Lo que dicen los columnistas

La nueva derecha religiosa

Bernardo Barranco V.

Proceso

En política, el término “derecha” se remonta a la revolución francesa. En la asamblea constituyente los partidarios de la monarquía se ubicaron a la derecha del presidente de la asamblea. Los leales al régimen se situaron en la derecha porque simbólicamente representaba la tradición legalista.

La derecha en México es una realidad palpable que ha venido evolucionando no sólo en México sino a nivel mundial. En nuestro país, se asocia a las posturas intransigentes de los sectores conservadores del catolicismo contemporáneo.

En política, el término “derecha” se remonta a la revolución francesa de 1789. En la asamblea constituyente los partidarios de la monarquía se ubicaron a la derecha del presidente de la asamblea. Los leales al régimen se situaron en la derecha porque simbólicamente la derecha representaba la tradición legalista. Encontramos este significado en particular a través de las expresiones: “Estar sentado a la derecha del padre” y “Ser el brazo derecho”. En latín, dexter significa “a la derecha” o “favorable”.

En el mundo y en México no hay una derecha sino diversas derechas. De modo sintético propongo tres diferentes vertientes de las derechas en nuestro país, aunque hay más. Son grandes vértices ultraconservadores que han despuntado de otras. La primera es la histórica, la derecha católica y que tiene diversas estirpes. La segunda es una derecha hipercapitalista de corte secular. Y la tercera, es una nueva ultraderecha pentecostal, cargada de fundamentalismos.

La derecha católica, más allá de las sociedades semisecretas como el Yunque, ProVida y tantas otras inspiradas en la Guerra Fría, busca instaurar un orden social cristiano, es decir, tienen un corte teocrático. Hay herencia cristera, revanchista de un catolicismo social intransigente, cuyas raíces se remontan al rechazo de los valores y sistemas sociales construidos por la modernidad. Pese a ello, sustentan el “neoliberalismo bautizado” como el estadio ideal. Dicha ultraderecha católica es depositaria del radical pensamiento cristero, rabiosamente anticomunista, misógino, antimasónico, antijudío y antiprotestante.

El segundo segmento es la derecha secular empresarial. Diversos grupos de poder económico han visto perder sus privilegios. Están acostumbrados a actuar de modo corporativo. El modus operandi para hacer negocios y dinero a costa del erario y privilegios que han cambiado y, por tanto, miran con recelo a AMLO, a quien le piden su renuncia. Un ejemplo entre otros lo encontramos en FRENAA, de Gilberto Lozano, un empleado del grupo Monterrey que quiere despedir al presidente como un mal empleado que no garantiza la inversión ni la estabilidad del país. Utilizan lo religioso a conveniencia, como el ícono guadalupano y pretenden aglutinar a grupos sociales del catolicismo conservador.

El tercer grupo es el ascenso de la derecha evangélica. Grupos pentecostales y neopentecostales conservadores han poblado el horizonte religioso en las últimas décadas. Busca la sanación de la vida pública con base en los designios de Dios sobre la clase política corrupta. Protegen la familia patriarcal y rechazan las conquistas de las mujeres y los derechos de las minorías sexuales. Pugnan por una teología de la prosperidad. El INE reforzó esta vía al otorgar el registro al Partido Encuentro Solidario, en contra del carácter laico del Estado mexicano. El ascenso pentecostal de los sectores evangélicos conservadores y las alianzas interreligiosas son un vector apenas estudiado en América Latina.

El fortalecimiento de las iglesias evangélicas no se ha traducido en una retirada de las iglesias tradicionales o históricas, como la Católica, en las disputas sobre las políticas de moral social y sexual. Por el contrario, en diferentes países se muestra que organizaciones e iglesias católicas y evangélicas han sido capaces de sobreponerse a sus diferencias teológicas y a sus disputas políticas por el poder, al momento de enfrentarse a movimientos de mujeres y de la diversidad sexual. La politización de la sexualidad movilizada por los movimientos LGBTI y feministas encuentra una feroz oposición organizada que es capaz de fortalecerse mediante alianzas interreligiosas.

