Lo que dicen los columnistas

Autopistas: ¿deben o no ser de pago?

Ernesto Villanueva

Proceso

En México se ha internalizado históricamente en la comunidad que el uso de las autopistas, por lo menos la inmensa mayoría de ellas, tiene un costo porque reciben mantenimiento, se paga la inversión privada o público-privada que se hizo y existe un seguro que nadie pidió.

En México se ha internalizado históricamente en la comunidad que el uso de las autopistas, por lo menos la inmensa mayoría de ellas, tiene un costo porque reciben mantenimiento, se paga la inversión privada o público-privada que se hizo y existe un seguro que nadie pidió y que, sin embargo, es obligatorio pagar en las diversas casetas establecidas para esos efectos.

De ahí, por tanto, que haya causado molestia en algunos medios que en febrero pasado Caminos y Puentes Federales (Capufe) haya cancelado “hasta nuevo aviso” un incremento en las tarifas de 7.36% en promedio. Vamos, hasta la calificadora Moody’s criticó al gobierno mexicano porque esa decisión generaría un desequilibrio económico… para las concesionarias, por supuesto. El tema en México ha sido poco tratado y menos explicado, de ahí la importancia de su análisis. Veamos.

Primero. En distintos países la inversión privada juega un papel fundamental en la construcción de autopistas. Es entendible, por lo anterior, que haya un peaje como mecanismo de retorno de la inversión con su razonable utilidad. El problema reside en definir durante cuánto tiempo debe imponerse al automovilista o transportista el cobro en cuestión y por qué. Hay una postura de usuarios de las autopistas en la experiencia comparada que señala que el tiempo debe establecerse por criterios de recuperación de inversión más una ganancia y, una vez pasado ese tiempo, debe regresar el control de esa vía al Estado, para que se transite por ella libremente, sin pago alguno.

Eso sucede, por ejemplo, en muchos estados de Estados Unidos, país en el que existe un organismo de la sociedad civil que aboga por autopistas libres de pago o por pagos que no sean para siempre (https://www.tollfreeinterstates.com/). Ese organismo ha ganado varias batallas legislativas y de política pública.

Por el contrario, la IBTTA, que representa a la industria de empresas constructoras de autopistas (https://www.ibtta.org/tolling-faqs), destaca que el pago permanente en las autopistas ayuda a optimizar los gastos de gasolina, diésel o energía de vehículos y camiones, porque reduce los tiempos de viaje de un punto a otro en comparación con una carretera libre, mejora la seguridad vial y ayuda a preservar en mejores condiciones las llantas y los rines de autos y camiones que circulan por esas autopistas, lo que genera un ahorro en quienes utilizan tales vías. Agregan que las autopistas de pago son optativas y que quienes no deseen pagar, pueden transportarse por las carreteras libres de cuota. A simple vista esa narrativa puede dar la impresión de verosimilitud y lógica. Pero al observar más a fondo las cosas puede verse que el tema es más complejo.

Segundo. En efecto, puede uno estar de acuerdo en que la inversión privada es necesaria para modernizar la comunicación terrestre de un país, porque habría un desarrollo mucho más lento si únicamente se utilizaran los recursos del erario. Nadie en su sano juicio podría pensar que el país debe sujetarse a las posibilidades presupuestales de los gobiernos federal o locales.

No obstante lo anterior, no debe darse por bueno el argumento de las empresas constructoras de que el pago debe ser para siempre. Hay que recordar que las autopistas están construidas sobre terrenos de propiedad pública (ya sea federal o estatal) y ya por esa razón no puede admitirse que en la práctica se privaticen recursos de la comunidad.

Aquí debería pasar una de dos cosas: a) regresar la autopista al Estado para que con los impuestos programados a varios años se haga cargo del mantenimiento de la respectiva vía carretera con la debida responsabilidad, o b) mantener la concesión a la empresa privada, pero sujeta a una reducción sustantiva de las tarifas porque ya sólo se aplicarían para tareas de mantenimiento y administración.

El ejemplo de la compra de un bien inmueble por un particular es ilustrativo para explicar este punto. La mayoría de las personas adquiere su vivienda mediante un préstamo, no al contado, y lo paga a varios años (cinco, 10 o 20, por señalar los plazos usualmente existentes en los préstamos hipotecarios y de entidades públicas, como el Infonavit o el Fovissste, para comprar casas o departamentos) pero el pago no es para toda la vida. Por supuesto, hay que pagar después el mantenimiento del citado inmueble, pero esa cifra es un porcentaje muy inferior al equivalente al pago de un préstamo bancario o de interés social, y todos saben eso, no hay ninguna sorpresa en ese hecho, que es un dato duro, verificable por cualquiera.

