Lo que dicen los columnistas

Retrovisor

Prioridad 4T: romper la coalición opositora

Ivonne Melgar

Excelsior

Cuando el presidente López Obrador les pidió a los diputados del PRI que se rebelaran contra su dirigencia, es porque sabía que Rubén Moreira Valdez estaba al frente de un grupo que sí quería votar a favor de la reforma constitucional eléctrica.

Como lo declaró en tribuna este domingo 17 de abril, el jefe de los priistas en San Lázaro, en el ánimo de su bancada pesaba la conclusión de que “hay empresarios que aprovechan de muy mala fe la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido”.

El exgobernador de Coahuila no pudo convencer al dirigente del PRI, el también diputado Alejandro Moreno Cárdenas, quien antepuso el pragmatismo de la sobrevivencia: mejor aliado del PAN que satélite de Morena.

Moreira Valdez terminó por ceder y disciplinarse a la definición de su partido: mantener la coalición de Va por México por el resto del sexenio.

A juzgar por la reacción del presidente López Obrador y los reclamos de Morena en la Cámara de Diputados, más que cambios legislativos para un mayor control del mercado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los promotores de la reforma buscaban ampliar sus márgenes de poder político.

Las declaraciones mañaneras lo constatan: al mandatario no le preocupan las demandas de los inversionistas extranjeros. Lo que le duele es que los priistas se hayan negado a esa unión retórica y simbólica que les ofreció, a través de reivindicar juntos al presidente López Mateos y su nacionalización de la industria eléctrica.

Y aunque el presidente López Obrador sostiene que sus propósitos de soberanía energética están garantizados con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la llamada ley Bartlett, sigue llamando a Morena y a sus seguidores a desplegar un linchamiento electoral contra “los traidores a la patria”, léase, los diputados del PAN, PRI, PRD y MC que, según insiste, ya se desnudaron como “un solo bloque conservador”.

Se trata de una disputa política que busca y seguirá buscando seducir, someter, sujetar, anexar y dividir a los priistas que aún se resisten a la hegemonía presidencial y que ahora se vuelven todavía más codiciados, en tanto se dicen firmes en la alianza con Acción Nacional.

Son, sin duda, aspiraciones viables para un López Obrador que, en plena efervescencia electoral de 2018, consiguió que Peña Nieto le cerrara el paso a cualquier arreglo del PRI con el PAN e hiciera el trabajo sucio de perseguir al abanderado presidencial panista.

¿Por qué no iba a lograr una negociación con los 70 diputados priistas, si antes construyó diferentes acuerdos con sus gobernadores en Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Campeche y Oaxaca, a quienes los representantes de Morena en el Congreso jamás criticaron?

Quizá ya hemos normalizado estos detalles que, sin embargo, ilustran el resguardo que el partido en el poder hace de Peña Nieto, nunca nombrado en el debate eléctrico, aun cuando fue el artífice de la demonizada reforma energética de 2013.

Priista hasta 2017, el jefe de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, confió en que la estrategia de avasallamiento presidencial con los del PRI, habría de reproducirse a nivel parlamentario. Por ósmosis, sin necesidad de sentarse a arrastrar el lápiz ni a construir consensos.

Porque el ejercicio de la política entre representantes de diferentes filiaciones partidistas está descartado en un López Obrador que, además y él lo sabe, cuenta con la admiración de amplios bastiones priistas por su liderazgo y capacidad de hacer sentir siempre la plenitud de su poder. Como sucedía en los mejores días de Salinas de Gortari.

Y es que en realidad el Presidente de la República no necesitaba a los priistas para sentarse a la mesa a renegociar contratos y permisos con productores privados de energía, como terminará sucediendo y como se lo pedían desde antes de la reforma los empresarios. No.

Lo que sucede es que a falta de un partido en serio, porque Morena sólo es la marca del movimiento social que él lidera desde sus conferencias matutinas, la 4T sigue necesitando a los priistas y a los expriistas, a quienes da prioridad a la hora de repartir candidaturas.

El próximo 5 de junio, Oaxaca, otrora bolsa de votos priistas, pasará a manos de Morena. Lo mismo puede ocurrir en Hidalgo, donde es un secreto a voces lo poco que le importa al gobernador Omar Fayad apoyar a su compañera de partido Carolina Viggiano, abanderada de la coalición Va por México, y esposa del diputado Moreira, a quien López Obrador colocó con jiribilla en la lista de posibles presidenciables.