El Yunque mexicano fue exhibido por WikiLeaks, fundada por Julián Assange: filtró 17 mil piezas compuestas de documentos, correos electrónicos y testimonios de la organización ultraderechista española Hazte Oír, brazo ciudadano del partido político español VOX, cuyo origen es precisamente el Yunque mexicano. Los textos develan alarmantes estructuras internacionales de acción e intervención de la derecha religiosa en Occidente. Desnuda ante la opinión pública, complots político-religiosos en España, Estados Unidos, Alemania y México como epicentro. Así como nuevas maneras de operar en terrenos locales como internacionales.

Esta nueva derecha religiosa-secular utiliza proclamas como la “ideología de género”, la “cultura de la muerte” o la “defensa de valores tradicionales”; recicla viejos fantasmas como el neocomunismo latinoamericano, delineado en el Foro de Sao Paulo. Esta derecha puede arroparse en discursos populistas ante la expansión del imperialismo/colonialismo. Son estrategias argumentativas para presionar a los gobiernos y enfrentar ideológicamente las demandas feministas y LGBTI.

Muchos actores religiosos e iglesias se hacen eco de dichos planteamientos, ofrecen no sólo sus plataformas sociales sino realizan alianzas con sectores evangélicos. Tal fue el caso de las megamarchas antimatrimonios igualitarios, en septiembre de 2016, en las cuales obispos católicos salieron a las calles a manifestarse junto con líderes evangélicos. El relato de la supuesta ideología de género permite enmarcar sus agendas y superar incluso las tensiones históricas que existen entre algunas religiones e iglesias. En los últimos años se han podido evidenciar una serie de cambios en las estrategias. Los conservadurismos religiosos han adquirido un carácter trasnacional que, a pesar de sus singularidades locales, muestra una dimensión transversal que muchas veces los aglutina en su agenda conservadora en materia de moral sexual y política.

Los grupos conservadores han creado cientos de organizaciones de la sociedad civil. Basta ver la red de Yoinfluyo para observar nuevas formas del activismo conservador, separado del modus operandi tradicional de las iglesias. Han creado nuevas herramientas estratégicas, basadas en una diversificación de identidades que se mueven a través del espacio público.

Igualmente podemos identificar la importancia que la derecha religiosa da a los medios de comunicación tradicionales, radio y TV, así como a las redes sociales. Ante el quiebre de la doble moral por denuncias de familias tradicionales icónicas del catolicismo conservador, tal como los Abascal Carranza y los Serrano Limón, está operando un relevo generacional que surge del mundo de la farándula. Estaría el presentador Esteban Arce, el actor empresario Eduardo Verástegui y Antonio Berumen, manager-empresario que ha concertado jugosos negocios con la curia romana. Quien por cierto ha sido señalado por acoso sexual del también actor Mauricio Martínez.

La religión, y en particular la católica, continúa jugando un papel central en el plano de las políticas públicas. La derecha religiosa se ha erigido guardiana de la moral pública y la quiere imponer al resto de la sociedad. La derecha religiosa no es estática y ha mostrado su capacidad de adaptación, que le ha permitido trascender fronteras nacionales y regionales, así como establecer alianzas con sectores políticos sumamente variados, desde grupos neofascistas hasta líderes anticoloniales. ¿Desde un Estado laico deben inhibirse dichas iniciativas, pues se viola el principio de separación entre las iglesias y la política pública? ¿o se debe activar a los grupos religiosos católicos y protestantes, plurales y progresistas, que contrarresten la embestida conservadora?

