Lo que dicen los columnistas

Las desigualdades laborales

Alejandra Ancheíta

Proceso

Se acerca el Día del Trabajo y con ello las reflexiones sobre los déficit, problemas y oportunidades que tenemos respecto a las condiciones de empleo en general y condiciones laborales en particular.

A Rosario Ibarra, ¡por su amor por la vida digna!

México es más que una sociedad desigual: es un país de desigualdades varias, diversas e interconectadas.

Se acerca el Día del Trabajo y con ello las reflexiones sobre los déficit, problemas y oportunidades que tenemos respecto a las condiciones de empleo en general y condiciones laborales en particular. Sin duda somos un país dispar en diferentes frentes y por ello la desigualdad no debe pensarse como un hecho unidimensional, y el tema del trabajo no es la excepción. Hay varias capas de desigualdad en este rubro que conviene visibilizar.

Con frecuencia se afirma que vivimos en una sociedad desigual. Y quizá la imagen que nos viene a la mente es la de la enorme diferencia entre los contados ultrarricos del país –con amplio poder económico y político– y las amplias capas empobrecidas y excluidas de las decisiones públicas.

Esta imagen en países como el nuestro es cotidiana y por ello normalizada. Conviven colonias aburguesadas con barrios marginados, sólo mediados por altas bardas de concreto. Y aunque los sectores más privilegiados tienden a encerrarse en enclaves urbanos, la distancia que buscan no omite la ofensiva disparidad de recursos.

Esa realidad extrema está ligada a otras desigualdades, principalmente las laborales, que conviven entre nosotras y que limitan el acceso a una calidad de vida digna para las mujeres. Las diferencias de ingresos entre actividades económicas, por ejemplo, es más sutil pero igual de fuerte. Si nos atenemos a los datos que ofrece la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, destacan varios elementos, aunque me detendré sólo en un par.

Primero: el trabajo agropecuario es la actividad peor pagada, siendo apenas una cuarta parte, en promedio nacional, de lo que gana un funcionario o un directivo. Este dato habla ya del poco valor económico que le damos como sociedad al campo y al trabajo de las campesinas, a pesar de ser una actividad clave de nuestra economía y el origen de los alimentos básicos que llegan a los hogares del país.

Segundo: el trabajo industrial y artesanal se paga a la mitad (de nuevo, en promedio nacional) respecto al trabajo de profesionistas, técnicos y artistas. Mientras que el primer grupo recibe un pago promedio por hora de 39 pesos, el segundo grupo recibe uno de 80 pesos. Trabajos todos que implican dedicación e importantes esfuerzos físicos, pero diferenciados fuertemente desde el ingreso que perciben.

La diferencia de ingresos por género es otra realidad injusta que, por fortuna, los diversos movimientos feministas han venido visualizando en los últimos tiempos, aunque aún queda mucho por avanzar, pues mientras siete de cada 10 hombres participan en la economía, solo cuatro de cada 10 mujeres lo hacen.

Salvo en los trabajos agropecuario y de ayuda en general, donde las mujeres ganan un poco más, todo el resto de las actividades económicas y profesionales es liderada por los hombres en cuanto a mayor ingreso. Y no sólo ganan más, sino que, de acuerdo con el IMCO, 55% de las mujeres ocupadas trabajan en la informalidad y en condiciones precarias.

La lista de diferencias podría seguir, pero ya se observa el punto central de la idea: hemos normalizado vivir en sociedades donde no hay una desigualdad general, sino varias e interconectadas desigualdades (laborales, sociales, económicas, raciales, de género, por mencionar algunas).

Parte de la respuesta a esta situación está construida desde los colectivos de mujeres organizadas políticamente, que visibilizan las problemáticas e injusticias –como los grupos feministas lo han logrado– y que inciden en las relaciones de poder que mantienen normalizada la precariedad en la vida y el trabajo.

Ejemplo de ese tipo de organización es la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Laborales (CNDDHL), un “colectivo de colectivos” de mujeres trabajadoras de diversos sectores (trabajadoras del hogar, trabajadoras de la maquila, jornaleras agrícolas y trabajadoras migrantes temporales, principalmente), que se agrupa en torno a la defensa de los derechos humanos laborales, con una perspectiva integral de sus diferentes derechos y desde una perspectiva de género.

Grupos como la CNDDHL son los que, desde las realidades locales, impulsan los cambios estructurales requeridos para que las diferencias que tenemos no se conviertan en desigualdades injustas que dividen y separan el tejido social y colectivo.

Las políticas de empleo y económicas de los gobiernos suelen quedarse cortas en sus alcances respecto a estas desigualdades existentes en nuestro país. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, si bien diseñados con buenas intenciones, están muy lejos de incidir en las diferentes dimensiones de la desigualdad y mucho menos de entender cómo lograr una igualdad sustantiva para las jóvenes trabajadoras.