Paralelamente, el Presidente de la República enviará pronto sus reformas en materia electoral y de la Guardia Nacional al Congreso, donde de nueva cuenta someterá a prueba la cohesión de la alianza opositora.

Y más que seguir descalificando al Instituto Nacional Electoral (INE) e imaginar en voz alta su hipotética destrucción, Morena y su máximo líder necesitan contener el avance de Va por México en el Estado de México y en Coahuila en 2023. Y en las elecciones presidenciales de 2024. De eso se trató la batalla perdida del domingo. Pero la guerra seguirá.

El nuevo “tzompantli”

Julio Faesler

Excelsir

El presidente López Obrador calificó de traidores a la patria a los 223 diputados que no votaron en favor de su iniciativa de constitucionalizar la Ley de la Industria Eléctrica. Burlón y con desprecio, dijo, ya sufrirán las consecuencias. Algunos morenistas reparten fotografías de los infamados legisladores que serían adosados a un nuevo tzompantli. Eso merecen los que no apoyaron a la 4T.

La caída de AMLO que comenzó cuando el pasado diciembre llenó el Zócalo continúa. Desde entonces, el ambiente se ha crispado e ideologizado como lo observó Enrique Quintana en el Financiero y AMLO irritado pierde serenidad. Las mayorías desconcertadas cobran aliento en las lucubraciones del Presidente y sus ya fastidiosas acusaciones a sus adversarios o antecesores culpables de todo los males de México.

Antier le escuchamos hablar de la siembra de mil millones de árboles sin mencionar los miles que han sido devastados. También se congratuló de la independencia de la gasolina cuando más de 70% de la que consumimos es de importación. De nuevo defendió uno por uno sus megaproyectos.

El Tren Maya le llevó más tiempo. Algunos tramos están trazados sobre la delgada capa quebradiza yucateca. Varios geólogos, matemáticos, ingenieros con alta calificación académica y experiencia en la región prevén inevitables desastres al colapsarse cenotes al paso del ferrocarril en construcción. Si bien el complejo de ríos subterráneos y cenotes ha resistido durante siglos, lo cierto es que las vibraciones y el paso del tren pueden precipitar una desgracia. El Presidente dice que nadie se ha amparado para detener la obra. Se equivoca. No sólo se trata de vecinos amenazados. El peligro consiste en los daños ecológicos y ambientales sin remedio en una vasta zona de interés humano, cultural y turístico.

Semejante al caso de las guarderías infantiles o el de las escuelas de horarios recortados, no sólo es el daño a individuos lo que está en juego. Son condiciones de servicios nacionales y vida digna que tienen que ser protegidas. El número de amparos no refleja la magnitud de los problemas provocados por la ignorancia o la obcecación presidencial.

En sus tres años de gestión, López Obrador ha perdido presencia y confiabilidad. Es claro su empeño en eliminar entidades democráticas para montar un régimen autoritario centrado en una omnímoda Presidencia. El desacuerdo crece en todas las capas de la sociedad. Es un hecho. Está bien. ¿Qué se hace, empero, con un dictador tropical que acapara el escenario, no deja espacio para el diálogo y, orgullosamente terco, se empeña en lanzarnos a todos al caos de las arenas movedizas?

Las quejas son muchas. En medio de tanta confusión, genuina e inducida, lo importante es no perder la brújula. Cuando sólo se sabe lo que se rechaza, la sociedad cae en manos del que sí tiene su meta personal precisada hasta al detalle diario más específico.

Tenemos mucha crítica, pero insuficiente acción ciudadana. Las redes están repletas de inconformidades, denuncias, rumores, falsedades, acusaciones, réplicas y contrarréplicas. Tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas…

Una comunicación siempre y consistentemente negativa no ayuda, sino a exacerbar los ánimos y agudizar frustraciones. Ningún gobierno es perfecto. La crítica constructiva con propósito de unidad diametralmente opuesto al que caracteriza al gobierno de AMLO es la energía más poderosa que ahora requerimos.

