Lo que dicen los columnistas

Zurda

Supremacía constitucional transgredida

Ruth Zavaleta Salgado

Excelsior

La Constitución es la ley suprema, así lo dispone el artículo 133. Por lo tanto, toda ley secundaria tiene que estar acorde con su contenido. Para preservar esa supremacía, la propia Constitución establece quiénes son los responsables de cuidar ese mandato y cuáles son los mecanismos para hacerlo.

En ese contexto, el artículo 128 ordena que todo funcionario, sin excepción alguna, antes de tomar su encargo, tiene que protestar “(…) guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. Por otra parte, los artículos 105 y 107 establecen los recursos de juicio de amparo, de acción de inconstitucionalidad y de controversia constitucional como mecanismos para garantizar esa cualidad de superioridad dentro del orden jurídico.

En estos casos, son los integrantes de la SCJN los encargados de resolver cada recurso. Como consecuencia de ello, los y las ministras son una especie de guardianes de la validez de las normas que se aprueban por el Poder Legislativo. Consecuentes con esta función, el 7 de abril, 7 de los 11 integrantes de la SCJN votaron a favor de declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica que fue publicada el 9 de marzo de 2021 y que modificó 9 artículos de la que se había publicado el 11 de agosto de 2014.

Sin embargo, por alguna extraña razón, el presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y otros 3 integrantes votaron en sentido contrario y con ello impidieron que se declarara la invalidez del decreto de mencionada ley, al respecto surge la pregunta: Al no permitir que se declarara la invalidez de esa ley, ¿estos cuatro ministros ignoraron garantizar el principio de supremacía de la Constitución?

La petición de acción de inconstitucionalidad fue presentada el 9 de abril del año pasado por senadores del PAN, PRI, PRD y MC bajo el argumento de que la modificación de los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126, atenta contra la competencia (libre mercado), contra los tratados nacionales e internacionales y contra los derechos humanos al limitar el acceso de las personas a un adecuado medio ambiente, pues se privilegia la producción de energía con combustibles fósiles. Además, cabe mencionar que el decreto modificó arbitrariamente la relación de contratos con inversores privados que utilizaban energías limpias y, por lo tanto, motivó la presentación de demandas a nivel nacional e internacional.

A la expectación creciente por conocer cuál iba a ser la determinación de la SCJN, se sumó la presentación de una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28, por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 1º de octubre de 2021 ante la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa resultó tardía porque debió presentarse antes de decretar una ley inconstitucional. Es decir, primero debió conciliarse una reforma constitucional y luego decretar las reformas a la ley secundaria, pero esta decisión no es producto del desconocimiento, sino de darle la vuelta a la Constitución y ganar tiempo para que la CFE siga haciendo de las suyas. No es fortuito que, ante estos hechos, haya más de 200 empresas amparadas y, que después de la acción del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, se encuentren en la incertidumbre total.

Cabe mencionar que el contenido de la iniciativa presidencial está en concordancia con la inconstitucional Ley de la Industria Eléctrica: pretende que la CFE sea la responsable de la planeación de la política eléctrica y de los permisos de generación de energía, es decir, con ello, el organismo potencia su poder y fungiría, al mismo tiempo, como juez y parte.

Pero, a diferencia de la aprobación de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que sólo requirieron una mayoría absoluta, el artículo 135 es muy claro, la iniciativa presidencial requiere una votación de mayoría calificada (344 votos de diputados). Es decir, Morena y sus aliados, necesitan otros 57 votos además de los suyos. ¿Será posible que logren convencer a ese número de legisladores al igual que lo hicieron con el presidente de la SCJN?

Arsenal

Frente Cívico Nacional

Francisco Garfias

Excelsior

Soy de los convencidos de que el único camino que tiene la oposición para dar la pelea al obradorismo en 2024 pasa por elecciones primarias para elegir a un candidato común.