¿Cómo se debe encarar este tema desde las políticas públicas? Es urgente que las autoridades identifiquen, primero, que más que una sociedad desigual, somos un país de desigualdades. También es necesario que las acciones que realizan sean coherentes con las causas que generan esas diversas desigualdades. Lo que hoy vemos son esfuerzos insuficientes y, sobre todo, muy fragmentados.

Pero no sólo es el gobierno el responsable de que esto cambie. Los poderes económicos deben estar sujetos a procesos de rendición de cuentas empresariales con el propósito de que sus desempeños se ajusten a los marcos nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos.

Como bien ha documentado el reporte de Oxfam Internacional, titulado Las desigualdades matan, las corporaciones de capital privado en lugar de trabajar para abonar a sociedades menos desiguales, profundizan la segmentación social y exacerban la violencia desde el modelo económico que fomentan y ahondan.

Si, como decíamos al inicio, más que una sociedad desigual somos un país de desigualdades, no es esperable que exista una forma o receta para darle vuelta al fenómeno.

Lo que sí queda claro es que todo lo que se ponga en marcha debe estar orientado a reducir las muchas y diferentes brechas que nos están separando y que si no hacemos algo urgente, nos estaremos rompiendo del todo como comunidad.

Zurda

La engañosa iniciativa electoral

Ruth Zavaleta Salgado

Excelsior

La provocadora iniciativa de reforma electo­ral que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados, no va a pasar porque Morena y sus aliados no tienen los votos para hacerlo. Lo saben, así que el intento no es otra cosa más que un ardid para rescatar simpatías perdidas. Incitar al enojo de los ciudadanos, a partir de presentarles los grandes números de lo que cuestan algunas instituciones y los partidos políticos, es una artimaña de los go­biernos con características populistas.

En ninguna región del mundo los parti­dos políticos son populares, pero sólo en los países donde prevalece la simulación de la democracia impera la hegemonía de uno. Contra eso luchamos los mexicanos y por eso se creó el Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE).

La garantía de la libertad política en Mé­xico sólo puede derivarse de un órgano que sirva de árbitro, eso es el INE y así debe con­tinuar. De hecho, así lo consideran los ciu­dadanos a pesar de las descalificaciones del Presidente y sus colaboradores.

Desaparecer 200 diputados plurinomina­les afecta principalmente a los partidos emer­gentes, por esa razón no se entiende que el del Trabajo y el Verde Ecologista de México quieran votar a favor de la reforma. La repre­sentación proporcional surgió precisamente para reconocer el pluralismo político y la ne­cesidad de someter a la disputa institucional, del poder político, a aquellos que no creían en la vía pacífica para la transformación social. Ahora debe servir para garantizar el derecho de las minorías que son discriminadas: pue­blos indígenas, personas afromexicanas, jó­venes, mujeres y otros sectores discriminados y excluidos del acceso al ejercicio del poder político.

Si bien es cierto que estuvo mal la refor­ma, que incrementó el número de senadores por vía de la representación proporcional, también es cierto que la modificación res­pondió a la necesidad de ampliar el espectro para la construcción de acuerdos. De todas formas, disminuir el número de senadores en este momento de manipulación social y quebranto de las normas jurídicas por los  propios gobernantes, como la jefa de Go­bierno, Claudia Sheinbaum, durante el pe­riodo de veda de la Consulta de Revocación de Mandato, es suicida para la democracia.

Desaparecer los Institutos Electorales Lo­cales (Oples) sólo lesiona los derechos de­mocráticos de las entidades. Fue un error la reforma del 2014 que convirtió el IFE en INE y generó que desapareciera el proceso demo­crático mediante el cual se elegían a los con­sejeros locales, por lo que, si hubiera alguna reforma al respecto, debe ser la de permitir a las entidades de la Federación ejercer plena­mente sus derechos políticos para consolidar la democracia local.

Disminuir el porcentaje de participantes en una consulta de revocación de mandato es signo de que se está previendo la derrota de quienes gobiernan ahora. Esta consulta jamás debió realizarse. Los mexicanos vivimos bajo un régimen político presidencial y tenemos mecanismos como el juicio político contra el presidente o contra los funcionarios de pri­mer nivel de los tres Poderes de la nación, los órganos autónomos y los tres niveles de go­bierno. No necesitamos este instrumento que puede ser nocivo e inducirle ingobernabilidad a quien logre derrotar a Morena en 2024. Des­pués de la próxima elección presidencial tie­ne que reformarse la Constitución, pero para desaparecer esa consulta de revocación de mandato, dado que se promovió con la idea de fortalecer la figura autocrática del actual Presidente de la República.

Con respecto a las modificaciones sobre el consejo del INE, no se puede aceptar que el árbitro sea sometido como se pretende con la iniciativa presidencial, pues para eso existe el Tribunal Electoral que funciona como su contrapeso.