Democracia amenazada

Max Cortázar

Excelsior

La consulta de revocación de mandato difícilmente puede categorizarse como un ejercicio democrático. Muy por el contrario, este proceso se trató de un experimento que llevó al sistema legal e institucional de elecciones al extremo, con el objetivo de identificar condiciones presentes y de mediano plazo a favor del Movimiento Regeneración Nacional, derivadas del despliegue de conductas orientadas a actuar al margen de la legalidad, a agraviar a la ciudadanía y a pasar por encima de la equidad que debe prevalecer entre partidos políticos. Así, tras la consulta realizada el domingo pasado, Morena podría haber encontrado terreno fértil para poder replicar estas prácticas en los comicios federales de 2024, al haber quedado libre de la más mínima rendición de cuentas.

Es cierto, no todo fueron cuentas alegres para el partido en el poder. De los casi noventa y tres millones de mexicanos en condición de votar, acudieron a las urnas apenas dieciséis millones de ellos. Casi la mitad de los que en la elección presidencial de hace apenas tres años sufragaron por el Movimiento Regeneración Nacional. Además, a pesar de tener bajo su control gubernaturas como las de Sonora, Sinaloa, Zacatecas y las dos de la península de Baja California, Morena no sólo mostró baja capacidad de movilización en el centro-norte del país, en un patrón de votación muy similar al de 2006, sino que fue en esa amplia región del territorio nacional donde se obtuvieron los mayores caudales de votación a favor de la revocación de mandato.

Y si de mandatarios estatales con dudosa fortaleza hablamos, la revocación de mandato refrendó la debilidad de Claudia Sheinbaum en su rol de salvaguarda del bastión morenista más importante, la Ciudad de México, ya que el porcentaje de participación ciudadana en la capital del país fue inferior al registrado en otros estados como Chiapas, Tabasco, Veracruz e incluso de una entidad gobernada por el PRI, como lo es Oaxaca. Si a esta deficiente movilización de la jefa de Gobierno se suma la derrota de numerosas alcaldías capitalinas en los comicios intermedios de 2021, cabe preguntarse: ¿cuáles son los criterios bajo los que la doctora Sheinbaum cataloga como un “éxito” la consulta en la ciudad que administra?

Sin embargo, al margen de los resultados de la consulta de revocación de mandato, los mexicanos vivimos una democracia amenazada. Nuestra democracia está en duda por al menos tres premisas fundamentales. Primero, en sentido contrario a lo ordenado en la Constitución, la mayoría legislativa de Morena en el Congreso de la Unión está dispuesta a imponerse para cambiar las reglas del juego de último momento, a fin de interferir en un proceso electoral e influir indebidamente en su resultado. Prueba de ello fue la aprobación del decreto por el que se interpreta el alcance de la propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a tan sólo un mes de la jornada. Un uso faccioso de la ley que no sólo habilitó el involucramiento proactivo de funcionarios federales, gobernadores y legisladores afines, sino que, de manera peligrosa, terminó haciendo partícipes a representantes del Ejército mexicano en actos públicos de propaganda.

Segundo, los efectos antidemocráticos de la consulta de revocación de mandato no han concluido, porque la difusión de logros del gobierno federal y la continuidad del clima de polarización que mantiene cohesionada a la base más dura de simpatizantes de Morena dieron por muerta la veda electoral a nivel estatal y habrán de influir en el electorado que elegirá a nuevos gobernadores en seis entidades federativas. Y, tercero, la consulta de revocación dio prueba fehaciente de que no hay autoridad electoral que valga cuando la ley es un obstáculo para el alcance de los objetivos electorales del partido en el poder. Los ataques contra el Instituto Nacional Electoral son apenas una muestra de la amplia embestida que se avecina en el 2024.

La impunidad con la que Morena ataca al INE, a la par del ejercicio de conductas reprobables con las que secretarios de Estado, gobernadores y legisladores cometen delitos electorales graves sin mediar sanción alguna, hace parecer que en el México de hoy los simpatizantes de ese partido pueden hacer lo que se les venga en gana y, con ello, que sean la principal amenaza a nuestra democracia.