Ésa es la propuesta central del Frente Cívico Nacional, una organización que prioriza la participación de la sociedad civil y los liderazgos de los sectores sociales, económicos y políticos del país. A mediados de la semana se realizó la primera reunión de dirigentes del citado FCN, que encabeza Guadalupe Acosta Naranjo, con 13 exgobernadores del PAN, legisladores del PRD y un senador del PRI, Mario Zamora. Se realizó en el hotel Marquis de la Ciudad de México. Allí vimos a Ernesto Ruffo, Marco Adame, Carlos Medina, Ignacio Loyola, Juan Carlos Romero Hicks; al propio Acosta Naranjo, exdirigente nacional del PRD, al senador del PRI Mario Zamora; y a Cecilia Soto, excandidata presidencial por el PT.

Al término de la reunión hablamos con varios de ellos. El diputado del PAN Marco Adame fue con el primero que lo hicimos. Nos dijo: “Hubo buenas coincidencias. El momento que vive el país es especialmente delicado, crítico. Se necesita construir una alternativa con la máxima unidad posible.

“Pero también una candidatura común legitimada por un método que tenga gran participación ciudadana (elecciones abiertas) y como base la construcción de un gobierno de coalición”. Uno de los principales desafíos del Frente, sin embargo, es que las cúpulas del PAN-PRI-PRD no se aferren a posiciones de control que impidan que se exprese una voluntad ciudadana amplia. El panista bajacaliforniano Ernesto Ruffo, primer gobernador de oposición en el largo periodo del priato, nos reveló que Marko Cortés, jefe nacional del PAN, ya se manifestó en contra de las primarias para elegir candidato único.  

Ruffo destaca que iniciativas como el Frente Cívico Nacional son producto de la inquietud por lo que pasa en la vida pública nacional: “Hay falta de respeto a la Constitución, graves presiones al INE, nula atención al Sistema Nacional Anticorrupción, ataque a órganos autónomos…”, ilustró.

Ese mismo día, Cecilia Soto fue nombrada vocera del FCN. La excandidata presidencial no ocultaba su satisfacción por la postura de los exgobernadores azules en la citada reunión.

Ya encarrerada también nos dijo: “Hay que quitar esa idea de que no hay candidatas o candidatos de oposición. Claro que hay que medirlos con la ciudadanía y hacer que muchos los respalden. Que no sean tres o cuatro de la democracia partidaria o el dedo del presidente”. El Frente no existe oficialmente. Por ahora son un comité promotor. La idea es formalizarlo en la tercera semana de mayo. Su meta es lograr que todas las organizaciones ciudadanas, incluida Sí por México, se integren en una sola.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks, vocero de los exmandatarios del PAN, destacó el interés que el grupo tiene en la “moratoria constitucional” que promueve Ignacio Loyola.

La propuesta del exgobernador de Querétaro es no aprobar una sola reforma a la norma suprema hasta 2024. Los exgobernadores de AN, nos dijo Romero Hicks, comparten la iniciativa de elecciones abiertas y la defensa de los órganos autónomos.            

* Mañana es la revocación de mandato. Alrededor de 93 millones de ciudadanos están convocados a participar en esa farsa que no tiene más propósito que consolidar el poder personal del presidente López Obrador. Para que sus resultados sean vinculantes se requiere que en ese ejercicio dizque de “democracia participativa” concurra por lo menos 40 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón. Esto equivale a alrededor de 37 millones de votos. Misión imposible. Los mexicanos tienen preocupaciones mucho más urgentes que ir a las urnas a ratificar #QueSigaAMLO.  El manifiesto desinterés ciudadano en un ejercicio, cuyo resultado todos conocemos de antemano, llevó a los más altos funcionarios –del Presidente de la República para abajo– a violar reiteradamente la veda publicitaria contenida en las leyes. Ese desparpajo hizo que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtiera que la intervención sistemática de funcionarios podría llevar a la anulación de la consulta. Hay 172 quejas en el INE sobre la revocación de mandato. Los morenos –incluso los moderados– reaccionaron mal a la advertencia de Córdova. Un ejemplo es Ricardo Monreal, jefe guinda en la Cámara alta.  

