Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas

Número cero
Feminicidios, el abandono a las mujeres
José Buendía Hegewisch
Excelsior
La respuesta inercial a la conmoción por la epidemia de feminicidios es una constatación de que la tragedia está fuera de control y, peor aún, que las autoridades no saben qué hacer con ella. ¿Qué clase de transformación política puede haber en un país que abandona a las mujeres a la violencia y el crimen? Tras casi tres décadas de inacción desde las muertas de Juárez hasta la nueva ola de feminicidios en Nuevo León, las desapariciones y crímenes realmente importan poco más allá de encabezados sobre mujeres asesinadas.
Su seguridad no es prioridad, no al menos del principal instrumento para transformar la realidad del país: el presupuesto. Ante la alarma social en la opinión pública ahora por el caso de Debanhi Escobar en NL, recurrir otra vez al populismo judicial significa optar por un virus del que tampoco hay vacuna. Pero ni siquiera ese recurso para el aplauso fácil y simular que sí se actúa se sostiene sin correlato en programas y presupuestos públicos.
El comportamiento es rutinario. El Congreso ha respondido a la alarma social con reformas para aumentar el grado de persecución con la pena de 45 años de cárcel para la tentativa de feminicidio, elevar castigos y prisión oficiosa en el intento de crimen de odio contra las mujeres. Ya antes se había reformado el Código Penal Federal para elevar de 60 a 65 años la pena máxima para este delito, incluido en el catálogo de prisión preventiva, sin efecto alguno para evitar el asesinato de 10 mujeres al día. Ha sido también la respuesta en varios estados, sin evitar que, desde 2015 a la fecha, el feminicidio escale 121 por ciento.
La contestación otra vez es inercial e incluso ficticia porque estas medidas ni siquiera pueden aplicarse sin recursos para revisar a las fiscalías, las investigaciones que involucran al crimen organizado y hasta las capacidades profesionales para configurar un caso de tentativa que los jueces puedan avalar.
Si existen dudas de la eficacia de las acciones punitivas para enfrentar el problema, una solución separada de contexto de la justicia solamente existe en la imaginación de legisladores y gobiernos impotentes para controlarlo.
La muerte de Debanhi es prueba de que el populismo judicial, sin aparato de justicia eficaz, no sólo es cuestionable, sinorisible, cuando el secretario de seguridad de NL, Aldo Fasci, admite que la búsqueda de la joven fue una “falla humana masiva”. Hasta cuatro revisiones en el motel a las afueras de Monterrey donde se encontró su cadáver en una cisterna, en la que se dijo, en principio, que había caído y se había ahogado. Y no es un caso extraño —en eso tiene razón Fasci—, por el contrario, explica que la ONU califique la desaparición en México como el “crimen perfecto”. Su caso es la punta del iceberg del problema de fondo: 25,000 mujeres desaparecidas en el país.
El perfil del abandono a las mujeres lo configuran la transferencia de recursos de seguridad pública a las corporaciones militarizadas, como la Guardia Nacional, y la reducción presupuestal a programas de protección e igualdad de género. NL es uno de los estados más castigados en fondos federales para seguridad, que coincide con la espiral de desaparición, más de 50 en lo que va de 2022. Pero es sólo un botón de muestra de las consecuencias del olvido presupuestal de programas para las mujeres.
Ni siquiera en el anexo 13 del presupuesto federal dedicado a la igualdad de género se revierte la situación porque los recursos incluidos están diluidos en programas dirigidos a otras poblaciones, como adultos mayores o becas para jóvenes. Podría rebatirse que las benefician indirectamente porque las descargan de problemas, pero esto no hace más que ilustrar la visión particular del gobierno sobre ellas como un tema subsidiario de los programas sociales o un daño colateral de la falta de acceso a la justicia.
Ninguno dirigido a evitar que no se sientan a salvo en las calles y en su propia casa o evitar que la mitad en prisión estén por delitos cometidos por sus parejas o del entorno familiar, como el secuestro. Ninguno dispuesto a romper el tabú del feminicidio con la investigación del crimen organizado para prevenir la violencia y protegerlas. Ninguno que supere respuestas inerciales de crímenes de alto impacto… Ninguno que contradiga la idea de que el país abandona a sus mujeres.