Tercero. Si bien el tema no está ahora en el radar de la opinión pública, debe visibilizarse porque representa una sangría económica permanente para muchísimas personas que seguramente ni siquiera se han cuestionado que asuntos como éste podrían ser muy diferentes. No en balde se afirma que el conocimiento es poder para decidir y participar mejor en la vida pública. Y no es para menos. ¿Quién estaría dispuesto a pagar un préstamo de por vida? Nadie, porque en la práctica no haría ninguna diferencia entre un préstamo que una renta, donde el sentido de propiedad sería en los hechos un simple acto de seguridad psicológica, además de que semejante circunstancia está expresamente prohibida por la ley.

Este tema requiere de la organización ciudadana para aplicar el sentido común y que no prime, como ahora sucede, que los más desprotegidos subsidien a los que más tienen. ¿Por qué, por ejemplo, el puente que comunica San Diego a la isla de Coronado, en Estados Unidos, ahora es libre de pago y en otras partes se informa al público cuánto tiempo deberá pagarse el peaje, mientras aquí nadie sabe cuándo se dejará de pagar la autopista México-Guadalajara o la México-Acapulco, sólo por poner dos ejemplos?

La solución del problema empieza identificando que existe. Hay que actuar para ajustar los criterios mexicanos a las mejores prácticas internacionales en la materia. Debe quedar claro que lo que no haga la sociedad mexicana por sí misma nadie lo va a llevar a cabo por ella.

De naturaleza política

Reactivación, no; crisis económica…

Enrique Aranda

Excelsior

Pierde Morena apoyo petrolero. Sigue la sangría…  

Si bien es verdad que la prolongación de la pandemia y la agresión militar de Rusia contra Ucrania mantienen a la economía internacional, literal, al borde del colapso, lo cierto es que la tardía reacción de no pocos gobiernos ante la creciente presión que sobre los precios de bienes y servicios y el crecimiento de las economías nacionales están causando tales fenómenos es, en el caso de México, una realidad tan dolorosa como incuestionable.

Así, ubicada ahora mismo en niveles (anuales) no vistos desde hace, al menos, dos décadas, la inflación apunta a ubicarse en torno a 6.8%-7.0% al cierre de año, mientras que, merced a la innegable falta de apoyo oportuno al sector privado con miras a enfrentar la crisis y la consecuente baja de la inversión, la anunciada reactivación del crecimiento de la economía simple y sencillamente no aparece por ningún lado, por lo que las previsiones de analistas nacionales y extranjeros que llegaron a prever alzas en el PIB-2022 superiores, incluso a 3.5%, hoy evidencian su pesimismo ubicándolo en torno al 1.0%, tras la abrupta caída de 8.5% en 2020…  

Si a ello se agrega el sostenido avance de la desconfianza empresarial hacia el gobierno de la 4T por su innegable radicalización ideológica y el alza de las campañas de odio (promovidas desde Palacio) en contra de opositores por el rechazo de sus iniciativas más extremas, la perspectiva para el país en el corto y mediano plazos no parece ser la mejor como se evidencia en indicadores como los citados o, peor, en los previsibles desencuentros con Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC o con otros socios comerciales importantes, o en la insuficiente generación de empleos bien remunerados.

Que nadie, entonces, se llame a sorpresa si, como es de esperar a la vista de tales augurios, más temprano que tarde nos toca atestiguar incrementos de precios mucho más elevados a los que hasta la fecha estamos observando o la carencia de un número creciente de productos —“agrícolas y pecuarios buena parte de ellos”— e insumos de la más diversas naturaleza para la planta productiva que, a su vez, se reflejará en una baja de actividad industrial y la falta de bienes diversos…  

La situación, pues, no parece sencilla, por lo que urge adoptar medidas para enfrentarla y, eventualmente, dejarla atrás…  

ASTERISCOS  

*Salvo una sorpresa de última hora, el Inai, de Blanca Lilia Ibarra, deberá esperar hasta septiembre próximo para que el pleno senatorial elija, entre 13 candidatos preseleccionados —7 mujeres y 6 hombres— a quienes suplirán a los excomisionados Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov quienes concluyeron su gestión desde finales de marzo…  

* Cuestionable a todas luces el arranque de cinismo extremo que desde la tribuna del Senado protagonizó el impresentable César Cravioto al ofrecer a gobernadores de oposición de estados donde habrá elecciones en junio —Oaxaca, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo e Hidalgo— embajadas y consulados “si se portan bien”. Así las cosas.