Dijo: “Anular la consulta de revocación de mandato, como expresó el consejero presidente del INE, es un mal presagio e inhibe la participación ciudadana en este ejercicio inédito en el país. El órgano electoral debe convocar a la participación y conducirse con mesura e imparcialidad”. Monreal parece olvidar que actuar con mesura e imparcialidad no quiere decir cerrar los ojos ante reiteradas violaciones a la ley por los más altos jerarcas de la 4T.

México SA

AMLO: salvamos a la CFE // Derechos humanos y coimas // Acidez y berrinche empresarial

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Ácida reacción de los opositores tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de la Industria Eléctrica: se quedaron con las ganas de cerrar la puerta a la participación del Estado en ese sector, de cancelar el servicio público y privilegiar ilegalmente a particulares, como lo han hecho en tantos otras áreas de la economía nacional. Se retuercen, pues, por no desquitar lo recibido ni rendir buenas cuentas a sus patrones.

Que la decisión del máximo tribunal del país provocará una lluvia de amparos de empresas privadas, gritan a coro –bajo la batuta del cabildero Ken Salazar–, pero lo cierto es que el chaparrón comenzó segundos después de que la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) fue aprobada por el Congreso en marzo de 2021. Desde entonces se acumularon alrededor de 4 mil de ellos, siempre otorgados a destajo y a la velocidad de la luz por jueces a modo, especialmente Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, además de las controversias constitucionales promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica y el gobierno de Colima, más la acción de inconstitucionalidad de senadores de oposición.

Tras la aprobación de la LIE, las llamadas centrales de autoabasto ya tenían su amparo en la mano. Oficialmente existen 239 de ellas, pero resulta que en los hechos ilegalmente venden electricidad a terceros. Si en realidad fueran de autoabasto, pues serían 239 consumidores, ni uno más. Pero no: tienen cerca de 78 mil, es decir, 326 veces más de lo permitido. Además, no pagan el costo real por porteo, pero utilizan al ciento por ciento la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad.

No es novedad, pero entre los consorcios con estas prácticas ilegales aparecen, por ejemplo, Grupo Bimbo, de la siempre pía familia Servitje; Kimberly Clark, del inefable Claudio X. González; Oxxo, de Fomento Económico Mexicano (Femsa), presidido por El Diablo Fernández; Cementos Mexicanos (Cemex), de la mafia empresarial regiomontana; Grupo México, del tóxico Germán Larrea (por cierto, todos estos empresarios se beneficiaron, entre otras tantas cosas, de la venta de Banamex en 2001, libre de impuestos) y la trasnacional Walmart. Eso sí, todos amparados por raudos cuan serviciales jueces a modo, por mucho que se trate de una operación fraudulenta.

Pero si en un lado hay acidez, berrinches y severos problemas gastrointestinales, en otro hay celebración: la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, de la nación. No queríamos hablar mucho antes de la importancia de que la SCJN resolviera sobre este asunto, porque sabíamos de la trascendencia y lo que le interesaba al grupo que estaba abusando del marco legal que se construyó durante el periodo neoliberal para destruir a la Comisión Federal de Electricidad y tener como rehenes a todos los consumidores mexicanos, a los consumidores de energía eléctrica, para hacer jugosos negocios, para lucrar. Entonces, se reparó el daño ayer, se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz, por eso estoy muy contento, dijo el presidente López Obrador en la mañanera de ayer.