Juegos de poder
Twitter, Elon Musk y la libertad de expresión
Leo Zuckermann
Excelsior
El hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha adquirido Twitter en otra de sus jugadas arriesgadas. Le costó $44 mil millones de dólares incluyendo una deuda por $12 mil 500 millones garantizada con sus acciones de Tesla y otros $21 mil millones de dólares que obtendrá de capital vendiendo títulos accionarios. No parece haber sido un buen negocio, ya que el valor de Tesla en la bolsa de valores, una vez anunciado que Twitter aceptaba la oferta, cayó en $125 mil millones de dólares causándole a Musk una pérdida de $30 mil millones de dólares de su fortuna. El empresario puede darse este lujo ya que, de acuerdo con Bloomberg y Forbes, su patrimonio sobrepasaba los $250 mil millones de dólares antes de adquirir Twitter.
Hoy el mundo se pregunta: ¿por qué quiere Musk ser el dueño de esta plataforma?
Y es que la relación del multimillonario con Twitter ha sido muy polémica.
Es la sexta persona en el mundo con más seguidores (86.5 millones), por lo que sus tuits tienen una gran influencia.
En 2018, Musk tuiteó que pretendía deslistar a Tesla de la bolsa de valores pagando $420 dólares por acción, un tuit de broma en referencia a la mariguana (este número se ha convertido en el símbolo de la yerba). Muchos accionistas no entendieron y salieron a liquidar posiciones. La autoridad reguladora de Estados Unidos, la SEC, tuvo que investigar concluyendo que el chistecito de Musk afectó a varios inversionistas. La SEC le impuso una multa de $20 millones de dólares y $20 millones a Tesla. El empresario también acordó ya no tuitear sobre su compañía sin la aprobación de sus abogados. Musk dijo que “el chiste había valido la pena”.
Dos años después, volvió a utilizar Twitter para hablar de las acciones de Tesla. Tuiteó que estaban muy caras, lo cual significó una pérdida de valor de $14 mil millones de dólares.
En 2021, realizó una encuesta en Twitter para ver si vendía o no el 10% de sus acciones de Tesla. Como 3.5 millones de usuarios se mostraron a favor, Musk procedió a la venta, lo que le dejó más de $16 mil millones de dólares. La SEC está investigando si dicha maniobra representó un delito de tráfico de información privilegiada.
Los tuits de Musk mueven los mercados generando ganadores y perdedores en transacciones de miles de millones de dólares. Ahora este señor será el dueño de Twitter sin tener los controles propios de una empresa que cotiza en bolsa, ya que ha anunciado que piensa deslistar a la plataforma para convertirla en una empresa privada.
Musk no sólo ha utilizado Twitter para hablar de sus empresas. También le gusta hablar de otras cosas generando mucha controversia.
En 2018, sus ingenieros construyeron un minisubmarino para rescatar a los niños atrapados en una cueva en Tailandia.
Cuando el aparato llegó a su destino, ya habían sacado a varios de los infantes por lo que ya no se usó el submarino. Uno de los rescatistas criticó a Musk afirmando que todo había sido un ejercicio de relaciones públicas, por lo que el aparato se lo podía “meter donde le doliera”. Musk le respondió por Twitter tildándolo de pedófilo. Cuando el rescatista amenazó con demandarlo, borró los tuits y se disculpó.
Musk también puso varios tuits cuestionando las realidades científicamente comprobadas del covid-19. Promovió, por ejemplo, el uso de cloroquina, se opuso a los confinamientos y predijo que la pandemia terminaría un mes después que había llegado a Estados Unidos.
Por Twitter envió un meme que comparaba a Justin Trudeau con Adolfo Hitler. Y es que el primer ministro canadiense había presionado a los camioneros a vacunarse contra covid-19. Ante la andanada de críticas, borró ese tuit.
¿Para qué compró Musk a Twitter a un precio alto? ¿Qué cambios le hará para hacerlo más rentable? ¿Será que quiere utilizar la red social para empujar sus negocios (incluyendo sus posiciones en criptomonedas) y agenda política? ¿O tan sólo estamos frente a un capricho de un multimillonario que se puede dar este tipo de lujos?
Cualquiera que sea la razón, lo importante es que Twitter siga funcionando como una red social donde los usuarios podamos expresarnos con toda libertad, siempre y cuando no incitemos a la violencia, como ocurrió con Trump en 2021.
En este sentido, las primeras declaraciones de Musk son alentadoras:
“La libertad de expresión es la base de una democracia funcional y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Quiero que Twitter sea mejor que nunca reforzando el producto con nuevas características, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los robots de spam y autenticando a todos los humanos”.
Si es así, bienvenido sea.