Juegos de poder

Elección primaria para seleccionar al candidato presidencial de la oposición

Leo Zuckermann

Excelsior

Hasta hace poco, hablar de un posible triunfo de la oposición en la elección presidencial de 2024 motivaba incredulidad, sorna y risas. Sin embargo, como bien dice Héctor Aguilar Camín, algo cambió en el rumor sobre la marea electoral: “Hace unas semanas se daba por descontado el triunfo de Morena en 2024. Hoy hay dudas. La elección está abierta”. Coincido.

El punto de quiebre han sido la consulta popular de la revocación de mandato y el rechazo a la reforma constitucional de la industria eléctrica enviada por el Presidente al Congreso. Ambos eventos demostraron que la oposición existe y hoy está más empoderada que nunca durante este sexenio.

Por un lado, están los números de la revocación de mandato. Después de un ejercicio donde el gobierno y sus partidos hicieron todo para ganar, AMLO obtuvo 15 millones de votos. Son un chorro, sin duda, pero son los que pudieron obtener con todo el viento a favor. Estamos hablando de una elección donde no participó la oposición y la coalición gobernante realizó todo tipo de ilegalidades, inyectó un dineral en propaganda y movilizó a sus clientelas electorales. Amén que en la boleta aparecía el nombre del muy popular presidente, López Obrador. Mejor, imposible.

Y eso sirvió para obtener 15 millones de sufragios, que es el voto tradicional duro del lopezobradorismo, con AMLO en la boleta, desde 2006.

¿Con esos votos pueden ganar en 2024? Sí, si la oposición va dividida. En cambio, si enfrente hay un solo candidato opositor atractivo para el electorado, entonces las probabilidades de que el lopezobradorismo gane se reducen significativamente. Estoy hablando, desde luego, de una alianza del PAN, PRI, PRD e, idealmente, Movimiento Ciudadano (MC). Con los números que recibió AMLO en la revocación del mandato, se torna factible un posible triunfo opositor.

La consulta popular, lejos de debilitar a la oposición, la empoderó para la siguiente aduana política: la votación de la reforma constitucional eléctrica que envió el Presidente al Congreso. PAN, PRD y MC ya habían anunciado que votarían en contra. La duda era cómo actuaría el PRI. No sé si por los resultados de la revocación de mandato, pero el tricolor votó también en contra de la iniciativa con una disciplina partidista como en sus mejores épocas. Ergo, la reforma del Presidente no alcanzó la mayoría calificada de dos terceras partes para su aprobación.

Por más spin comunicativo que han tratado de hacer, y la aprobación en fast track de una reforma a una ley secundaria que nacionaliza el litio (ya contemplado en la Constitución), la votación en contra de la reforma eléctrica es una derrota para el gobierno. La principal reforma estructural económica de AMLO tendrá que esperar, como dijo el propio Presidente, hasta el próximo sexenio, si es que Morena consigue los votos en el futuro.

Estos dos eventos han dejado la sensación de que la oposición existe y puede propinarle derrotas a un gobierno que, hasta hace unas semanas, se veía imbatible. Los que más se creen esto son los propios opositores. Se trata de un asunto muy importante porque antes andaban de capa caída y hoy se les nota con otro humor. Como en el futbol, la condición emocional es fundamental en el juego político.

Ayer entrevisté en Es la hora de opinar a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. Lo noté muy contento. Está convencido de que pueden dar la lucha para retener la gubernatura del Estado de México el año que entra y ganarle al candidato de AMLO en 2024. Desde luego que esto dependerá de la sobrevivencia de la alianza opositora Va por México, que conforman PAN, PRI y PRD.

Moreno me dijo que esta coalición continuará. No sólo en materia legislativa (incluyendo las próximas reformas constitucionales electoral y de la Guardia Nacional), sino también en elecciones locales y federales. El líder priista tiene muy claro que el futuro de los tres partidos de la transición democrática depende de su unidad. No descarta, incluso, que MC pueda unirse para enfrentar con un solo candidato a Morena y partidos satélites.

El punto clave será el candidato. Moreno me dijo que están pensando seleccionarlo en una elección primaria, organizada por el INE, donde haya cuatro posibles aspirantes: uno puesto por el PRI, otro por el PAN, el tercero por el PRD y un cuarto que salga de la sociedad civil.