Sextante

En la mente

Federico Reyes Heroles

Excelsior

¿Qué son las instituciones? Algunos piensan en edificios: el Palacio Nacional, San Lázaro, la SCJN con Otero vigilando, el Senado, etcétera. Son sus hogares. Pero las instituciones son mucho más, a decir de Tocqueville, ellas viven en la mente de los ciudadanos.

Así lo demostró la consulta.

México enfrenta un periodo de destrucción institucional inédito: se atenta contra la vida institucional desde las propias instituciones. Estrangulan sus presupuestos, buscan volverlas disfuncionales: hospitales sin medicinas; intentan cooptarlas con la designación de “leales”, la SCJN; amenazan a sus integrantes con los aparatos de Estado; también a periodistas, Loret, y, finalmente, hay campañas sistemáticas para desprestigiarlas, el INE. Resultado: erosión provocada de los contrapesos y concentración de poder en un hombre. Son acciones de tracto sucesivo que terminan siendo, técnicamente, un golpe de Estado. No hay un día de la gran tragedia, hay muchas pequeñas. Pero están fracasando.

México logró algo que muchos países admiraban: una convivencia civilizada entre el mando civil y las FFAA. En noviembre pasado, el secretario de la Defensa llamó a los mexicanos a unirse a la 4T, a tomar partido. Hubo una pequeña revuelta mediática. Aparentemente allí quedó. Violó la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea, que prohíbe a los militares hacer política. Si lo desean –sus derechos son inalienables–, deben de separarse de la responsabilidad militar. Hace unos días en la “campaña del descaro” para favorecer la consulta, participó la cabeza de la Guardia Nacional, con uniforme. En esas cabezas no hay instituciones, pero sí están en las instituciones de los mexicanos. Cuidado con el crédito social de las FFAA, nada tienen garantizado.

Si el clero abiertamente tomara partido en las discusiones políticas, rompería otro acuerdo de convivencia pacífica que costó mucha sangre. Pero saben que habría un rechazo ciudadano. Mejor se han abstenido. Intentaron la cooptación del banco central. Pero los miembros de la Junta de Gobierno –con independencia de simpatías– están respetando a la institución. La Corte está dividida entre los institucionales y los que no lo son, todo en el mismo edificio. Los han menospreciado: “No me vengan con el cuento de la ley”,  expresión que de hecho es un llamado a la subversión. Un presidente institucional debió de haber detenido a sus huestes, comenzando por el secretario de Gobernación y la jefa de Gobierno, exigiéndoles acatar la veda. Pero fue el primero en violarla. Con actos simbólicos y no tanto (el uso del avión de la GN) han buscado destruir los criterios institucionales. Pero ya están en la mente de muchos mexicanos. Pocos aceptaron la farsa, 82% no acudió. Hay 23 millones de beneficiarios de programas sociales. Dónde quedaron. Perdieron. Pero la batalla sigue.

Al día siguiente de la extraña votación de la Corte sobre la constitucionalidad de la LIE, las autoridades anunciaron que revisarán y revocarán los permisos de autogeneración. Del costo nada se dice. Qué vanidad: falta la tormenta de amparos. Hay resistencias. La propia Corte se pronunció en contra del fiscal general y liberó a la familia Cuevas-Morán de la persecución. También echó abajo el impedimento para que los exservidores públicos no puedan contratarse en 10 años. Otro fracaso fue el intento de apropiación por parte del Ejecutivo de los recursos producto de la llamada austeridad. La lista de fracasos crece todos los días.

En la mira está el INE, pilar de nuestra democracia. La palabra utilizada por el líder de Morena fue “exterminar”. El Presidente ha caricaturizado y ofendido a los integrantes del Consejo. El INE ha vivido tres años de acoso. Pero aun así, en la mente de los ciudadanos, goza de cabal salud. No van a poder.