El mandatario detalló que en la ley tramposa (la reforma energética de Peña Nieto), la cual se aprobó, y está demostrado, con corrupción, porque les dieron dinero a los legisladores, los sobornaron, no se consideraba a las hidroeléctricas como generadoras de energía limpia, no las despachaban, las excluyeron. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad tiene 60 hidroeléctricas que se construyeron en el transcurso del tiempo con inversión pública y todas estaban paradas. No les autorizaban subir la energía a la red; les daban preferencia a las empresas extranjeras. Por eso inundaron dos veces a Tabasco, porque, como no turbinaban estaban los vasos llenos. Daban preferencia a Iberdrola y a las empresas extranjeras, pero imagínense, al grado de inundar pueblos por la ambición al dinero, por el lucro. Hablan de derechos humanos y violan derechos humanos por dinero.

Ahora viene la reforma constitucional, pero ya, la verdad, con lo que se logró ayer se nos alivianó la carga, ya con lo de ayer podemos sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad, rescatar esta empresa pública y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Fue por eso un triunfo.

Se volteó la tortilla en Campeche y Tijuana

José M. Murià

La Jornada

Turisteando por Campeche, la ciudad mexicana que más me gusta, el placer se incrementó al tener noticia de que el doctor en ciencia política José Alberto Abud Flores se aprestaba a tomar posesión de nueva cuenta del cargo de rector de la Universidad Autónoma de Campeche, del cual fue corrido en 1999 de muy mala manera -como había sucedido al eminente doctor Ignacio Chávez en la UNAM tres décadas atrás-.

Quien orquestó la sucia maniobra para dar gusto a su gobernador, a la sazón José Antonio González Curi, fue ni más ni menos que Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente nacional de ese PRI que traicionó arteramente sus principios y su nacionalidad.

Aquel desgarriate de 1999 no determinó, pero sí coadyuvó a la estruendosa derrota de ese remedo de PRI que quedaba entonces a manos del lamentable Vicente Fox, lo cual abrió las puertas de par en par a la derechización mexicana, aunque cabe reconocer que ya se habían empezado a entreabrir con Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.

El doctor Abud había sido simpatizante de la candidatura de Layda Sansores, a quien derrotó a la mala González Curi, y pagó cara su preferencia, ya que incluso tuvo que abandonar el estado. Ella es ahora gobernadora con inobjetable legitimidad y puso las cosas en su lugar. De seguro que Abud Flores hará un buen trabajo.

El otro placer proviene del noroeste de México. Al comenzar el milenio, Víctor Espinoza, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), aspiró a la presidencia de dicha institución, de la que se retiraba el doctor Santibáñez, quien a su vez había sucedido al longevo Jorge Bustamante, prácticamente creador de esa casa de estudios, aunque pensando poco en la vida cotidiana de su sede. El doctor Espinoza, arraigado en Tijuana a más no poder, pues nació cerca de ahí, en una ciudad con aire de cerveza –Tecate–, deseaba y pujaba para que el Colef fuese más mexicanista y no volteara a ver solamente lo que sucedía y se hacía en el otro lado o en el centro del país.

Por desgracia, la intromisión capitalina puso en la presidencia a alguien con más aspiraciones políticas que académicas y, claro, dispuesto a bailar al compás que se le marcara desde el centro. No le fue mal al hombre, pues siguió su camino por allá, mas a partir de él el Colef empezó a decaer de manera lamentable.

Que ahora sea el eminente académico Víctor Espinoza quien haya asumido la presidencia de esa casa de estudios ha dado lugar a dos cosas: una mayor vitalidad y, sobre todo, un mayor compromiso con la vida cotidiana de Tijuana y de ese sector de la frontera norte.

No se trata de perder de vista lo que sucede en el resto del mundo. Como lo planteó el inolvidable Luis González con tanto éxito, los estudios de la sociedad deben ser muy amplios pero deben tener un centro a partir del cual se mire alrededor hasta donde la vista y el conocimiento lo permitan. Entre más y más intensamente, mejor.

El doctor Espinoza, forjado en la UNAM, enriquecido en Madrid y enraizado como el que más en su terruño, es ahora el presidente del Colef. Con toda seguridad va a dotarlo de una mística mucho más sólida. De eso estamos seguros quienes lo conocemos.