes sociales y canales de internet, que tienen, estas últimas, audiencias cada vez mayores. Mientras se ahorca a los medios convencionales, se deja en absoluta libertad a los emergentes que venden millones en publicidad cubierta o encubierta sin control alguno, incluyendo la manipulación de las fake news y las campañas de desprestigio.

Hay mucho más, pero quedémonos con un punto solamente para terminar hoy. Quienes encabezan y presentan esta iniciativa son dos altos funcionarios del sistema de seguridad del Estado, con acceso a todo tipo de información privilegiada y recursos: Pablo Gómez, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Horacio Duarte, director de Aduanas. Los dos efectivamente han pasado toda su vida en temas electorales, entonces, ¿para qué diablos están ahora en áreas tan sofisticadas de seguridad?

La conclusión es que las han convertido vía información y recursos en un instrumento electoral. Con esa combinación de política, seguridad y dinero, ¿qué podría salir mal?

Astillero

Liberar al guardia Iván // GN: Desconcierto e incertidumbre // FGR: tentativa de homicidio // AMLO: ganar por paliza

Julio Hernández López

La Jornada

A diferencia de lo que de manera cotidiana sucede ante bandas del crimen organizado e incluso pobladores violentos, un efectivo de la Guardia Nacional disparó en Irapuato, Guanajuato, contra un vehículo en el que viajaban estudiantes de Agronomía de la máxima universidad de ese estado, con saldo de un muerto, Ángel Yael Ignacio Rangel (19 años de edad) y una herida, Edith Alejandra Carrillo.

Los hechos sucedieron el pasado miércoles, antes de las 5 de la tarde y, de manera alentadora la propia Guardia Nacional puso a disposición de autoridades civiles al presunto autor único de los disparos, de nombre Iván. Pero ese gesto de plausible sometimiento militar a los procedimientos penales y administrativos ordinarios fue enfriado este sábado con la liberación del supuesto responsable, por orden de un juez federal que actuó a partir de la consignación hecha por la Fiscalía General de la República de un expediente por homicidio calificado en grado de tentativa, a pesar de la evidente consumación del homicidio, que no quedó en grado de intento.

Tal excarcelación, profundamente contrastante con el laberinto judicial que suele mantener durante años en prisión a imputados por delitos consumados, tentativos, imaginados o fabricados, fue impugnada de inmediato por la Universidad de Guanajuato. La Fiscalía federal, por su parte, ha anunciado que apelará la decisión liberatoria del juez. Y la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno federal ha comunicado que, en este caso, asumirá con toda firmeza la representación de las víctimas en el marco de sus atribuciones y se impugnará toda resolución que vaya en detrimento de sus derechos humanos.

No debería haber margen de duda para el mantenimiento del guardia Iván en prisión. La propia Guardia Nacional, en comunicado oficial, aseguró que, al realizar reconocimientos disuasivos sobre un ducto de Pemex en Irapuato, fueron vistos dos vehículos estacionados en un camino de terracería sin poder identificar a los ocupantes, quienes al percibir su presencia procedieron a retirarse del lugar de manera precipitada, motivo que provocó desconcierto e incertidumbre .

Tales motivos, absolutamente impropios de una institución integrada mayoritariamente por militares y comandada por ellos, supuestamente entrenados para enfrentar situaciones más estresantes, pero, en realidad, para exterminar al enemigo sin más consideraciones, desembocaron en que, derivado de lo anterior, un elemento de la Guardia Nacional descendió del vehículo en el que se transportaba y de forma unilateral, accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar, resultando una persona fallecida y otra lesionada.

A pesar de esa narrativa claramente inculpatoria por parte del mando de la corporación (https://bit.ly/3y18jDs), la fiscalía federal consideró el homicidio en grado de tentativa y, con ese dislate, se abrió la puerta judicial para la excarcelación del guardia Iván.

Este privilegio castrense, aun cuando el proceso continuará y podrá derivar en una sentencia en su contra, muestra la disparidad de varas de la justicia en casos civiles y militares. Una muestra, además, del peligro que entraña el creciente empoderamiento (político y empresarial) de los militares.

