Lo que dicen los columnistas

Remesas y gobiernos indolentes

Tonatiuh Guillén López

Proceso

Si no tuviéramos esas remesas, la balanza de pagos del país estaría en enorme riesgo financiero y, además, los ingresos de miles y miles de hogares quedarían más que mermados, mientras que el consumo interno y la dinámica económica –de por sí reducida– se desplomaría.

Las remesas enviadas a México por nuestros compatriotas migrantes y sus familias alcanzaron la impresionante suma de 51.6 mil millones de dólares en 2021, la cifra más alta de la historia, como reporta el Banco de México.

Si no tuviéramos esas remesas, la balanza de pagos del país estaría en enorme riesgo financiero y, además, los ingresos de miles y miles de hogares quedarían más que mermados, mientras que el consumo interno y la dinámica económica –de por sí reducida– se desplomaría. Por éstas y otras razones las remesas se han convertido en una cuestión vital, cada vez más importante y estratégica; no son simplemente un número accesorio, pues ahora configuran un componente esencial de la estructura económica del país.

Si el total de remesas lo convertimos a pesos (20 por uno), las cantidades resultan asombrosas. Para aquilatar su relevancia consideremos que todo el presupuesto federal de 2021 destinado a educación apenas representa 32.7% de las remesas de ese año; todo el presupuesto destinado a salud equivale a 14.1% y todo el presupuesto de bienestar apenas representa 18.6%. Frente a las remesas, el gasto federal palidece.

Vale decir que es muchísimo más el dinero que las familias mexicanas reciben por remesas –que destinan al consumo y necesidades básicas– que aquello distribuido a través del presupuesto gubernamental federal, al que además hay que restar su respectivo y pesado gasto burocrático. En realidad, como puede apreciarse, las remesas significan varias veces más recursos para las familias que lo aportado por el gasto federal a sus necesidades de educación, salud y lo que engloba bienestar, como pensiones para adultos mayores y becas a jóvenes.

Posiblemente algo de sonrojo pudieran provocar las cifras anteriores para nuestra élite política y sus funcionarios, que encima de todo persisten en no valorar la trascendencia de la migración mexicana al extranjero ni su contribución continua y generosa para el conjunto del país, la sociedad y la economía. Desafortunadamente predominan la indiferencia y la indolencia, que además amplifican el riesgo de convertir la emigración en parte más que sustantiva, imprescindible, del modelo de desarrollo ante la ineficacia del Estado.

Dicho de manera simple: la inercia avanza en suplir la incapacidad del Estado con la acción social convertida en migración y remesas. ¿Alguna semejanza con el escenario de países como Honduras, El Salvador y Guatemala… o Haití?

Conforme las remesas se convierten en parte mayor de la dinámica económica y sustento social de la población en México –sustitutos funcionales de gobiernos ineficaces y, en la peor vertiente, irresponsables o corruptos– mayor será la necesidad de emigrar. Este ­círculo que ata con acero a la migración, a las remesas y al bienestar efectivo de las familias es hoy una realidad tangible, sobre todo si se le aprecia desde el horizonte de los estados.

Veamos los ejemplos más relevantes.

El caso más crítico es Michoacán. El año pasado esa entidad recibió 97.2 mil millones de pesos por remesas, cantidad inmensa que equivale a 128.5% del presupuesto total del estado para el mismo año. Dicho de otra manera, desde la perspectiva de las familias michoacanas es mucho más lo recibido mediante remesas que todo aquello que alcanzan a recibir del gobierno estatal en servicios y funciones públicas. Y esto suponiendo que el gasto estatal de Michoacán se usa plena, completa y eficientemente, lo cual es una hipótesis irreal. Estas condiciones revelan que la dinámica económica y social de Michoacán ya contiene una articulación estructural entre migración, remesas y acciones de gobierno proporcionalmente menos relevantes para el bienestar de la población.

Un escenario similar lo tiene Zacatecas, en donde las remesas de 2021 (30.7 mil millones de pesos) equivalen a 101.6% del presupuesto total del estado. Desde la perspectiva de las familias, el resultado es igual al de Michoacán: las remesas son más que fundamentales para su bienestar.