Es una decisión compleja, arriesgada y audaz. Pero creo que los opositores tienen claro que su futuro depende de manera crítica de la elección de esa mujer u hombre que los representará en la boleta presidencial de 2024. Y, en una de ésas, podrían ganar, lo cual ya no genera tanta incredulidad, sorna y risas como hace unas semanas.

Astillero

Embajadas electorales // Confesión en Senado // Compórtense bien // Samuel García y las poses

Julio Hernández López

La Jornada

Durante una candente sesión del Senado, en la que fue aprobada la designación del ya casi expriísta Carlos Miguel Aysa González como embajador de México en República Dominicana, el morenista César Cravioto Romero ofertó: y también les hago un llamado a los seis gobernadores en donde hay elecciones en sus estados; compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban, sí, una invitación para que sean embajadores de nuestro país y representen bien a nuestro país (https://bit.ly/3vJWqyP).

Suplente de Martí Batres, luego que este optó por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Cravioto Romero complementó en terreno diplomático la postura expuesta días atrás por el Presidente de la República, al expresar consideración, respeto y agradecimiento a Enrique Peña Nieto por no haber intervenido en la elección presidencial de 2018.

El ex gobernador de Campeche, cuyo hijo, Carlos Miguel Aysa Damas, pasó del PRI a Morena para sufragar a favor de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, fue impugnado por los opositores al obradorismo y la votación final para su aprobación fue de 64 en favor, 44 en contra y dos abstenciones.

Es de recordarse que hubo negociaciones para desfondar al Partido de la Revolución Democrática antes de 2018, las cuales consistieron en la renuncia al Sol Azteca de los coordinadores de las bancadas legislativas y varios diputados y senadores más, para alinearse con Morena (aunque no necesariamente mediante la afiliación), lo cual fue pagado con candidaturas luego triunfantes a los estados de San Luis Potosí (Ricardo Gallardo) y Puebla (Miguel Barbosa).

Ahora está en curso una operación de compraventa para desguazar al Revolucionario Institucional, propiciando que los gobernadores salientes se comporten bien en las elecciones, dejen ganar a los candidatos de Morena y esperen su premio diplomático. Ya lo han ganado el sinaloense Quirino Ordaz (España), la sonorense Claudia Pavlovich (Barcelona) y el campechano Aysa (República Dominicana). ¿Quién más?

El periodista de Nuevo León José Luis García escribió ayer en su cuenta de Instagram, arrobando al gobernador @samuelgarcias y a la virtual cogobernadora @marianardzcantu: “Llega la búsqueda de #YolandaMartínez a la Explanada de los Héroes frente a Palacio de Gobierno de #NL. Para evitar ser mal pensados de una justicia ‘selectiva’… debe el gobernador Samuel García también reunirse con ellos e incluso acudir a la búsqueda, como ocurrió con #Debanhi”.

A través de su cuenta verificada de Instagram (@samuelgarcias), el gobernador tiktokero respondió: “Me preocupa mucho, ahora creen que yo soy el encargado de la impartición de Justicia… ¿Acaso no conocen o estudiaron los 3 poderes? Ejecutivo, Legislativo y JUDICIAL?” (https://bit.ly/3ETVlsG).

Es evidente que para los cogobernantes escenográficos de Nuevo León, en este punto por cuanto a Samuel, sí es de interés reunirse con deudos de un caso de impacto mediático nacional, el de Debanhi Escobar, acompañar a los padres a algunas diligencias y encargarse de algunos detalles, pero no para el resto de los crecientes hechos de desaparición y muerte de mujeres en esa entidad. Para la pose videográfica, todo; para la chamba cotidiana y sin rédito mediático, el regaño realmente desvergonzado y dizque ilustrativo.

Y, a propósito de poderes, el Instituto Nacional Electoral (INE) habría de decidir (a la hora de teclear esta columna aún no sucedía) sobre una propuesta de multa por 448 mil 100 pesos al citado gobernador Samuel García, en razón de irregularidades en su campaña electoral, en específico triangulación de recursos con la intención de evadir la legislación electoral en materia de fiscalización, pues su madre, Bertha Sepúlveda, entregó 11 millones 600 mil pesos al partido Movimiento Ciudadano; la hermana del candidato, Catalina, un millón 586 mil 500 pesos, y su hermano Roberto, 840 mil pesos (nota de Fabiola Martínez: https://bit.ly/3kdiU6b).