Todos empezando por el propio Presidente estamos presenciando cómo se debilitan los proyectos icónicos. El crecimiento de problemas como el de la violencia sin control es resultado de la política de abrazos. La creciente pobreza del gobierno explica su incapacidad de instalar mecanismos que podrían apoyar una economía de producción más que de subsidios.

Todos hemos observado la creciente influencia decisiva en decisiones públicas como en migración. Las realidades de la condición de miembro del T-MEC están afectando a la Cuarta Transformación. Pero casi a mediados del cuarto año de la administración actual no queda tiempo para estar hablando de cambios en las fórmulas o sistemas de gobierno.

Lo que queremos no debe definirse tanto en términos de lo que falta, sino en lo que nos proponemos construir. Queremos una sociedad próspera y justa, de oportunidades para todos, de respeto a una propiedad privada con sentido social, de solidaridad con los necesitados. Todo ello en el contexto de instituciones que defiendan los valores, y experiencias y cultura que nos identifiquen con una visión proyectada al futuro.

A este lapso que finaliza el sexenio, corresponde una actitud cívica personal firme, no pusilánime, que sume los millones que queremos la verdadera transformación que desde antes de 2018 venía siendo urgente para poner a nuestras estructuras políticas económicas y sociales en consonancia con la acelerada marcha del mundo.

Son dos las tareas. La primera consiste en entender en toda su preocupante realidad la brecha que se abre entre lo que AMLO prometió y no los hechos. Por encima de errores e incompetencia en la ejecución es evidente que la 4T cayó en la corrupción usual.

La segunda tarea es construir hoy los cimientos de una administración honrada y sólida para el sexenio 2024-2030. Hay que construir alianzas desde ahora, hay que dar los siguientes pasos:

Seguir fortaleciendo la alianza política en las dos cámaras legislativas para evitar la aprobación de nuevas piezas destructivas. Hay que multiplicar relaciones y asociaciones cívicas en áreas específicas que hay que proteger y fomentar. Es importante la membresía en asociaciones cívicas y la afiliación a partidos que tengan agendas que fortalecen la producción y empleo nacionales.

Afortunadamente la sensata abstención cívica de costoso ejercicio de revocación de mandato y la forma en que la alianza de PAN, PRI, PRD y MC dentro de la Cámara de Diputados está frenando las proyectos antidemocráticos de AMLO, y comienza a dar frutos. Una acción cívica que deje atrás su pasividad respaldará el liderazgo que podrían dar dichos elementos progresistas.

Una vez más, como en coyunturas anteriores igualmente difíciles, la acción cívica es clave de soluciones y progreso. No hay “últimas oportunidades”. Siempre habrá otras, pero nos corresponde la actual. En ella como la que se ofrece en otras regiones del mundo, reside decidir entre los sistemas de democracia como esquemas de libertad individual o los que encumbran a un individuo concentrando en él todo el poder. En nosotros queda la decisión.

Cambio curricular: ¿ideologización educativa?

Mauro Jarquín Ramírez *

La Jornada

Un grupo de académicos envió el pasado miércoles un desplegado al diario La Crónica, donde expresaban preocupación por las potenciales consecuencias negativas del nuevo Marco Curricular 2022 promovido por la SEP que, aseguran, contempla también un reordenamiento completo de la actividad educativa. Según expusieron, la propuesta curricular estaría dejando de lado la educación moderna (sic) actual –centrada en el alumno– para dar paso a una educación ideologizada centrada en la comunidad. Lo anterior traería consecuencias funestas: el abandono de los fines nacionales de la educación, la atomización del sistema educativo y la renuncia a la calidad educativa y a la evaluación al menos tal y como la conocemos. La intervención mencionada resulta importante porque pone en el centro un tema que, por sus implicaciones en la educación y el futuro del país, no ha generado el interés que merece.

No obstante, el enfoque mediante el cual se aborda la temática resulta cuestionable, dada la cantidad de imprecisiones expresadas respecto a la iniciativa oficial. Tal parece que en lugar de debatir desde la honestidad intelectual, los abajo firmantes optaron por construir un hombre de paja y lanzarle argumentos críticos que terminaron dando forma a una diatriba de cariz conservador. Tal rechazo a la propuesta curricular no radica en el diagnóstico del estado actual del sistema educativo, la estructura de los programas o el sentido de las fases, sino, esencialmente, en el conjunto de valores no individualistas, que subyacen dicho programa, en los cuales reside la ideologización de la propuesta educativa de la 4T.