Como puede suponerse, la misma situación se repite en otros estados con alta y tradicional migración. Revisemos rápidamente el equivalente de las remesas frente a los respectivos presupuestos estatales, considerando los casos más dependientes de éstas: Guanajuato, 94.1%; Guerrero, 83.6%; Jalisco, 82.1%; Morelos, 79.7%; Durango, 72.9%; Nayarit, 70.7%.

El promedio entre los estados, considerando a los 32, es de 49.3%. Por encima de esta cifra pueden considerarse estados muy dependientes de las remesas; debajo de esta cifra, menos dependientes. Los que tienen mejor indicador en la relación presupuesto y remesas son Baja California Sur (15.2%) y Campeche (13.4%).

En todo caso, lo relevante es destacar que conforme las remesas se convierten en parte sustancial del bienestar social y del consumo de las familias –para citar una de sus contribuciones–, el rol del presupuesto estatal o federal para la calidad de vida de la población tiende a disminuir proporcionalmente. “La gente resuelve por su cuenta”, para decirlo en términos de moda; es verdad. Pero simultáneamente se abre un hueco para gobiernos irresponsables e ineficientes, en la misma escala como la migración y las remesas son más decisivas para el desarrollo y bienestar familiar.

Las remesas deben agradecerse y debemos valorar enormemente a las personas que las envían, sin duda. Pero al mismo tiempo es necesario cerrar la posibilidad de convertirlas en sustitutos funcionales de los gobiernos. Por el contrario, debieran ser palancas e incentivos para corregir el gasto público, federal y en los estados. De entrada no es aceptable que las familias mexicanas sean cada vez más dependientes de las remesas, como está sucediendo, sin otras alternativas económicas y con todos los incentivos para volver a emigrar en amplia escala. Tampoco es aceptable tener gobiernos que pacientemente –dicho de manera educada– encuentran en las remesas una “solución” indirecta a sus responsabilidades más ­elementales.

* Profesor PUED/UNAM, excomisionado del INM.

Arsenal

Cárcel o “fusilamiento pacífico” a opositores, proponen en Morena

Francisco Garfias

Excelsior

El revés que se llevaron en la Cámara de Diputados con la reforma eléctrica los llevó a quitarse la máscara de demócratas y a mostrarse como realmente son: autoritarios.

El líder de Morena, Mario Delgado, quiere meter al bote “por traidores” a los 223 diputados de oposición que votaron en contra de la citada reforma, que pretendía regresar el monopolio de la industria eléctrica al Estado. Ignacio Mier, jefe de la bancada guinda en San Lázaro, sugiere, nada más, “fusilarlos pacíficamente”, lo que eso signifique.

Ambos “siervos” de López Obrador siguieron la línea marcada desde Palacio Nacional, luego de la votación en San Lázaro. El mismísimo Presidente dio lectura, en la mañanera, al artículo 123 del Código Penal Federal que castiga hasta con 40 años de cárcel a los “traidores a la patria”.

Las amenazas son tan absurdas que parecen puro circo mediático, abono a la polarización, discurso para la tribuna. Sólo en países como Nicaragua o Venezuela, que nada tienen que ver con una izquierda social, ocurren cosas similares. Pero hay que estar atentos. Son señales que no se pueden ignorar.

* Nos llegó un viejo video en el que aparece AMLO indignado por el “ninguneo” de Donald Trump al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, en una entrevista telefónica que ambos tuvieron hace más de un lustro. En ese video se escucha al tabasqueño decir: “Es una humillación para México, porque Peña representa, aunque no nos guste, al pueblo de México”.

Y más adelante: “Exijo que Peña se disculpe con el pueblo de México y que de inmediato se presente una denuncia en la ONU contra el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump, por violación a los derechos humanos y discriminación racial”.

Pero ayer el propio exjefe de la Casa Blanca ninguneó a AMLO al declarar, en un mitin de apoyo a un candidato republicano al Senado, que nunca vio a nadie “doblarse tan fácilmente” frente a la amenaza de aranceles como su amigo, el “socialista” mexicano, quien, dijo, le cae bien y, además, puso “gratis” a 28 mil soldados mexicanos para combatir la migración. Esta vez no hubo el menor asomo de indignación o amenaza de ir a las Naciones Unidas por parte de López Obrador. Mucho menos, una disculpa al pueblo de México.