Impunidad selectiva
Juan Carlos Ruiz Guadalajara *
La Jornada
Tras haber agotado la mitad de su periodo de gobierno, el presidente López Obrador (AMLO) no ha dado muestras creíbles de que su recurrente afirmación sobre el fin de la impunidad en México corresponda a la realidad. Sus inexplicables posturas de sólo promover el juicio moral sobre los políticos sospechosos de alta corrupción en el pasado inmediato, así como su insostenible argumento de no denunciarlos desde su posición para no perder tiempo, representan una claudicación explícita que en muchos sentidos se asemeja al viejo pacto de impunidad.
Cierto, el Presidente no es Ministerio Público; sin embargo, y a pesar de sus grandes logros en otros ámbitos de su quehacer como gobernante y de su valiente postura internacional contra la guerra, parece haber olvidado que uno de los motivos de su abultada e histórica votación se encuentra en el deseo ciudadano de erradicar la impunidad, que ha puesto en riesgo la viabilidad de México como nación.
En contraste, lo que hemos experimentado es una especie de impunidad selectiva que nos aleja irreversiblemente de cualquier posible transformación. Responsabilizar al neoliberalismo de todas nuestras taras colectivas se ha convertido en un nocivo cliché que, aunado a la falta de autocrítica por parte de la nueva clase política lopezobradorista y de sus fieles, nos lleva a un punto muerto en el terreno de las responsabilidades legales y políticas e impide la urgente recuperación de un país de leyes.
¿En verdad la impunidad ha desaparecido de nuestro país? No sólo están sin castigo grandes saqueadores como Enrique Peña Nieto y otros que en los anteriores gobiernos se enriquecieron y arrojaron a la sociedad mexicana a la precariedad y al subdesarrollo; tampoco encuentran castigo personajes como Felipe Calderón, quien, entre otras atrocidades, entregó el país a la violencia del crimen organizado y lo convirtió en una fosa común. A esta impunidad selectiva y activa de alto nivel se han sumado nuevas agravantes ahora bajo el sello y absoluta responsabilidad de la autodenominada 4T.
Uno en particular que ha sido bálsamo para muchos corruptos es el apoyo de AMLO y del Senado a Alejandro Gertz Manero, primer fiscal de la República, no obstante su inexplicable inacción o incompetencia. Otro más grave lo encontramos en la impunidad del gobierno federal al ignorar amparos que van contra sus megaproyectos, principalmente aquellos recursos que han sido otorgados a comunidades y colectivos mayas para intentar detener el ecocidio que representa el mal llamado Tren Maya.
Sin embargo, existe un caso de extrema impunidad que muestra sin concesiones las incongruencias de la 4T en materia de justicia. Me refiero a lo que sucede en San Luis Potosí con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien arribó al poder estatal con el apoyo del Partido Verde y de la cúpula nacional morenista. No obstante todas las pruebas documentales que desde hace años han aportado los ciudadanos sobre los desvíos de recursos públicos y el enriquecimiento inexplicable de Gallardo Cardona en su trayectoria política, ha predominado la impunidad.
A pesar de haber sido excarcelado en 2015 por fallas en el procedimiento mas no por exculpación, partidos como el PRD, el Verde y la dirigencia de Morena se aliaron sucesivamente a Gallardo a cambio de apoyos políticos coyunturales y a costa de la tranquilidad de los potosinos. Pero lo peor ha sido la connivencia de la 4T con Gallardo a sabiendas del historial del personaje y su familia. AMLO candidato fue varias veces informado sobre los pasos de Gallardo Cardona y de su padre, Gallardo Juárez, a quienes llegó a calificar de mafiosillos; sin embargo, AMLO presidente parece haberlo olvidado. Gracias a la insistencia ciudadana, la actual Fiscalía General de la República (FGR) ha conocido toda la documentación sobre los presuntos ilícitos de los Gallardo.
Como ya se ha hecho público, la misma Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de AMLO presentó en agosto de 2020 el análisis de todas las pruebas ante la FGR, a la que solicitó judicializar el asunto. En vez de esto y sin haber sido molestado por la fiscalía, a Gallardo Cardona se le permitió ser candidato, ganar las elecciones y asumir la gubernatura en la más absoluta impunidad. ¿Esta es la justicia de la transformación?
Ni la FGR, como tampoco el gobierno de AMLO con todo y su UIF pueden seguir como si nada estuviera pasando. Lo que podría salvar algo de la 4T en el combate a la impunidad sería la acción de la justicia para llegar a la verdad en este grave asunto. El Presidente tampoco puede seguir fomentando la impunidad activa; se debe pronunciar sobre este caso que conoce muy bien y que representa, hasta ahora, la claudicación a sus más caros principios.