Finalmente, sobre las opiniones contra el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y otros consejeros porque no se quedan callados ante los ataques del Presidente y otros actores po­líticos, estoy segura de que ésa es la única for­ma de hacer que se respete a la institución que millones de mexicanos consideramos indispensable para garantizar la democracia mexicana. No, no estamos de acuerdo en que se lesione la esencia del INE: su autonomía.

Arsenal

No tenemos autoridad moral para pisotear a la oposición: Monreal

Francisco Garfias

Excelsior

Las declaraciones de Ricardo Monreal parecían dirigidas a los promotores de la campaña de linchamiento en contra de los diputados de oposición amenazados con cárcel por haber votado en contra de la reforma eléctrica.

Hablamos, en primer lugar, del Presidente de la Repúbli­ca y su amenaza de aplicarle a los opositores las sanciones previstas por el artículo 123 del Código Penal Federal a los “traidores a la patria”: de 5 a 40 años de cárcel.

Pero también de Mario Delgado y de Citlalli Hernández, presidente y secretaria general de Morena, por denunciar pe­nalmente a los 223 legisladores del PAN, PRI, PRD y MC que le tumbaron a AMLO su sueño de ser el Adolfo López Ma­teos –nacionalizador de la electricidad– del siglo XXI.

En una entrevista concedida en Querétaro, donde cenó anoche con el gobernador panista Mauricio Kuri, Monreal se salió de la estrategia de medir los tiempos para evitar ma­yor encono en los círculos del poder y dijo:

“Fui legislador de oposición muchos años. Éramos igno­rados, excluidos, pisoteados. No tenemos autoridad moral para hacer lo mismo que nos hacían.

“Hay que escuchar a los de la oposición, respetarlos, re­visar sus propuestas, construir consensos. Sólo así podremos avanzar en la reforma electoral”, puntualizó.

Al zacatecano lo quieren sacar de la contienda presiden­cial en Morena. Unos hablan de que va a negociar la jefatura de Gobierno de la CDMX, otros que aparecerá con la oposi­ción. No falta quien lo dé por muerto.

Pero él insiste que va a buscar la candidatura de Morena:

“Una vez que salga la convocatoria para elegir Presidente de la República, me voy a inscribir. Deseo que el piso esté pa­rejo para las candidaturas, porque les voy a ganar a la buena”.

Al senador, obvio, no se le escapó el detalle del “destape” de Adán Augusto López Hernández, en la reunión del presi­dente López Obrador con legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia.

Dijo al respecto: “El Presidente públicamente empujó al secretario de Gobernación. Ya tiene cuatro o cinco de su equipo.

“Pero fundamentalmente están la gobernante de la Ciu­dad de México, el secretario de Relaciones Exteriores y, aho­ra, el secretario de Gobernación… Tendrán que escoger a uno de ellos para que se enfrente conmigo”.

Y, como dijo en otro foro, está convencido de que es el mejor para suceder a AMLO.

* Adelina Dávalos Martínez es la esposa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco. Vino a la CDMX a entregar una carta a las oficinas de la ONU en la que habla de las “injusticias” y el “abuso de poder” que ha vivido su marido en los 45 días que lleva en la cárcel.

El exgobernador tiene abiertas dos carpetas. Una por des­vío de recursos públicos para recabar firmas en la pasada campaña presidencial y la otra por abuso de autoridad en el tema del transporte público y la Ecovía.

Hablamos con ella. Nos dice que los delitos por los que se acusa a El Bronco no ameritan prisión preventiva. “Es una persecución política derivada del enojo y el rencor de la autoridad hacia mi esposo”, asegura.

Y agrega: “Toco puertas y alzo la voz, a sabiendas de que esto puede repercutir en la situación que Jaime vive dentro”.

Luego pregunta: “¿Cómo es posible que mientras se de­sarrollaban las audiencias, los medios y la autoridad ya es­tuvieran ventilando que Jaime iba a estar en prisión, cuando ese tema ni siquiera lo había tocado el juez?

Ella misma responde: “Es evidente que hay línea para que Jaime llevara su proceso dentro del Cereso”.

La señora Dávalos hace notar que las autoridades de Nuevo León –Fiscalía y gobernador, principalmente– le pu­sieron la “lupa” a la carpeta del exgobernador. La conocían a detalle.

Pero que en el sonado caso de la muerte de Debanhi, que conmovió al país entero, Samuel García declaró que no conocía ni “la méndiga carpeta”.

Nos dijo también que el caso de las broncofirmas está en el “limbo”: el juez federal ya se declaró incompetente y el local no tiene competencia. El caso irá a un tribunal, aseguró.