Al comentar las últimas declaraciones de Trump, dijo: “A mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que sepamos por qué. Este año va a haber elecciones en Estados Unidos…

“Tanto los de un partido como de otro están queriendo poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias, racista, discriminatoria, que existe en Estados Unidos y en todo el mundo.

“Entonces, es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata”, aseguró. Lo que también sería muy bueno es que nos dijera cómo va a impedir que México sea utilizado negativamene en esas campañas electorales.

* EU exhibe la extradicion del expresidente de Honduras, Orlando Hernández, acusado de narcotráfico, como un ejemplo de lo que le puede ocurrir a “cualquier líder extranjero” que, en forma corrupta, abuse de su poder para apoyar los cárteles de la droga. “Si acepta sobornos, si trafica con drogas mortales, si protege los cárteles, si permite que la violencia y el asesinato florezcan a manos de los cárteles, entonces la DEA no se detendrá ante nada para hacerlos responsables de sus crímenes. Si cree que puede esconderse detrás del poder de su posición, está equivocado”, advirtió Anne Milgram, administradora de la DEA.

En la misma conferencia, Merrick B. Garland, fiscal general de Estados Unidos, habló en el mismo sentido. “Vamos tras la destrucción de los cárteles de la drogas que dañan a estadunidenses, sin importar cuán lejos se tenga que ir.

“Vamos a confrontar la corrupción y las conductas criminales donde sea que se socave la seguridad de los ciudadanos estadunidenses”, dijo.

“Este caso —de Orlando Hernández— debería enviar un mensaje claro a cualquier líder extranjero que, en forma corrupta, abusa de su poder para apoyar los cárteles de la droga”.

Damian Williams, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, reveló que Orlando Hernández, expresidente de Honduras, recibió un millón de dólares del ChapoGuzmán, jefe del Cártel de Sinaloa, en 2013.

Sobre el tema, Adrián LeBarón escribió en Twitter: “En México creo que la mayoría son narco-municipios. Los policías locales son brazos armados de los criminales con placas. Traición a la patria es postular candidatos amañados. No hay ninguna seguridad de la pulcritud de los candidatos, sobre todo en esas comunidades”, puntualizó.

Astillero

Mujeres, sin protección ni justicia // No sólo Debanhi en NL // Bárcena: no pasarse de listo // Había alternativa ante Trump

Julio Hernández López

La Jornada

La muerte de la joven Debanhi Escobar Bazaldúa, en circunstancias aún no esclarecidas en términos oficiales, exhibió de nueva cuenta el grave abandono en que se encuentran las mujeres mexicanas, sin instancias gubernamentales efectivas en cuanto a prevención, funcionalidad institucional en las horas y días clave y una expectativa razonable de justicia en los casos de agresiones, secuestros y asesinatos.

En particular, las carencias del sistema político y judicial han sido remarcadas en Nuevo León por el ejercicio frívolo y displicente del poder que realizan los cogobernadores, el electo en urnas, Samuel García, y la usufructuaria a título conyugal y tiktokero, Mariana Rodríguez.

A nivel federal tampoco hay una respuesta a la altura de la crisis nacional que se vive. Ayer, por ejemplo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció una iniciativa en materia de registro de agresores de mujeres para que en las entidades federativas haya información que ayude a determinadas investigaciones. La enjundia que Palacio Nacional muestra en otros temas, particularmente mediáticos y políticos, no se ha manifestado en cuanto a la protección de las mujeres, más allá de ciertos detalles retóricos, inserto a fin de cuentas el expediente de los feminicidios en el más amplio de la galopante inseguridad pública nacional.