Actualidad

Luis Linares Zapata

La Jornada

Estaban previstos, pero, al alinearse en este alebrestado tiempo de definiciones, alteraron el imaginario nacional. Fueron sucesos de distinta naturaleza, pero al coincidir, casi de manera simultánea, dieron forma, contenido y ruta a la ansiosa actualidad del país. La crucial determinación de la SCJN afirmando la constitucionalidad de la reciente ley eléctrica, cuestionada con controversias, marcó el piso futuro de la industria eléctrica. La votación que refrendó la continuidad del gobierno del presidente López Obrador, revalora la ruta seguida, hasta hoy, por su administración. Le da, también, ánimos apara proseguir las tareas emprendidas desde el inicio de su administración. Los polémicos cambios, tan combatidos por la oposición, deben, por tanto, seguir esparciendo sus derivaciones sobre el régimen heredado. Y, por último, la reforma eléctrica, que pretendía asentar la soberana e independiente conducción del Estado de tan vital industria, sucumbió dentro de una beligerante y alocada Cámara de Diputados. La férrea y concertada postura opositora detuvo el intento oficial por darle el nivel constitucional necesario.

El eficaz bloqueo de la alianza opositora evitó también el sano e indispensable propósito de rescatar, de su actual y complejo deterioro, a la gran empresa eléctrica de México (CFE). Tal tendencia, aún en proceso, tendrá que ser parada y revertida por medio de un elaborado e imaginativo uso de las facultades, en efecto constitucionales, de la nueva ley. Es urgente poner en marcha todo un esfuerzo que permita eliminar el elevado costo para el erario, empujado a conveniencia por la con­trarreforma de 2013 (Peña Nieto). Es impostergable poner un alto al ilegal mercado paralelo que succiona inmensos recursos para funcionar. Existen, ahora y por fortuna, varias opciones al alcance del gobierno para lograr tan crucial objetivo. La existencia del dañino y tramposo ensamble de empresas extranjeras, que ambicionan adueñarse de tan valiosa y vital industria, tendrá entonces los días contados.

La nueva armadura de votos (15 millones) con que cuenta ahora el Presidente es parte del mismo fenómeno que exige mayor participación de una multitud en búsqueda de justicia. Esa irrupción popular, reconocida en 2018, aparece, de nueva cuenta, para dar su palabra de apoyo a la transformación en marcha. Bien se sabe que la alianza de partidos opositores no encaja dentro de este enorme movimiento de progreso social. Nunca han dirigido su mirada hacia abajo porque temen las pulsiones que ahí se engendran. Sólo voltean hacia arriba e impulsan la defensa de los intereses de unos cuantos, sus mentores y financieros. Y, al fijarse, como único propósito, detener el cambio, se insertan, con alegre y torpe voluntad, en la corriente, minoritaria, por cierto, que todavía propugna por una vuelta al modelo concentrador. Es esto, en efecto, ¿trabajar para el desarrollo nacional o es una manera de obstaculizarlo, sin importar el daño que se causa con su celebrada negativa? Puede, o no, tal postura ser catalogada como traición o es, únicamente, un alegato entreguista, disidente de la mayoría. Esto debe ser escudriñado, con mayor atención a las extremas consecuencias factibles y a los humanos derechos de las personas opositoras. Lo cierto, es que, la ciudadanía debe enterarse puntualmente de lo que estaba en juego y quiénes de sus debidos representantes no honoraron su compromiso como tales.

Las ya muy cercanas elecciones donde estarán en juego importantes gubernaturas serán las aduanas dictaminadoras de la ya próxima sucesión. No habrá escape a las consecuencias de haber votado contra la reforma. El expreso y abierto apoyo ciudadano para elevarla al rango constitucional fue ignorado por la oposición. El costo no se hará esperar. El PRI, que pudo asirse a una tabla de salvación, no lo hizo. Optó por darle la espalda al pueblo y, con ello, profundizará su declive, que parece indetenible. Perderá las pocas gubernaturas que todavía están dirigidas por sus militantes. Si bien le va, retendrá apenas la de Coahuila que, al menos por ahora, no estará en juego. El PAN también resentirá, en su médula norteña, las pasiones electorales de aquellos a los que desprecia con clasista empeño. Tendrá que refugiarse en Querétaro, Chihuahua y Guanajuato para curarse las heridas de perder Tamaulipas y Durango. En cambio, Morena, contrariando todo deseo crítico de condena a perder en 2024, llegará acuerpado y fuerte. Tendrá, sin duda, masivo apoyo de electores agrupados, territorialmente, en dos docenas de estados. Los pronósticos de crisis terminales que airea, con fingido o abierto entusiasmo la oposición crítica, no son más que eso, vientos ligeros. Confundir análisis con cuentos alegres o desesperados enojos vuelven, simplemente retóricas sus posturas.