* Hay noticias en Casa Cuervo, la tequilera con presencia en 85 países del mundo. Nos dicen que don Juan Beckmann Vidal deja la presidencia del consejo de administración de la empre­sa. Se queda en su lugar su hijo, Juan Domingo Beckmann Legorreta.

La asamblea de accionistas ya aprobó las designaciones. Don Juan fue nombrado presidente vitalicio de esta empresa que tiene, nada más, 7 mil 800 empleados en México.

México SA

Gómez Fierro, protector de saqueadores // Jueces nulifican a Ejecutivo y Legislativo // PRI-MC-PRD: más caldo que albóndigas

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Es el cuento de nunca acabar: el Ejecutivo propone, el Legislativo dispone y el Judicial lo echa todo para atrás para proteger los intereses ilegales de los oligarcas nacionales y trasnacionales, por lo que los dos primeros poderes citados quedan nulificados por decisión –interesada, desde luego– del tercero, quien a diferencia de ese par carece de representación ciudadana. Se trata de la muy lucrativa industria del amparo, regenteada por jueces corruptos en contra de la nación.

Para nadie es novedad que en México la justicia es más lenta que el progreso, pero si se trata de proteger los intereses oligárquicos resulta expedita, más rápida que una saeta, y en esta dinámica algunos jueces son raudos para atender las instrucciones del gran capital. No son pocos, desde luego, pero en esa camada aparece Juan Pablo Gómez Fierro –de la mano de Rodrigo de la Peza, quien le hace segunda– en eso de velocidad de otorgar amparos a manos llenas y a la menor indicación para dar cobertura a las empresas privadas que permanentemente violan la ley y saquean las arcas nacionales.

El primer día de febrero de 2021 el Ejecutivo envío al Congreso su iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica; el día 24 de ese mismo mes la Cámara de Diputados la aprobó y el Senado hizo lo propio el 2 de marzo; una semana después, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, sólo para que menos de 24 horas después el juez Gómez Fierro sacara su libreta de amparos favorables a las trasnacionales.

Tan descarado fue el proceder de Gómez Fierro y de su contlapache De la Peza, que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, anuló las medidas cautelares otorgadas por ese juez. Sin embargo, esos jueces no dejaron de conceder amparos hasta sumar (estimación oficial) alrededor de 4 mil 500. Así, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica –aprobada por el Congreso– debió pasar el tamiz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien la declaró constitucional.

Sin embargo, a Gómez Fierro lo anterior le tiene sin cuidado y de nueva cuenta mete la mano para proteger a Iberdrola, en el entendido, como se ha comentado en este espacio, que todo cabe en un amparo sabiéndolo comprar; los consorcios privados participantes en el mercado nacional de energía eléctrica simplemente seleccionaron a un juez a modo, llegaron a un acuerdo (es obvio de qué tipo) y de inmediato obtuvieron la protección de la justicia para que no alteren su plan de negocios (léase atraco al erario).

La Ley de la Industria Eléctrica (aprobada por el Congreso y declarada constitucional por la SCJN) entre otras cosas obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a declarar nulos los permisos fraudulentos de autoabasto, como los de Iberdrola. El ente actuó en consecuencia y en enero pasado no renovó el contrato de interconexión para Dulces Nombres (así se llama la planta propiedad de esa trasnacional española en Nuevo León).

Sin embargo, ¿para qué están los amigo$, $iempre tan comprensivo$ y justiciero$. La Jornada (Alejandro Alegría) lo reseña así: “el juez Gómez Fierro –quien ha emitido en meses recientes suspensiones contra iniciativas legales del gobierno federal– concedió a Iberdrola un amparo provisional contra la desconexión de la generadora Dulces Nombres que da marcha atrás a la decisión de la CRE. Debe permitirse la operación de la planta. La interconexión al Sistema Eléctrico Nacional. La quejosa solicitó por la vía legal que no se le interpongan obstáculos para que complete la migración de su permiso hacia uno de carácter único de generación al amparo de la Ley de la Industria Eléctrica y continúe operando bajo la figura de autoabasto” (cortesía de Salinas de Gortari).

¿Algo más? Tanto que defienden a los organismos autónomos, como la CRE, y son los primeros en pasarles por encima. Queda claro que los traidores a la patria no sólo duermen en San Lázaro.

Las rebanadas del pastel

De los siete partidos que despachan en San Lázaro, tres tienen más diputados plurinominales que por mayoría relativa: PRI (39 y 31, respectivamente; Alito, entre ellos); Movimiento Ciudadano (16 y 7, en cada caso) y PRD (8 y 6). Lo mismo sucede en el Senado: en igual orden, tricolores, 7 de 13; naranjas, 6 de 9, y Chuchos SA, 3 de 3. Entonces, ¿cómo no enloquecer ante la posibilidad de que los pluris se vayan mucho a cobrar a otra parte?