Mencionar que una propuesta educativa es ideológica no debería generar demasiada polémica porque comúnmente la educación es un proceso político en el cual coexisten y se contraponen visiones del mundo y nociones axiológicas. Esta condición política en educación se expresa en los planes y programas, en los esquemas de carrera del profesorado, en los modelos de gobernanza del sistema y en la propia práctica docente, mediante el currículum oculto e incluso en los supuestos conceptuales de las políticas basadas en evidencia. En todas las instancias, los sujetos –desde los maestros frente a grupo hasta las autoridades educativas– producen y viven distintas concepciones ideológicas.

Sí. La propuesta de la 4T es ideológica, como toda propuesta educativa. Cabe preguntarse si quienes suscribieron el desplegado referido creen que las reformas curriculares previas no lo han sido. O acaso ¿consideran determinada ideología en educación más pertinente que otra? Y si es así ¿por qué no hacen explícitos los principios de su preferencia?

Conviene tener en cuenta algunas características rectoras de la política educativa en las últimas décadas, para mostrar algunos aristas ideológicos, de corte gerencial, de esa educación moderna: performatividad; imperativo del capital humano y gobernanza en el sector.

1. Ball entiende performatividad como una tecnología, cultura y modalidad de reglamentación que utiliza evaluaciones, comparaciones e indicadores como medios para controlar, desgastar y producir cambio. Su ejercicio busca generar efectos sobre el profesorado, así como en la percepción social respecto al campo educativo. Ello conlleva la incorporación de prácticas eficientistas y de competencia individual en las escuelas y en los gremios. La adopción y el uso político de la prueba PISA en nuestro país logró que dicha cultura tocara fibras profundas del sistema educativo. Basta considerar el estrés docente y estudiantil derivado de un uso político de pruebas de alto impacto por parte de autoridades federales, agudizado además por una gran campaña privada de desprestigio al trabajo de las escuelas.

2. Desde el gobierno salinista, la política educativa se ha orientado cada vez más a responder a las necesidades de valorización del capital mediante la generación de un capital humano con habilidades y actitudes requeridas en el mercado laboral, las cuales, además, son objeto de evaluación. Dicha prioridad ha sido reconocida públicamente por funcionarios como Gurría, Nuño, Videgaray y Moctezuma. Esto ha generado que las propuestas educativas comunitarias y alternativas, fundadas en el bien común y la colaboración, no resulten atractivas por su inoperatividad en la sociedad del conocimiento.

3. La crítica al burocratismo gubernamental en la educación ha abierto la puerta a nuevas políticas de gobernanza que habilitan mecanismos de participación en el desarrollo de políticas públicas a distintos actores sociales. Sin embargo, en una sociedad de clases, pluralismo no necesariamente significa democracia. Esto ha quedado claro con la captura institucional de consejos técnicos, consejos consultivos e instancias de participación social que organizaciones civiles proempresariales e individuos vinculados a ellas han logrado, gracias a redes de colaboración entre burocracias y sector privado/asociaciones.

¿No nos remiten las cuestiones mencionadas, relativas a cómo educar y con qué fines, a problemas ideológicos? ¿No se hallan aquí, acaso, principios individualistas, liberales y productivistas?

Hay que debatir el marco propuesto, particularmente las dificultades de su realización integral en medio de un contexto de nebulosa continuidad neoliberal en educación. Sin embargo, hay que discutir también con posturas conservadoras y de tufo neocolonial que han hecho ya mucho daño a nuestras escuelas.

Ojalá la SEP dé respuesta al desplegado, y esperamos que quienes lo firman puedan mantener el debate.

* Politólogo.

México SA

¿Qué defendieron los 223? // ¿Ofendidos? Vano intento // Ken Salazar: fuera careta

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

En su desesperado cuan vano intento por sacudirse el calificativo de traidores a la patria –ganado a pulso tras su infame conducta el pasado domingo–, los diputados al servicio de la minoría rapaz se quejan –ellos, odiadores seriales– de una campaña de odio en su contra y pretenden mostrarse como legisladores angelicales que defienden a México, cuando en los hechos sólo protegen los intereses de un grupo de trasnacionales que exprimen al erario, operan de forma ilegal y defraudan al fisco, entre tantas otras gracias.