Entrevistada en un programa de Internet (https://bit.ly/3rRsSOM), Marta Bárcena, quien fue embajadora de México en Estados Unidos y ahora es embajadora eminente, señaló que así habría reaccionado, de haber tenido ella la decisión ante las pretensiones dobladoras de Donald Trump: “Mira, mi carácter es un poco más aguerrido (…) si a mí me hubieran preguntado la opinión final, hubiera dicho ‘vámonos a la imposición de aranceles y vámonos también a elevarle los costos a Trump’; lo cierto es que en el propio gobierno del presidente Trump había mucho temor a que él estaba decidido a esa aplicación de aranceles y a que esa medida hubiera destruido todo el trabajo de años del TLCAN y del T-MEC”.

Explicó Bárcena: había alternativas; sí, la alternativa más evidente era romper las negociaciones el viernes por la tarde; fue un escenario que yo contemplé y así se lo dije al canciller (Marcelo Ebrard) y sobre el cual ya habíamos trabajado: teníamos una larga lista de productos a la que México aplicaría también aranceles retaliatorios, que eran básicamente de los estados donde se vería más afectado el voto republicano.

Como ha dicho el presidente López Obrador, añadió Bárcena, se viene en Estados Unidos una campaña electoral muy dura y me da mucha pena, porque si algo logramos en las elecciones de 2020, trabajando muy estrechamente con congresistas, organizaciones de la sociedad civil, gobernadores, fue evitar que México fuera un tema central de campaña, y no fue. Y si ahora vuelve, quiere decir que perdimos lo que habíamos avanzado.

Respecto a la figura política del canciller Ebrard: pienso que (lo dicho por Trump) sí la impacta y la podría impactar todavía más, porque creo que hay que tener siempre transparencia en la manera en que se actúa y que no se puede andar uno pasando de listo (…) Creo en una diplomacia cada vez más transparente, y creo que los mexicanos somos lo suficientemente inteligentes para que se nos hable con la verdad, con los riesgos que hay siempre, y que se vaya dejando de lado una demagogia populista de envolverse en la bandera sin llevar a cabo acciones concretas de la defensa de México y de los mexicanos.

Y, mientras Elon Musk se ha hecho de la propiedad y conducción de Twitter, con expectativas de dar giros que generan preocupación, aunque el nuevo dueño asegure que mantendrá la libertad de expresión, ¡hasta mañana, con amagos y denuncias entre oficialistas y opositores a partir de acusaciones de presuntas traiciones a la patria!

Feminicidio

Santiago Nieto Castillo

La Jornada

El feminicidio de Debanhi Escobar nos deja, una vez más, perplejos. Atónitos ante una sociedad que es medianamente consciente (muchas más mujeres que hombres, así como una sociedad más consciente que la clase política) de la violencia estructural que ha permeado por años en contra de las mujeres. La violencia feminicida es la forma más extrema de violencia de género que se comete día tras día en nuestro país. México, desde hace décadas, se encuentra entre los países en América Latina con mayor índice de muertes violentas de mujeres. Ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cuatro ocasiones por violencia y discriminación contra la mujer, siendo el Estado que tiene más condenas ante dicho tribunal en estos temas.

Una de dichas condenas se refiere precisamente al feminicidio. En 2009, México fue condenado en el caso conocido como Campo Algodonero por la falta de prevención y debida diligencia en la investigación de la muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en 2001 en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua. La Corte estableció estándares mínimos para adoptar medidas de protección: 1. El conocimiento por parte de las autoridades estatales de una situación de riesgo real e inmediato; 2. Para un individuo o grupo de individuos determinado, y 3. La existencia de posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo.

Así, en el caso concreto, señaló que la responsabilidad de las autoridades estatales por violar su deber de investigar con debida diligencia frente a las denuncias de desaparición de las víctimas, con base en que dichas autoridades, dado el contexto del caso, o sea, uno de discriminación histórica y estructural hacia un grupo en condición de vulnerabilidad, tenían conocimiento de que existía “un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejámenes y asesinadas. De igual manera, en opinión de la Corte el deber de investigar efectivamente las violaciones de los derechos humanos tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o lesión a su libertad personal en el marco de un contexto generalizado de violencia de género.