Es golpismo de baja intensidad, pero el dique está en la mente de los mexicanos. A ser ciudadanos institucionales, por ahí se comienza.

Revocación y democracia

Santiago Nieto Castillo

La Jornada

El domingo pasado fuimos testigos de un hecho histórico en la democracia de este país. Estoy convencido de la importancia de poder vincular la democracia directa con la democracia representativa y de ir generando una cultura de participación activa de la sociedad mexicana respecto al desempeño de sus gobernantes, ejercicio democrático que debiera replicarse en las entidades federativas de la nación. Quisiera comentar algunos temas técnicos y otros políticos.

Sobre los primeros, con la instalación de 100 por ciento de las casillas, la organización del Instituto Nacional Electoral (INE), es de reconocerse. El conteo rápido fue un éxito. Las ciudadanas y ciudadanos que integraron las casillas merecen una ovación de pie; sin embargo, no entiendo la sistemática negativa de una mayoría del Consejo General de utilizar medios electrónicos para recibir el voto y abaratar procesos. Se hubieran podido instalar más casillas, recibido más votos y ahorrar recursos. Afortunadamente, existen consejeras y consejeros que pugnan por esa otra ruta, más moderna y más eficiente.

¿Cuáles fueron los resultados de la votación de la revocación de mandato? Al momento que consulto los resultados, se registra una participación de 17.77 por ciento, con un total de 16 millones 502 mil 636 votos emitidos. De los cuales, 15 millones 159 mil 323 se pronunciaron en el sentido que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador en la titularidad del Poder Ejecutivo federal, lo cual es indicativo una vez más, de la aprobación de la ciudadanía respecto a las políticas públicas emprendidas por el Presidente de la República, frente a 6.44 por ciento, es decir, un millón 63 mil 209 votos que optaron por su revocación. Los resultados de la jornada del domingo casi triplicaron la participación de la consulta popular de 2021 para emprender acciones legales contra los ex presidentes, que tuvo una participación de 7.11 por ciento, lo cual refleja también mayor conciencia de participación en este tipo de mecanismos de democracia directa. Resulta muy interesante la contundencia del voto popular a favor del gobierno de AMLO; el número de votos que se obtuvieron el 10 de abril, es aún mayor que el número de votos recibidos por los candidatos presidenciales en las elecciones de 2018, Ricardo Anaya, del PAN, y José Antonio Meade, del PRI, con 12 millones 610 mil 120 y 9 millones 289 mil 853, respectivamente. Por otra parte, conforme a los resultados del pasado domingo, la entidad donde AMLO obtuvo mayor votación fue Tabasco y donde menos votos registró para que se mantuviera fue Guanajuato, lo cual corresponde con el resultado de los comicios de 2018.

Ahora, el diseño constitucional y legal debe ser modificado. En primer lugar, la Constitu-ción no debería prohibir la di-fusión de propaganda guber-namental durante el procedi-miento, toda vez que lo que sediscute es la calidad del ejercicio gubernamental, por lo cual la oposición debe cuestionar algobierno, y éste y su partido deben tener posibilidad de de-fender su postura. Es una in-congruencia en ese marco su-primir la propaganda gubernamental, ya que eventualmente llevó a la aplicación en este proceso de un anacronismo constitucional como la interpretación auténtica. Si hay du-das respecto a la licitud de cier-tas conductas de servidores públicos, existen los canales institucionales para que se pre-senten las denuncias correspondientes, se realicen las ul-teriores investigaciones y se establezcan, en su caso, las sanciones a dichas conductas. No nos rasguemos las vestiduras; utilicemos las herramientas jurídicas existentes.