El problema es que mientras los ciudadanos esperamos la justicia Gallardo avanza en el sometimiento de los poderes políticos locales y en su alianza con los poderes fácticos, siempre atentos a los negocios al amparo del poder. Que nadie lo dude, lo que sucede en San Luis Potosí se consolida cada vez más como el fracaso más rotundo de la 4T contra la impunidad, con toda la violencia que esto representa.
* Investigador de El Colegio de San Luis.
Musk y el tecnofeudalismo
Rosa Miriam Elizalde
La Jornada
Elon Musk ha comprado Twitter por 44 mil millones de dólares. Se trata de una operación financiera en el ámbito de la industria tecnológica y sólo hacen sombra la fusión de EMC Corp y Dell, y la absorción de Activisión/Blizzard/King por parte de la división de videojuegos de Microsoft (Xbox).
Según el comunicado de prensa en el que Musk anuncia la adquisición de la red social, se compromete a autenticar a todos los humanos, lo que ha sido interpretado por muchos como una declaración de guerra contra los bots, mientras otros especulan con la posibilidad de que desaparezca el control a los contenidos violentos y racistas, más el regreso de Trump a la red de la que fue expulsado. En lo que casi nadie se detiene es a meditar cuál puede ser el interés que tiene el hombre más rico del mundo en la identidad de los usuarios y el tráfico de la red social.
Twitter tiene más de 500 millones de usuarios, una cuarta parte de la población de Facebook, pero a diferencia de ésta y otras plataformas que han aplicado políticas de nombre real, la comunidad de microblogging ha permitido que las personas usen seudónimos o permanezcan en el anonimato. Esto podría cambiar definitivamente con Musk. ¿Por qué? Los que tienen cuentas verificadas en Twitter saben que esto requiere el acceso a datos personales sensibles –incluyendo la copia del pasaporte o el DNI–, y si hay algo que da dinero en la era del capitalismo salvaje es la información sensible que tienen las empresas sobre miles de millones de ciudadanos.
Cédric Durand llamó tecnofeudalismo a este fenómeno, en el que convergen los grandes monopolios, la dependencia de los sujetos a las plataformas tecnológicas y la confusión de la distinción entre lo económico y lo político. Estas mutaciones han transformado los procesos sociales y le han dado una nueva actualidad al feudalismo: somos los vasallos de unos señores feudales que capitalizan nuestro tiempo, nuestros gustos y nuestras emociones, con ganancias inimaginables para los pulpos del petróleo de hace menos de una década.
Todo el mundo está en Facebook o Instagram, Twitter o Tiktok. Si va a comprar algo, seguramente termina en Amazon. Esto, que puede no parecer pernicioso por sí mismo, alcanza un volumen crítico cuando la capitalización bursátil de un servicio supera el producto interno bruto (PIB) de conglomerados de países. Se trata de un poder supraestatal que ninguna institución pública y democrática controla: en 2021, el valor de Apple en la bolsa superaba la suma del PIB de 34 países africanos; en 2000, 84 familias concentraban 80 por ciento de los medios de comunicación en el mundo; hoy ese poder mediático está en manos de seis empresas, incluida la de Musk, Tesla, que se acaba de tragar a Twitter.
Gracias a nuestro trabajo invisibilizado y gratuito –se estima que de media pasamos tres horas y 15 minutos al día conectados a Internet– las aplicaciones y plataformas son más eficientes estudiando y modelando las conductas de los usuarios y, a la par, rentabilizan toda huella que dejamos en la red. Estamos atados a la gleba digital, y en este nuevo orden económico emergente los capitales abandonan la producción para concentrarse en la depredación. Dicho de otro modo, una férrea organización social y política, el tecnofeudalismo, está basado en el señorío de unos pocos sobre la servidumbre de la mayoría, nosotros.
No es una teoría conspiranoica. El concepto de tecnofeudalismo nació en los laboratorios políticos y las universidades y hay océanos de información y perspectivas científicas al respecto, pero Elon Musk ha llevado esta realidad a otro nivel al situarse en el límite entre lo verosímil y lo inverosímil, como suele hacer la ciencia ficción, con sus automóviles electrónicos, sus proyectos de colonización marciana, su Internet satelital que embasura el espacio y su jaula tuitera.
Con Twitter, Musk se acaba de meter en el cuerpo a cuerpo de los ejércitos que combinan las capacidades de manipulación de información y desinformación, la cibernética y la sicología, la ingeniería social y la biotecnología. Es la guerra cognitiva, cuya capacidad para explotar las vulnerabilidades del cerebro humano estamos viendo en todo su esplendor en Ucrania. Es ciencia, sin ficción y sin ética. Carlomagno y Cruzadas 4.0.