La Corte fue clarificadora respecto a la impunidad que envolvió al caso, situación que desafortunadamente hoy en día prevalece en los sistemas de procuración y administración de justicia en nuestra nación. La mayoría de estos casos que llegan a conocimiento del Ministerio Público no se judicializan, mucho menos se culmina con una sentencia condenatoria o se satisface la reparación de daño; tan solo el Índice Global de Impunidad de 2020 manifiesta que el país mantiene un nivel de impunidad de 95.65 por ciento en su sistema de justicia. Y ya no hablemos del número de casos que no son denunciados; cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) permiten estimar que, a escala nacional, la cifra negra aumentó 93.3 por ciento para 2020.

La incidencia delictiva en los casos de feminicidios está lejos de detenerse, cuya tendencia en el fuero común va al alza. Tan solo una muestra, en 2018, último de año del ex presidente Enrique Peña Nieto, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 947 casos en toda la nación; en 2020, fueron 948. En 2021, se reportaron 977 casos de posible feminicidio, siendo mayo y agosto, los meses con mayor incidencia, con 105 y 109, respectivamente. En el primer trimestre de 2022, se registraron 229 casos. En este mismo periodo, se pueden observar cinco entidades que reportan el mayor número de los casos que, en orden alfabético, son: Ciudad de México, Jalisco, estado de México, Nuevo León y Veracruz.

Es el estado de México, la entidad federativa que, de manera alarmante, ocupa el primer lugar en reportes de feminicidios en la República, pues tan sólo en 2020, se registró un total de 150 casos. Cabe mencionar que los delitos sexuales y de violencia contra las mujeres se incrementaron durante la pandemia de covid-19 y, por otro lado, habría que considerar que durante el sexenio de Peña Nieto no se registraban todos los casos de feminicidios como tales, puesto que se pretendía maquillar las cifras, algo a lo que la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, siempre se opuso en la actual administración.

Ante indicadores tan claros, junto con los precedentes que tiene el Estado mexicano en el sistema interamericano de derechos humanos respecto a su insuficiente actuación para combatir la violencia de género, así como la difusión por medios de comunicación de posibles casos de feminicidio que generan frustración e impotencia entre la población, de la nación no se puede permanecer ajeno por más tiempo.

Vale la pena recordar que en 2015, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia mexicana emitió la primera sentencia relacionada con el fenómeno de feminicidio, referente a la investigación de la muerte violenta de Mariana Lima Buendía a manos de su pareja, la cual establece la obligatoriedad de investigar y juzgar con perspectiva de género, así como de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Aunado a ello, soy de la opinión, de la vital importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, dado que no se trata de casos aislados, sino precisamente de un fenómeno delictivo en presencia en todo el territorio nacional, así como la implementación de una plataforma única de información sobre casos de feminicidios.

Por otro lado, considero que no debe existir la fragmentariedad de las investigaciones en esta clase de delitos, sino que éstas deben concentrarse en fiscalías especializadas, integradas con ministerios públicos y policías que deben estar especializados en el tema de perspectiva de género.

La CIDH ha sancionado al Estado mexicano en los casos de Campo Algodonero, Fernández Ortega, Rosendo Cantú y en el caso de mujeres víctimas de violencia sexual en Atenco, precisamente porque el modelo de procuración de justicia implementado hasta este momento en materia de derechos de las mujeres y acceso a la justicia ha sido insuficiente y es un caldo de cultivo para la impunidad en aquellas zonas de la República donde existe mayor índice de violencia. Asimismo, la tolerancia social e institucional, los obstáculos para acceder a servicios de salud y de educación oportunos y de calidad, entre otros factores, contribuyen a que todas estas formas de violencia contra las mujeres ocurran y se perpetúen.

Hoy más que nunca la urgente instrumentación de políticas públicas a favor de una vida libre de violencia de género en nuestro país, debe ser estar ajeno a intereses partidistas, al mismo tiempo que la ciudadanía debe exigir agendas de género en los proyectos políticos de sus próximos representantes. Sólo una sociedad consciente de sus derechos puede exigir el alto a esta problemática social que no únicamente amenaza a las víctimas directas e indirectas de la violencia, sino que impacta en la estabilidad de la propia sociedad. El feminicidio de Debanhi Escobar no debe quedar impune. Pero, sobre todo, no debió pasar.