Por otro lado, el hecho que el artículo 20 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales sólo habla de consulta popular y no de revocación de mandato, cuando son dos procedimientos constitucionales diferentes, es un problema que puede permitir la impunidad en esta materia. No aplaudo el acarreo de votantes, pero es falso lo que sostuvo un consejero de que sea delito, para ello se requieren dos elementos subjetivos: el dolo y que el elector haya sido presionado. En otras palabras, aunque exista acarreo, no hay delito si no hay presión. Volviendo a la impunidad, lo mismo ocurre con la imposición de sanciones a las y los servidores públicos, al haber establecido la Sala Superior que la Sala Especializada no puede sancionar ni obligar a los OIC a hacerlo.

Me extrañó mucho el discurso sobre la aplicación retroactiva de la ley. La retroactividad implica aplicar una ley a hechos anteriores a su expedición. La reforma constitucional es de 2019, la ley se expidió en septiembre de 2021 y se aplica en 2022. No existe tal aplicación retroactiva.

En los temas políticos, fue controversial que desde el propio árbitro electoral se planteara que la Sala Superior podría anular el procedimiento. ¿Puede anularse? Evidentemente sí, sólo que si la Sala Superior anulara la revocación de mandato tendría que convocarse a un proceso extraordinario de revocación de mandato que nos volvería a meter en esta misma dinámica, lo cual considero sería una insensatez.

Por otra parte, la Ley Federal de Revocación de Mandato tiene un problema. Que tres días antes de la jornada se tiene que suspender la difusión de la revocación por parte de la INE, lo que considero un error, el instituto debería tener siempre, hasta antes del inicio de la jornada, la posibilidad de fomentar la participación ciudadana en este mecanismo de democracia directa. Asimismo, es una responsabilidad ineludible de los partidos de la oposición el haber cambiado la fecha de revocación de mandato, el hecho de que se haya desvinculado la fecha de realización de los mecanismos de democracia directa del día de la elección constitucional, no sólo impactó en el número de participación ciudadana, pues de haberse llevado a cabo en la misma jornada electoral, evidentememte habría habido más participación, además que se multiplicaron los costos, lo cual es contrario a la finalidad de estos ejercicios democráticos. Por ello, propongo que se homologuen las fechas con la elección constitucional. De igual manera, para garantizar la legalidad y la equidad de este tipo de procedimientos, es imperativo que el INE ejerza sus facultades en materia de fiscalización y rendición de cuentas, así como incorporar mecanismos tecnológicos que abaraten las elecciones y faciliten su accesibilidad.

La consulta: todos ponen

Luis Hernández Navarro

La Jornada

Haiga sido como haiga sido, vo­taron en contra de revocar el mandato de Andrés Manuel López Obrador poco más de 15 millones de ciudadanos. La cifra está muy lejos de los pocos más de 37 millones de votos que el ejercicio requería para ser vinculante. Pero superior a la obtenida por los candidatos de PRI y PAN en los comicios presidenciales de 2018. El apoyo al Presidente fue nada despreciable.

La fecha de la auscultación ciudadana influyó en su resultado. Coincidió con el Domingo de Ramos, que se celebra con actos masivos en muchos puntos del país. Además, desde el jueves anterior, niños y jóvenes salieron de vacaciones de Semana Santa. Así, el 10 de abril, cientos de miles de padres de familia estaban descansando fuera de casa.

Curiosamente, sólo se instaló una casilla especial por cada distrito electoral; 300 en total. En ellas pudieron votar quienes estaban fuera de casa. En cada una hubo 2 mil boletas. La cifra contrasta con las 3 mil habilitadas en 2018. Una marranada del Instituto Nacional Electoral (INE), que no tuvo la respuesta adecuada de Morena.

La consulta de revocación de mandato no es una elección. La primera fue un ejercicio inédito de democracia participativa; la otra es la fórmula central de la democracia representativa. En una participan centralmente los ciudadanos, en la segunda, salvo en el día de las elecciones, éstos delegan su futuro en partidos políticos y gobernantes.

El porcentaje de abstención en la auscultación popular fue mucho mayor que el de los procesos electorales federales. En los del año pasado, la votación fue de 52.37 por ciento; en cambio, este domingo fue de 17.60 por ciento, menos de dos de cada 10 posibles ciudadanos empadronados. Pero, se trata de procesos de naturaleza distinta.