Astillas

Mazamitla es un lugar turístico de Jalisco donde ayer hubo bloqueos carreteros y disparos de armas de alto calibre en las inmediaciones de la concurrida cabecera municipal. Quedaron tres muertos, según la contabilidad oficial, siempre a la baja. El gobernador Enrique Alfaro, que había estado en un torneo de golf en Puerto Vallarta, horas después de los sucesos reportó que volvía la calma, ¿por cuánto tiempo?… El primer beisbolista del país dijo ayer respecto a su equipo, 4T: vamos a seguir ganando, sí vamos a seguir ganando los juegos por paliza… Y, mientras ayer, en Hidalgo, Ebrard escuchaba el coro de ¡Presidente, presidente¡

Una reforma electoral audaz

John M. Ackerman

La Jornada

Ha llegado la hora para una renovación integral de la burocracia electoral heredada del viejo sistema neoliberal. Tanto los gastos excesivos de los órganos administrativos y judiciales en materia electoral como la parcialidad política de los consejeros y los magistrados constituyen una burla a la inteligencia y a la sensibilidad ­ciudadanas.

Los partidos políticos también requieren de una buena sacudida. El enorme flujo de recursos públicos que reciben cada año, junto con su falta de procesos democráticos internos, ha dado pie a burocracias indolentes y ejércitos mercenarios que terminan por alejar los institutos políticos de la ciudadanía y las causas populares.

La propuesta de reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado al Congreso de la Unión tiene el propósito de atender de raíz estos dos males endémicos que trastocan nuestro sistema democrático. Ya era hora de que la Cuarta Transformación, como un proyecto colectivo y libertario que busca instalar nuevas claves para la convivencia política en la sociedad, llegara a los órganos electorales y los partidos políticos.

El elemento más valioso de la reforma de López Obrador es la propuesta de renovar la totalidad de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como remplazarlos con un nuevo conjunto de consejeros y magistrados electos directamente por la ciudadanía. Esta propuesta audaz comprueba la vocación radical del Presidente, quien siempre busca arrancar los problemas de raíz en lugar de solamente atender los síntomas.

Para nadie es un secreto el enorme descrédito en que han caído los actuales funcionarios y jueces electorales. Parecieran no tener límites su cinismo, su soberbia y su parcialidad al negarse a ejercer la más mínima autocrítica con respecto a su desempeño. Para casi todos los consejeros y magistrados actuales el descarado fraude en las elecciones presidenciales de 2006 no pasa de ser una fantasía de López Obrador y todas las críticas contra las autoridades provendrían de la desinformación de la población o serían motivadas por intereses políticos o personales.

Urge romper con la burbuja de autocomplacencia burocrática que separa cada vez más al INE y al TEPJF de la ciudadanía. El despido sumario de los consejeros y magistrados actuales constituiría un excelente primer paso, como recordatorio y lección histórica de que nadie tiene el derecho a colocarse por encima de la ciudadanía y que el pueblo tiene en todo momento la prerrogativa de revocar el mandato de los funcionarios que incumplen con su mandato legal y popular.

Ahora bien, el sistema actual de nombramiento de los consejeros y los magistrados por las cámaras del Congreso de la Unión ya caducó. La intervención directa de las fracciones legislativas de los partidos políticos en la selección de los funcionarios y jueces electorales garantiza el establecimiento de relaciones de complicidad entre los nombrados y sus padrinos políticos en la Cámara de Diputados y el Senado. La situación actual es como si los equipos de futbol eligieran al árbitro, las grandes empresas oligárquicas a los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica o los delincuentes a los jueces que los juzgarían en tribunales. La única manera de asegurar la plena independencia de un órgano regulador es asegurando que los entes regulados, en este caso los partidos políticos, se mantengan al margen del proceso de selección de los integrantes de los entes reguladores, aquí los consejeros y magistrados electorales.

Este problema no se resolvió con la creación de un Comité Técnico de Evaluación de los perfiles de los candidatos al Consejo General del INE, incluida en la reforma electoral de 2014. Como miembro de este comité durante el último proceso de selección en 2020, me consta que, si bien este órgano sí ayuda a introducir algunos criterios técnicos en el proceso de revisión de perfiles, de ninguna manera se encuentra plenamente independiente del juego político en San Lázaro (https://bit.ly/3Kv3Qvf).

Ahora bien, el otro eje clave de la reforma de López Obrador es la eliminación total del financiamiento público para las burocracias partidistas. Tal como señala la iniciativa firmada por el Presidente de la República, el sostenimiento de [la] estructura burocrática [de los partidos políticos] durante tiempos no electorales nunca ha terminado de justificarse socialmente, dada la proliferación de élites partidistas ajenas al interés público y representatividad ciudadana. López Obrador aquí toma una postura clara con respecto a la gestión actual de Morena, donde el presidente del partido, Mario Delgado, ha utilizado las amplias prerrogativas del partido para financiar una estructura paralela llena de mercenarios que ha destruido la vida orgánica del partido y alejado este instituto político de la militancia y la ciudadanía.