Eso es lo que defendieron los 223 diputados de oposición –como antes procedieron sus contlapaches en legislaturas previas– que el pasado domingo votaron contra la reforma constitucional en materia eléctrica: avalaron el atraco a la nación, estructurado a partir del régimen salinista –fortalecido por Fox, Calderón y Peña Nieto–, para privatizar ganancias y socializar pérdidas, amén de garantizar impunidad absoluta a los oligarcas nacionales y foráneos en el sector eléctrico y los demás. Eso sí, se dicen ofendidos cuando la ciudadanía los exhibe y reclama por su comportamiento.

Pero no es novedoso, porque así han actuado desde su fundación (PAN en 1939) y a partir de la primera concertacesión –que no la única– ( tricolores y blanquiazules) en tiempos salinistas, más las rémoras ( Chuchos, S.A. y los panistas anaranjados) que se treparon al carro de la traición, coimas por adelantado. No es de ahora, pues.

Con base en información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se puede mapear el proceder de quienes hoy se dicen ofendidos, más sus antecesores de la misma calaña. Por ejemplo, en 1999 esa institución suministraba 100 por ciento de la energía eléctrica en el país; para 2012 (con el Borolas en Los Pinos) y gracias al régimen neoliberal, esa proporción se había reducido 63 por ciento; en 2018, tras la reforma de Peña Nieto, su participación cayó a 52 por ciento.

El plan de los titiriteros y sus marionetas (en sus planes ni lejanamente estaba perder las elecciones de 2018) era que para 2019 la participación de la CFE se redujera a 45 por ciento; a 39 por ciento en 2020 y a 29 por ciento en 2024, y en su onanismo político-empresarial previeron que para 2029 sólo 16 por ciento del suministro de energía eléctrica correspondería a la Comisión Federal de Electricidad. Es de suponer que ellos estimaron que en 2030 la empresa del Estado sólo sería un mal recuerdo. Huelga decir que, de acuerdo con su proyección, el espacio sería ocupado al 100 por ciento por la parte privada, porque la energía eléctrica habría pasado, íntegramente, de servicio público a jugoso negocio de particulares, con las trasnacionales en primer lugar.

A favor de eso votaron los 223 que hoy se retuercen por ser acusados de traidores a la patria. Pero falta: cinco trasnacionales (Iberdrola-Naturgy –ambas españolas–, Saavi –gringa–, Mitsui –japonesa– y Enel –italiana), controladas por los fondos buitres, concentran 60 por ciento de la generación eléctrica en México, es decir, son las que han ocupado los espacios de la CFE gracias a las reformas neoliberales.

Iberdrola es la reina de la fiesta atracadora: participa en el ilegal autoabasto, las subastas, en la producción independiente de energía (PIE), posee las mayores centrales de generación y de cereza su equipo de asesores participó activa y decididamente en el armado de la reforma peñanietista de 2013.

En materia de autoabasto, la CFE tiene identificadas a 239 centrales; de ellas, 110 (46 por ciento del total, aunque puede haber más) proceden de manera ilegal, fraudulenta, en detrimento del erario nacional. El autoabasto es generación eléctrica para satisfacer las necesidades de una empresa, una sola, la que cuenta con el permiso, pero en este caso hay alrededor de 78 mil socios que en realidad son clientes, como los Oxxo, Walmart, Farmacias del Ahorro y Guadalajara, Telmex, Grupo México, Cementos Mexicanos (Cemex), Grupo Bimbo, Kimberly Clark (del inefable Claudio X. González Laporte, cuyo junior ahora quiere ser el diputado 224, algo por demás innecesario porque ya está muy bien ubicado) y muchos más, quienes son subsidiados por las arcas nacionales.

Eso y muchísimo más, pero no los llamen traidores a la patria, porque se ofenden.

Las rebanadas del pastel

Fuera máscaras, porque si de simulaciones se trata, ahí está Ken Salazar, quien oficialmente se presenta como embajador estadunidense en México, cuando en los hechos es el mayor cabildero de las trasnacionales de su país.