Quienes impulsaron el revocatorio presentaron 11 millones de firmas para solicitar su realización. La cuarta parte de ciudadanos que negaron haber dado su apoyo al proceso.

La cifra lograda es más del doble de los 6 millones 600 mil votos que tuvo la consulta sobre el juicio a los ex presidentes del 1º de agosto de 2021, con el mismo número de casillas que en esta ocasión.

La participación en la auscultación es la mitad de la que cosechó en 2018, cuando AMLO fue elegido presidente. También estuvo por debajo de los casi 20 millones de votos que obtuvo la coalición Juntos Haremos Historia en los comicios federales.

La oposición de derecha llamó a no participar en la auscultación popular. Su abstencionismo fue más resultado de su debilidad que de su fuerza: no podía derrotar al Presidente. El resultado final poco tuvo que ver con sus llamados. Lejos de aprovechar la coyuntura para promover figuras políticas relevantes o un programa alternativo a la 4T, apostó todo a deslegitimar y desgastar el proceso presentándolo como un dispendio presupuestal egocéntrico del mandatario. Más allá de los fuegos de artificio, no parece que haya podido cosechar ningún capital político relevante.

Curiosamente, más que una disputa entre los partidos de oposición de derecha y el Presidente, la confrontación central se dio entre el mandatario y el INE. En el pleito, el instituto apareció como el núcleo articulador de la ofensiva contra la 4T, al que, según el obradorismo, se debe reformar a fondo o, cuando menos y/o, ya de perdida, remover a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. No es exagerado decir que, de principio a fin, Murayama se comportó más como dirigente de oposición que como consejero ciudadano neutral.

En la asistencia a la auscultación confluyeron tanto un genuino deseo de involucrarse de muchos votantes obradoristas, como una operación de Estado, que violentó reglas básicas de equidad electoral por las que la izquierda luchó durante muchos años. El tamaño del pleito podría desembocar en una solicitud de la oposición partidaria de anular el proceso ante el tribunal, inscrita en su estrategia de desgaste.

En Chiapas algunas casillas (sección 627 o 740) tuvieron más votos que personas en la lista nominal. Los resultados de las asistencia a las urnas en el estado son inverosímiles. Como difundió Juvenal Campos, ocho de las 10 más altas participaciones ciudadanas están en esa entidad: entre 68 y 100 por ciento del padrón electoral (https://bit.ly/3vcdHRa), cifra totalmente fuera de la media nacional.

La consulta tendrá poco impacto en los resultados de las elecciones para gobernador en seis entidades el 5 de junio, el futuro de la reforma eléctrica o una probable reforma electoral. Ni el Presidente ni la oposición partidaria incrementaron significativamente su potencia como para dar un golpe de timón en las actuales circunstancias. Como ya lo hizo, el mandatario argumentará que en la auscultación él obtuvo más votos que Ricardo Anaya (12 millones 600 mil sufragios) y José Antonio Meade (9 millones 289 mil) en 2018. Sus adversarios insistirán en que redujo a la mitad su apoyo popular, respecto de cuando fue elegido.

Además, el desenlace de estos acontecimientos depende de correlaciones de fuerzas distintas al pulso por la revocación del mandato. Muy probablemente, Morena triunfará en cuatro o cinco comicios estatales; el cambio constitucional en materia eléctrica seguirá su curso dependiendo de las negociaciones entre partidos y grupos de poder fáctico; y, salvo Morena, el conjunto de los partidos políticos se negará a avalar una reforma electoral que reduzca o elimine a los diputados plurinominales.

Aunque los actores políticos institucionales digan que ellos triunfaron, en la consulta de revocación, como en el juego de la perinola, la cara con la inscripción ordena: Todos ponen. Unos podrán más que otros, pero ninguno cosechó todo.